A inicios de la década de los setenta, América Latina se encontraba bajo regímenes autoritarios, dictaduras militares y conflictos armados, en ese contexto emergieron diversos movimientos sociales campesinos, indígenas, urbanos, de género y de derechos humanos. Después de la experiencia autoritaria, los procesos de transición en algunos países posicionaron en el nuevo marco político los problemas relativos a los hechos del pasado y las demandas de justicia como consecuencia de la violación a los derechos humanos y la desaparición de miles de personas por las acciones ilegales de gobiernos tanto militares como civiles. Tal fue el caso de países como México, Perú, Colombia, Chile, Brasil, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Paraguay y Argentina.

En el tema de los desaparecidos por motivos políticos en América Latina, se distinguen dos aspectos centrales: una feminización de la búsqueda que refiere a que esta acción y posterior organización ha sido llevada a cabo principalmente por mujeres, vinculadas a la construcción del rol materno asociado con su género, es decir, la lucha se ha concentrado en las madres; en segundo lugar, las nuevas demandas de justicia y verdad de éstos movimientos que se generaron en el contexto del decenio de los setenta, dieron lugar no sólo al surgimiento del discurso sobre los derechos humanos, también abrieron espacios de lucha por derechos políticos.

En el texto utilizaremos genéricamente comités de madres para referirnos y abarcar a los movimientos de búsqueda de desaparecidos en general. Cabe aclarar también que a estos comités se les ha nombrado como movimientos de derechos humanos, debido a que su lucha se ha insertado dentro de las demandas de éste campo, como es el caso de los comités de madres de Argentina y México. Es a partir de estos dos factores que desarrollaré este trabajo, puesto que sabemos que las mujeres que salieron a la calle a luchar por sus familiares, provenían fundamentalmente de su ámbito privado, doméstico; las acciones represivas y autoritarias contra sus familiares, las sacaron de esa esfera y las colocaron en el ámbito político y, con ello modificaron sus relaciones con el poder y con la sociedad: “rompieron con la tradicional separación entre el espacio femenino privado y el espacio masculino público y político” ( Luna, 2004)

Adicionalmente, y en una segunda parte de éste texto, me interesa plantear dos realidades concretas con relación a los factores mencionados: los casos de Argentina y México, países en los que se surgieron y se desarrollaron estos procesos de búsqueda de desaparecidos bajo la premisa de una problemática común: la represión y la desaparición forzada de personas como prácticas sistemáticas y ocultas de sus respectivos regímenes. La organización de las madres ocurre en contextos en los que la lucha por los derechos humanos no existía en las agendas políticas ni en la discusión pública de ambas naciones, desde ahí se dimensiona la magnitud de lo que tuvieron que enfrentar.

Debido a que la represión fue un problema generalizado, surgieron los comités de mujeres para la defensa de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos en diferentes países de América Latina: por ejemplo, en Perú, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos; en Chile, la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos; en El Salvador, el Comité de Madres de Reos y Desaparecidos; En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo; en México, el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Políticos, que posteriormente pasó a denominarse Eureka! y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humano (Afadem). Dentro de éstas organizaciones, el movimiento de las madres y abuelas argentinas, es históricamente una lucha icónica que llegó a tener resonancia a nivel internacional; además de ser uno de los movimientos más estudiados y que cuenta con una vasta producción literaria y académica. En este sentido, los aportes de la experiencia argentina, constituyen un eje importante para la comprensión del fenómeno de las desapariciones en Latinoamérica.

Mencionamos en párrafos anteriores que la búsqueda de los desaparecidos ha recaído fundamentalmente en las mujeres, y este fenómeno se ha evidenciado en todos los movimientos que surgieron en América Latina, incluso en el tiempo presente, ¿Por qué han sido las mujeres las que buscan a los desaparecidos? O más específicamente ¿Por qué han sido las madres las que han llevado esta lucha? Si bien, la producción de estudios sobre este tema es extensa, y proporciona aportaciones explicativas y de mayor profundidad, en esta parte, nos centraremos en el concepto maternalismo desde la perspectiva de algunas autoras para acercarnos a una respuesta a la cuestión planteada previamente.

Desde la década de los setenta, las mujeres han sido las principales impulsoras, responsables y comprometidas en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Se considera la formación de los comités de madres como un hecho político en América Latina (Maier,1990) que inició con la fatalidad de historias particulares que fueron confluyendo conforme se sabía que el mismo problema lo estaban padeciendo más familias.

En el inicio, se trataba de casos individuales de mujeres que de repente se encuentran en una realidad llena de angustia al no saber nada del hijo, de la hija, del esposo, del sobrino, o de los nietos. La desesperación aumenta conforme recorren todo tipo de instituciones policiales, tribunales, hospitales, acuden a autoridades y nadie sabe nada. Respecto a estos inicios “no había nada heroico en el comienzo; se trataba de la dramatización, multiplicada y ampliada del rol femenino de cuidar a la familia con amor y dedicación. Lo que vino después es otro capítulo de la historia”. (Jelin,1994) Y, esa otra historia empieza con la búsqueda organizada en comités de madres, que provienen de un contexto muy afín, la esfera de lo privado, lo familiar, de donde abruptamente son sustraídas para pasar a la lucha política.

En este punto conviene diferenciar las luchas feministas con los movimientos de mujeres en general y de madres en particular: “los movimientos de mujeres […] son acciones colectivas con predominio numérico de la población femenina pero no necesariamente constituido alrededor de identidades y demandas de género. En sus formas de organización y acción pueden no distinguirse de otros movimientos sociales.” (De Barbieri y de Oliveira, 1986)

También, Elizabeth Jelin establece esa diferencia, y menciona que “la presencia de las mujeres en el movimiento de los derechos humanos no implica necesariamente que estén en juego prioritariamente los derechos de las mujeres” (Jelin,1994). Por el contrario, en este caso, la lucha de las madres está correlacionada con su construcción de género y sus roles centrados en la maternidad y lo doméstico, por lo que a partir de estas características se sitúa en el opuesto de las demandas de algunas orientaciones del feminismo. Aludimos a una feminización de la lucha, en tanto concierne a la condición de género de quienes llevan a cabo la lucha por los desaparecidos, pero que no implica una confluencia con las demandas feministas. Elizabeth Maier menciona que:

Vemos que el rol materno es un elemento central para analizar las luchas de las madres de los desaparecidos, por ejemplo, (Luna,2009), Schmulker, (2004), Feijoó (1994) han usado el concepto de maternalismo resignificándolo en la acción colectiva y política de estos grupos. Luna define el maternalismo como:

Si bien, en los comités de mujeres que se organizan en un primer momento para la búsqueda de su familiar se encuentran hijas, hermanas, viudas y madres, en éstas últimas recae el peso de la acción y movilización; es por eso que se habla de una centralidad del maternalismo como un elemento distintivo de estos movimientos. Schmukler (1995) y Feijoó (1994) señalan otras funciones del maternalismo en el caso de las Madres de Plaza de Mayo:

En el mismo sentido, Feijoó menciona que, “también por la vigencia de concepciones ideológicas y culturales que dan cuenta de una sociedad en la cual -en tanto la condición de madre es un elemento fundante de la identidad femenina- es de esperar que ese rol ofrezca un anclaje de mayor seguridad respecto de otras identidades alternativas […] la apelación a la maternidad permitiría ampararse así fuese simbólicamente en prerrogativas propias de esa condición. (Feijoó,1994).

Por otra parte, Schmukler, considera las respuestas colectivas de las organizaciones de derechos humanos de las madres desde: “el rol materno como el ejercicio de una maternidad social que lanzó a las mujeres a la escena pública a partir de un rol privado, el que ancestralmente había sido cómplice central de su subordinación.[…] la acción colectiva redefinió el carácter de la maternidad, rompiendo su fragmentación y ofreciendo la posibilidad a mujeres que antes no habían tenido experiencia de participación, de comenzar a formar parte de la ciudadanía” (Schmukler, 1995)

Respecto a la faceta política que presentan éstos movimientos y que inicia en el tránsito de lo individual a lo colectivo, es decir, al agruparse en torno a sus demandas iniciales de búsqueda de la verdad y justicia, acceden a una nueva forma de participación social y política, por lo que se les ha reconocido como pioneras o punta de lanza del movimiento más general e institucionalizado de los derechos humanos, y esto es así porque en el contexto del surgimiento de estos movimientos, no se hablaba de aquellos y tampoco existían en la agenda política. Por ejemplo, Sebastián Carassai (2010) sostiene que: “en la Argentina el tema de los derechos humanos era un tema ajeno a la sociedad, incluso para los propios afectados por el terrorismo estatal”. (p,78), y también agrega que:

De igual forma en México, los derechos humanos no era tema relevante de opinión pública y mucho menos en la agenda política, baste decir que el primer organismo oficial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue creada por decreto presidencial en 1990, inicialmente dependía de la Secretaría de Gobernación, y fue hasta el año de 1999 cuando adquiere plena autonomía. Previa a esta institucionalización ya los grupos de familiares de desaparecidos y algunas organizaciones venían trabajando en la defensa de los derechos humanos y llevaban varios años documentando y denunciando las acciones represivas del gobierno de México, es por eso que se considera a los familiares y madres de desaparecidos como pioneros en este campo y su lucha como antiautoritaria.

Elizabeth Jelin, sostiene que “el nacimiento de los derechos humanos en América Latina está marcado por una serie de hitos significativos y, aunque en la región siempre han existido las violaciones a los derechos humanos, sobre todo lo referido a la violencia que se ha ejercido contra las mujeres, el movimiento social por los derechos humanos, surge en la década de los setenta partir de las violaciones masivas de estos en los períodos dictatoriales de América del Sur”. (Jelin,1994)

El tema de los derechos humanos en la Argentina presenta muchas complejidades, aristas, cuestiones ideológicas de su pasado con relación a la violencia política, etc. que exceden el alcance de este trabajo, en ese sentido “una historia de los derechos humanos…sigue siendo una tarea pendiente” (Vezzetti, 2010). Por lo pronto, concierne destacar el papel que en ese campo han desempeñado las organizaciones de derechos humanos y en particular las madres y abuelas de desaparecidos, al respecto Carassai menciona que:

En términos generales hemos esbozado como los comités de madres plantean en un principio demandas individuales por sus hijos desaparecidos y estás se transforman en demandas colectivas por el respeto a los derechos humanos y se instalan ya en un plano político. A continuación, abordaremos el contexto sociopolítico particular del que emerge y se desarrolla esa lucha por los desaparecidos en Argentina y México.

A inicios de la década de los 80 del siglo XX, Argentina recién accedía a un proceso de democratización después de la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional, que en el período 1976-1982, estableció un régimen de terrorismo de Estado. En el caso de México, aunque no estaba bajo un régimen militar o dictatorial como en el país sudamericano, el gobierno ejercía una política autoritaria. El régimen político mexicano no correspondía estrictamente a una dictadura, pero tampoco a una democracia.

En el período de transición en Argentina que inició en 1983, se llega a conformar una democracia débil producto del desgaste social y político después de la dictadura y el dilema que se presenta es el de enfrentar la impunidad demandada por los militares.

En México, es hasta el año 2000 cuando un partido de oposición de derecha gana las elecciones y derrota al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ya llevaba más de medio siglo en el poder. El cambio de gobierno -se suponía- debía enfrentar los hechos represivos del pasado, la impunidad y los crímenes de Estado que ya venían denunciado las madres de desaparecidos.

En ambos países las desapariciones y la organización de los familiares se ubican en el período 1976-1982, sin embargo, uno y otro presentan distintas temporalidades y singularidades con relación a los períodos de respuesta oficial y social (es decir, el reconocimiento del problema); a los alcances en su difusión a nivel nacional e internacional y el posicionamiento de sus sociedades; a sus procesos de transición democrática y, finalmente, los alcances de la justicia transicional, como a continuación presentaremos.

En 1976 las Fuerzas Armadas tomaron el poder y, tras el golpe de estado, su diagnóstico frente a la crisis del país se sustentó en varios factores: la guerrilla, el despliegue del poder sindical, la economía subsidiada, la industria estatal y el peronismo, ya en el poder la dictadura inició con el establecimiento de duras disposiciones, tales como “la destitución de autoridades constitucionales, disolución del Congreso Nacional y de las Legislaturas provinciales; modificaron la composición de la Corte Suprema Nacional y los Tribunales Superiores, se declaró “en comisión” a todos los jueces, suspendieron la actividad de los partidos políticos, prohibieron la actividad gremial y se restringió la libertad de prensa” (Acuña, Smulovitz,1996).

La represión que se ejerció durante la dictadura, la naturaleza de la misma tuvo efectos devastadores, puesto que “se decidió exterminar físicamente a un gran número de opositores a fin de impedir que un futuro gobierno civil les otorgase libertad y se generase, como en 1973, una contraofensiva política. La clandestinidad de la represión tenía varios propósitos: retardar las protestas y presiones internacionales, impedir la fiscalización y el control del poder militar y paralizar por el terror las respuestas de la población” (Acuña, Smulovitz,1996,26). Estos mismos autores, sostienen que “todos los rasgos que caracterizaron a la dictadura no alcanzan a describir ni las dimensiones ni la magnitud del terror que desde el estado se desarrolló en esos años… en tanto la modalidad de represión implicó la destrucción de muchas pruebas, aun hoy es imposible la evaluación definitiva de sus alcances (Acuña, Smulovitz, 2007)

Respecto a las respuestas y acciones de la ciudadanía y los actores políticos de ese período, Acuña y Smulovtiz mencionan que:

En diciembre de 1983 inicia la transición a la democracia en Argentina posibilitada por la descomposición de la dictadura militar, cuyas atrocidades ya hacían insostenible mantenerse en el poder. Para 1984, los efectos y la magnitud del terrorismo de Estado ya empezaban a conocerse. El presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) creó en diciembre a inicios de su mandato, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) con el fin de que investigara lo que había pasado con los desaparecidos. La Comisión documentó la desaparición de 8,960 personas -aunque otros organismos estimaron la cifra de 30, 000-además del despojo de propiedades de los desaparecidos, secuestro de niños, asesinatos y torturas.

El informe de la CONADEP, titulado “Nunca Más”, fue un documento fundamental para el Juicio de las Juntas, es decir, la aplicación de la justicia civil a las Juntas Militares que llevaron a cabo la violación masiva de los derechos humanos; lo que tuvo un fuerte impacto político y social para la transición, puesto que fueron acusados nueve militares de las tres armas que dirigieron al país desde el golpe de estado de 1976 a 1983. El “Nunca más fue a la vez como una revelación, un relato y como un acto original que afirmaba la autoridad civil y devolvía cierto protagonismo a la sociedad…ya no se trataba de una historia de derrotas, sino que esto significaba un relato ejemplar de un fracaso que golpeaba la conciencia pública” (Vezzetti, 2002, p.114).

La radicalidad de la solución al problema de los derechos humanos en el plano ético-simbólico (Garretón,1996, p.54) en relación a la difusión de los crímenes cometidos, en Argentina no sólo fue significativa sino esencial para el Juicio de las Juntas, aunque también se impuso la lógica político-estatal (Garretón,1996, p.54 ) durante el proceso de la transición con la formulación de la Ley de Obediencia y de Punto Final propuestas por el presente Raúl Alfonsín en 1986 y 1987 y, después con los indultos del presidente Saúl Menem en 1990. Sin embargo, en el año 2001 son declaradas inconstitucionales dichas leyes de impunidad y la Suprema Corte de Justicia ratifica este fallo en el 2005.

Argentina, con relación a los derechos humanos, constituye un caso ejemplar a nivel internacional por su conducción en el proceso de justicia transicional y por las acciones de reparación centradas en las demandas del movimiento de derechos humanos.

Por ejemplo, las reparaciones simbólicas y materiales abarcan una serie de medidas importantes: “la derogación de la ley de “autoamnistía”, la excepción de servicio militar obligatorio en beneficio de familiares de desaparecidos, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, creación de la figura de ausencia por desaparición forzada, restitución de bienes de organizaciones sindicales, facilitación en la obtención de créditos hipotecarios para hijos de desaparecidos, reincorporación de empleados estatales despedidos durante el período dictatorial” (Valdez, 2004, p.285-287)

Las acciones de reparación se han extendido el campo social, cultural y político: con las políticas de reparación económica, la producción de memorias sobre la represión y las políticas de memoria de los gobiernos, principalmente los kirchneristas. En ese sentido, y aunado a la eclosión de estudios que abarcan ese período con una diversidad de temáticas, la experiencia argentina es muy relevante para la comprensión e interpretación del fenómeno de desaparición en América Latina.

La situación de los desaparecidos en México, es un problema de más de cuatro décadas y que sigue sin solución. En el período del gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue una historia invisibilizada y negada por el gobierno, puesto que siempre manejó una imagen exterior de un país democrático y con estabilidad política, solidario con las víctimas de la represión de otros países y reconocido por su política exterior y de asilo, pero en su política interna, los métodos que utilizó para enfrentar a la disidencia, fueron similares a los que utilizaron las dictaduras de América del Sur. El tema de la política represiva del gobierno mexicano en la década de los setenta ha sido muy poco documentado, en comparación -como ya se expuso- con el caso argentino.

Dentro de la trayectoria de resistencia que ya venían presentando diversos movimientos sociales en el país por lo menos desde la década de los cincuenta, hubo grupos radicales que recurrieron a la violencia, tanto en el área urbana como la rural. En un período de 15 años, 1965-1980, surgieron un aproximado de 30 grupos armados y, en la década de los setenta el Estado enfrentó a estos grupos no a través del marco legal y constitucional, sino que implemento prácticas ilegales como torturas, secuestros, creación de grupos paramilitares y desapariciones. Este período es conocido en México como “guerra sucia”. La práctica de la desaparición por parte del gobierno federal se concentró principalmente en el régimen de Luis Echeverría (1970-1976) y de su sucesor, José López Portillo (1976-1980) y fueron afectados cientos de hombres y mujeres jóvenes de los distintos estados del país: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero y la ciudad de México.

La respuesta inmediata y el accionar por parte de los familiares de las víctimas y, en particular de las madres, siguió la misma ruta que en otros países: el primer paso fue la búsqueda individual de sus seres queridos, el recorrido por las instituciones policíacas y por los despachos de autoridades municipales y estatales, después, a partir de una problemática en común se agruparon en comités locales para confluir posteriormente en una organización nacional.

Los movimientos de madres en la búsqueda de desaparecidos en México, se han enfrentado a diversos desafíos, uno de los principales es el hecho de que han saltado a la política desde la esfera doméstica, pero también a dificultades económicas, de seguridad, de discriminación, En México, esta característica de actividad hogareña o, ama de casa -como se nombraba en esa época- fue muy marcada dado el contexto social y económico de pobreza de la mayoría de las madres de desaparecidos que provenían del área rural, o de estratos económicos de clase trabajadora en las zonas urbanas, debido a que: “un rasgo distintivo del mercado de trabajo en México hasta 1970 fue la reducida presencia de las mujeres en las actividades extra domésticas destinadas a la producción de bienes y servicios”(García, de Oliveira, 1995, p.25) aunado al predominio de tradiciones culturales que históricamente han asignado a las mujeres trabajos domésticos y reproductivos.

En 1974 se fundó en la ciudad de Guadalajara, el primer Comité de Familiares en Defensa de los presos políticos, el cual antecede al Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desparecidos y Exiliados Políticos, que se formó en agosto de 1977 con mujeres y familiares de los diferentes estados de la República Mexicana que ya se mencionaron. El problema de los desaparecidos era nacional y, en ese tiempo no había en el país organizaciones defensoras de los derechos humanos, tampoco un discurso acerca de los mismos. De este modo, las madres fueron las que se organizaron para luchar por los desaparecidos con la demanda inicial de presentación con vida de más de 500 de todo el país. (Sin embargo, en Guerrero, la Afadem documentó 1200 casos de desaparecidos). Las acciones del Comité Eureka incluyeron la realización de movilizaciones y diversas formas de lucha como huelgas de hambre, bloqueos de carreteras, manifestaciones en las principales ciudades del país, entrevistas con funcionarios del Estado, con los presidentes de la república. Uno de los logros más significativos de su lucha fue en 1978 la promulgación de una Ley de Amnistía por parte del gobierno, la cual incluía el cese de las órdenes de aprehensión para los perseguidos por motivos políticos y el regreso de los exiliados, más no incluyó avance en la presentación desaparecidos. Sin embargo, al margen del Comité Eureka, hubo logros importantes y significativos de otra organización de familiares de desaparecidos que se separó de aquel. Afadem adoptó otra estrategia de lucha que incluía extender los vínculos internacionales con otras asociaciones y utilizar la lucha legal en tribunales internacionales, esto redituó en un avance muy importante en términos de justicia, porque por primera vez en el año 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano de la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco, un caso de entre los 1,200 desaparecidos del estado de Guerrero.

El tema de los desaparecidos en México se abordó por primera vez, de manera oficial, en el año de 2001, es decir, 25 años después de ocurridas las desapariciones de ciudadanos mexicanos. Para esto, tuvo que acontecer la derrota del partido autoritario y represivo que había gobernado México por siete décadas.

En el año 2000 ganó la presidencia de la república el empresario Vicente Fox con el Partido Acción Nacional (PAN) de ideología derechista. Este triunfo significó un acontecimiento histórico en el país por la derrota del PRI: por primera vez se reconocía la victoria de un partido de oposición. Miles asumieron que esta elección inauguraba la transición a la democracia. En este cambio de gobierno, el tema de los derechos humanos, es decir, el enfrentar los hechos y consecuencias de la política represiva del PRI, sirvió al nuevo presidente para presentarse como el gobierno del cambio democrático.

El 6 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), rindió un informe sobre las investigaciones que realizó con relación a la desaparición de ciudadanos mexicanos en la década de los setenta y que ya habían sido denunciadas por las madres de los desaparecidos. Este informe significó el reconocimiento oficial de la desaparición de, por lo menos, 532 personas.

En el año 2001 fue creada la Fiscalía Especial, como parte de las recomendaciones que formuló la CNDH para el Poder Ejecutivo con el fin expreso de atender el problema de los desaparecidos del régimen anterior. El mismo año de su creación fueron abiertos a la consulta pública los expedientes del período de la guerra sucia que documentaban gran parte de las acciones represivas instrumentadas contra los grupos armados. Los expedientes contenían declaraciones de los detenidos, descripción de operativos de la policía, fotografías, acciones de vigilancia y de infiltración, es decir, gran parte de esa historia oculta que evidenciaba la ilegalidad de como el régimen anterior combatió a la disidencia. La Fiscalía Especial se concentró en la investigación documental de estos archivos para, supuestamente, esclarecer el problema fundamental - los desaparecidos- por el que fue creada; sin embargo, más temprano que tarde, este objetivo principal fue dejado de lado para dedicarse a investigar otros hechos del pasado, como fueron las masacres a estudiantes del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971, ambas en la ciudad de México.

Desde el principio, fue posible advertir que esta institución obedecía más bien a los fines políticos del nuevo gobierno, que iban en el sentido de utilizar el tema de los derechos humanos para legitimarse políticamente. Cada acción que la fiscalía realizaba, en lugar de acercarse, más se alejaba de lograr una justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En México, la institución creada para implementar la justicia transicional, derivó en un fracaso que favoreció la impunidad para los responsables de los crímenes y desapariciones en contra de ciudadanos mexicanos. Estas responsabilidades empezaban en las más altas jerarquías, como los presidentes de la república, secretarios de gobernación, jefes de instituciones policíacas, miembros del ejército y otros grupos a cargo de los operativos represivos.

El fracaso de la Fiscalía Especial en el proceso de transición a la democracia, obedece a múltiples factores. Del artículo de J. Treviño, Gobernando el pasado: el proceso de justicia transicional en México, 2001-2006, retomamos dos argumentos que son útiles para entender el fracaso de dicha fiscalía en constituirse en un instrumento para la justicia:

…al establecer una fiscalía, Fox buscó conducir el proceso de justicia transicional a través de estructuras existentes de poder: leyes e instituciones operadas por miembros del régimen previo. Fox efectivamente optó por enfrentar los abusos del pasado, pero dejó la tarea en manos de aquellas instituciones cuyos miembros habían cometido los crímenes o no habían hecho nada para prevenirlo o investigarles [x]las continuas negociaciones políticas entre los diferentes actores que participaron en el proceso, afectaron el funcionamiento de la Fiscalía. (Treviño, 2014)

La postura de algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua; la Asociación de familiares de Detenidos Desaparecidos (Afadem); el Comité Diego Lucero; el Frente Popular Francisco Villa, ante la actuación de la Fiscalía Especial reflejaba ya lo que era evidente: “ que los obstáculos para que se imparta justicia radican en los privilegios que conceden a las fuerzas armadas de México las leyes e instituciones, su interpretación, la forma de trabajo, así como la negativa a desarrollar diligencias que permitan escalar la cadena de mandos…que el trabajo del titular de la [Fiscalía Especial], Ignacio Carrillo Prieto, y los jueces para que se imparta justicia, lleva a la impunidad a las élites”. (La Jornada, 11 abril 2005)

La Fiscalía Especial dejó de funcionar en diciembre de 2006 y ya para ese tiempo era una institución desprestigiada por las diversas irregularidades en el desarrollo de su función: en el aspecto económico, ejerció un elevado presupuesto que no justificó, se manejó con discrecionalidad, nepotismo y patrimonialismo; lo que dio lugar a que se iniciaran auditorias y acciones legales por las irregularidades detectadas; en lo jurídico, demostró negligencia y falta de oficio en la configuración de las averiguaciones previas por lo que fue evidente que eludía ejercer la aplicación de la justicia contra los responsables de las desapariciones y, fue incapaz de desarrollar y cumplir la encomienda principal por la que fue creada: investigar las desapariciones por motivos políticos. Lo que en un principio significaba un paso y una oportunidad para la justicia transicional, fue sólo un efímero espejismo creado por la lógica del poder político, el que ha perpetuado la impunidad tan instalada en las prácticas del sistema político mexicano.

Si bien la lucha de las mujeres por los desaparecidos partió de la esfera familiar, del trabajo de cuidado asociado a la maternidad, su inevitable politización devino en un icónico movimiento por la justicia social. El rol de la madre -que históricamente se ha visto en nuestras culturas como perteneciente a la esfera privada, desprovisto de todo carácter social o político, un animal laborans- se reivindica como actor político, y comienza a interpelar a las autoridades, enfrentarse con cuerpos militares y, constituir una lucha cuyo discurso se basa en la justicia, los derechos humanos y la denuncia de regímenes políticos represivos; la mayoría de veces, desde contextos de exclusión y vulnerables. En México y otras partes de América Latina la lucha de otras madres continúa en la misma senda de búsqueda, sin embargo, la memoria colectiva debe otorgar reconocimiento a aquellas pioneras de la lucha social de las mujeres en Latinoamérica y ser una guía para la búsqueda de justicia y verdad.

Este trabajo no ha tenido el objetivo principal de hacer un balance de los comités de madres, toda vez que nos ha interesado destacar su papel y su contribución en la búsqueda de la verdad y de la justicia, y como señalamos, desde un contexto de violencia, sabemos que su larga lucha no ha estado exenta de diversas complejidades en torno a discrepancias, escisiones, cuestiones ideológicas y entramados con la política gubernamental. En México, las reclamaciones ante las violaciones de los derechos humanos de un estado autoritario, estuvieron circunscritas a los familiares, y algunas organizaciones de izquierda que en algún tiempo apoyaron sus demandas y acciones. Los partidos políticos, los intelectuales, los medios de comunicación, la iglesia, no se pronunciaron por la justicia para los desaparecidos, no cuestionaron la política represiva del gobierno priista. La demanda por los desaparecidos estuvo centrada en el Comité Eureka, pero a los pocos años de su creación se dividió en grupos locales por diferencias sustanciales con la dirigente. E. Sánchez sostiene que “la labor de las organizaciones de derechos humanos en México, transitó por dos vías, la que aceptaba un cambio en la política del Estado y colaboraba con los recién creados partidos políticos, y la de quienes desconfiaban de las promesas del gobierno en turno y mantenían una posición independiente y enfrentaban directamente al Estado mexicano”. (Sánchez, 2012, 206)

En el caso de México lo que parecían logros importantes como las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la contextualización del tema de la represión, la creación de la Fiscalía Especial y sus iniciales e inocuos intentos de enjuiciamiento a los culpables, fueron solamente una simulación redituable políticamente para el nuevo gobierno.

En Argentina el dilema ético-simbólico de la problemática de derechos humanos presentó una faceta de radicalidad porque supuso la difusión de los crímenes de la dictadura que alcanzó niveles sin precedentes, tanto a nivel nacional como internacional, el enjuiciamiento de las altas jerarquías del poder castrense responsables del terrorismo de Estado.

Se destaca en el caso argentino la centralidad del desempeño del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos, que independientemente de las escisiones que también se dieron, se han mantenido como un actor social cuya trayectoria de lucha es ejemplar para América Latina y el resto del mundo. En este sentido el proceso seguido en la nación sudamericana que combinó la difusión de los crímenes de la dictadura, es decir, la búsqueda de la verdad con los procesos de justicia que se aplicaron a los militares constituye la gran contribución de éste país en el campo de la justicia transicional,