1Departamento sobre los Movimientos Sociales, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara. Zapopan, Jalisco, México. evelia.romero@hotmail.com
En este artículo se revisan las acciones que algunos gobiernos de Latinoamérica y el Caribe han emprendido como acciones positivas por la lucha de la igualdad de género en el marco de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 que azota la región desde el segundo trimestre del año 2020. También se hace un recuento de los retos que presenta la producción de estadísticas de género en esta contingencia, reconociendo que la generación de datos duros respecto al impacto de la pandemia en la igualdad de género reviste una vital importancia para la implementación de más y mejores políticas públicas y acciones diversas que gestionen un retorno de las mujeres a la “nueva normalidad” de manera segura y en condiciones de revertir lo perdido y seguir avanzando en materia de igualdad de género.
In this article, positive actions that certain governments from Latin America and the Caribbean take in favor of the fight for gender equality will be revisited, under the context of the health crisis of COVID-19 that has been hitting the region since the second trimester of 2020th. There will also be a headcount of the challenges that the production of statistics of gender represent in this contingency, acknowledging that the generation of hard data concerning the impact of the pandemic in gender equality represents crucial importance for the implementation of more and better public policies and diverse actions that manage a comeback of women to the “new normality” in a secure way and in conditions of recovering what was lost and keep moving in matter of gender equality.
Conforme fueron transcurriendo los meses del año 2020, fue quedando claro que las consecuencias sociales y económicas producto de la pandemia causada por el COVID-19 habían sido más fuertes para las mujeres desde básicamente cuatro perspectivas: la violencia de género, el incremento del trabajo no remunerado en los hogares, una mayor vulnerabilidad en el ámbito laboral y los riesgos sanitarios agravados que enfrentan al estar en la primera línea de cuidados de la enfermedad.
En efecto, las denuncias de violencia de género se han incrementado durante ese lapso en prácticamente todos los países de Latinoamérica. En el ámbito laboral las mujeres han sido las primeras en perder sus trabajos al estar contratadas preferentemente en la informalidad o han tenido que abandonar sus empleos para hacer frente a la sobre-carga de trabajo no remunerado de los hogares que trajo consigo el confinamiento, se han visto afectadas por la reducción de sus jornadas laborales e incluso por la disminución de sus ingresos monetarios. También se han visto expuestas a grandes riesgos sanitarios al estar apostadas en las primeras líneas de las áreas de cuidados, tanto de las instituciones como de los hogares. Los servicios médicos de prácticamente todos los países de la región están feminizados, lo que implica que son mujeres las que mayoritariamente se encuentran trabajando en la primera línea de cuidados de la enfermedad, expuestas a jornadas extenuantes de trabajo por periodos prolongados y con muchas probabilidades de contagio por el tiempo y forma del contacto con el virus.
La antiquísima desigualdad entre hombres y mujeres parece haberse exacerbado con el mercantilismo sin límites y el agresivo capitalismo que reapareció con el neoliberalismo, esta se expresa con la violencia machista y los abusos sexuales, con la inequidad política pero también, en la discriminación laboral y salarial de la mujer.
De hecho, hasta la actualidad y no obstante los avances que se han logrado, probablemente no exista ningún país en el mundo en el que haya igualdad económica entre hombres y mujeres. Las mujeres regularmente tienen empleos eventuales, bajos salarios, pocas o nulas prestaciones sociales, jornadas reducidas y fuertes cargas de trabajo no remunerado,
La desigualdad laboral es un problema estructural, que, aunque no es visto con la misma intensidad que otras problemáticas de la mujer, y por tanto no se han constituido hasta hoy en un factor de movilización masiva, tiene la misma relevancia que las que hoy constituyen las banderas de dichas movilizaciones ya que la desigualdad laboral es la base sobre la que se erigen las otras desigualdades, incluyendo las que generan la violencia de género.
La antropóloga Rita Segato dice que “la violencia de género…es un síntoma… de las vicisitudes por las que pasa la sociedad… [y pone ahí]… el tema de la precariedad de la vida… la falta de empleo, la inseguridad en el empleo cuando lo tienen, la precariedad de todos los vínculos… “ (Segato:2017). Las mujeres son las principales víctimas de esta precariedad y las rutas para escapar de ella se ven llenas de obstáculos, la inequidad en las oportunidades de ingreso y ascenso en la vida laboral son prueba de ello.
La desigualdad laboral es un factor determinante en la inexistencia de libertad económica de la mujer, lo que dificulta e incluso impide su incorporación a la lucha por sus derechos, ya que como señala Simone de Beauvoir, la libertad de la mujer pasa por su independencia económica (Beauvoir,1949: p.675).
Así pues, entre las causas que provocan la violencia de género se encuentran, la precarización de la población, y principalmente la precarización de las mujeres, que enfrentan múltiples limitaciones para tener un ingreso propio a través del ejercicio de una ocupación. Por eso no sorprende que las mujeres sean las principales afectadas de la crisis que trajo consigo la pandemia, ellas han visto afectado su situación económica y son víctimas de niveles más elevados de violencia.
Las desigualdades que la mujer tiene que enfrentar en el mercado laboral son múltiples: van desde sortear las cuestiones culturales que le dificultan salir del hogar a buscar empleo y condicionan la cantidad de horas que puede dedicar al desarrollo de un trabajo por el posible detrimento del cuidado de los hijos -recordemos el conflicto emocional que enfrentan muchas mujeres entre aceptar un ascenso laboral o dedicar más tiempo a su familia;- (Ordaz, 2020) pasando por las posiciones en el trabajo que le están predestinadas, casi siempre en la esfera del ámbito de los cuidados -cocineras, enfermeras, trabajadoras domésticas-; los sectores de actividad en los que con mayor frecuencia encuentran trabajo: hotelería, industria de la preparación de alimentos, servicios y comercio; la brecha salarial, las diferencias en la seguridad en el empleo y el acceso a prestaciones sociales. Puede ser una banalidad, para hasta en el código de vestimenta para el trabajo que exigen algunas empresas, las mujeres tienen las peores condiciones, la exigencia de utilización de zapatos de tacón durante la jornada laboral es una evidencia.
A continuación, se anotan algunas cifras que muestran los niveles de desigualdad laboral que teníamos en México un poco antes del inicio de la pandemia en el país, lo que nos permitirá comprender las bases de la vulnerabilidad con que enfrentamos la emergencia sanitaria por el COVID-19 y las razones por las que las mujeres son las más afectadas. La situación nacional sirve de ejemplo de lo que sucede en muchos de los países de Latinoamérica y el Caribe.
El sustento estadístico que soporta la siguiente caracterización de la desigualdad laboral que enfrentan las mujeres en México proviene de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levanta el INEGI, específicamente del IV trimestre del 2019 (INEGI, ENOE: 2019).
La ENOE es una encuesta que recaba información en 120,000 viviendas trimestralmente distribuidas en los ámbitos rural y urbano en todo el país.
De sus resultados se desprende que las mujeres en México suman 65 millones, el 52% de la población total del país, 50 millones tienen edad legal para trabajar, 15 años y más; sin embargo, 27 millones de mexicanas en edad productiva, más de la mitad, están dedicadas exclusivamente a actividades no económicas personales o del hogar. En esa situación se encuentran 10 millones de hombres.
La cantidad de horas dedicada a las labores del hogar es una de las primeras expresiones de desigualdad en el plano laboral: 10 millones de hombres vs. 27 millones de mujeres, nos arroja una proporción de 3 a 1. Es decir, por cada hombre que se queda en casa para llevar a cabo a actividades no remuneradas del hogar, tales como el trabajo doméstico, el cuidado de personas y/o estudiar, hay tres mujeres que lo hacen.
Durante mucho tiempo no se cuantificaron las horas empleadas en las actividades no remuneradas y el aporte económico que representan para el Producto Interno Bruto del país, hasta hace poco se ha logrado visibilizarlo, gracias a la lucha de los colectivos, de instituciones de mujeres, de organizaciones nacionales e internacionales para que los países realizarán ejercicios estadísticos del tipo de las encuestas del uso del tiempo diseñadas expresamente para evidenciarlo.
México tiene la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado, un producto del Sistema de Cuentas Nacionales, en el que se calcula el valor económico que tiene el trabajo no remunerado de cuidados y limpieza que se realiza en los hogares, principalmente por mujeres, resaltando el aporte que tiene a la cuenta nacional. El trabajo no remunerado de los hogares en México se estima para el año 2018 con un valor económico equivalente al 23.5% del Producto Interno Bruto (INEGI, Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares en México, 2019).
En este escenario ya era evidente la necesidad de exigir al Estado el diseño, instauración y mantenimiento de un sistema nacional de cuidados para atender a estos grupos de la población vulnerables, que incluyera redes de estancias infantiles, casas para adultos mayores y hospitales para enfermos crónicos, atendidas por profesionales.
Ahora, como consecuencia directa de la pandemia, las mujeres tienen que atender las actividades escolares de los hijos menores que reciben las clases virtuales, las tareas infantiles en casa son supervisadas mayoritariamente por mujeres quienes ven multiplicadas sus obligaciones en el hogar ya que la permanencia de todos los integrantes de la familia a tiempo completo en el espacio familiar demanda una mayor atención que en el periodo previo a la pandemia. Las labores de limpieza se incrementan, la atención de los menores, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad también, toda vez que los arreglos previos con instituciones ad hoc o personal de servicio se cancelan por la misma situación. Todo ello genera una sobre carga del trabajo no remunerado para las mujeres, a la que se suma la tarea de contención emocional para los integrantes del hogar que regularmente también realizan las mujeres.
La promoción de la corresponsabilidad del estado en la atención a los trabajos de cuidado es una demanda generalizada de muchos países en la búsqueda de la igualdad de oportunidades de trabajo para hombres y mujeres.
Otra parte de la solución del problema consiste en impulsar la perspectiva de género en la educación de la población para modificar la parte de la cultura mexicana que delega exclusivamente, o en mayor medida, sobre los hombros de las mujeres el cuidado del hogar y sus integrantes, obstaculizando el desempeño laboral de las mujeres y en general comprometiendo su calidad de vida.
Por otra parte, de los 23 millones de mexicanas que forman parte de la Población Económica Activa (PEA), definida por los especialistas como las: “…personas de 15 y más años de edad que tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas…” (INEGI, ENOE, 2020); y que representan el 40 % de la PEA nacional.
Este grupo de mujeres, ya de por sí menor al que les correspondería a las mujeres si fuera equitativo en su porcentaje demográfico frente a los hombres, también enfrenta desigualdades en las oportunidades para desempeñarse respecto a los hombres en prácticamente todas las variables: días trabajados, duración de la jornada de trabajo, grupos de ocupación, nivel de ingresos, posición en la ocupación y nivel de instrucción. La desigualdad laboral se presenta en todos los aspectos que comprende el mundo del trabajo.
En cuanto a los días trabajados, el 19% de las mujeres ocupadas trabajan cuatro días o menos, mientras que el porcentaje de los hombres en esa situación es de 13%. Las mujeres están mucho más subocupadas que los hombres.
En relación a la duración de la jornada de trabajo, las mujeres con una jornada de trabajo reducida son el doble que los hombres. De nuevo la desigualdad laboral queda evidenciada.
En cuanto al nivel de ingresos, de las cinco clasificaciones en que se distribuye la población que recibe ingresos, solo en una las mujeres representan el porcentaje mayor, y es en la de menores ingresos: el 53% de las mujeres versus el 46% de los hombres, reciben hasta un salario mínimo, lo que significa recibir un salario máximo de alrededor de $3, 080.00 pesos mensuales, evidentemente en este universo de mujeres el salario puede ser mucho menor al mínimo. (en el 2019 el salario mínimo diario era de 102.68, en 2020 subió a 123.22 beneficiando potencialmente a 11 060 229 trabajadores -5 144 348 hombres y 5 915 881 mujeres-)
En la clasificación de percepciones de mayores ingresos la desigualdad entre hombres y mujeres es mayor: el 72% de los hombres ocupados reciben más de cinco salarios mínimos (más de $15, 400.00), es decir casi tres cuartas partes de los hombres de esta categoría, mientras que solo el 27% de las mujeres, apenas poco más de la cuarta parte de ellas, recibe ingresos por ese monto o más.
De las mujeres, por grupos de ocupación, basta un ejemplo: las funcionarias y directivas de los sectores público, privado y social tienen el ingreso promedio por hora más alto de todos los grupos de ocupación, percibiendo 82 pesos, le siguen las trabajadoras de la educación con un ingreso promedio por hora de 80, es decir ni siquiera un 2% de diferencia, aquí cabe resaltar que tratándose de los hombres la diferencia entre una actividad y otra ronda un 20%, lo que evidencia que las mujeres en cargos de funcionarias y directivas están generalmente en una posición inferior, y por su puesto subordinada a los hombres.
En el análisis de la población ocupada según el promedio de años estudiados, contrariamente a lo que podríamos pensar, el promedio de años de las mujeres hasta los 49 años es mayor que el de los hombres; las mujeres tienen 12 años de escolaridad frente a 11 años promedio que alcanzaron los hombres. En correspondencia con lo anterior, el 41% de las mujeres ocupadas declararon tener estudios de nivel medio superior y superior frente al 36% de los hombres.
De manera que, aunque las mujeres incorporadas al mercado laboral cuentan con mejores niveles académicos y por lo tanto con un mayor número de años de estudio en promedio, tienen ingresos muy por debajo de los alcanzados por los hombres. Esto es una franca discriminación laboral por razones de género.
La desigualdad laboral también se expresa en factores como el empleo de las mujeres preferentemente en el sector servicios, y de estos, en los servicios de la preparación de alimentos y de los cuidados de personas. Lo anterior está respaldado por el hecho de que en México casi el 40% de las mujeres que trabajan los hacen en los servicios que proporcionan los establecimientos de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, servicios diversos y en servicios sociales que incluyen servicios educativos y servicios de salud y asistencial a lo que se agrega que en el comercio al por menor se ocupan el 24 %.
Recapitulando, en México el 55% de las mujeres en edad legal para trabajar se dedica a las actividades del hogar y personales no remuneradas; las mujeres ocupadas a pesar de tener una mayor cantidad de años promedio de estudio y declarar mayores niveles escolares, trabajan menos días y menos horas que los hombres, ganando menos también.
La globalidad del problema de la desigualdad y los niveles que esta alcanza en muchos países ha impulsado acciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Trabajo Decente y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el impulso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en concreto los objetivos 1, 5, 8 y 10 -relativos a pobreza, igualdad de género, trabajo decente, desigualdad y crecimiento económico- (Claver & Rovira, 2018: p. 12)
Este concepto de trabajo decente fue acuñado por Organización Internacional del Trabajo:
…Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social … (Levaggi, 2004).
Es una definición que no se debe perder de vista en la lucha por aminorar la desigualdad laboral que afecta a las mujeres en toda la región.
La emergencia sanitaria por COVID 19 se presentó en México en medio de este crudo escenario de desigualdad laboral y elevados niveles de violencia de género, situación que se ha ido agravando según van transcurriendo los meses de confinamiento y de restricciones a la movilidad.
Esta situación se repite en muchos países y los gobiernos han implantado diversas acciones tratando de mitigar los efectos de la pandemia en la calidad de vida de sus pueblos, principalmente los grupos vulnerables, quienes han pagado el mayor precio.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas, presentó en mayo de 2020 una herramienta web denominada Observatorio COVID- 19 en América Latina y el Caribe. Impacto económico y social; donde se pueden conocer, entre otras cosas, las acciones en curso de 33 países de la región para enfrentar la pandemia en torno a varios temas, entre ellos de género, que incluyen los siguientes tópicos: Violencia de Género contra las mujeres, Economía del cuidado, Generación de empleos e ingresos, Beneficios, transferencias y otras medidas de protección social y la participación de las mujeres en la era digital (CEPAL, COVID, 2020).
Como se observa en el cuadro siguiente los países de la región han emprendido en lo que va del año, 220 acciones tendientes a aminorar los efectos de la pandemia en la equidad de género en sus países: 91 relativas al tema de la Violencia de género, 32 a la Economía de cuidados; 31, a la Generación de empleos e ingresos; 31, relativas a Beneficios, Transferencias y otras medidas de protección social y 29 más concernientes a temas diversos. Destaca el hecho de que el 41% de las acciones emprendidas están dirigidas a atender la Violencia de género que el confinamiento en los hogares ha incrementado.
Cantidad de acciones emprendidas por los países porcuestiones de género ante la pandemia de la COVID-19
Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio COVID.19 en America Larina y el Caribe, CEPAL; Naciones Unidas, Consultado el 31 de octubre del 2020. https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
Argentina ha sido el país que ha presentado el mayor número de acciones en apoyo a las mujeres y otros grupos vulnerables, como la comunidad LGBT, -35 de 220-. En relación al tema de Violencia de género presentó las siguientes:
Establecimiento de una red de apoyo a las personas víctimas de violencia a través de las farmacias, donde al utilizar la clave #Barbijorojo los empleados tendrían instrucciones para echar a andar un llamado de ayuda ante las autoridades
Integración de una especie de prontuario para los agentes ministeriales con medidas claras ante casos de violencia de género debido a los confinamientos preventivos y/o obligatorios
Prórroga automática de las medidas cautelares para víctimas de violencia de género que tuvieran vencimiento durante la emergencia sanitaria
Fortalecimiento de los lazos comunitarios y solidarios para la prevención y asistencia de situaciones de violencia por motivos de género
Disposición de alojamientos para apoyar a las mujeres que tengan que dejar sus hogares a causa de la violencia
Reforzamiento de los canales de atención, línea telefónica y WhatsApp, para las personas en situación de violencia por motivos de género durante la pandemia
Se considera como excepción a las restricciones de movilidad la salida de las mujeres o personas de los grupos de lgbt de sus domicilios para presentar denuncias penales respecto a hechos de violencia.
Integración de un protocolo de intervención para que la policía pueda atender, durante el confinamiento, denuncias de violencia de género tratando de evitar los traslados que pongan en riesgo la salud
Se establece que la atención a víctimas de violencia por motivos de género es considera como “actividad esencial” por lo que con ese motivo está permitido transitar y romper con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (CEPAL, COVID, 2020)
Después de Argentina como el país que más acciones a presentado para paliar la violencia de género, está Colombia con siete propuestas, entre las que se cuentan la determinación de criterios presupuestales para asignar recursos para la implementación de acciones de atención, el operativo para brindar apoyo a las víctimas a través de farmacias, supermercados y estaciones de servicio donde se pueden presentar las denuncias y recibir orientación, establecer casas refugio, reforzar las líneas telefónicas para recibir denuncias por violencia de género, intrafamiliar y de atención a niños y adolescentes; y el incremento en el número de policías y personal de apoyo psicológico para atender las denuncias.
Brasil, por su parte, también determinó que la atención a las víctimas de violencia de género, y de otros grupos vulnerables como adultos mayores y niños y adolescentes, como “actividades esenciales” durante la emergencia sanitaria, estableció una red de apoyo a las denuncias a través de las farmacias, en este caso las víctimas debían mostrar una cruz roja en la palma de su mano para denunciar ser víctimas de violencia en el hogar. Estableció recomendaciones especiales, a través de notas técnicas, a sus instituciones asistenciales para la atención a víctimas de violencia durante el confinamiento y decretó la prórroga automática de las medidas de protección a favor de las mujeres que tuvieran fecha de vencimiento durante la pandemia.
Ecuador estableció un protocolo de comunicación y atención en caso de violencia de género e intrafamiliar durante la emergencia sanitaria para sus instituciones públicas. Preservó las medidas judiciales y/o administrativas de protección a las mujeres que vencían en ese lapso. Activó el Sistema Integral de Víctimas de Violencia, que incluye la dotación de elementos de bioseguridad a las casas de acogida. Establece un Protocolo de atención a víctimas de violencia de género bajo la modalidad de teletrabajo, lanzan una campaña de difusión masiva relativa a la violencia intrafamiliar y de género durante la emergencia sanitaria por COVID-19 que incluye el reforzamiento de las líneas y canales de denuncia, mensajes de prevención en voz de personajes públicos y mensajes con enfoque de género, intergeneracionales e interculturales.
Costa Rica lanza la campaña de difusión en redes sociales, radio y televisión titulada: “Seguimos pendientes de vos”, que incluye información acerca de los derechos de las mujeres, herramientas para enfrentar la violencia, las líneas y lugares para hacer las denuncias y recibir atención. Se refuerzan los medios virtuales, telefónicos y de atención a las mujeres. Cuentan con casas de albergue, se refuerzan las rondas policiacas, se visitan los domicilios con denuncias de violencia. Se instruye a las “redes locales” sobre cómo actuar en caso de violencia de género. Se definen lineamientos que deben seguirse diariamente en los centros de acogida de las mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas. Se decreta la ayuda interinstitucional en caso de que las mujeres deban romper la orden de aislamiento en sus hogares a causa de la violencia y preservan las medidas a favor de las mujeres.
En Perú se determina que la atención a las mujeres víctimas de violencia de género es una actividad esencial en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 lo que incluye la atención de líneas telefónicas de denuncia y apoyo, el funcionamiento de albergues y las patrullas de asistencia móvil. Se elaboraron materiales informativos y de comunicación con temas alusivos a la prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y otros grupos vulnerables, se lanza campaña de difusión No estás sola. Se decretan medidas específicas para reforzar la actuación del Estado, tales como, dictar medidas preventivas o cautelares por medios electrónicos. Se activa el Protocolo para la ruta de atención urgente en las zonas rurales para detectar y atender situaciones de violencia de género, en el ámbito rural también difunden microprogramas radiales para alentar a las mujeres rurales a que denuncien. Perú es uno de los pocos países que implementa medidas específicas para la atención de las mujeres rurales.
México emitió los Lineamientos de operación del Programa de Apoyo para refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijos e Hijas, para el ejercicio fiscal 2020; se mantienen operando en todo el país los Centros de Justicia para las Mujeres, se determina que todas las actividades de atención a mujeres víctimas de violencia de género son actividades esenciales, se refuerzan las líneas telefónicas de denuncia, en todas las entidades federativas existe una red de atención integral a las mujeres a través de los Centros de Atención Externa y Centros de Atención Psicológicos, aunque esta no fue creado exprofeso en el marco de la pandemia.
A mediados de junio se constituyó, en México, un Grupo Institucional de trabajo para establecer un conjunto mínimo de indicadores estadísticos que permitieran evaluar el contexto en el que se desarrollan las violencias contra las mujeres, lo anterior en búsqueda del fortalecimiento de los datos, y su oportunidad, para la medición de la violencia de género en medio de la contingencia sanitaria. Lo anterior muy probablemente tenga como telón de fondo el incidente político que protagonizó el Presidente de la República al poner en tela de duda que el incremento en el país de las llamadas a los números de emergencia denunciando violencia de género durante la pandemia fueran reales. Esa discusión también pudo haber originado la salida de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) un poco después.
Se permite el acceso a comercio con hijos de hasta 12 años, asignan un estímulo de hasta 70 dólares, a trabajadores y trabajadoras de la salud, de las que 71% son mujeres ya que es uno de los sectores económicos más feminizados; establecen transferencias de recursos adicionales a los programas de personas con discapacidad, acción gubernamental que no está necesariamente asociada a impulsar la equidad de género, como tampoco lo está la acción implementada de Plan Integral de cuidado de personas de 70 años; y por último, en agosto de este año, Argentina lanza la campaña nacional “Cuidar en Igualdad, Necesidad, derecho y trabajo” con la que pretenden lograr una redistribución más igualitaria de estas tareas y revertir la “actual feminización social de los cuidados”, la campaña lanza una convocatoria amplia a diferentes actores e instituciones sociales, académicas y privadas del país.
Ecuador emprende acciones informativas sobre los derechos de las trabajadoras remuneradas y de las condiciones necesarias para que hagan sin riesgos sanitarios su trabajo y, reconociendo la sobre-carga de trabajo no remunerado de las mujeres durante la contingencia por COVID-19, lanza campañas en redes sociales para impulsar la corresponsabilidad en los cuidados en tiempos de pandemia y confinamiento como #EnCasaCompartimosResposabilidad. También decreta transferencias monetarias donde algunas de los beneficiarios son las trabajadoras remuneradas de los hogares.
México implementa campañas, en redes sociales y medios masivo de comunicación, sobre la corresponsabilidad en los cuidados intentando evitar la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres durante la pandemia. “Hombre en sana convivencia: en esta contingencia cuidar hace la diferencia” es una de estas campañas. Adicionalmente, promueven redes de apoyo para mujeres adultas mayores para monitorear su salud y estado emocional en el contexto de la Sana Distancia.
En Chile establecen un seguro de desempleo, del que también pueden beneficiarse las trabajadoras domésticas y promulgan la ley de “crianza protegida” que consta de permisos de ausencia laboral, de cualquiera de los padres, de hasta 90 días si se tienen hijos pequeños, mientras dura la contingencia.
En Colombia levantan las restricciones de movilidad para las personas a cargo de los cuidados de personas de los grupos vulnerables y dictan lineamientos especiales de prevención del contagio del COVID para grupos vulnerables.
Perú edita materiales informativos sobre corresponsabilidad en los cuidados y sobre igualdad de género y dicta leyes para fiscalizar y proteger a los trabajadores remunerados de los hogares en el marco de la emergencia, establece la firma de contrato, el pago de remuneraciones justa y la edad mínima de 18 años para realizar ese trabajo.
Costa Rica, mantiene en funcionamiento sus centros de atención infantil en apoyo a los padres trabajadores.
En este tópico México es el país que ha registrado más acciones:
Se estableció que las personas mayores de 65 años y aquellas con enfermedades como la hipertensión y la diabetes se abstuvieran de presentarse en los lugares de trabajo, sin menoscabo de su salario y prestaciones. En estos grupos se incluyeron también a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y a personas con discapacidad.
Instituyó el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares que tiene dos vertientes: el Programa de Crédito a la Palabra y el programa de Apoyo Solidario a la Palabra) con afectaciones económicas por COVID, beneficia a personas independientes y negocios formales.
Se reforzaron los apoyos de los “Programa de microcrédito” y “Tandas para el Bienestar”. “Además, se conceden créditos de manera prioritaria a las mujeres que viven o han vivido violencia de género y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El 71% son para mujeres” (CEPAL-COVID, 2020)
Se fortalece el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que beneficia en un 60% a mujeres.
Se publica la: “Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. Se promueve la incorporación de la perspectiva de género en las condiciones que establecen los centros de trabajo para el trabajo remoto, a través del impulso de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación por parte de un trabajo coordinado entre el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Norma es un mecanismo de certificación de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo - públicos, privados y sociales, de cualquier tamaño, sector o actividad - que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. Para obtener esta certificación, los centros de trabajo reciben una auditoría de tercera parte, para verificar que sus políticas y prácticas cumplen con los requisitos de igualdad laboral y no discriminación.” (CEPAL-COVID, 2020)
Argentina, como México dicta lo pertinente para ordenar el confinamiento de las personas vulnerables durante la contingencia sanitaria, establece un Ingreso Familiar de Emergencia para los hogares afectados por la pandemia, del que se calcula que el 57% de los beneficiarios son mujeres, incorpora a las personas travesti y trans a los Programas Sociales y, como cuarta y última medida, lanzan el Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” destinado a generar oportunidades de empleo en los grupos vulnerables de la población.
Chile por su parte establece un seguro de desempleo, crea la “Plataforma virtual de intercambio de emprendimientos de mujeres. La plataforma “#PasaElDato” es una comunidad virtual para difundir servicios y productos que ofrecen mujeres a través de sus cuentas de redes sociales en el contexto de confinamiento” ; también establecen subsidios monetarios para incentivar el retorno al trabajo, por último, lanza otro programa de subsidios económicos para incentivar el emprendurismo de las mujeres. (CEPAL-COVID, 2020)
Costa Rica tiene planteamientos muy interesantes como los siguientes:
“Programa “+Mujeres, +Natura”. Este programa es parte de la iniciativa para la promoción de la igualdad de género el sector de la biodiversidad (Agua, Áreas Protegidas y Bosques). Está dirigido a gestoras de la biodiversidad, productoras agrícolas, emprendedoras en ecoturismo, científicas e investigadoras…Tiene por objetivo integrar la perspectiva de género, la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en la gestión de la biodiversidad.” (CEPAL-COVID, 2020)
Reglamenta que la reducción de las jornadas laborales a consecuencia de la emergencia sanitaria deberá aplicarse con paridad.
Establece un seguro de desempleo para la población en general
Establece el otorgamiento de un “bono proteger” también ante disminución de los ingresos por COVID vía reducción de jornadas de trabajo.
Colombia decreta un “…patrimonio autónomo para el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres, con el fin de mitigar los efectos de la Emergencia Social, Económica y Ecológica”… e instruye a sus ministerios a generar empleos sobre todo para las mujeres rurales y las jefas de familia tras reconocerlas como las más afectadas por la pandemia.
Brasil solo instruye lo necesario para que los funcionarios públicos con condiciones de vulnerabilidad trabajen en forma remota.
Argentina asigna subsidios monetarios a los adultos mayores y a las madres de hasta siete hijos o más. Prohíbe que a la población vulnerable y, como parte de ella, a las mujeres, les sean suspendidos los servicios de luz, gas, agua, telefonía, internet y televisión por cable con falta de pago de hasta tres recibos consecutivos o alternos, a partir de marzo del presente año. También incrementa los montos monetarios asignados a programas sociales que garantizan el acceso a los alimentos de población previamente a la pandemia definida como vulnerable, como es el caso de los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar.
México fortalece el “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”; que, aunque no es un programa exclusivo para las mujeres, ya que incluye a padres u otros tutores, el 97% de los beneficiarios son mujeres con hijos hasta cuatro años y hasta seis en caso de que tengan alguna discapacidad. Este programa “busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, para que cuenten con facilidades para encargarse del cuidado y atención infantil” (CEPAL-COVID, 2020). Este objetivo responde a una de las demandas que los especialistas plantean como fundamental para avanzar en la equidad de género: que el Estado emprenda acciones que disminuyan el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar, para que pueda ser dedicado al fortalecimiento de su vida laboral.
En cuanto a los programas mexicanos “Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores” y “Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad”, en el marco de la pandemia entregaron los subsidios monetarios anticipadamente a las fechas programadas de entrega. Esos programas benefician a mujeres en un 56% y 44% respectivamente. El programa de becas estudiantiles del gobierno federal continúo operando regularmente durante la emergencia sanitaria.
Chile asigna un bono monetario extraordinario a los grupos vulnerables que tenía previamente definidos, como mujeres embarazadas, personas con discapacidad, jefas de familia en situación de vulnerabilidad, etcétera; incluye preservativos y toallas sanitarias durante la distribución de alimentos a familias vulnerables durante la crisis sanitaria. También entregaron un subsidio monetario extraordinario a casi dos millones de hogares, de los que el 62% tiene jefatura femenina
Costa Rica también entrega un subsidio monetario por dos meses a hogares con jefatura femenina, pobreza, presencia de adulto mayor o persona con discapacidad, además de reforzar la garantía alimentaria para poblaciones previamente definidas.
En Colombia instituyen el Programa Ingreso Solidario para los hogares en situación de vulnerabilidad, se privilegia en la asignación del recurso a mujeres jefas del hogar y a trabajadoras del sector informal. Lo mismo hacen Brasil y Perú, entregan un bono monetario extraordinario a los hogares afectados por la pandemia, designando a las mujeres del hogar como principales receptoras del recurso.
Chile presenta dos acciones al respecto, una de ellas tiene que ver con capacitaciones en línea a mujeres exportadoras y una segunda con el diseño de una plataforma digital de capacitación permanente para fomentar el emprendimiento de las mujeres.
Argentina, habla de medidas para promover la participación virtual y ciudadana, pero no dice cuáles.
Colombia también apuesta por las plataformas digitales de capacitación para fomentar el emprendurismo en las mujeres, llamaron al programa “Colombia es mujer emprendedora”.
En Costa Rica adaptaron a la modalidad virtual el Programa Avanzamos Mujeres que proporciona información a las mujeres en situación de vulnerabilidad social sobre sus derechos.
Bajo la clasificación de “Otras acciones” (CEPAL-COVID, 2020) también hay algunas interesantes, como una encuesta llevada a cabo en Argentina entre mayo y junio para medir “El Impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres”, la encuesta rescata información de los ámbitos rurales y urbanos.
De México se rescata el dato de la edición de un documento titulado: La vida de las mujeres y el COVID-19. Impactos diferenciados y medidas implementada durante la Jornada de la Sana Distancia.
En Chile instituyen la Mesa Social COVID-19 que identifica y plantea acciones con enfoque de género durante la crisis sanitaria, está constituida multisectorialmente. También integran el Consejo Mujer COVID-19, con especialistas de los sectores público, privado, social y académico que plantean medidas pospandemia de atención a las mujeres, en tres líneas: violencia contra la mujer y salud, reactivación económica y cuidados.
Costa Rica también integra un Consejo de mujeres que buscan estrategias para enfrentar las consecuencias de Consejo Mujer COVID-19. Se establece un consejo integrado por mujeres de la academia, la sociedad civil, el sector privado, organizaciones gremiales, parlamentarias y organismos pertinentes del Gobierno con el objetivo de enfrentar la crisis sanitaria por COVID-19 incorporando un enfoque de género. El Consejo ha presentado al Presidente de la República un documento con propuestas a corto y largo plazo en tres áreas claves: violencia contra la mujer y salud, reactivación económica y cuidados. la pandemia y tratar que no se profundicen las brechas de género.
Casi todos los países de la región se vieron en la necesidad de generar guías de acción para las dependencias de gobierno en las provincias respecto a los derechos de las mujeres y las medidas que tendrían que adoptar ante el incremento de la violencia de género y la precariedad económica.
Los retos de la producción de estadísticas de género en el marco de la COVID-19 fue uno de los temas tratados en el XXI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género que fue organizado por el INEGI, ONUmujeres, inmujeres y CEPAL el pasado mes de septiembre. (INEGI-Encuentro Internacional de Estadístcias de Género, 2020)
Del análisis en esos foros se desprende la innegable urgencia de restablecer, mantener e incrementar los sistemas de producción de datos estadísticos de los países, a fin de poder describir, lo más rápidamente posible, las condiciones económicas, sociodemográficas y sociales que ha configurado la crisis sanitaria en nuestras sociedades.
Dado que los confinamientos obligatorios y preventivos, así como las restricciones de movilidad han obstaculizado la recolección tradicional de datos, ha sido necesario hacer ajustes metodológicos a los procedimientos tradicionales de recolección, como impulsar el acopio de datos por teléfono.
Se han diseñado nuevos instrumentos estadísticos para describir los efectos de la pandemia en los diferentes aspectos de la sociedad, por ejemplo, la medición del impacto en la estructura económica: cierre/ alta de negocios, los impactos en el empleo, en la educación, etcétera.
Vuelve a ponerse sobre la mesa la importancia de fortalecer los registros administrativos para obtener información con altos niveles de oportunidad y a un bajo costo. Sin embargo, no debemos dejar de lado el hecho de que la obtención de datos con calidad a través de los registros administrativos pasa por una sólida cultura estadística de los diferentes sectores de la sociedad, misma que en este país aún está en construcción.
Antes de la emergencia sanitaria por COVID-19 México, y la gran mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, enfrentábamos serios problemas con la equidad de género en nuestras sociedades, ya existían enormes desigualdades económicas entre hombre y mujeres, padecíamos altos niveles de violencia de género y enfrentábamos enormes inequidades en la distribución del trabajo no remunerado. Todo lo anterior está suficientemente documentado.
La crisis sanitaria por la que estamos atravesando ha venido a agravar la situación anterior en todos los sentidos: muchos países, incluido México, han registrados súbditos incrementos en la violencia de género debido principalmente al confinamiento y las presiones económicas; la precariedad económica de las mujeres se ha acentuado por que han sido las primeras en ser expulsadas por el mercado. El incremento en las labores domésticas debido al confinamiento de todos los miembros del hogar, el traslado de las tareas educativas de niños y adolescentes al hogar, la atención de los miembros de familia afectados por el COVID y las actividades de contención emocional, han elevado fuertemente el número de horas que las mujeres dedican a ese tipo de actividades de cuidados, que ya antes estaban inequitativamente distribuidas.
Previamente a la pandemia ya se visualizaba como una labor urgente la de redistribuir el trabajo no remunerado de los hogares, principalmente de cuidados, y/o demandar en su defecto, la intervención del estado en el fortalecimiento de las instituciones públicas necesarias para la atención de todos los grupos de población vulnerable que requieren atención especializada: adultos mayores, personas con discapacidad, niños, adolescentes, etcétera; a fin de que se pagara con dinero público el trabajo que se recarga sobre las mujeres sin retribución alguna.
Parece evidente que la crisis de equidad de género provocada por la situación social y económica que trajo la pandemia ha rebasado a los gobiernos, que han implementado un conjunto de acciones que parecen ser insuficientes para paliar la problemática que se tiene enfrente.
Muy probablemente tenga que ver con la falta de datos duros que evidencien en su justa medida el tamaño del problema. De ahí la urgencia de restablecer, innovar y aplicar nuevos modelos de producción de datos que dibujen con toda claridad el tamaño del problema y sus áreas críticas. Para obtener indicadores que describan el impacto de la pandemia en los derechos de las mujeres, y en general de los grupos sociales más vulnerables que se vislumbra ya que han sido los más afectados por la pandemia por COVID-19; es muy importante fortalecer los instrumentos de generación de estadísticas existentes que se han visto trastocados a consecuencia de la emergencia sanitaria debido principalmente las dificultades para realizar el trabajo de campo como regularmente se hacía, innovar con nuevos procedimientos como la captación de información vía telefónica y avanzar en la construcción de registros administrativos robustos que proporcionen información de alta calidad, con amplios márgenes de oportunidad y cobertura a bajos costos.
También es necesario que los gobiernos utilicen la información ya disponible en la integración de los diagnósticos pertinentes y la elaboración de las políticas públicas con perspectiva de género que vayan allanando las diferentes brechas.