Las contribuciones feministas a los análisis de los procesos de globalización obligan a incorporar la variable de género a las dinámicas de exclusión e inclusión, porque afecta de manera distinta a mujeres y hombres. El quiebre del modelo económico de desarrollo implica el mercantilismo, la explotación de la naturaleza y la marginación de los más desfavorecidos, como las mujeres. La globalización ha agudizado sus condiciones, porque se ha subordinado la política a un modelo económico que pone en el centro los procesos de ajuste estructural: menos inversión en seguridad social y dejar al arbitrio del mercado el acceso a bienes y servicios.

En este proceso, las mujeres han sido quienes han absorbido dichos ajustes de manera dramática: se ha intensificado el trabajo doméstico con la doble o triple jornada; aumentan los costos sociales de la maternidad; el acceso al mercado laboral está limitado por la cualificación; la posición en la familia como responsable del trabajo reproductivo; enfrentan la desregulación y flexibilización laboral que afecta de manera directa sus derechos, de manera que las mujeres enfrentan en tiempos neoliberales la disminución de las responsabilidades del Estados versus el bienestar familiar.

Se agrega en esta perspectiva la desaparición del salario familiar y la falta de estabilidad laboral masculina. De manera que, aun cuando las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo, esto genera dinámicas que se confrontan permanentemente, como las fronteras entre lo público y lo privado, lo que genera nuevas interrelaciones entre ambas esferas. En este contexto, las desigualdades de género operan de manera interseccional, y se ponen en juego las desigualdades múltiples: de clase, etnia, sexualidad, nacionalidad, y los contextos urbanos o rurales y las formas en que se han construido la masculinidad y la feminidad.

La globalización abandonó la centralidad de la política y puso la economía sobre relieve; sin embargo, hoy se reconoce que ese proceso generó una visión del desarrollo que agudizó la pobreza, porque los tres mil hombres de poder reunidos en el Foro Económico Mundial definen la suerte de los 6,314 millones de personas que pueblan el planeta, detentan en sus manos la casi totalidad de los recursos financieros, naturales y hasta humanos, e imponen por cualquier vía, incluso la militar, sus diseños y decisiones (Valdivieso: 28).

Los planes de ajuste estructural eliminaron servicios sociales y produjeron desocupación en pos del objetivo de “éxito mercantil”, que tuvo como víctimas principales a las mujeres latinoamericanas pobres. La pobreza fue adquiriendo rostro de mujer latinoamericana, en su triple discriminación de género, clase y etnia. (Carosio).

La crisis actual se destaca por tener una mayor amplitud; es así que los procesos de globalización han fomentado la exclusión social y la inestabilidad familiar. La crisis que se vive se considera un riesgo exógeno y pone en cuestión la viabilidad del Estado del bienestar. Por ejemplo, la inestabilidad familiar implica que la capacidad de cuidado que tenían las familias se ha erosionando y el riesgo de pobreza se incrementó; paradójicamente, se pide a las familias que asuman los nuevos riesgos que provienen del mercado de trabajo (Ochoa: 56).

Es una realidad que la producción de riqueza es enorme, pero la pobreza y la exclusión cada vez se incrementan más; por tanto, la re-distribución de la riqueza es el tema pendiente. De ahí que retornar la política implica refundar y darle contenido a un desarrollo que retome el paradigma ciudadano.

Si bien la globalización muestra una cara que favorece la “aproximación” de la humanidad por el intercambio rápido de ideas, personas, mercancías, capital, información y tecnologías, la otra cara muestra sus impactos negativos en la vida de la mayoría de quienes habitamos el planeta (Valdivieso: 28), y uno de esos grandes retos es la defensa, la promoción y el respeto de los derechos humanos de las mujeres que enfrentan la disminución de derechos; al mismo tiempo, una gran movilización por el respeto a estos, como se ha visto en las manifestaciones del 8 de marzo pasado, la toma de las instalaciones de la CNDH, entre otras.

Si bien el aumento generalizado de la productividad es una realidad, las condiciones laborales se han visto afectadas por la restricción de los derechos sociales del mismo, y el bienestar cada vez es más residual, porque se afianza un patrón de poder moderno-colonial-neoliberal y patriarcal (Valdivieso, 2005) que ha acentuado las desigualdades y las exclusiones de la mayoría de las mujeres en el mundo, lo que legitima y naturaliza las desigualdades de género. En este contexto de globalización, el análisis feminista ha puesto la atención para evidenciar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, consecuencia de estos procesos, y garantizar que se respeten.

Podemos decir que el feminismo se ha enfrentado a los procesos de globalización haciendo un análisis de la perversión creada por un sistema que prometió mayor producción de bienes, pero que los servicios se han visto seriamente disminuidos por el retiro del Estado a garantizarlos, de tal manera que las condiciones de pobreza para las mujeres se han agudizado porque se han generado mayores condiciones de vulnerabilidad económica. Además, las violencias se han acrecentado y no se pueden cerrar los ojos ante un sistema que ha enfatizado las desigualdades de género.

Sin duda, la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder está presente en este proceso de globalización, por lo que es necesario un enfoque interseccional, localizado y contextualizado para dar cuenta de las violencias de clase, de género, de raza, de condición étnica, de opción sexo-afectiva, entre otras y examinar estas categorías y la estructura de las violencias e interrogarnos cómo están presentes en las vidas de las mujeres y las niñas.

Las mujeres han reclamado tener derechos y la garantía de que estos se respeten. Desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en 1791, resultado de la Revolución Francesa, cuestionada por no incluir a las mujeres. Olimpia de Gouges se dedicó a redactar la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana para integrarlas, de tal manera que desde entonces ha quedado claro que no es posible trabajar con el lema “de todos los hombres nacen libres e iguales”, si no se incluye a las mujeres.

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial surge la preocupación por diseñar instrumentos legales para la protección de estos derechos, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. Sin embargo, siguió prevaleciendo una visión patriarcal, ya que se violaban los derechos de los hombres en calidad de presos políticos, exiliados, refugiados, torturados, etc., pero no se consideraba la violación a los derechos de las mujeres, que eran una práctica cotidiana, por lo que se trataba no solo de defender dichos derechos, sino también de impulsar su reconocimiento, respeto y garantía, y no solamente los casos de excepción, que ya de por sí eran graves.

Esta visión dejaba de lado las condiciones en que las vivían mujeres en el mundo, con un estatus inferior al del hombre: leyes adversas, tradiciones religiosas y culturales de discriminación y las violencias familiar y sexual, que no se reconocían como un crimen. Estos abusos en la vida diaria perpetrados por la comunidad y en el seno de la familia no se reconocían como violación de los derechos humanos.

La segunda ola feminista del siglo XX centra su demanda en el derecho al sufragio y el cuestionamiento a la visión patriarcal de los derechos humanos. Tenía entre sus objetivos luchar por la igualdad en todos los ámbitos, político, cultural, social, económico y sexual, y se caracteriza por recuperar la subjetividad y las experiencias de vida individual y privilegiar el cuerpo como centro de las reflexiones. Sus demandas llegaron al seno de la ONU, y se creó la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer, así como se realizó un conjunto de actividades para combatir la discriminación contra las mujeres, tal es el caso de la convocatoria para la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en México en el año 1975, que proclamó ese mismo año, como el “Año Internacional de la Mujer”.

Como resultado de esta primera conferencia, se redactaron dos documentos: la Declaración de México sobre la Igualdad de la Mujer y su Contribución al Desarrollo y la Paz, y el Plan de Acción Mundial para la Instrumentación de los Objetivos del Año Internacional de la Mujer. Tanto en la Declaración como en el Plan de Acción se promovió estimular a que se adopten medidas nacionales e internacionales para resolver los problemas del subdesarrollo y de la estructura socioeconómica que coloca a la mujer en una posición inferior.²

Eventos importantes transcurrieron en los siguientes años en el ámbito mundial. En 1976 se instala en Bélgica el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres; en 1977 surge en Argentina el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo, para exigir la presentación de las desaparecidas y los desaparecidos políticos por la dictadura militar; en Sri Lanka se establece el Foro de las Mujeres de Asia y el Pacífico; en Italia se realiza la Primera Reunión Internacional de Mujeres y Salud; en Perú las feministas invitan a debatir sobre el aborto; en Bélgica, en 1978, son nombradas tres ministras; en España, la nueva Constitución prohíbe toda discriminación por sexo, y en México surge una cantidad importante de grupos feministas que proponen, a través del Partido Comunista representado en el Congreso de la Unión, la legalización del aborto. En este mismo año, la Asamblea General de la ONU solicita por unanimidad al Secretario General que tome las medidas para que el número de mujeres que ocupan cargos en un periodo de cuatro años alcance al menos el 25% de sus integrantes.

En 1979, grupos y colectivos feministas de varios países de América Latina realizaron movilizaciones en el Día de Acción Internacional a Favor de la Legalización del Aborto, el Acceso a los Anticonceptivos y contra la Esterilización Forzada. En México se impulsó desde el gobierno la campaña “La familia pequeña vive mejor”, que tenía como objetivo la disminución del índice de natalidad, lo que ocasionó que en muchos centros de atención a la salud se esterilizara a mujeres sin su consentimiento; esta práctica siguió hasta el gobierno de Ernesto Zedillo, que reconoció que personal de salud practicó dichas esterilizaciones en mujeres y hombres en zonas indígenas del país, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.³

En 1979, y para responder a las demandas del movimiento feminista, la ONU puso a consideración de los países miembros, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la cual se destacan nueve áreas o ámbitos de preocupación, así como obligaciones para los Estados, a fin de lograr la igualdad entre mujeres y hombres.⁴

Sin duda, esta Declaración es un instrumento internacional muy importante de defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Comenzó como una Convención declarativa, pero ya cuenta con un Protocolo facultativo, que es el mecanismo del procedimiento para ponerla en ejecución. Aun cuando omite en su momento el problema de la violencia de género, ello se trata de corregir con la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de la Violencia contra la Mujer, que en el artículo 1 expresa:

Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez fueron el detonante para que la relatora especial conociera de ellos. La visita se realizó en 2002.⁷ Este hecho promovió la denuncia ante la cidh y el Estado mexicano fue condenado por violar los derechos humanos de las víctimas; se exigió el reconocimiento de su responsabilidad en un acto público, realizado el 7 de noviembre de 2011, en el que en un acto oficial se asumiría la sentencia por el caso de las ocho mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en el lugar denominado como campo algodonero en 2001. Sin embargo, y pese a la gravedad del hecho y la importancia de la sentencia, Felipe Calderón, como presidente y representante del país, no asistió.

Los derechos humanos de las mujeres se han reconocido como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales, por lo que se promueve en todos los ámbitos, nacional, regional e internacional, la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo.

Todo ello ha sido producto de la movilización de las mujeres a favor del reconocimiento de sus derechos. Gracias también a estas acciones, la violencia contra las mujeres se convirtió en un tema de debate legítimo. Por su parte, las Naciones Unidas han dado seguimiento a los temas de preocupación que afectan a las mujeres e impiden la igualdad de género; además, se ha puesto énfasis en que los gobiernos deben tomar medidas correctivas para impulsar la igualdad y la equidad de género.

Vivir una vida sin violencia se ha convertido en uno de los derechos humanos más importantes para las mujeres. El debate y el reconocimiento de la violencia familiar fueron lo que permitió establecer un debate internacional que además vinculó al movimiento feminista internacional de los últimos veinticinco años. Ejemplo de ello son las iniciativas de ley para combatir la violencia familiar. Prácticamente en todos los congresos y parlamentos de la región se ha legislado en esta materia. Además, la presencia de representantes del movimiento feminista en los congresos ha sido fundamental para impulsar dichas iniciativas.

En México, por ejemplo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Violencia Familiar, el 30 de diciembre de 1997. En otros países este debate se ha ganado desde años anteriores: en Puerto Rico se aprobó en 1989 la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica; en Argentina y en Chile, en 1994, la Ley sobre Violencia Intrafamiliar; en Trinidad y Tobago en 1991; en Belice y Barbados en 1992; en Perú en 1993; en Ecuador en 1995 y en Bolivia en 1996.

Es quizá este tema el que más legitimación política ha tenido, y los Estados han hecho un esfuerzo -no sin prejuicios, trabas o limitaciones- para considerar la violencia familiar como un delito. Sin embargo, todavía existen visiones parciales y limitadas para considerar los derechos de las mujeres como derechos humanos. Aún existen opiniones tales como que la discriminación sexual es un problema de segundo orden; es decir, que existen problemas más importantes que este, o que el abuso contra las mujeres es un asunto privado y no de interés estatal.

Estas posiciones se han traducido en las pocas acciones de gobierno para atender la discriminación sexual en el trabajo, en la educación, el sexismo en los medios de comunicación, que no se brinden condiciones para prevenir la violencia en todos los ámbitos, que niñas y mujeres presenten altos grados de desnutrición, que se atropellen sus derechos reproductivos, y sean altos índices de embarazos en niñas y adolescentes que son producto de violación sexual, entre muchos otros. Estos son algunos de los problemas que repercuten en una mala calidad de vida para las mujeres y las niñas y que forman parte del conjunto de violencias.

La visión feminista de los derechos humanos pone énfasis en considerar que los derechos de las mujeres son violados por la percepción tradicional de la sociedad. Para autoras como Alda Facio, incluir la perspectiva de género significa:

Es así como se propone, con esta visión integral, trabajar para que en el mundo globalizado se entienda que la violación de los derechos humanos de las mujeres afecta a todas, en distintas regiones del mundo. Tres ejes son básicos para entender y comprender la violencia estructural que vivimos las mujeres: la transversalidad, la interculturalidad y la interseccionalidad.

Cuando hablamos de violencia estructural nos referimos a que no son actos individuales o personales, sino parte del sistema patriarcal, androcéntrico, que se sostiene en varios pilares: las representaciones sociales, los códigos normativos sobre lo femenino y masculino, y el entramado social del que es parte la familia. Estas representaciones sociales son lo que hoy denominamos estereotipos de género, que garantizan la reproducción de las violencias en la vida pública y privada. Estos roles de género son un ejercicio de violencia cotidiana, ya que los valores e idealizaciones de lo femenino se convierten en una carga difícilmente superable para muchas mujeres, lo que genera violencia y, obviamente, el afán de querer cumplir con ese rol que es imposible para cada una de nosotras.

Las violencias contra las mujeres y las niñas se ejercen en el ámbito público y privado y se han convertido en una amenaza para sus vidas. Reconocer las violencias en los tipos y modalidades ha sido un avance plasmado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; sin embargo, hoy podemos afirmar que la realidad de las violencias supera lo impresos en los tipos y modalidades de dicha Ley, porque la realidad ha superado las vidas de las mujeres, ya que en los espacios públicos, en las escuelas, en el trabajo, en el espacio político y en los hogares, conforman el gran constructo del ejercicio violento que termina con sus vidas.

Las violencias se engarzan unas a otras y se van incrementando. En muchas ocasiones son tan sutiles que no las reconocemos como un problema, muchas de nosotras las hemos vivido de manera tan natural que nos hemos hecho especialistas en saber sortearlas, y quienes lo hemos logrado ha sido porque nos hemos capacitado, porque hemos adquirido mecanismos para ello, pero han sido acciones producto del esfuerzo personal, más que por la capacidad institucional para erradicarlas; sin embargo, no estamos exentas de vivir todo tipo de violencias a lo largo de nuestra vida.

Comprender los derechos humanos de manera global significaría que los avances en leyes que favorezcan la igualdad y la equidad en cualquier región del mundo tendrán el efecto de alentar a otras regiones a realizar reformas encaminadas en este sentido.

Para Sonia Montaño,⁹ la globalización ha permitido el desarrollo de nuevos conceptos que han trascendido fronteras y permitido que hombres y mujeres de tradiciones culturales distintas reconozcan en la carta de derechos humanos la base para construir consensos y ampliar espacios democráticos, todo ello por la posibilidad que han brindado la disponibilidad y el acceso a nuevas tecnologías de comunicación.

Algunos autores consideran que la globalización ha desaparecido la distinción entre problemas domésticos e internacionales, y ha convertido a estos cada vez más en problemas regionales o globales. Lasagna¹⁰ retoma a Held, en su texto sobre gobernabilidad democrática, donde explica que los derechos humanos de las mujeres son un tema de la agenda internacional.

Es necesario que los derechos humanos, en una era globalizada, se entiendan como la posibilidad del reconocimiento de la categoría mujeres, la cual da cuenta del conjunto y las diferencias de mujeres en distintos ámbitos y espacios. Es decir, las mujeres rurales no viven, experimentan, ni se violan sus derechos humanos de igual manera que las mujeres que viven en las ciudades, y tampoco es lo mismo la violación de los derechos de las mujeres lesbianas, que de las mujeres heterosexuales. Este conjunto de identidades tiene que estar presente, porque se deben considerar los contextos culturales, políticos y sociales en que el patriarcado se pone en ejecución.

Por otro lado, también es un reconocimiento de que los derechos de las mujeres continúan siendo violados en sus diferentes vertientes. El caso de los derechos reproductivos de las mujeres en países como la India y China tiene su especificidad si consideramos que el feminicidio o el aborto selectivo constituyen una política de Estado.

En México tenemos otra realidad. El aborto es legal bajo tres supuestos: violación sexual, malformación congénita y peligro de vida de la madre; existe además la nom 046 para garantizarlo en casos de violación sexual; sin embargo, ello no es una realidad para ninguna mujer. Es un delito penado con cárcel, por lo que la maternidad libre y voluntaria está lejos de hacerse realidad, ya que aun cuando se apela a los derechos reproductivos, estos son violados de manera constante por los prejuicios y estereotipos del personal jurídico y de salud.¹¹

Los derechos humanos de las mujeres se han globalizado, porque la demanda se traslada de un lugar a otro, con agendas propias en el contexto de sus locaciones particulares. En ello ha participado activamente el desarrollo de redes nacionales, regionales e internacionales, lo que ha propiciado una interconexión de las demandas. Por ejemplo, podemos mencionar la Coordinación de ONG Mexicanas Hacia Beijing, que, además de consensuar una propuesta nacional, impulsó fuertes vínculos con otras organizaciones de América Latina y El Caribe para el proceso de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer; además, permitió plantear una agenda global y al mismo tiempo una agenda específica en torno a los derechos humanos de las mujeres; así el movimiento feminista se situó simultáneamente en un espacio local y global y se movió a través del espacio y el tiempo.

Los derechos humanos de las mujeres han sido penetrados por las teorías de género y por la teoría de la justicia, por el feminismo y por la teoría política. Así, luchar en contra de la violencia no solo es una demanda de las mujeres, sino también una práctica de la teoría política moderna, que plantea la justicia y la equidad.

Se reconoce, además, que no basta con la categoría de género para el reconocimiento de la violación de los derechos humanos de las mujeres, como señalamos antes; intervienen la clase, la etnia, la casta, la raza, la sexualidad, la religión, la identidad nacional, la condición de migrante, etc.. Así, en una combinación bastante híbrida, aparece el fenómeno de violación de los derechos humanos de las mujeres y la existencia de tribunales internacionales que permiten la presentación de denuncias de violación de estos derechos.

Además, la presencia de mujeres organizadas en redes internacionales para asistir a las cumbres, foros y conferencias mundiales, junto con otros movimientos de derechos humanos, ambientalistas, ciudadanos, etc., las lleva a convertirse en protagonistas para demandar que en las agendas de las instituciones gubernamentales se incorporen los problemas sobre la igualdad de género. Y desde ahí, con su presencia y la explicitación de sus demandas, han presionado al Estado para que establezca una institucionalidad de la incorporación de género a las políticas públicas, como las instancias especializadas en esta materia. Al mismo tiempo, muchas mujeres se han incorporado al ejercicio de gobierno para diseñar y formular planes y programas, tanto en el ámbito del poder ejecutivo como en el del legislativo para, con ello, generar recursos para los proyectos de mujeres y de género. Se puede decir que este movimiento de mujeres ha contribuido a dotar de carácter público a problemas considerados privados, visibilizar y legitimar esos problemas (Ochoa, 2009).

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, es el marco americano para el diseño de política pública en materia de violencia contra las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007, y la reforma constitucional de 2011, que reconoce en el artículo 1o el término de individuo por el de persona, e incorpora el reconocimiento del goce de los derechos humanos recogidos en tratados internacionales reconocidos por México y las garantías para su protección, forman parte del conjunto de la defensa, la promoción y la protección de los derechos de las mujeres.

Con esta reforma, los Acuerdos y Convenciones se convierten en legislaciones supranacionales para garantizar los derechos de las mujeres; además, si se incumple, está la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a reparar los daños de las víctimas a quienes se les han violado los derechos humanos.

Casos emblemáticos sancionados por la CIDH se han sucedido en nuestro país: “Campo algodonero”; Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, ambas violadas sexualmente por militares; Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio acusadas por la Procuraduría General de la República por supuestamente secuestrar a policías de la Agencia Federal de Investigaciones; las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tzetzales. En todos estos casos, el Estado mexicano ha tenido que pedir disculpas públicas por la violación de derechos humanos en razón de género.

Los tres ejes de análisis que planteo, la transversalidad, la interculturalidad y la interseccionalidad, son muy importantes para reconocer que las violencias nos afectan a todas, heterogéneas, diversas, de zonas urbanas, rurales e indígenas, niñas, jóvenes y adultas, con educación escolar y con educación informal, por la condición de clase, migración y económica, no estamos exentas de vivir violencias durante nuestro ciclo de vida.

La ratificación de la Convención de Belém do Pará y todos los acuerdos y convenios en la materia son una oportunidad para reiterar la determinación de impedir violaciones de los derechos humanos de las mujeres, la reparación y la no revictimización. Los procesos de disculpas públicas que se han sucedido durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen una importancia simbólica muy significativa, y abren la posibilidad para evitar comportamientos y violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.

En una era globalizada, donde la prioridad es el mercado -con el supuesto de que este permitirá índices de desarrollo económico-, se presenta la paradoja de la inequidad. El deterioro de las condiciones de vida de una franja amplia de la población, la flexibilidad laboral, que implícitamente prevé la desaparición de organizaciones sindicales,¹² trae como consecuencia una exclusión de las oportunidades y el progreso. Los derechos humanos de las mujeres se transforman en demandas de distinto orden, tal es el caso del derecho al empleo y a recibir un salario justo para vivir. Lo que hasta el momento en México ha significado para las mujeres el empleo con la apertura del mercado a la industria maquiladora, es que los derechos a la seguridad social están cada vez más limitados. Es común que en las empresas trasnacionales los contratos sean a través de las figuras del outsourcing,¹³ que los accidentes laborales sean atendidos por personal médico privado y no por el Seguro Social, para evitar las incapacidades y que, al margen de la ley, cuando una trabajadora o un trabajador se lesiona, los pagos son menores a lo estipulado.

El hostigamiento y el acoso sexual siguen siendo una realidad para las mujeres, ya que para una trabajadora es difícilmente comprobable, por lo que la acción más común es que abandone el empleo. Por otro lado, todavía permanece la desigualdad de ingreso: las mujeres ganan menos que los hombres por desempeñar igual trabajo. México se encuentra entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con un alto índice de desigualdad laboral por género, debido a que el 60% de las mujeres trabajadoras carece de protección social y derechos. En el documento Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de género 2017, la OCDE indica que menos de la mitad, o sea, el 47% de las mexicanas en edad productiva, participa en la fuerza de trabajo, tasa muy inferior al promedio de la OCDE para las mujeres, que es del 67%.

Casi dos terceras partes de las mexicanas que trabajan están en empleos informales que ofrecen un pago bajo y protección social insuficiente. El 64% de las personas trabajadoras con bajos salarios son mujeres. Los salarios en la región son sumamente dispares: mientras una obrera en México, gana siete dólares por un día de trabajo, en Estados Unidos, recibe al menos ocho dólares por hora de trabajo.

A pesar de que las mujeres hemos logrado la igualdad jurídica, una mayor participación política, un mayor acceso al ámbito educativo, una creciente incorporación al mercado de trabajo, y que todos estos logros han impactado en las relaciones familiares y sociales, los índices de pobreza se agudizan cada vez más.¹⁴ Fenómenos como los hogares con jefatura femenina son cada vez más comunes. En México, según el INEGI¹⁵, existen 2.6 millones de hogares con estas características, que representan el 12.5% de los hogares mexicanos. La edad promedio de estas mujeres es de 52 años, la mitad de ellas son viudas y más de una cuarta parte son separadas o divorciadas. La mitad trabaja en el mercado laboral, la otra mitad no lo hace, pero es porque tienen 60 años o más. Como se presenta este fenómeno, son hogares muy débiles en términos económicos, lo que contribuye al fenómeno denominado “feminización de la pobreza”.

Otro fenómeno ligado a la pobreza es el alto índice de mujeres madres jóvenes, como lo demuestran muchas estadísticas. Las mujeres pobres y con menos educación son madres a edades más tempranas.¹⁶ En México, las mujeres que tienen menos de seis años de escolaridad presentan hasta el 41% de los embarazos. A medida que aumenta el grado de escolaridad disminuyen los embarazos. Este tipo de familias tendrá, de entrada, condiciones de gran vulnerabilidad. El 41.1% de las madres de quince años y más no cuenta con educación básica terminada, cifra que duplica a quienes no son madres (20.5%), y solo el 23.9% de las madres tiene educación media superior o superior, frente al 42.5% de las mujeres que no son madres.¹⁷

Los índices de acceso, prevención y atención a la salud también se han deteriorado por las políticas de reducción del gasto en la seguridad social. En México, las muertes relacionadas con la reproducción son la cuarta causa, pero en los países “desarrollados”¹⁸ esto no sucede, lo cual nos muestra cómo se han limitado o deteriorado los servicios de atención a la maternidad, el parto y el puerperio.

No obstante que los índices educativos han aumentado favorablemente para las mujeres, ellas continúan siendo dos terceras partes de los analfabetos en el mundo; la mano de obra femenina se emplea en trabajos de baja calificación o en el mercado informal, como es la concentración de las mujeres en el sector terciario de la economía.¹⁹ Sin embargo, diez mujeres ocupadas con al menos un hijo, el 80.6% carece de acceso a servicios de guardería.²⁰

En cuanto a la participación política y el acceso a la toma de decisiones, en México, en el ámbito federal, el índice de mujeres en las Cámaras de Diputados y Senadores alcanzó el 40% de mujeres y en la legislatura actual, la paridad. Sin embargo, se ha tenido que judicializar el acceso de las mujeres a la toma de decisiones. Desde la reforma de las cuotas del 30% -generalmente ese porcentaje era para las mujeres- hasta la paridad, reforma que se impulsó en mayo de 2019 en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores), las reformas para incluir el principio de paridad en todos los órganos del Estado mexicano y el 6 de junio del mismo año, se publicaron en el DOF las reformas a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta garantizar que en los procesos electorales se evite la violencia política, por lo que en abril de 2020 se aprobó la figura de este delito.

La implementación de políticas de ajuste se ha traducido en una desventaja para las mujeres. En el documento presentado por Cecilia López en la Cumbre sobre Financiación para el Desarrollo, realizada en marzo de 2002 en Monterrey, México, se promovió un nuevo paradigma de desarrollo sustentable, ya que, según la autora, los ajustes no afectan de igual manera a hombres y mujeres, y las variables macroeconómicas claves, como ahorro, consumo y probablemente inversión, tienen comportamientos diferentes según el género.²¹

La autora pone énfasis en señalar que las mujeres han duplicado su carga de trabajo, reemplazando a un Estado que se redujo y que, por ello, se supone más eficiente, pero en los hechos se ha demostrado lo contrario. La pretensión de un nuevo paradigma en el desarrollo requiere introducir la igualdad de género para reducir las asimetrías entre los sexos.

Las mujeres no deben ser tratadas como un grupo “vulnerable”, no obstante el predominio de elementos de discriminación y desigualdad que viven, en particular la pobreza y la deficiencia y restricción de servicios. La realidad no se puede abordar con proyectos de desarrollo limitados, con escasos recursos y de carácter asistencial, porque esta estrategia ha demostrado su inoperancia. Las mujeres deben ser consideradas en pie de igualdad con los hombres en las políticas de desarrollo. El punto central es reconocer sus especificidades en las diversas áreas. Uno de los grandes productos de la Década de la Mujer no fue lograr la igualdad, la cual no existe en este planeta, pero sí hacer visible la contribución de la mujer y las barreras que enfrenta.²²

Los derechos humanos, en una era globalizada, son de una importancia trascendental para lograr la igualdad, ya que, como plantea la propia López, un nuevo contrato social debe tener como prioridades, la generación de empleo, la nivelación de oportunidades y las mejoras en productividad de los más desfavorecidos, lo que reducirá las diferencias inexplicables e injustas entre hombres y mujeres, y de hecho contribuirá a la construcción de sociedades más igualitarias.

La globalización amplió oportunidades de empleo para las mujeres; sin embargo, ello ha significado una doble o triple carga de trabajo. Es significativo que, como consecuencia de mayores niveles educativos y de empleo, se están produciendo cambios en los patrones de comportamiento, tal es el caso de los índices de natalidad; sin embargo, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha generado la doble responsabilidad del cuidado y la crianza de los hijos.

Sin justicia social con perspectiva de género, que se proponga un cambio para romper con la centralidad del mercado, no será posible garantizar los derechos humanos y replantear las políticas públicas, como dice Alicia Girón, que integren un nuevo concepto de la vida económica, que se proponga crear empleos mejor renumerados y dignos del ser humano, reorientar las políticas monetaria, fiscal y financiera de nuestros países, y establecer las necesidades de la naturaleza y de la vida misma.

Retomaré en esta parte algunas de las propuestas de políticas públicas que se han llevado a cabo como parte de la agenda del movimiento feminista mexicano, en la cual todavía existen grandes retos pendientes; a pesar de ello, hay avances.

Ante el panorama de violación de los derechos humanos de las mujeres en un mundo cada vez más competitivo, en el que las mujeres tienen una desventaja considerable, resulta urgente impulsar acciones de discriminación positiva. En el campo de la educación, Klisberg plantea la necesidad de cuestionar frontalmente los prejuicios culturales que impiden a las mujeres y las niñas acceder plenamente a los espacios educativos y multiplicar estas oportunidades para evitar la deserción y que terminen sus estudios básicos.

La transformación de la educación, como uno de los pilares fundamentales para el cambio y la generación de nuevas actitudes, exige una formación escolar transformadora y promotora de valores igualitarios, porque en la escuela se reproducen los patrones de discriminación y desigualdad de género. Se han desarrollado en los últimos veinticinco años programas educativos para la formación y la capacitación del profesorado de educación básica, jardín de infantes y primaria, porque sin duda, una reforma educativa importante es la incorporación de la perspectiva de género en libros de texto y materiales educativos.

Respecto de la participación política, es de suma importancia que se cumplan los objetivos de no discriminación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Algunos estudios en el ámbito nacional y local nos demuestran que las mujeres que participan en política, a pesar de las dificultades, continuarán participando, pero que estas mujeres son cada vez más conscientes de impulsar una agenda que erradique la discriminación entre los sexos. Definitivamente, las reformas impulsadas son un paso importante; sin embargo, no basta. El cambio de actitudes, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el poner en el centro el principio de igualdad son retos de la globalización, ya que no será posible un desarrollo que excluya a la mitad de la población.

El impulso de programas dirigidos a mujeres y hombres jóvenes para prevenir embarazos no puede posponerse; el acceso a métodos de planificación familiar y de anticoncepción es una tarea impostergable. Combatir los prejuicios sobre la sexualidad y el peso de la iglesia en su control necesariamente será una tarea que el gobierno y las organizaciones de mujeres tendrán que combatir. En este sentido, proyectos desde las organizaciones de mujeres, en particular el proyecto de salud en la región centro occidente de México,²³ desarrollado por “Milenio Feminista”, trataba de remediar la ausencia del Estado para garantizar los derechos sexuales y reproductivos y la toma de conciencia para realizarse exámenes de cáncer de mama y de cérvix, considerados estos como dos de las primeras causas de muerte en las mujeres en edad reproductiva. Esta continua siendo una demanda muy importante en la cual todavía se tiene que trabajar.

En esta era globalizada, es necesario que la “protección de la familia” se traduzca en la ampliación y la profesionalización de los centros de desarrollo infantil, así como del cuidado de personas mayores, ya que estas tareas, que recaen generalmente en las mujeres, significan una doble carga, que disminuye su calidad de vida y que les genera conflictos para emplearse en el mercado laboral en mejores condiciones o porque deben ser otras mujeres de la familia las encargadas de dichos cuidados.

El reconocimiento al trabajo del hogar se debe resolver a corto plazo. Contabilizarlo en las cuentas nacionales y equiparar el trabajo doméstico como una actividad económica y necesaria para el desarrollo humano, así como la redistribución de las tareas domésticas y de cuidado, evitará que las mujeres sean las únicas encargadas de su realización, especialmente en esta era, en la cual los aparatos domésticos han tenido un gran desarrollo, pero el acceso a ellos todavía es inaccesible para la mayoría de las familias, además de que los hombres se integren a estas responsabilidades.

Este trabajo puede ser indicativo de lo que considero avanzar en los contenidos y las demandas necesarias para que los derechos humanos realmente sean una posibilidad de vida para todas las mujeres. La violencia familiar, como un primer eje de trabajo, me permitió, además, entenderla como tema transversal de otros derechos, particularmente, porque si la violencia permanece como una amenaza en la vida de las mujeres, los cambios estructurales en la educación, la actividad económica, etc., serán inacabados. Es de vital importancia que las relaciones familiares donde se construyen en primer término la valoración y el reconocimiento personal y social, sean un espacio de convivencia saludable, de respeto, de solidaridad y de acompañamiento.

En México, después de la realización de la Cuarta Conferencia Mundial de 1995, nos dimos a la tarea de discutir muy ampliamente la necesidad de impulsar las instancias para el avance de las mujeres y trabajar a favor de la igualad. Aun cuando hoy prácticamente esas instancias existen en toda la administración federal, estatal y municipal, sigue habiendo una gran oportunidad de que se conviertan en la defensa de los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista.

La cristalización de esta propuesta fue determinante para reconocer que se debe trabajar en esta materia; sin embargo, tendrá éxito si nos avocamos a diseñar políticas públicas, con el consenso de las mujeres, que respondan a sus necesidades, que tengan como marco el respeto a sus derechos humanos, entendidos estos como la posibilidad no solo de no recibir violencia, sino también de vivir una vida con calidad y de generar relaciones de igualdad en todos los espacios sociales y culturales.

El reto implica la institucionalización de la justicia de género, como una acción legítima y capaz de generar relaciones más democráticas, entre las mujeres, entre las mujeres y los hombres y entre los hombres. Creo que los derechos humanos están encaminados hacia este objetivo.

Finalmente, es importante destacar que los gobiernos y el proceso de globalización deberán incluir la perspectiva de género, porque es un asunto ético de vital importancia, y si no se establece como uno de los mecanismos para elevar la calidad de vida, el respeto a los derechos humanos será letra muerta. Lo ganado en convenciones y cumbres mundiales a favor de combatir la discriminación, solo será posible con la movilización de las mujeres y su participación en redes nacionales, regionales y globales.

El mercado puede ser una gran puerta para generar mejores oportunidades de empleo, educación, generación y distribución equitativa de la riqueza, pero será un gran fracaso si solo unos cuantos pueden acceder a los bienes y servicios.

Otro mundo es posible si todas y todos nos sentimos parte de un mundo más justo. Sabemos, y somos conscientes de ello, que las leyes en sí mismas no solucionan la realidad, se necesitan esfuerzos, recursos humanos y materiales, voluntad para hacerlas cumplir, así como articular y potenciar esfuerzos que permitan atender de manera integral todas las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, de manera que nos permitan garantizar la vida y seguridad de las mjeres y las niñas.

Creemos, y estamos convencidas de ello, que los procesos de deliberación y discusión del más amplio espectro de la opinión pública, de organizaciones defensoras de los derechos humanos, del funcionariado, de legisladoras y legisladores, y de académicas comprometidas con el tema, han sido y serán grandes aportes para consolidar una política integral. Y, sin duda, estamos obligadas a transformar los patrones culturales de la desigualdad.

Las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial son para un tipo de “desarrollo” que impulsa una supuesta austeridad fiscal, pero que ha limitado el gasto social; por ello, debo destacar que los programas que se están desarrollando en el presente gobierno, dirigidos a las mujeres, son un gran aliento para disminuir las desigualdades y tendrán un efecto amortiguador frente al shock causado por la política residual de los últimos treinta años.