1Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente - ITESO / Guadalajara, México.
Profesora e Investigadora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos.
oaikin@ iteso.mx
2Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente - ITESO / Guadalajara, México.
Profesora e Investigadora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos.
adri@iteso.mx
El artículo explora las consecuencias que ha tenido la pandemia COVID-19 en los flujos migratorios de grupos vulnerables en el marco del paradigma de securitización dominante. A partir del análisis de reportes y comunicados de organizaciones internacionales y ONG especializadas en migración, se deducen varias tendencias en la migración internacional y el cruce de fronteras en distintas partes del mundo. Se analiza más a profundidad el efecto combinado de la crisis de salud mundial junto con la práctica de externalizar fronteras en ciertos países de paso, explorando dos estudios de caso de fronteras conflictivas (Libia y México) y los efectos potencialmente peligrosos y desestabilizadores que todo ello puede tener en países o regiones enteras.
This paper explores the consequences of the COVID-19 pandemic on international migration of vulnerable groups in the context of the dominant securitization paradigma. Drawing on the analysis of NGOS and International Organizations reports on the matter, we derive certain trends that currently characterize international migration and border crossings in different parts of the world. We also examine the combined effect of border outsourcing and the sanitary COVID crisis, analyze two case studies of conflictive borders (Libia and Mexico) and explore the potentially dangerous and desestabilizing effects that these policies might have on countries or whole regions.
La historia nos sigue mostrando que, a pesar de que existan políticas migratorias que privilegian las prohibiciones de movilidad humana y los cierres de fronteras, las personas no paran de buscar una mejor manera de vivir. Crisis como la pandemia de COVID-19 iniciada en el año 2020 fortalecen el paradigma de securitización, en lugar de buscar soluciones para una vida digna de todas las personas, exacerbando los ánimos y la necesidad de proteger los territorios. En 2001 fueron los atentados terroristas del 11 de septiembre, hoy vemos la fragilidad del sistema internacional en la crisis sanitaria, que es la excusa perfecta seguir privilegiando la seguridad nacional. En consecuencia, la migración y sus problemáticas se politizan.
Este contexto acrecenta la desprotección de las personas que realizan un proceso de migración en situación de vulnerabilidad, pues los migrantes seguirán realizando trayectos migratorios pero ahora aún más peligrosos. Esto nos hace ser parte de una historia que no podemos negar. Presenciamos acontecimientos que nos alertan sobre cómo estamos gestionando la política global y nos cuestiona sobre el orden mundial del que hoy somos parte, donde se privilegia la seguridad nacional frente a la protección internacional de las personas.3 El informe de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) publicado en 2020 estima que más del 50 % de los migrantes internacionales del mundo (272 millones) viven en Europa y América del Norte, regiones consideradas de atracción y países que se han constituido históricamente con inmigraciones internacionales. Contradictoriamente, son justo estos países los que han invertido millones de dólares y euros en tecnología y efectivos policiales para proteger sus fronteras. Regiones que, sin duda, han contribuido a que la securitización sea el paradigma que rige las políticas migratorias.
El objetivo de este artículo es mostrar las tendencias migratorias y de desplazamiento humano de grupos vulnerables a escala global y regional a partir de la llegada de la pandemia de COVID-19 a inicios del año 2020. Analizamos los impactos y consecuencias que esta crisis ha tenido en la vida de grupos que se mueven de forma muy precaria a través de territorios y fronteras, personas que migran y que a menudo son desplazados forzosos, otras solicitantes de asilo, refugiados, “atrapados” en ciertas zonas geográficas o una mezcla de todas estas categorías. Si bien varias de las tendencias que analizaremos ya existían con anterioridad y en gran medida son consecuencia del paradigma de securitización dominante, a través de este trabajo observaremos cómo se han profundizado con la crisis sanitaria. El artículo se centra especialmente en la peligrosidad incrementada de ciertas fronteras a raíz de la pandemia, fronteras de países de tránsito migratorio que firmaron acuerdos de externalización o outsourcing migratorio con sus correspondientes países de destino con el objeto de detener tempranamente flujos irregulares. Nuestro argumento apunta a señalar la desestabilización política y social que este tipo de política puede generar, especialmente cuando se combina con una pandemia de dimensiones globales.
El presente artículo presenta un estado del arte derivado de la investigación documental de reportes, principalmente de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, especializados en temas migratorios y que dibujan distintos aspectos de los efectos de la pandemia en población migratoria vulnerable. Utilizamos predominantemente un enfoque de derechos humanos. A partir de su lectura y sistematización, se realizaron fichas de cada uno de estos documentos, donde se rescataron contextos y problemáticas documentadas, consecuencias y recomendaciones dirigidas a los gobiernos para contrarrestar consecuencias nocivas para estos grupos vulnerables. Con esto, pudimos abstraer las tendencias e impactos que observamos de manera generalizada en varias partes del mundo.
El artículo se construye a partir de tres apartados y unas breves conclusiones. El primero contextualiza el modelo de la securitización como paradigma que inspira las políticas migratorias que se observan actualmente. El segundo apartado describe brevemente cinco tendencias migratorias que observamos a partir de la llegada de la pandemia y que son fuente de preocupación constante en los reportes consultados de los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales. En el tercer apartado analizamos, con mayor profundidad, cómo la condición de migrantes, desplazados, atrapados y/o aspirantes a asilo, se agudiza en ciertos países de tránsito que han sido objeto de políticas de externalización de fronteras. Para ello estudiamos el caso de Libia y México, los cuales, si bien son tan lejanos y distintos, presentan ciertas similitudes interesantes. Para terminar, hacemos un breve cierre a manera de conclusiones, en donde se apuntan pendientes para el estudio de las migraciones internacionales, así como retos para la gestión de las migraciones en diversas dimensiones.
Desde hace más de diez años ya hablábamos del paradigma de securitización4 migratoria, ya que se observaban prácticas de protección a la “seguridad nacional”. Y desde entonces, queda claro que las acciones que se adoptan son políticas represivas de control fronterizo, en donde no se distinguen los procesos migratorios de las amenazas que derivan de otros fenómenos como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, problemáticas que no pueden atenderse desde una sola óptica. El paradigma de securitización, hoy en el marco de la pandemia de COVID-19, desarrolla ciertas tendencias, procesos y prácticas de política migratoria que ponen al descubierto la violación a los derechos humanos de las personas con necesidad de migrar y, además, nos dejan ver que los hechos y casos guardan similitudes, a pesar de que surgen en diversas regiones del mundo.
La securitización se construye desde una lógica que manifiesta la incapacidad y/o la falta de voluntad de los actores políticos para resolver problemas dentro de los canales políticos normales, y que encauza el manejo de las crisis desde aparatos represores, lo que faculta para que se monopolice el manejo de esos temas (Tickner, 2005). A la securitización se le refiere como una “política del pánico” (Wæver, 1995), en donde se hace uso de procesos decisorios a partir de amenazas específicas. Para determinar alguna problemática en que se ha sometido dicho proceso; Orozco (2011:285-286) establece que existen tres hechos que le caracterizan: 1. el rompimiento de reglas o normas establecidas y reconocidas por una comunidad política; 2. el uso desproporcionado de la fuerza frente al hecho que invocó la acción securitizante; 3. un tratamiento y respuesta desde el aspecto exclusivamente militar a dicho hecho.
El resultado de estas prácticas de gestión pública es el alto grado de ineficiencia para atender y combatir los problemas específicos. Además, en el caso de la movilidad humana, se atenta contra el respeto a los derechos humanos y la gobernanza global. Huysmans (2000) sustenta que los procesos para el desarrollo de discursos sobre seguridad y políticas en temas de migración, es una respuesta a los retos que se observan con el aumento de inmigrantes (indocumentados o irregulares) y solicitantes de asilo, para el orden público y la estabilidad de políticas domésticas. Los discursos que legitiman la securitización de la migración crean un conjunto de prácticas que convierten a la migración en un problema de seguridad que intentan resolver movilizando instituciones específicas, como es el caso de policías que tenían otros encargos. Esto influye sobre la opinión pública, y genera que los inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados se vean como una grave amenaza social y política, perspectiva contraria a la de derechos humanos, donde, migrar y solicitar asilo son derechos internacionales.
Desde principios del año 2020, con la propagación de la pandemia de COVID-19 enfrentamos políticas de pánico para evitar la transmisión del virus, en donde se ven detenciones y deportaciones de personas migrantes con necesidad de protección internacional, acciones que violan el derecho internacional.
Una acción generalizada ha sido la del cierre de fronteras, lo cual limita la movilidad humana. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) señala en su informe que la mayoría de países en la región han decretado el cierre de fronteras y establecido procedimientos para regular el acceso al territorio nacional. Chile, por ejemplo, impuso el “pasaporte sanitario COVID-19”; Argentina prohibió el ingreso de las personas extranjeras no residentes que hubieran transitado por zonas afectadas en los catorce días previos a su llegada; Guatemala permitió solo el ingreso de los nacionales; Bolivia cerró sus fronteras, suspendió vuelos internacionales y solo permitió el ingreso de personas bolivianas y residentes extranjeros; Brasil determinó cerrar las fronteras terrestres para impedir el ingreso proveniente de países vecinos; Cuba canceló los viajes al exterior; México limitó los cruces en la frontera terrestre y suspendió de manera indefinida el paso por motivos no esenciales, aunque los vuelos no fueron prohibidos.
Estos cierres no tendrían que estar vinculados con acciones que atenten contra la protección internacional, sin embargo, la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC por sus siglas en inglés, 2020) documentó que casi todos los países han puesto en marcha restricciones de viaje o de movimiento para contener la propagación de la COVID-19, y que el cierre de fronteras complica que se logren las solicitudes de protección internacional. La IFRC (2020) dice que al menos 99 países no han hecho excepciones para la admisión de personas que solicitan asilo en las fronteras cerradas y se han denunciado deportaciones masivas.
Human Rights Watch (2021a) informa que hubo suspensión de procedimientos de asilo en algunos Estados miembros de la Unión Europea, a pesar de que la Comisión Europea anunció la obligación de garantizar este derecho. Asimismo, organizaciones no gubernamentales e internacionales denunciaron eventos de violencia, uso de las fuerzas de orden público, devoluciones en caliente y denegación al procedimiento de solitud de asilo en países como Grecia, Bulgaria, Croacia, Hungría y Eslovenia.
Un último ejemplo que corrobora que, desde las políticas migratorias que derivan del paradigma de securitización, el manejo de crisis no distingue entre procesos, problemáticas y las necesidades de las personas, es el de Centroamérica y México. Estos países cerraron fronteras y las militarizaron como respuesta a problemas de salud pública. Adicionalmente y, a pesar de las advertencias de Naciones Unidas en contra, se llevaron a cabo deportaciones (CMDPDH, 2020).
La sistematización de informes y/o pronunciamientos revisados sobre migración y COVID de diversas instituciones, organismos internacionales y ONG nos proporcionó material de análisis para visualizar diversos contextos del mundo donde suceden procesos de movilidad humana en condiciones de vulnerabilidad y desprotección. Estas tendencias, que a continuación brevemente exponemos, son complejas porque se encuentran imbuidas en procesos de globalización, donde las desigualdades y las asimetrías se palpan con facilidad entre un mayor número de personas en el mundo, así como diversas violencias que acompañan las estructuras sociales, políticas y económicas de las regiones en el mundo. Las tendencias propuestas y analizadas son cinco: atrapamiento con precarización, aumento de peligrosidad en las rutas y tráfico de personas, agudización de las causas estructurales del desplazamiento humano, aumento de la violencia contra mujeres, niñas migrantes y otros grupos vulnerables y, aumento de la desigualdad.
A las personas migrantes que se encuentran con pocos recursos económicos se les dificulta mucho más lograr terminar sus trayectos para llegar al lugar de destino. Muchas veces quedan atrapadas entre el país de origen y el de destino, como es el caso de los países de tránsito. Esto puede suceder por diversas razones, pero por ser personas con bajos recursos económicos y que seguramente no cuentan con las redes necesarias, ni con los recursos para pasar la frontera, les es casi imposible llegar a su destino; y entonces, su estancamiento migratorio está ligado a la incertidumbre y la falta de garantías para el acceso a condiciones dignas de vida y en donde tengan garantizados el alimento, la vivienda, el trabajo, la seguridad, la educación, entre otros derechos sociales y civiles.
Hay diferentes maneras de ver el atrapamiento con precarización y una de ellas tiene que ver con el estigma y la discriminación, los cuales afectan de forma desproporcionada a los inmigrantes. Por ejemplo, la IFRC (2020) señala que en todas las regiones en que opera, se ha registrado un aumento significativo en este tipo de conductas hacia los migrantes debido a la pandemia de COVID-19. OXFAM (2020, marzo), en sus recomendaciones, desde el inicio de la crisis sanitaria, recomienda evitar la estigmatización para luchar contra la manipulación de políticas dirigidas al aumento de actitudes y narrativas xenófobas que promuevan las restricciones a las libertades y acceso a derechos; por lo que insiste en que la crisis actual no puede manejarse adecuadamente sin que todas las personas en contexto de movilidad sean tomadas en cuenta por los gobiernos para que se garantice su acceso a la información (según su estatus migratorio), pero también para el acceso a la salud, ya que los gobiernos no pueden permitir medidas discriminatorias en retornos forzados y la manipulación política.
De los ejemplos que hemos documentado, y que ejemplifican el atrapamiento con precarización, hacemos referencia a uno en específico, que es el caso de la interrupción a los trámites administrativos para las solicitudes de asilo o renovaciones de residencias por causa del confinamiento entre marzo y mayo de 2020 que se dio en muchos países, provocando una saturación en los servicios parados y alentando los procesos. Esto ha dado como consecuencia que se ha dejado a miles de personas sin la protección internacional a la que tienen derecho. Por ejemplo, en España se registró la venta “paralela” de concertación de citas, en estos servicios que deben ser gratuitos.5
Es un hecho que las migraciones no se detienen por las restricciones fronterizas, especialmente cuando los migrantes y desplazados huyen de conflictos y violencia. Sin embargo, el riesgo del viaje y la peligrosidad de la ruta aumentan, y dan mayores incentivos para que el tráfico de personas se practique.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) (2020), menciona varias tendencias a partir de la pandemia: 1. el riesgo aumenta en las rutas migratorias y los costos de viaje también; 2. la movilidad humana continuará, a pesar de la pandemia, mientras siga habiendo conflictos; 3. en el corto plazo la migración irregular puede descender, así como el tráfico de personas, pero en el mediano y largo plazo va a incrementar, dado que la recuperación económica será desigual y habrá más expulsión desde los países de origen y, por lo tanto, más tráfico de personas.
Un ejemplo documentado por UNODC (2020), sobre las rutas que siguen las personas de los países de África que van hacia Europa de manera irregular, se observa que en la ruta del occidente mediterráneo ha crecido el flujo (se puede ver el caso de llegadas a las Islas Canarias), mientras que la del este mediterráneo ha decrecido, y la central ha incrementado el flujo (debido al conflicto en Libia).
Se subraya la importancia del fortalecimiento de los sistemas de salud, vigilancia y prevención, en particular en los países de ingreso bajo y en situaciones de fragilidad y conflicto. Diversos organismos internacionales de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales coinciden en que es necesario contener y mitigar la emergencia sanitaria por la COVID-19, con la mejora de los sistemas de salud internos de los países para tratar los casos graves y salvar vidas.
OXFAM, en su informe presentado en enero de 2021, nos muestra cómo los impactos de la pandemia de COVID-19 pegará en diversas dimensiones de la vida de las personas, como es en sus ingresos, riqueza, salud, educación, empleo, y seguridad alimentaria; y así, estas desigualdades se entrelazan y fortalecen las desigualdades estructurales de un país. Y siguiendo en esta lógica, merece la pena mencionar algunos casos documentados que son parte de esta agudización de las causas de la migración que se observan en contexto de pandemia:
Más de dos tercios de las personas que se verán arrastradas a la pobreza viven en las regiones del Sur de Asia, en Asia Oriental y en el Pacífico. Por otra parte, mientras la riqueza de los milmillonarios de América Latina y el Caribe sigue aumentando, como se ha indicado anteriormente, se estima que 40 millones de personas de la región perdieron su empleo en 2020, y 52 millones más tenían muchas probabilidades de acabar en situación de pobreza (OXFAM, 2021:26).
En India hubo un regreso masivo a comunidades de origen por el desempleo en la informalidad: 40 millones de personas migrantes internos (mayor movimiento migratorio desde la independencia) (OXFAM, 2021:39).
En América Latina, las trabajadoras domésticas, en su mayoría migrantes de comunidades indígenas o afrodescendientes, suponen el 11,4 % de la fuerza laboral femenina, pero la mayoría de ellas carece de acceso a protección social o a cualquier tipo de protección por desempleo (OXFAM, 2021:40).
… la pandemia ha provocado una caída del 22 % y el 23 %, respectivamente, de las remesas enviadas desde el extranjero a Asia y África subsahariana, lo cual ha empeorado aún más la situación económica de todas las personas que dependían de esos ingresos (OXFAM, 2021:46).
Las mujeres, niñas, indígenas, personas del colectivo LGBTQ+, afrodescendientes o discapacitadas son un ejemplo de grupos de personas que a menudo acumulan vulnerabilidades, a lo que, en el caso de la migración irregular, se añade una exposición a riesgos extraordinarios en contexto de desprotección. La pobreza multidimensional en la que a menudo viven estas personas migrantes se entrelaza a veces con otras condiciones de edad, salud y discapacidad, entre otras, para generar vulnerabilidades acumuladas que, en tiempo de pandemia, se agudizan aún más.
El impacto diferenciado por género de violencias en los procesos migratorios ha sido ampliamente documentado y denunciado, los hombres viven de manera diferente los trayectos de migración, en relación con las mujeres y niñas migrantes y refugiadas (incluyendo mujeres LBT):
Las mujeres y niñas migrantes y refugiadas pueden experimentar un aumento de casos de violencia sexual y basada en género derivados de las medidas del aislamiento y confinamiento en los hogares o albergues, las cuales tienen miedo a denunciar por su estatus migratorio o por dependencia derivada de sus casos de solicitud de la condición de refugiado; además de encontrarse imposibilitadas para acceder a servicios de atención o canales de denuncia (ONU Mujeres México, 2020:1).
Amnistía Internacional (2020b) denuncia que el cierre de fronteras ha creado situaciones que exponen a mujeres y niñas a eventos de violencia, extorsión, tráfico de personas y trata con fines de explotación sexual principalmente. Además, señala falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva necesarios (incluso cuando están embarazadas); y que se enfrentan a múltiples formas de violencia por parte de agentes migratorios, policía de control de fronteras, otros migrantes o incluso por sus propios compañeros de viaje y miembros de su familia.
Para esta quinta tendencia, si bien está presente en las cuatro anteriores, merece la pena un tratamiento aparte. Está compuesta por elementos que agravan la situación de cualquier persona migrante que esté en procesos de migración irregular, con bajos recursos y relacionada con múltiples violencias (estructurales y sociales). El Banco Mundial (2020) habla sobre las desigualdades en el contexto de pandemia, señalando que el cierre de las economías podría llevar a 60 millones de personas a la pobreza extrema en el mundo. Esto, indudablemente, generará mayor necesidad migratoria.
El advenimiento de la pandemia de COVID-19 ha visibilizado, aún más, el deterioro y carencia de nuestros sistemas de salud, así como el problema estructural de la mayoría de los países: la desigualdad. Según el OXFAM:
La desigualdad caracteriza a nuestros sistemas económicos, y cómo estos impulsan la desigualdad y la pobreza. […] Muestra cómo a esto se unen otras problemáticas como las desigualdades raciales y económicas, la falta de acceso al agua y saneamiento, la precariedad del empleo, las carencias en los sistemas de protección social y la destrucción del medio ambiente. […] sistemas profundamente desiguales, racistas y patriarcales (OXFAM, 2021:4-6).
La estrategia de externalizar fronteras, como parte de las políticas migratorias de securitización, supone un conjunto de prácticas mediante las cuales los países de destino acuerdan con países clave en las rutas migratorias una serie de medidas de contención migratoria a cambio, normalmente, de acuerdos de capacitación, ayuda al desarrollo u otros beneficios. Debido a su posición geopolítica, normalmente en la periferia de los países de destino, estos están en condiciones de frenar tempranamente el flujo migratorio irregular, actuando como gendarmes a cambio de ciertos beneficios.
Una estrategia legal recurrente de los países receptores de estos flujos irregulares es denominar a estos países periféricos gendarmes como “Tercer País Seguro”, asumiendo que estos pueden recibir y encargarse de estos flujos de acuerdo al derecho internacional de refugiados. En efecto, según este cuerpo jurídico uno de los principios básicos es el de non-refoulement, que prohíbe a los Estados retornar a refugiados a un país en el que puedan ser perseguidos. Así, la Unión Europea, a través de las Regulaciones de Dublín, permite que los Estados miembros puedan devolver a un aspirante a refugio a un tercer país donde estiman podrá permanecer en seguridad y acceder a sus derechos según la legislación internacional. Acuerdos como estos han sido firmados por la Unión Europea con países como Libia, Turquía, Niger y Marruecos. Para el caso de Turquía, el acuerdo de 2016 permite que los aspirantes a asilo que lleguen a Grecia, especialmente los sirios, sean devueltos a Turquía, país en el que tendrán que buscar la protección internacional. Además de por la Unión Europea, este tipo de práctica ha sido utilizada en otras partes del mundo, como, por ejemplo, en los acuerdos entre Canadá y Estados Unidos (2002), o entre Noruega y Rusia (2015). Durante la administración Donald Trump, este país firmó este tipo de acuerdos con México y otros países de América Central como estrategia para frenar los flujos centroamericanos y provenientes de otras latitudes, como Venezuela e incluso de África.
La Unión Europea representa, quizás, la versión más elaborada de estas políticas, siendo que a corto plazo han sido exitosas y han logrado bajar los números y flujos de migrantes indocumentados. La externalización de las fronteras acometida por la Unión Europea, iniciada a partir de principios de este siglo, ha sido extendida e intensificada a lo largo de los años, primero como declaraciones, después a través de acuerdos bilaterales (como España con Marruecos, o Italia con Libia) y finalmente, especialmente a partir de 2015, con acuerdos comunitarios en bloque con países como Turquía. Desde 2005 la declaración sobre Enfoque Global de la Migración y la Movilidad creó una agenda migratoria que vinculó la ayuda al desarrollo de países estratégicos a la seguridad migratoria. Esto, según el reporte de SaferWorld (2020), resulta potencialmente peligroso, al proyectar la necesidad de mejorar la gobernanza y el manejo de conflictos a través de “reducir el desplazamiento forzado y la migración irregular mediante estrategias como generar capacidades de cumplimiento de la ley y control fronterizo” (SaferWorld, 2020:16). Este sistema migratorio extendido y externalizado vacía de contenido la gobernanza global sobre asilo y deja sin protección a miles de personas.
Estas prácticas han sido fuertemente criticadas en el sistema de asilo de la Unión Europea, dado que a menudo el supuesto “Tercer País Seguro” es todo lo contrario y estos países gendarmes aliados están inmersos en procesos de alta conflictividad y violencia, utilización de métodos altamente coercitivos en su manejo migratorio, así como procesos de impunidad rampante y falta de protección internacional para los migrantes y aspirantes a asilo. Estas prácticas suelen empoderar a los países gendarmes, proporcionándoles incentivos políticos para posteriores negociaciones, escalando los conflictos al interior de estos Estados, así como en sus fronteras con los países de destino. Este es el caso de la Unión Europea y la relación que mantiene con sus socios periféricos, en donde, según el reporte “Partners in Crime…” (SaferWorld, 2020), las consecuencias de estas políticas han sido muy nocivas a mediano y largo plazo. Menciona, entre otras, las condiciones inhumanas y de violación de derechos humanos que genera entre la población en tránsito; la violación al derecho internacional de refugiados, el propiciar una migración mucho más riesgosa en donde los migrantes, ante los obstáculos, tienden a tomar rutas altamente peligrosas, así como la traición a los valores propios de la Unión Europea. Todo ello redunda en crear fronteras inestables y de alto nivel de conflicto en donde se legitima políticamente a estos socios, así como sus prácticas violatorias de derechos humanos y su alto grado de impunidad. La inestabilidad y la represión de ciertos países pobres y frágiles puede aumentar si se financian “aparatos de seguridad que no rinden cuentas y que mantienen alianzas con grupos semioficiales, ilícitos o paramilitares” (SaferWorld, 2020:11).
A partir de la pandemia, estas prácticas migratorias están resultando especialmente letales, dado que las fronteras han estado cerradas y los obstáculos migratorios han sido mayores, lo que ha atrapado a muchas personas en estas fronteras altamente peligrosas o las ha empujado a tomar rutas alternativas de elevado riesgo. En este sentido, se ha incrementado el sufrimiento de esta población, así como la violación a sus derechos humanos, y se ha obstaculizado su acceso al derecho de asilo y a otros derechos básicos como salud, educación, trabajo digno, etcétera.
Asimismo, algunos países han utilizado el control sanitario frente a la pandemia como forma de parar flujos irregulares y rechazar entradas. Un caso dramático y bien documentado ha sido el de los migrantes Rohingyas, minoría perseguida que, en su intento por desplazarse de Myanmar y Bangladesh hacia Indonesia, Tailandia o Malasia, han quedado varados por meses en barcos en el golfo de Bengala sin ser aceptados en tierra por ningún país, siendo que el control sanitario ha sido la justificación empleada. Para este caso, la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés) ha estimado que, si bien es difícil conocer el número exacto, para abril del 2020 en uno de los barcos se estimó un total de setenta personas muertas (2020, agosto 14). Como veremos más adelante, esta práctica ha sido utilizada no solo en Asia, sino también en Europa y en el continente americano. Frente a las emergencias migratorias ya habituales en los últimos años, la emergencia sanitaria global ha propiciado la utilización política de la pandemia, en donde países “gendarme” y países de destino exacerban mediáticamente la actual situación para o escalar las capacidades represivas sin contrapesos o explotar política y/o electoralmente la actual coyuntura.
El riesgo de contagio por COVID-19, además de generar un mayor control migratorio, ha hecho más difícil el acceso a la protección internacional, alentando aún más las prácticas ilegales como la devolución inmediata, el rechazo, las deportaciones sumarias o la denegación de iniciar procedimientos de protección internacional. A pesar de la inmovilización migratoria generalizada que hemos visto a escala mundial, el flujo irregular no se ha detenido, ya que los motores de expulsión que propician estos desplazamientos se han exacerbado aún más, especialmente la pobreza, el desempleo y la violencia o conflicto. El flujo ha continuado, pero con mayor peligrosidad y riesgo para la integridad de estos grupos, acompañado de una disminución de ayuda humanitaria y de operaciones de rescate en lugares estratégicos como el Mediterráneo. Todo esto genera mayor invisibilización global y menos vigilancia de esta crisis migratoria en donde la imaginación debe vagar por el terreno de la incertidumbre y el acertijo.
En tiempos de pandemia, a las ya preexistentes políticas de externalización de fronteras se suma la utilización política de esta emergencia sanitaria para obstaculizar, aún más, el acceso al derecho a asilo y a la protección internacional del migrante, propiciando una mayor violación de este cuerpo de derecho internacional. A continuación, expondremos dos casos en donde se ilustra cómo la externalización de fronteras, unida a la crisis global sanitaria que vivimos, está generando una emergencia humanitaria que podría revertirse a partir de ciertas medidas y, más de fondo, con un cambio de paradigma migratorio. Los casos, si bien se ubican en latitudes territoriales muy distantes y en sistemas migratorios diferentes, no obstante, tienen algo en común. En ambos los Estados de destino deciden desplazar su responsabilidad internacional frente a una población migrante hacia terceros países y, a través de varios procedimientos, prácticas y acuerdos, finalmente contribuyen a crear fronteras altamente peligrosas y conflictivas en donde se pone en serio peligro la vida de miles de personas que quedan atrapadas en el contexto de un congelamiento de fronteras.
Lo posición geográfica de Libia como país de tránsito que recibe miles de migrantes africanos y de Oriente Medio que pretenden embarcarse por la ruta mediterránea central hacia Italia o Malta, hace de este país un espacio sumamente estratégico para detener los flujos. La Unión Europea considera a Libia como “Tercer País Seguro” y, para el año 2017, Italia, respaldada por este bloque político, acordó financiar y entrenar a la Guardia Costera libia para que, de forma autónoma, condujera operaciones de devolución en el mar, retornando a su territorio a miles de migrantes que en embarcaciones sumamente endebles viajaban hacia el continente europeo. Sin embargo, es bien sabido que Libia es uno de los países más inseguros del mundo para el tránsito migratorio, algo reconocido por numerosos organismos internacionales y ONG (entre ellos, Amnistía Internacional, SaferWorld, OIM, ACNUR y un largo etcétera).
Además de no haber firmado el Estatuto de 1951 sobre Refugiados y demás reglamentaciones propias de este cuerpo del derecho, la entrada irregular en Libia constituye un delito. Ello deriva en que miles de migrantes que son detenidos son criminalizados y encarcelados de forma indefinida en condiciones infrahumanas y sin acceso a la justica o protección internacional, sufriendo torturas y con la única oportunidad de salir ya sea escapándose o pagando un rescate. Estas violaciones de derechos humanos de migrantes en cárceles libias se han documentado ampliamente (The New Humanitarian, 2020, septiembre).
La situación extremadamente compleja de conflicto y violencia que vive este país en guerra civil hace que los migrantes y aspirantes a refugio sean víctimas de muchos grupos en combate, como milicias, paramilitares y grupos armados que los reclutan de manera forzada, funcionarios de Estado que los extorsionan, traficantes de personas que los esclavizan, bandas delictivas o grupos yihadistas, además de la conocida y ya ampliamente documentada violencia y agresiones que sobre ellos ejerce la Guardia Costera libia, respaldada y financiada por la Unión Europea, y de la cual se sospecha ser en sí una banda delictiva de tráfico de personas. Los migrantes atrapados en el mar son agredidos, detenidos e internados en centros de detención de forma indefinida y con graves violaciones a sus derechos humanos.
Como migrantes indocumentados son considerados criminales al haber transgredido el derecho de migración del país. En el mejor de los casos pueden estar fuera de estas cárceles, pero víctimas de otros grupos delictivos, extorsiones, y de una xenofobia generalizada al presentar fenotipos más oscuros que la población local (Amnistía Internacional, 2020a).
La pandemia ha agudizado todas estas condiciones ya preexistentes en Libia, ya que ha generado un atrapamiento y encerrona de miles de migrantes en un espacio altamente peligroso e incluso empeorado, un territorio que la Unión Europea considera como “Tercer País Seguro”. Con la emergencia sanitaria y la creciente efectividad de la Guardia Costera libia, actualmente es difícil dejar el país, si bien sí se han observado salidas. Según un artículo del The New Humanitarian:
Más de 6,500 aspirantes a asilo y migrantes han sido interceptados en el mar y regresados a Libia por la Guardia Costera en la primera mitad del año 2020. Desde el 2017, con el financiamiento y capacitación de la Guardia Costera Libia por la Unión Europea ese número se eleva a 40,000 (2020:s/r).
Según el reporte de ACNUR (2020:9),
si bien desde 2017 el número de cruces por el Mediterráneo central se ha reducido significativamente dadas las capacidades incrementadas de la Guardia Costera, desde mayo del 2020 se observa un incremento en las salidas desde Libia como resultado de la escalada del conflicto armado, así como en las condiciones de vida deterioradas y las pérdidas humanas a raíz del COVID-19.6
No obstante, como señala el reporte, también ha aumentado el porcentaje de personas interceptadas y llevadas de vuelta a los centros de detención libios. El reporte concluye que Libia no puede ser considerada como Tercer País Seguro dadas todas estas condiciones y la carencia de un sistema de asilo, por lo que pide que esta práctica se elimine.
Por su parte, el reporte de Amnistía Internacional (2020a:13) hace importantes recomendaciones, entre otras:
Revisar toda la cooperación con Libia en materia de migración y control de fronteras ―brindada en forma de apoyo económico, institucional, material, normativo o para el fomento de la capacidad― dando prioridad a la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes en el país.
Condicionar toda cooperación con Libia en materia de migración y control de fronteras a la adopción por su parte de medidas concretas y verificables para proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes en el país, entre ellas el cierre de los centros de detención ,la liberación de todas las que están detenidas arbitrariamente debido a su condición migratoria, la revelación de la suerte y el paradero de las sometidas a desaparición forzada y la promulgación de legislación sobre asilo.
Abrir rutas seguras y legales a Europa, en particular ofreciendo un número significativo de plazas de reasentamiento y vías alternativas para la protección de los miles de personas que están atrapadas en Libia.
Desde el año 2019, la administración Trump firmó con México y Guatemala un acuerdo de “Tercer País Seguro” con el objeto de prevenir que migrantes irregulares llegaran a la frontera de Estados Unidos vía Guatemala o México a pedir asilo, y con el mandato de que solicitaran dicha protección en esos países de previo paso. De esta manera, los solicitantes de asilo podían ser devueltos a México o Guatemala en búsqueda de refugio.
Asimismo, desde que inició el programa “Quédate en México” en enero de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security) ha devuelto a más de 69,000 personas con procesos de asilo en curso en ee.uu. a territorio mexicano, lugar donde deben esperar. Esta cifra incluye grupos altamente vulnerables como familias con niños muy pequeños, mujeres embarazadas o personas con discapacidades (Human Rights Watch, 2021b).
Además de estas prácticas de externalización y desplazamiento de responsabilidades a otros países, EE.UU. ha politizado la crisis sanitaria, emitiendo órdenes y reglamentaciones que impiden la petición de asilo en los puestos de entrada fronterizos o expulsando de forma inmediata a migrantes indocumentados que cruzan la frontera. A las prácticas previas de externalización de frontera se han unido las expulsiones y negativas a recibir peticiones de protección. Efectivamente, la orden emitida por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (US Center for Disease Control and Prevention, CDC) cerró la frontera a los solicitantes de asilo a partir de la pandemia, autorizando a los agentes fronterizos a expulsar de forma sumaria y sin proceso legal a los migrantes que cruzaran irregularmente. De esta manera, la administración Trump expulsó, en nombre de la pandemia, a más de 316,000 personas (8,800 de ellos niños no acompañados), según señala el reporte de Human Rights Watch (2021b).
Varios reportes nacionales e internacionales han señalado las condiciones de peligrosidad que viven los migrantes y aspirantes a asilo, especialmente a partir de la pandemia, en donde se mencionan elevadas tasas de homicidio (en el año 2020 de las más altas en décadas), un persistente problema de seguridad, así como un sistema de asilo poco desarrollado en el país. Por ejemplo, el reporte titulado Informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas (CMDPDH, 2020), elaborado por 24 organizaciones de la sociedad civil en México, documenta múltiples violaciones a los derechos humanos que sufren estos grupos en territorio mexicano, situación que se ha agudizado con la crisis sanitaria. Señala, entre otros, la falta de atención a los miles de expulsados por EE.UU. y a las personas del programa “Quédate en México”, en donde una tercera parte son niños y niñas migrantes no acompañados. Asimismo, subraya las deportaciones sumarias, la falta de acceso a derechos básicos, como la salud, el trabajo, la justicia, las pésimas condiciones sanitarias y psicológicas que se sufren en las estaciones migratorias o los casos en donde recurrentemente se les niega la protección internacional.
Un reporte elaborado por Human Rights First (2020) igualmente subraya cómo la emergencia sanitaria ha sido utilizada por EE.UU. para bloquear el acceso al derecho de asilo, deportar y devolver a México a potenciales solicitantes. Solicitantes de varios países, como Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela esperan en México procesos que se han detenido de forma indefinida. Asimismo, señala que esta frontera presenta condiciones de alta violencia y peligrosidad para la población migrante, que es expuesta a un gran nivel de violencia por parte de varios grupos (narcotraficantes, funcionarios del Instituto Nacional de Migración, policías locales, ciudadanos de “a pie”) e incapaz de trabajar para vivir o acceder a servicios de salud.
Por todo lo anterior, los reportes recomiendan revertir las prácticas derivadas de la externalización de fronteras (los acuerdos de Tercer País Seguro o el Programa de Quédate en México), ya que países como México y Guatemala no cumplen con las condiciones de seguridad y de acceso a la protección internacional. Igualmente se recomienda eliminar las restricciones sanitarias que permiten las expulsiones y la obstaculización del acceso al derecho de asilo en Estados Unidos, siendo que este país debe tomar las medidas de seguridad sanitaria y cumplir los protocolos necesarios con objeto de permitir la entrada de los solicitantes a asilo. Ambos países deben plegarse al cumplimiento de los principios del derecho internacional de asilo, el cual también rige su orden jurídico interno, lo que incluye una larga serie de recomendaciones para México en lo que respecta a la protección de migrantes y aspirantes a asilo en su territorio, a su acceso a derechos básicos y a poner especial atención al trato de la niñez migrante y de personas con condiciones especialmente vulnerables.
La situación de atrapamiento que viven estos grupos de migrantes y aspirantes a asilo en la frontera norte de México en condiciones de alta violencia y peligrosidad indudablemente se relaciona no solo con la paralización económica y de movilidad que ha generado la pandemia. También es resultado de las políticas migratorias de externalización de fronteras, las cuales tienden a crear tapones humanos y fronteras altamente conflictivas y violentas. Si bien en el corto plazo se interrumpe el flujo migratorio indocumentado, a mediano y largo plazo se generan espacios peligrosos y fuertemente inestables social y políticamente que finalmente se convierten en bombas de tiempo.
En este artículo presentamos un panorama general de cómo la migración internacional de grupos vulnerables se ha visto afectada por la pandemia desde el año 2020. Para ello acudimos a los datos, interpretaciones y recomendaciones que organismos internacionales y ONG internacionales y nacionales ofrecen al respecto. A partir del análisis de más 50 documentos e informes pudimos concluir que las mayores preocupaciones de estas instituciones radican en las tendencias que hemos descrito a lo largo del trabajo; cómo estos grupos, ante fronteras cerradas, se han ido quedando atrapados en espacios conflictivos sin acceso a derechos básicos (salud, integridad física, trabajo, educación…) y sujetos a agresiones y discriminación; la violencia de la que son objeto ciertos grupos migrantes especialmente vulnerables (mujeres, LGBT, niñas, etcétera); el aumento en la peligrosidad de las rutas migratorias y el riesgo de ser sujetos de tráfico de personas; el empeoramiento de las causas estructurales del desplazamiento humano y el aumento de la desigualdad.
En este sentido, vemos que a partir de la pandemia se da una exacerbación de tendencias perversas en la migración internacional de grupos vulnerables, siendo que son de los grupos más golpeados actualmente en términos de acceso a derechos básicos, exposición a diferentes violencias o vulneración de sus derechos humanos. Si bien estas tendencias ya eran conocidas, no obstante, se registra una profundización de ellas. A esto se añade que muchos gobiernos han utilizado estratégicamente la pandemia para implementar medidas migratorias más duras, e incluso suspender indefinidamente el derecho a asilo.
En tiempo de crisis se pueden observar con mayor nitidez los efectos nocivos de ciertas políticas y paradigmas migratorios. Es el caso de la securitización y de las políticas de externalización de fronteras, que, unidas a la situación actual de crisis sanitaria global, han atrapado a miles de migrantes en países de paso, zonas tapón, en donde la movilidad es imposible o extremadamente riesgosa y quedan varados en espacios altamente peligrosos. Este es el caso de fronteras en países tan diferentes y distantes como Libia y México. El incremento de la violencia en zonas fronterizas y la inestabilidad política y social que se ha generado resultan un costo excesivamente alto a cambio de cumplir el objetivo de corto plazo de frenar flujos irregulares. A mediano y largo plazo estas situaciones son bombas de tiempo o cajas de Pandora que por su complejidad son difíciles de revertir.
Con todas estas tendencias en curso un mundo pospandémico puede resultar especialmente complejo, conflictivo y potencialmente violento, con mayor desigualdad, pobreza, asimetría entre los países y un incremento en el desplazamiento forzado de personas. La pandemia y la crisis en la que estamos inmersos podría ser un buen momento para rectificar, para considerar la necesidad urgente de proteger a la población de migrantes internacionales vulnerables, desplazados y aspirantes a asilo, para incluirlos, junto con las poblaciones generales de los países, en los procesos de recuperación económica y acceso a derechos básicos.
Referencias
Los datos del informe de OIM (2020:12) contempla que la población con necesidad de protección internacional se ha casi duplicado en los últimos 20 años, por ejemplo, los refugiados pasaron de catorce millones en el año 2000 a 25.9 millones en 2020; los desplazados internos de 21 millones a 41.3 millones, en el mismo lapso de tiempo.
El concepto de “securitización” puede definirse como “el acto de habla por el cual se le da status de seguridad a algo, y por tanto, como asunto que requiere acción prioritaria y urgente” (Orozco, 2011:285).
Caso documentado en: Programa Regional de Movilidad Humana (PRMH) (2020, julio).
Traducción personal.