1Abogada Representante de la Defensoría de Derechos Universitarios CUSUR.
2Doctor Derecho Visitador de la Defensoría de Derechos Universitarios CUSUR, UDG, México. Correo electrónico: enrique.amaravilla@academicos.cusur
La presente investigación demuestra que a partir de un proceso metodológico de problematización se pueden revisar los diferentes indicadores e índices de desarrollo económico, social, cultural, de educación, de salud, de paz, de perspectiva de género, entre otros, la pertinencia social y académica, con el fin de advertir la viabilidad y factibilidad de construir un modelo correlacionado con el índice de desarrollo humano (IDH), promovido por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual permita medir empírica y cuantitativamente los avances sobre la cultura de paz que promueve la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación (UNESCO).
This research demonstrates that from a methodological process of problematization, it is possible to review the different indicators and indexes of economic, social, cultural, educational, health, peace, gender perspective, among others, the social and academic relevance, in order to warn of the viability and feasibility of building a model correlated with the Human Development Index (HDI), promoted by the United Nations Development Program (UNDP), which allows empirical and quantitative measurement of progress on the Culture of Peace promoted by the United Nations Educational and Cultural Organization (UNESCO).
Diferentes organismos de carácter internacional a través del tiempo han propuesto distintos modelos o instrumentos con los cuales medir cualitativamente o cuantitativamente aspectos económicos sociales y culturales. Unos de los principales promotores ha sido la Organización de las Naciones Unidas, la cual, a través de su organización y programas como el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocidos respectivamente por sus siglas en inglés WB, PNUD, UNESCO, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otros, han sido catalogados como modelos mundiales.
Para comprender qué son los modelos mundiales, es importante identificar que, en la teoría del mismo nombre, desarrollada por John Meyer, la hipótesis central es que muchas características del Estado-nación contemporáneo derivan de modelos internacionales construidos y propagados a través de procesos culturales y de asociación de carácter global, cuyos principios son tomados como correctos y como identificadores de una moderna forma de organización.
Tales modelos y propósitos están altamente racionalizados, articulados, y con frecuencia están sorprendentemente consensuados; son de alcance mundial y definen y legitiman agendas para la acción local. Sin embargo, aparentemente dichos modelos no son obligatorios, por lo que no hay mucha resistencia para que puedan ser implementados y se superponen a los modelos alternativos, particularistas o locales, ya que los primeros tienen un alto nivel de desarrollo y articulación, con justificaciones muy racionalizadas (Meyer, 1997: 144-145).
Es importante señalar que los modelos mundiales también han sido atractivos para que sean replicables por los diferentes Estados-nación a escalas regionales, nacionales, subregionales, locales, microrregionales y, en su caso, municipales.
En el estado de Jalisco se han desarrollado diferentes experiencias de implementación de dichos modelos, como es el caso del IDH en sus regiones y municipios en las administraciones de los entonces gobernadores del estado de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, ello en razón de acatar lo que establece el Artículo 6.o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) (Congreso de la Unión, 2022) en lo que concierne a la construcción de indicadores como parte de la planeación democrática, Artículo 26, apartado A, de la misma Constitución y que se refleja en la entonces Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a) y ahora la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios (Congreso del Estado de Jalisco, 2022b).
Recientemente, en las políticas públicas nacionales e internacionales se ha impulsado la cultura de paz, por lo que se considera necesario hacer una revisión de los diferentes índices e indicadores nacionales y locales, a efecto de que se puedan advertir los avances en esta materia, así como la viabilidad y factibilidad de plantear su correlación con el IDH, para identificar los nichos de oportunidad que permitan reflejar a través de indicadores precisos y áreas para potenciar la cultura de paz, principalmente a escala microrregional, ya que la cultura de paz, en su diferentes componentes, es un factor primordial, el cual es menester justipreciar, no solo en el ámbito cualitativo, sino también plantear una medición cuantitativa.
La cultura de paz representa el bienestar generalizado de la población, ya que de la Declaración sobre Cultura de Paz pronunciada en la Resolución 53/242 del 6 de octubre de 1999 de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU, 1999), se desprenden aspectos que tiene que ver con patrones culturales que repercuten en los Derechos humanos y libertades fundamentales, la protección de la vida, la no violencia, la educación, la cooperación y el diálogo para la solución de los conflictos, la autodeterminación, el desarrollo y protección del medio ambiente, la transversalidad de género, la libertad de pensamiento y de libre manifestación de las ideas.
Para ello, considerando la participación de los autores en el diseño de modelos e instrumentos que abordan la evaluación del desempeño legislativo (Arámbula, et al., 2007: 58-79), la fiscalización pública en una reforma constitucional (Congreso del Estado de Jalisco, 2018c), en la aprobación de la entonces Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco y sus Municipios (2018d), la calidad de las leyes a partir del principio de legalidad (Arámbula, 2011: 1-524) y los estudios de violencia y la promoción de los derechos universitarios y derechos humanos (González, 2022), entre otros, es que se considera de vital importancia propiciar este tipo de análisis, que fomentan el abordaje de la realidad desde datos empíricos y medibles, para identificar el nivel de desarrollo humano en un espacio microrregional en correlación con la cultura de paz, tomando como punto de partida un campo problemático construido a partir de las pautas que nos refiere Ricardo Sánchez Puentes (1995).
Identificar índices e indicadores necesarios para la construcción de un modelo que incorpore al índice de desarrollo humano (IDH) que promueve el PNUD en correlación con la cultura de paz, lo cual pueda ser replicable en microrregiones en las provincias o entidades federativas de un Estado-nación.
El enfoque metodológico para la elaboración de esta investigación es la utilización de la didáctica de la problematización y la construcción de un campo problémico, conforme lo estipula Ricardo Sánchez Puentes (1993), en el sentido de que la problematización es un proceso complejo, en el que el investigador decide poco a poco lo que va a investigar, caracterizado por ser un periodo de desestabilización y cuestionamiento del propio investigador, un proceso de clarificación del objeto de estudio y un trabajo de localización o de construcción gradual del problema de investigación, lo que permitió identificar progresivamente los conceptos e indicadores para delimitar lo que es la cultura de paz, y sus efectos, logros y nichos de oportunidad.
En virtud de que la problematización es un cuestionamiento radical del ser y el actuar, interrogando la función, el rol y la figura de los actores, sobre su quehacer, incentiva el cambio, pretende no ser dogmática o mediante catálogos de verdad, por lo que en esa perspectiva cualitativa permitió un halo de flexibilidad creativa para obtener las categorías que resultaran relevantes para el proyectado abordaje empírico.
La problematización es un proceso plurirreferencial, el cual avanza a una clarificación gradual y progresiva del objeto de estudio. Antes de la problematización, los problemas están separados y aislados, desarticulados, forman un “campo problemático” cuando se identifican áreas con características parecidas al problema que se quiere indagar, líneas que atraviesan el campo, capturando y atrayendo al problema de estudio, dándoles dirección y sentido, razón por la cual se construyó un campo problemático en torno a la cultura de paz, para advertir las variables independientes que la influyen.
En el paso segundo, la canasta de procedimientos para problematizar se utiliza para evitar anarquía e improvisación, hay dos principios que se conjugan permanentemente: la imaginación creadora o la libertad propositiva del investigador al lado de un trabajo serio, consistente y riguroso, por lo que con el auxilio de las experiencias internacionales y nacionales respecto al tema y la forma de medirlo, se pudo construir dicha canasta.
Para este segundo paso se establecen algunas propuestas como parte del enfoque metodológico elegido:
a. Rescatar antecedentes de implementación: Las primeras instituciones son decisivas porque remiten a los puntos de interés, con capacidad de asombro, que dan aliento ante un proceso laborioso y complejo, para ello se revisaron los modelos internacionales en torno a la cultura de paz y cómo se transpolaron a las políticas públicas y modelos nacionales y locales.
b. Describir la situación problemática: Se distingue del problema de investigación en el sentido de que aquella es el correlato de este y es además del orden perceptible y observable. Identificada con un conjunto articulado de problemas. La intención de este procedimiento es vincularse estrechamente con los problemas reales empíricos, para ello se identificaron los elementos objetivos, subjetivos y operativos que conforman la cultura de paz.
c. Establecer relaciones entre problemas, mediante redes de problemas: Se relacionan entre sí, teniéndose que definir el tipo de relación que se establece entre los problemas, que después de apreciar dichas variables independientes y un estudio concienzudo, dará correlaciones; lo cual se logró partiendo de que existen instrumentos de medición específicos para abordar empíricamente diversos elementos de la cultura de paz, pero que no son analizados y forma holística; y
d. Establecer líneas de problemas, en el campo problemático, ya que los problemas no se abordan solos, aislados ni desarticulados. Sobre cada una de las líneas de relación es fácil distinguir núcleos o nudos de problemas, cada uno de ellos encierra un número determinado de problemas concretos. Es importante no perder nunca la visión de conjunto del problema elegido. Para ello se sugiere la elaboración de un campo, de ubicar sus líneas y el núcleo en el que el problema pueda integrarse. Esto se logra finalmente en el apartado de las conclusiones, ya que se sugieren los indicadores idóneos para proyectar un modelo que incluya dichas correlaciones, lo que es la finalidad de esta investigación y precisamente la comprobación de su hipótesis.
El IDH fue incorporado en el Plan de Estatal de Desarrollo Jalisco 2001-2007 como uno de los cinco grandes compromisos, mediante su promoción, previas consultas y diagnósticos, así como determinación de objetivos concernientes a las necesidades básicas, de educación, salud, en pro de elevar la calidad de vida de las personas y sus familias, así como de la equidad e igualdad, proponiendo mecanismos de participación de la sociedad y el gobierno, actuando este último mediante equipos interinstitucionales, además de buscar prevenir y atender problemáticas sociales y de los grupos vulnerables (Gobierno del Estado de Jalisco, 2022a).
Es conceptualizado de la siguiente forma por el mismo instrumento de planeación:
...Este índice se construye a partir de la medición de distintas dimensiones relacionadas con el desarrollo:
Una vida larga y saludable, que se mide a través de la esperanza de vida al nacimiento.
Conocimientos, que se miden a través de la tasa de alfabetización de la población adulta y una combinación de las tasas brutas de matriculación en distintos niveles educativos.
Un nivel de vida decoroso, que se mide con el producto interno bruto (pib) per cápita. Para el caso de Jalisco tendría que medirse a través de su producto estatal bruto per cápita (p. 333).
Aunque en lo que constituye a la paz, en el referido instrumento de planeación se mantiene el concepto de antaño de paz negativa, en el entendido de que esta última es conceptualizada por Bobbio y Mateucci (citados por Harto, 2016) como una paz con ausencia de violencia sistemática, organizada y directa, con lo cual deja abierta la posibilidad al conflicto violento, por lo que es considerada como el antónimo a la guerra (p. 130). De tal forma que en el Plan de Desarrollo Estatal se afirma que:
constituye una de las obligaciones primordiales del Estado. Garantizar la paz social implica construir y conservar el entramado que posibilita una convivencia social armónica, en el que los derechos de los ciudadanos y de la comunidad tengan plena vigencia y sean las bases del desarrollo social (p. 249).
En el mismo sentido la afirmación en dicho plan estatal de que:
Un gobierno democrático, es incluyente, creativo y educador, promotor de la equidad, se forma en valores, y con la participación social ejerce su gestión en forma transparente, y con servicios de calidad, genera confianza, paz social y calidad de vida (p. 291).
Por su parte, en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 en su primera edición de 2007 (Gobierno del Estado de Jalisco, 2022b) nuevamente se conceptualiza el IDH, además de referir su sinonimia con el desarrollo social y la definición legal de este y cómo las capacidades y oportunidades no solo sean en el espectro personal, sino también comunitario. Menciona el origen internacional del IDH en el PNUD, así como los antecedentes y calificaciones en la administración pública estatal anterior y su comparación con otras entidades federativas, así como del índice de marginación, manifestando además los resultados en infraestructura, salud, educación, cultura, tecnología y deporte.
Además, en el mismo plan estatal se manifiesta una agenda de atención a futuro para mejorar la calidad de vida, fortalecer las capacidades como el tejido social, especialmente en grupos vulnerables y en regiones con mayor rezago. Del mismo modo, utiliza estudios internacionales del PNUD para México en asuntos migratorios y en forma expresa mantiene el IDH como referente de los índices de impacto (generales) de dicho gobierno.
Huelga decir que, en el plan estatal de desarrollo antes citado, el tratar sobre el tema de paz ha evolucionado a efecto de considerar un tema de paz positiva, integral y estructural, entendida esta última conforme al Mtro. Ortega Morán (2020) como resultado de una construcción consciente de una paz basada en la justicia, generadora de valores positivos y perdurables, capaz de integrar política y socialmente, de generar expectativas, y de contemplar la satisfacción de las necesidades. Se desea y busca mundos mejores, al igual que lo hacían diversas corrientes. También es entendida como la paz total o paz perfecta. Todo ello para eliminar la violencia estructural.
De tal forma que en el plan estatal se asume dicha acepción, al referir:
Sociedad y Gobierno tenemos que hacer todo lo posible para lograr vivir en un Estado de Derecho, de paz, de tranquilidad y felicidad, con seguridad para todos. Lo anterior nos facilitará la construcción de un entorno digno, que estimule el desarrollo integral de cada persona, de cada familia y de la sociedad en su conjunto (pp. 9-10), aunque todavía con valores y principios idealizados de optimismo, al afirmar que con entusiasmo, se podrían: “enfrentar los problemas… como áreas de oportunidad y mejora continua. Esta actitud genera un clima donde se respira paz, armonía y esperanza” (p. 58).
Retomando información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el antes mencionado plan, se agrega que:
la tarea de proteger los Derechos Humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos ante la autoridad (p. 225).
Aunque, por otro lado, regresa al concepto de paz negativa, al señalar que la justicia laboral y social es un pilar esencial para garantizar el orden y la paz social (p. 230), y refiriendo como parte de la competencia de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social la preservación de las libertades y la paz pública (p. 402).
Por lo anterior, se advierte un engarce con el Subíndice Sistema de Derecho Confiable y Objetivo, el cual se relaciona con el Índice de Competitividad promovido por el Instituto Mexicano para la Competitividad, los cuales son conceptualizados (pp. 337 y 362), mencionando cómo el primero afecta la competitividad con los delitos patrimoniales y la violencia que se ejerce con efectos duraderos, ya que la inseguridad tiene costos muy altos, por lo que se establece dentro de las prioridades y estrategias para un Estado de derecho, el cual es identificado como horizonte de acción propuesto para el desarrollo del Estado en el estudio prospectivo de Jalisco a Futuro - Construyendo el porvenir 1999-2025 elaborado por la Universidad de Guadalajara (p. 54).
Para 2010, fecha en la que se emite la segunda edición del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, en lo que respecta al IDH, se conceptualiza nuevamente, se refiere su metodología y orígenes, ya no se señalan los logros de la administración pública estatal anterior, se refiere su tendencia y proyección al año 2030 y se menciona el estatus actual en las doce regiones del estado de Jalisco (Gobierno del Estado de Jalisco, 2022c), de tal forma que se menciona que el IDH tiene sus inicios en el PNUD en 1990, cuyos alcances de comparación inicialmente fueron internaciones, posteriormente interlocalidades, y hay experiencias de su aplicación intermunicipales. Pretende el aumento de las capacidades humanas, mediante una vida saludable y prolongada, educación garantizada y una calidad de vida óptima, mediante capacidades institucionales que permitan al individuo tomar decisiones, y que supera en mucho el solo medir el crecimiento económico. Por lo que valora la esperanza de vida (longevidad), la escolaridad, y el ingreso per capital dolarizado, reflejado en el producto interno bruto, indicadores relacionados en escala de 0 a 1, con rangos intermedios de Alto (0.800 a 1), Medio (0.500 a 0.799) y Bajo (0 a 0.499) (pp. 211, 338 y 535).
En dicha actualización se mantienen los principios y valores en lo relacionado a la paz (p. 83), y lo concerniente a su relación con los derechos humanos (p. 411), la justicia social (p. 417) y la seguridad pública (p. 591), con lo que se engarza con el Subíndice Sistema de Derecho Confiable y Objetivo descrito en el mismo documento (p. 547) y su relación con el Índice de Competitividad promovido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (p. 529), mencionando la baja competitividad producto de dicho Subíndice, entre otros (p. 165), y su proyección y tendencia (p. 424), los cuales son conceptualizados (pp. 337 y 362), por lo que se establece dentro de las prioridades y estrategias para un Estado de derecho, el cual se identificó como horizonte de acción propuesto para el desarrollo del Estado en el estudio prospectivo de Jalisco a Futuro (p. 78).
Por su parte, en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 - Un plan de todos para un futuro compartido, refiere también sus orígenes, su incorporación como indicador y sus metas, su calificación regional y municipal, su relación en función de las capacidades y el bienestar y los resultados de los programas (Gobierno del Estado de Jalisco, 2022d), afirmando en dicho documento que:
En complemento a la eliminación de la desigualdad, la fragmentación, la exclusión y las condiciones de pobreza, el desafío del desarrollo humano implica enfocar la acción del Estado de un modo integral para generar condiciones que permitan la construcción de una sociedad con relaciones de confianza y reciprocidad, que se recrea y goza (p. 449).
Sin embargo, no se soslaya que en reminiscencia al concepto de paz negativa, se vincula la seguridad pública con el derecho humano, al incorporar como un objetivo sectorial: “Fortalecer el sistema de seguridad pública con un enfoque en la seguridad ciudadana y el desarrollo humano”, al cual se le agregan diferentes componentes de carácter penal y de seguridad interior (pp. 531 y 544), e indica que:
Garantizar los derechos y garantías de las personas es tarea ineludible de los tres Poderes del Estado. Ciudadanos seguros, libres de riesgo y amenazas, que viven en armonía y en paz, es el resultado de la certeza jurídica, el acceso a la justicia y a la seguridad pública. […] Los indicadores y metas plasmadas para las diferentes temáticas sectoriales así como para la dimensión en su conjunto, identifican métricas objetivas así como de percepción; mismas que se complementan en la aspiración de alcanzar una sociedad de derechos, libre y que vive en paz (p. 519).
Afirmaciones a las que se les añade la correlación de que: “la finalidad del sistema penal es titular los intereses de los individuos para evitar la violencia y preservar activamente la paz” (p. 539).
Por lo anterior, uno de los objetivos es: “Impulsar la paz social por medio de la consolidación de un Estado de derecho que propicie la reinserción social y la impartición de justicia accesible, expedita y transparente”, con eminentes componentes en materia de administración e impartición de justicia, preponderantemente en el sistema de justicia acusatorio (pp. 548 y 551), aunque el Subindicador de Sistema de Derecho del IMCO ahora solo se retoma para efectos de diagnóstico (p. 246) y, en lo que se refiere a los fines de paz, se alinea al Plan Nacional de Desarrollo, en lo que tiene que ver con “México en Paz” (p. 19).
En la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 - Un plan de todos para un futuro compartido, refiere datos del índice de desarrollo humano a escala municipal (Gobierno del Estado de Jalisco, 2022e, pp. 230-383) y diferencia los datos entre hombres y mujeres, señalando el acceso al empleo y niveles de ingreso y la equidad de oportunidades (pp. 384 y 452).
En dicha actualización se establece que:
Garantizar los derechos y la libertad de las personas es tarea ineludible del Estado, con sus diferentes poderes, órdenes de gobierno y organismos autónomos. Ciudadanos seguros, libres de riesgo y amenazas, que viven en armonía y en paz, es el resultado de la certeza jurídica, el acceso a la justicia y a la seguridad pública (p. 319).
Reitera que: “La finalidad del sistema penal es tutelar los intereses de los individuos para evitar la violencia y preservar activamente la paz”, pero agrega: “Sin embargo, esta garantía requiere la consolidación de un Estado de derecho” (p. 335).
En el mismo orden de ideas, en la temática de justicia y Estado de derecho, a la seguridad y justicia penal la reposiciona como parte de sus componentes, cuyos propósitos además de alinearse a México en Paz del PND, en estos se advierte un fuerte componente y temas de la procuraduría y administración de justicia, la seguridad pública y el derecho penal, derechos humanos y gobernabilidad (pp. 13 y 24), lo que evidencia la no incorporación todavía de la cultura de paz, a lo que se le suma que en dicha Actualización del Plan Estatal de Desarrollo se ha mencionado por primera vez del índice de paz (p. 336)
El índice de paz, con influencia del índice global de paz (GPI por sus siglas en inglés), promovido desde 2007 por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), ha seguido el modelo de aplicación nacional del Reino Unido y de Estados Unidos, ya que proporciona una medición integral de los niveles de paz en México, para lo cual refiere la violencia y el concepto de paz tradicional, es decir, la paz negativa sinónimo de no guerra.
Los indicadores de este índice de paz son: la creciente concentración geográfica de la violencia, el aumento sustancial en los desplazamientos internos y los impactos del aumento del gasto en las fuerzas armadas como estrategia para mantener la seguridad pública, los cuales se correlacionan con información demográfica (consultando el INEGI y agencias gubernamentales como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) para calcular tasas en función al número de habitantes. Los indicadores se miden de calificados entre 1 y 5, donde 1 representa la calificación más pacífica y 5 la menos pacífica.
Por su parte, en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 Visión 2030 se elimina el IDH y al desarrollo humano se le da una acepción coloquial, vinculada a la política criminal y de reinserción social (Gobierno del Estado de Jalisco, 2022f, p. 79), aunado a que a la igualdad de género se le correlaciona con los resultados del Informe de Avance en Desarrollo Humano y Género en Jalisco, lo que evidencia su redimensión en este enfoque (p. 202), y se vincula más el desarrollo humano a la función jurisdiccional, al establecerse como proyecto estratégico de la función administrativa del poder judicial, cuya descripción es la siguiente:
Una administración eficiente y responsable, mediante el seguimiento y control en el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos, con la emisión de políticas de gasto, eficiencia y desarrollo humano, para lograr la efectividad de los servicios administrativos (p. 257).
En este plan se mantiene el Subíndice de Sistema de Derecho Confiable y Objetivo y se incluye su proyección (p. 72), considerando que uno de los ejes temáticos es la Seguridad, Justicia y Estado de Derecho.
En lo que corresponde a los conceptos de paz, se alinea con el PND en lo que corresponde a la construcción de la paz. Sin embargo, es este último documento la visión está más centrada la conceptualización hacia la paz negativa, al relacionarla con temas de inseguridad, reducción de la delincuencia, protección de la violencia, la desaparición de personas y la reinserción social, sin soslayar que también refiere sobre la incidencia en las causas que las generan y el respecto a los derechos humanos (pp. 78, 81, 88, 201 y 223). Por otro lado, también la paz es abordada desde el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Paz, Justicia e Instituciones, mejor conocido por su acrónimo ODS, contenido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible acordada por todos los Estados miembros de la ONU en 2015 (ONU, 2022), agenda que busca fortalecer la paz universal (Gobierno del Estado de Jalisco, 2022f, p. 29), a lo cual había que agregarle la afirmación del mismo documento de que el desarrollo solo puede alcanzarse en un contexto de paz (p. 20).
En el mismo tenor se enuncia garantizar en forma universal el acceso a la justicia con ciertas cualificaciones para mantener la paz social (pp. 41, 85 y 252).
En este Plan Estatal de Desarrollo se conceptualiza la cultura de paz, sus antecedentes, principios básicos, así como los del índice de paz y los antecedentes de este, así como sus tendencias y proyecciones, y la correlación antes manifestada entre el PND y los ODS, por lo que en cierta medida los relaciona con la prevención de la violencia, generando una concepción híbrida entre paz negativa y positiva, siendo la cultura de paz un tema transversal a incluirse en la administración pública, en la resolución de conflictos y en mesas de gobernanza (pp. 93, 207-208), para lo cual se incluye en la visión del poder público y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) impulsar la cultura de paz (pp. 252 y 263).
Dentro de las acciones se incorpora en el plan estatal la figura de los municipios de paz, los cuales logran dicha denominación a partir de ejercicios participativos y certificaciones, así como con políticas públicas para erradicar la violencia (p. 198), y formar en todos los niveles educativos sobre la cultura de paz, a efecto de que coadyuve a la reducción de los niveles de inseguridad (pp. 59 y 71).
En cambio, a nivel federal, en el Programa Nacional para Igualdad y no Discriminación 2021-2024, programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el quinto objetivo se hace referencia a que para construir la paz se requiere la no discriminación (CONAPRED, 2019, p. 26).
El análisis del desarrollo humano en los distintos índices e indicadores nos permite comprender el significado y su dimensión; asimismo, nos arroja los datos de pobreza, exclusión, economía, salud, educación, esperanza de vida, por lo que el desarrollo humano constituye un reto que requiere de cambios sociales, estructurales, y culturales.
Esto porque, al analizar los índices antes mencionados, identificamos una gran correlación del desarrollo humano y la cultura de la paz, lo que nos ha permitido repensar el concepto y vincularlo con la paz para mejorar la calidad de vida de las naciones. Asimismo, la necesidad de promover la cultura de la paz en cada uno de los índices e indicadores, con el fin de llevar a la práctica un trabajo colaborativo de la cultura de la paz, en donde la correlación armónica de estos factores promueva el desarrollo humano en todos los espacios para la construcción auténtica de la cultura de paz.
Dentro de los indicadores estudiados se reflejan los altos niveles de desigualdad social, ya que cuando hablamos de desarrollo humano hablamos de calidad de vida, siendo así, no existe una cultura de paz.
De la revisión de los diferentes modelos se identifica que por una limitante del contexto sociohistórico-cultural y económico en que se implementaron, no se aborda la cultura de paz a plenitud, pese a que fue promovida internacionalmente desde 1999.
Lo anterior ya lo vaticinaba Galtung (citado por Viveros, 2016), en el sentido de que plantea que los estudios de paz y los de desarrollo son semejantes y deberían de ser estudiados de la misma manera y ser nombrados como estudios de paz y desarrollo. Para ello es fundamental la comparación de dichas teorías y la compatibilidad del desarrollo, y la paz facilita estructuras más pacíficas.
Por lo anterior, consideramos que, dada la naturaleza de la Declaración sobre la Cultura de Paz de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el sentido de ser un instrumento internacional de aplicación blanda (soft law), como se explica en el precedente contenido en la tesis de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, bajo la voz: “soft law” con registro digital: 2008663, en el sentido de que los criterios y directrices desarrollados por órganos internacionales encargados de la promoción y protección de los derechos humanos son útiles para que los Estados, en lo individual, guíen la práctica y mejoramiento de sus instituciones encargadas de vigilar, promover y garantizar el apego irrestricto a estos derechos.
Lo que evidencia que la transición para que la cultura de paz fuera parte del sistema jurídico mexicano ha tardado décadas, lo mismo en los planes y programas nacionales y locales-estatales, no existiendo a la fecha un índice o modelo que integre mediante datos cuantificables sobre esta cultura, solo existe para la paz en su acepción tradicional, por lo que se propone internacionalmente que en la construcción de indicadores nacionales, locales y microrregionales, se siga utilizando el IDH, agregando los siguientes indicadores, los cuales se nutren de algunos de los 17 ODS contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible acordada por todos los Estados miembros de la ONU en 2015 (ONU, 2022):
Para la salud (incluir los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible -Objetivo General- Hambre cero, Salud y Bienestar).
Para la educación (incluir los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible -Objetivo General- Educación de calidad).
Para la economía (incluir los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible -Objetivo General- Fin de la pobreza / Trabajo decente y crecimiento económico).
Para la seguridad (índices delictivos y de violencia, ya sea en los ámbitos escolar, laboral, familiar, retomando el índice de paz).
Para la paz (incluir los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible -Objetivo General- Paz, justicia e instituciones sólidas), así como el índice de Estado de derecho que promueve el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Para la solución de conflictos mediante el diálogo (retomar los indicadores de IJA, identificar los asuntos que se resuelven mediante MASC).
Identificar los casos en los que se vulnera por conflicto de competencia territorial, las autonomías de las localidades y de los Estados nación (SCJN, Senado, CNDH, en la ONU, etcétera).
El número de quejas que se presentan ante las Defensorías del Pueblo, comisiones nacionales y estatales de derechos humanos, los organismos para prevenir las discriminaciones, así como en las Defensorías y demás organismos protectores de los derechos universitarios, en función a las que se han resuelto, haciendo una distinción respecto de las cuales sean en materia ambiental, como un indicador compuesto aparte.
El número de juicios de amparo o habeas corpus que se presentan ante los órganos jurisdiccionales competentes en el Estado nación, así como en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, en función a las que se han resuelto, haciendo una distinción respecto de las cuales sean en materia ambiental, como un indicador compuesto aparte.
Incorporación de acciones colectivas de interés legítimo para interponer acciones para la protección del medio ambiente.
Indicadores ambientales previstos en los objetivos Energía asequible y no contaminable / acción por el clima / vida de ecosistemas terrestres como parte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Objetivos Globales) de las Naciones Unidas.
Indicadores de género previstos en el objetivo de igualdad de género / Reducción de las desigualdades como parte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Objetivos Globales) de las Naciones Unidas.
Además de incorporar el índice interactivo de la libertad de expresión (En México 2021) y el índice del derecho a la información.
Los organismos internacionales tienen gran influencia para construir modelos, por su desarrollo técnico, los cuales han sido replicados a escala local en su microrregiones, como fue en el IDH y en diversos índices, existiendo un marco jurídico e incluso todo un andamiaje institucional para dicho efecto.
Sin embargo, en la cultura de paz es necesario acotar su polisemia y delimitar sus alcances, para lo cual es muy útil la problematización, ello para identificar sus orígenes, conceptos, epistemología, de una manera más racional, estructurada y con los abordajes empíricos ad hoc, para identificar las categorizaciones analíticas conducentes.
Para lograr lo anterior, la revisión en este estudio de las experiencias y esfuerzos fallidos en la tropicalización de políticas públicas locales, permitieron incluir los elementos pertinentes y excluir elementos no correspondientes a la cultura de paz, mediante ejercicio de priorización, ponderación e incluso discriminación de indicadores no idóneos para justipreciar los avances y logros en cultura de paz e integrarlos a las políticas que ya han permeado en el ethos gubernamental, mediante la medición del IDH.
De lo anterior, se advierte que existe todavía mucho que realizar por la cultura de paz, que no es una asignatura sino toda una agenda pendiente, ya que existen temáticas que no se han abordado en los planes y programas gubernamentales, sin soslayar los avances en el ámbito normativo, y que aun cuando hay la exigencia de construir indicadores, por ejemplo, en México, a través del Artículo 6o de su Constitución federal, estos indicadores solo se advierten de manera aislada y no integral, mucho menos fusionados con el desarrollo humano.
El modelo propuesto en este artículo, en virtud de basarse en otros instrumentos y otros indicadores, refleja una racionalidad propia y una legitimidad metodológica, que al provenir de modelos internacionales, así como de propuestas nacionales innovadoras, facilitan su implementación en contextos nacionales e incluso en las microrregiones de las diversas localidades.
6. Lista de referencias