La gestión del agua es un reto de carácter prioritario para el desarrollo sostenible en América Latina. Problemas en la región como el calentamiento global, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la contaminación del líquido vital han propiciado que la cantidad de agua disponible para el consumo humano, tan solo en los últimos veinte años, haya presentado un decremento de 22% (CAF, OIJ, y PNUD, 2023). Esto plantea un desafío crítico no solamente en términos de la seguridad hídrica, sino también por las diversas consecuencias sociales, políticas, económicas y medioambientales que acarrea (Moeve Global, 2025).
Por tal motivo, puede hablarse de un contexto de urgencia, debido a que las formas de administrar, gestionar y cuidar el agua no garantizan su disponibilidad suficiente para la población juvenil de América Latina, compuesta por más de 160 millones de personas ubicadas entre los 15 y 29 años (Minatta y Basani, 2023). Desde un punto de vista demográfico, este sector poblacional será, si no es que ya es, el más afectado por las tendencias problemáticas en torno al agua, amén de otras categorías sociales que se pueden considerar como la clase, la etnia, la adscripción a una comunidad indígena, el entorno rural o urbano en que viven, entre otras más, lo que indicaría que los jóvenes latinoamericanos son, en principio, personas vulnerables ante la fragilidad de la seguridad hídrica, pero también constituyen un factor importante de la población en general para afrontar cambios que impulsen nuevas agendas políticas y sociales en materia del agua.
En esta tesitura, el objetivo que se persigue aquí radica en analizar la participación dual juvenil (Hopenhayn, 2004) con relación a la gestión de recursos hídricos en Latinoamérica (González, 2022). Dicha dualidad estriba en dos niveles de análisis. Uno, que emana de la tensión generada entre la desafección o el desencanto que existe por parte de los jóvenes hacia las estructuras políticas convencionales (Secretaría de Integración Social, 2025), sean estas democráticas o autoritarias. Y otro, dado por las dinámicas no tradicionales, poco convencionales, pero orientadas a la acción política y social que resignifican los canales de participación política juvenil.
De manera específica, se caracterizan algunas experiencias de mecanismos o formas de participación formal e informal que los jóvenes exploran o desarrollan frente a los desafíos y barreras estructurales que apuntalan tendencias problemáticas en torno a la disponibilidad y la sostenibilidad del agua. Por tal motivo, este trabajo pone el foco sobre tres ejes fundamentales de análisis: esclarecer los conceptos principales, identificar algunas barreras estructurales de la gobernanza del agua mediante el enfoque empresarial y el socioambiental, e ilustrar dinámicas regionales de la participación dual juvenil.
La participación política es un mecanismo esencial para el desarrollo de las democracias modernas. En primera instancia, implica que la visión procedimental del ejercicio democrático, basada en votar a candidatos y partidos, representa un piso mínimo, pero insuficiente, si lo que se pretende es comprender la dinámica contemporánea de los jóvenes en América Latina respecto de sus vínculos con la política.
Así, no es una sorpresa observar en las diversas experiencias democráticas de los países latinoamericanos que un gran sector de la población joven muestra un marcado desencanto o desafección con las instituciones políticas que sostienen tal régimen político, lo que no necesariamente es reflejo de una apatía o desinterés por los asuntos de carácter público, sino más bien denota un rechazo contundente hacia las estructuras formales de la política. Lo que está de fondo es la necesidad de ideas que impulsen nuevas formas de hacer política más allá de esquemas convencionales.
En este sentido, es de particular interés rescatar definiciones que tocan dos puntos clave. El primer punto corresponde a la perspectiva de Peña Serret (2019), quien, desde la idea de acción colectiva, plantea que participar involucra
protagonistas (que) se erigen a sí mismos en la identidad de ciudadanos, a partir del discurso desplegado, siempre dirigido a influir o ejercer presión sobre la conducción de los asuntos públicos y en quienes son electos para decidir sobre ellos, si bien no constreñida al cauce, mecanismos y reglas de las instituciones políticas (pp.190-191).
Mientras que la segunda definición, proveniente de las bases de la psicología social que retoma Bautista (2017), destaca que el tema de participar políticamente
puede tener diferentes dimensiones y relaciones de carácter psicosocial y macrosociales. Es decir, la participación tiene que ver, por una parte, con fenómenos como la identidad, las representaciones sociales, la influencia interpersonal, entre otros, y por otra, con aspectos vinculados al desarrollo social; por ejemplo: individualismo, alteridad, conflicto y cambio social (p. 298).
Las implicaciones de ambas definiciones para la participación juvenil estriban en que las formas de involucrarse o comprometerse exploran esferas de activismo cívico, social y digital respecto de distintas maneras de participación que oscilan entre posturas pasivas y de “incidencia”. La incidencia, tal como la concibe la UNICEF (2022), se refiere al uso de la voz colectiva de los jóvenes para defender derechos o apoyar causas, generando cambios palpables en políticas, programas e instituciones. Tal enfoque reconoce que los agenciamientos juveniles no se limitan a la protesta o a la concientización, sino buscan una transformación directa y efectiva en los mecanismos y procesos que constituyen la toma de decisiones.
La política hídrica en Latinoamérica presenta una tensión fundamental entre dos modelos ideológicos. Por una parte, se encuentra el enfoque tecnocrático-empresarial, que concibe el agua como un recurso económico cuyo valor debe ser optimizado a través de la regulación, el financiamiento y la eficiencia de los servicios. Documentos de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2022) abogan por la regulación estructural, económica y de calidad del servicio para garantizar la universalización y la sostenibilidad de la oferta. Este modelo ve a las empresas públicas, privadas o mixtas como el “vehículo idóneo” para la prestación de servicios, y se centra en métricas como el pago justo de tarifas y la eficiencia en los costos (Aguilera, Amaral y Melo, 2024).
Por otra parte, aparece el enfoque socioambiental y comunitario, que considera el agua como un “bien común para la vida y un derecho humano fundamental” (Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, 2018). Esta visión, a menudo defendida por movimientos sociales y organizaciones de base, busca un modelo de gobernanza democrático e inclusivo (Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, 2018). Desde esta perspectiva, la gestión del agua no es una tarea del Estado o las empresas, sino una responsabilidad colectiva que debe priorizar el abastecimiento para la población y el resguardo de los ecosistemas. La autogestión comunitaria se presenta como un modelo que redefine lo público desde el trabajo colectivo y el intercambio de saberes (Acosta, Basani y Solís, 2019).
De esta manera, ambos paradigmas generan una fractura en el ecosistema de la gobernanza del agua. Las instituciones formales, como los gobiernos y los reguladores, se expresan en un lenguaje técnico que enfatiza la “gobernanza del regulador”, la “regulación estructural del sector” y las “recomendaciones para mejores mecanismos e instrumentos regulatorios” (Aguilera, Amaral y Melo, 2024; CAF, 2023). En contraste, los movimientos juveniles y comunitarios utilizan un discurso que prioriza la “vida”, la “dignidad”, la “autodeterminación” y la “defensa del territorio” (Diario UChile, 2024; Vargas, 2006).
Este paradigma dual trasciende una simple diferencia de terminología. Se trata de una desconexión fundamental entre las prioridades y las visiones de actores políticos y sociales. Mientras un polo busca la eficiencia y la rentabilidad, el otro clama por la justicia social y el cuidado de los ecosistemas. Esta falta de entendimiento mutuo dificulta la posibilidad de una colaboración genuina. Las mesas de diálogo se convierten en espacios de confrontación ideológico-política, lo que explica las razones por las cuales los jóvenes desconfían de las estructuras de poder y buscan vías alternativas de participación. El desafío, entonces, es construir puentes que conecten estos discursos y permitan una “innovación democrática institucional” (Lara, 2017).
La participación que muestran los jóvenes respecto de la gobernanza del agua en América Latina tiene como punto nodal acercamientos parciales, completos o nulos con un entramado diverso de mecanismos que se apoyan en estrategias institucionales, informales, activistas y de innovaciones digitales cuyo propósito es incidir en diferentes marcos de significación política (Villanueva e Ito, 2016).
En el primer plano, pese a que un grueso de jóvenes latinoamericanos desconfía de las instituciones políticas, ciertos programas formales han logrado canalizar su apoyo (Agenzia Fides, 2025). Organizaciones internacionales y agencias gubernamentales han promovido iniciativas para incluir a las juventudes en sus agendas. Un ejemplo es el programa “Jóvenes por la Gobernanza del Agua y el Clima”, del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI) (2023), que capacita a jóvenes de quince a veinticinco años en conocimientos técnicos y habilidades de liderazgo para que puedan influir en los procesos de toma de decisiones. El programa se enfoca en enseñar a los participantes a utilizar herramientas como las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y los Planes Nacionales de Adaptación (NAP) (Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, 2023).
De manera similar, en Brasil, la Secretaría Nacional de Juventud ha promovido encuentros para seleccionar a jóvenes representantes que contribuyan a la agenda de la COP30,1 lo que implica un esfuerzo por reequilibrar la inserción generacional en los espacios de decisión sobre políticas climáticas.15 Estas iniciativas de arriba hacia abajo son un intento por formalizar la participación y crear un canal de comunicación directo con la juventud, reconociendo que su participación es pieza fundamental para la configuración de consensos en las políticas de medioambiente (Gómez, et al., 2023).
Sin embargo, de manera paralela a estos canales institucionales, también se ha dado paso a un activismo de base con experiencias diversas. El Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) (2025) en Chile es un ejemplo destacado de una organización horizontal que defiende el agua y los territorios de la privatización y la contaminación por empresas extractivistas. Este movimiento, que considera el agua como un derecho humano, ha ejercido presión social que ha influido en debates nacionales, como la reforma del Código de Aguas (MAT Chile, 2025).
Además de la movilización directa, el “artivismo” (la fusión de arte y activismo) ha demostrado ser una herramienta poderosa para la concientización. En el proyecto “Jóvenes Contadores de Historias”, jóvenes de Ecuador, México y Honduras utilizaron el teatro de objetos, la creación audiovisual y el arte digital para narrar la crisis del agua en sus comunidades y promover soluciones locales (Groundswell International, Inc., 2024). El mensaje de estos proyectos es claro: la responsabilidad de cuidar el agua es colectiva y cada acción, por pequeña que sea, cuenta para la sostenibilidad del líquido vital. Este enfoque de proximidad se observa también en acciones como la limpieza de ríos en Brasil (BWNS, 2021).
Ahora bien, con relación a la innovación digital, se destaca la tecnología como herramienta fundamental para la participación juvenil, por permitir la creación de soluciones concretas que desafían las barreras burocráticas. Los “hackathons”, eventos intensivos que combinan las habilidades de los programadores con las necesidades temáticas, han servido como incubadoras de ideas. Por ejemplo, el “Hackathon: Desafíos en agua y cambio climático” en Cochabamba, Bolivia, resultó en el desarrollo de nueve propuestas tecnológicas, incluyendo aplicaciones de monitoreo ciudadano para alertar sobre fugas de agua y sistemas de alerta temprana para prevenir inundaciones (CONDENSAN, 2025). De manera similar, el “Primer Hackathon Hidrotechs”, en México, buscó soluciones basadas en tecnología blockchain para optimizar los recursos hídricos en el estado de Aguascalientes (Portal Ambiental, 2024).
El espíritu de innovación se materializa también en emprendimientos sociales liderados por jóvenes. Proyectos como “Yawa” en Perú, que utiliza una turbina eólica para extraer agua de la humedad atmosférica, o “Atrapanieblas” en Colombia, que recolecta agua de la neblina (PNUMA, 2021), demuestran el potencial de la juventud para idear soluciones concretas y escalables para la escasez hídrica.
A pesar de la proliferación de iniciativas, la participación juvenil en la gobernanza del agua enfrenta obstáculos sistémicos que limitan su capacidad para generar un impacto a gran escala. Estos desafíos son a la vez estructurales, políticos y culturales.
La desigualdad en el acceso a servicios básicos es una de las barreras más significativas. En 2018, solo el 64.8% de los jóvenes de quince a veintinueve años en zonas rurales de América Latina tenía acceso adecuado a saneamiento, y uno de cada cuatro carecía de acceso a agua potable (CAF, OIJ, y PNUD, 2023). Esta brecha de equidad refleja un problema subyacente de pobreza que limita la capacidad de los jóvenes para participar en la vida cívica. Además de las barreras geográficas y de acceso a servicios, existen obstáculos materiales para la participación en eventos de alto nivel, como los altos costos de estadía para los jóvenes que desean asistir a conferencias internacionales (Global Water Partnership, 2016). La falta de educación cívica también se presenta como una barrera, ya que un bajo nivel de conocimiento sobre el sistema político aparta a los jóvenes de la participación activa (CAF, OIJ y PNUD, 2023).
Por otra parte, se había mencionado de que la desconfianza en las instituciones políticas democráticas representa un problema generalizado. Cerca del 40% de los jóvenes en la región tiene poca confianza en que las instituciones operen para mejorar su calidad de vida (CAF, OIJ y PNUD, 2023). Esta desafección es resultado de una percepción de que no existen “espacios institucionales” adecuados para su participación, y que su incidencia no se reconoce al momento de tomar decisiones. El paternalismo es una manifestación cultural de esta desconexión, pues los jóvenes no son vistos como actores clave para la definición, implementación y evaluación de las políticas públicas, sino como receptores pasivos de los programas (CAF, OIJ y PNUD, 2023).
El mayor riesgo, sin embargo, es la criminalización del activismo. La defensa del medioambiente y el agua en América Latina es una de las actividades más peligrosas del mundo. El 68% de los asesinatos de defensores ambientales en la última década ha ocurrido en la región, en un contexto de violencia, intimidación y campañas de difamación por parte de gobiernos, empresas y otros actores (Gómez, 2022). Esta realidad afecta de manera desproporcionada a los jóvenes, quienes son criminalizados y perseguidos por defender sus territorios (FILAC, 2023).
Unido a lo anterior, en el plano cultural se tienen desafíos en torno la interseccionalidad. Esto se refleja sobre todo en la vulnerabilidad acentuada en el caso de las jóvenes y los jóvenes indígenas (Ramos-Zaga, 2024). La discriminación tanto por género como por edad limita la participación de las mujeres, quienes dedican en promedio siete horas semanales más que sus pares varones al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (UNICEF, 2023). Esto reduce drásticamente el tiempo y los recursos que podrían dedicar a la participación cívica o política.
Por otro lado, los pueblos indígenas son el sector más vulnerable en la gobernanza del agua (FILAC, 2023). Su cosmovisión del agua como un bien sagrado y no una mercancía entra en conflicto directo con los modelos de desarrollo extractivista, lo que los pone en la primera línea de la defensa territorial y la criminalización. Su participación, a menudo vista como una amenaza, debería ser reconocida como un ejemplo de “gobernanza democrática bajo un enfoque de derechos humanos” (FILAC, 2024).
Los casos de Chile, Brasil y México ilustran las diferentes dinámicas de la participación juvenil. Estos ejemplos no son incidentes aislados, sino reflejan cómo la tensión entre los modelos de participación -el activismo de abajo hacia arriba y las iniciativas institucionales de arriba hacia abajo- actúa como un motor de cambio. El activismo de base genera presión social, que a su vez obliga a las instituciones a reaccionar, sea mediante reformas legales o a partir de la creación de programas para integrar a la juventud. Esta respuesta institucional, si bien no siempre es genuina, demuestra que la voz de los jóvenes ha ganado la suficiente fuerza para ser tenida en cuenta.
En Chile existe una pugna entre la visión mercantilista y la visión comunitaria por la lucha del líquido vital. El Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) (2025) es un claro exponente del activismo de base, que se ha opuesto a las empresas extractivistas, y cuyo propósito ha sido defender y proteger el agua como un bien común que debe ser colectivizado. Su organización horizontal y su rechazo al modelo empresarial contrastan con iniciativas más institucionales como la “Academia del Agua y Resiliencia Hídrica” creada por la ONG Uno. Cinco (2025) y la empresa de servicios Aguas Andinas. Esta academia, que busca concientizar y capacitar en temas de gobernanza hídrica, representa un esfuerzo por trabajar dentro del sistema actual.
La presión de movimientos como el MAT, junto con un prolongado debate político, culminó en una reforma del Código de Aguas que tardó once años en tramitarse (Ministerio de Obras Públicas, 2022). La reforma consagra el agua como un derecho humano, priorizando el abastecimiento para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico. Este cambio legal es un ejemplo concreto del impacto que el activismo social puede tener en la formulación de políticas públicas a largo plazo, y demuestra que la movilización de base no es solamente simbólica, sino también puede generar transformaciones palpables en el marco legal (Cardemil, 2022).
Brasil presenta un panorama diferente donde los esfuerzos institucionales se centran en posicionar a la juventud en la agenda global. La iniciativa del gobierno federal de elegir a jóvenes de los seis biomas del país para contribuir a la agenda de la COP30 es una estrategia clara para formalizar la participación (Barcellos de Moraes, 2025). Este enfoque busca empoderar a la juventud a través de plenarias de formación y movilización, con el objetivo de darles un papel protagónico en los procesos de toma de decisiones climáticas.
Sin embargo, esta estrategia de “arriba hacia abajo” contrasta con la realidad del activismo de base en el país. Se ha observado que, a pesar de la efervescencia de jóvenes líderes, el activismo contemporáneo en Brasil es aún “incipiente” y “fragmentado” (Barcellos de Moraes, 2025). La falta de una tradición democrática consolidada y la desconfianza entre organizaciones han impedido que el movimiento ambientalista trabaje de forma conjunta y gane fuerza colectiva (Yanine, 2022). Esto crea una disonancia entre la representación formal de los jóvenes en eventos de alto nivel y la fuerza real del movimiento en el terreno.
En México, las barreras para la participación política juvenil son profundas, con un activismo descrito como “fragmentado” y un movimiento ambientalista que no ha logrado consolidar una fuerza unificada (Yanine, 2022). En este contexto, la innovación tecnológica ha emergido como una vía de participación clave para que los jóvenes puedan generar impacto.
Los “hackathons” en México han servido como plataformas para que los jóvenes desarrollen soluciones tecnológicas para problemas hídricos específicos. El “Hackathon Hidrotechs” buscó soluciones para la crisis de sequía en Aguascalientes utilizando blockchain, un enfoque que permite a los participantes sortear las barreras políticas y burocráticas al centrarse en soluciones operativas (Portal Ambiental, 2024). De manera similar, proyectos como el “Jale por el Agua”, en Ciudad Juárez, demuestran cómo los jóvenes pueden promover la sostenibilidad y el desarrollo comunitario a través de proyectos concretos, sin necesidad de incidir directamente en las esferas gubernamentales formales (The Trust for the Americas, 2024). En este sentido, pueden condensarse las experiencias mostradas en un cuadro comparativo como el que aparece a continuación (Tabla 1):
| Aspecto | Chile | Brasil | México |
|---|---|---|---|
| Marco legal clave | Reforma del Código de Aguas (Ministerio de Obras Públicas, 2022). | Agenda de la COP30 (Barcellos de Moraes, 2025; Cardemil, 2022). | Proyectos de infraestructura hídrica (Gobierno de México, 2025). |
| Forma principal de activism juvenil | Movimientos sociales de base (MAT, 2025). | Activismo en eventos internacionales (Barcellos de Moraes, 2025). | Emprendimiento y tecnología (Portal Ambiental, 2024). |
| Iniciativa institucional destacada | Academia del Agua de Uno.Cinco (Uno Punto Cinco, 2025) | Plenarias para la COP30 (Barcellos de Moraes, 2025). | “Jale por el Agua” (The Trust for the Americas, 2024). |
| Principal conclusión | La presión de base puede catalizar cambios legales significativos. | Existe una desconexión entre la representación formal y la fuerza del movimiento local. | La tecnología y el emprendimiento actúan como vías de participación ante las barreras políticas. |
El análisis de la participación juvenil en la gobernanza del agua en América Latina revela un fenómeno complejo y multifacético, marcado por la tensión entre la desafección institucional y la innovación de base comunitaria y digital. Los jóvenes latinoamericanos no son apáticos. Más bien están redefiniendo lo que significa la participación política al crear sus propios espacios de incidencia por medio de movimientos sociales, el artivismo o el desarrollo de soluciones tecnológicas. Esta nueva dinámica ha demostrado su capacidad para generar cambios tangibles en el ámbito institucional en aras de una lucha permanente por la justicia climática (Reingold, 2021).
Para capitalizar este potencial, es imperativo que los actores de la gobernanza del agua, desde los gobiernos hasta las organizaciones internacionales, transiten de un modelo de simple inclusión a uno de verdadera participación. En el caso de los gobiernos, se debe poner énfasis en la creación de mecanismos de participación vinculantes que reconozcan y validen las propuestas de los jóvenes, superando el paternalismo institucional (CAF, OIJ y PNUD, 2023). El Estado no debe considerar al activismo como una amenaza, sino que más bien como una fuente de información valiosa y una fuerza para la “innovación democrática”, de acuerdo con la propuesta de Lara (2017). Es crucial que existan garantías para proteger a los defensores del agua, especialmente los jóvenes, y que se investigue y castigue la criminalización de su activismo (FILAC, 2023).
En el caso de las organizaciones de la sociedad civil y movimientos juveniles, será imprescindible que busquen estrechar lazos de colaboración y coordinación entre los movimientos que puedan encontrarse de manera fragmentada, como ha sido documentado por Global Water Partnership (2016). La creación de redes y alianzas estratégicas puede amplificar la voz colectiva de la juventud latinoamericana y consolidar su capacidad de incidencia a escala regional. La educación ambiental debe ser utilizada como un instrumento clave para generar un cambio de paradigma y una cultura del agua que promueva prácticas sostenibles (UNICEF, 2021).
Para el sector privado y la comunidad Internacional, las plataformas de cooperación deben actuar como puentes que cierren la brecha entre el conocimiento técnico y el activismo de base, facilitando el diálogo y la cocreación de soluciones que sean a la vez eficientes, equitativas y sostenibles lideradas por el apoyo a emprendimientos juveniles, como en los esfuerzos documentados por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI, 2023).
De esta manera, la integración de la visión y la energía de la juventud no es una opción, sino un imperativo para asegurar la sostenibilidad hídrica de la región. Solo reconociendo el papel de los jóvenes como actores de cambio y construyendo un ecosistema de gobernanza que valore sus diversas formas de participación se podrá asegurar un futuro próspero para todos. La oportunidad de pasar de la simple “inclusión” a la verdadera “incidencia” está en las manos de esta nueva generación.
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Diario UChile (23 de marzo de 2024). Movimientos socioambientales insisten en la “necesidad de recuperar el agua para las comunidades”. Radio Universidad de Chile. Disponible en: https://radio.uchile.cl/2024/03/23/movimientos-socioambientales-insisten-en-la-necesidad-de-recuperar-el-agua-para-las-comunidades/
Diario UChile 23032024Movimientos socioambientales insisten en la “necesidad de recuperar el agua para las comunidadesRadio Universidad de Chilehttps://radio.uchile.cl/2024/03/23/movimientos-socioambientales-insisten-en-la-necesidad-de-recuperar-el-agua-para-las-comunidades/
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__________ (15 de agosto de 2024). Pueblos Indígenas trabajan estrategia para reducir brechas en agua y saneamiento en América Latina y el Caribe. Noticias FILAC. Disponible en: https://www.filac.org/pueblos-indigenas-trabajan-estrategia-para-reducir-brechas-en-agua-y-saneamiento-en-america-latina-y-el-caribe/
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Gobierno de México (12 de marzo de 2025). Gobierno presenta 17 proyectos de infraestructura hídrica en beneficio de 36 millones de personas. Comunicado Presidencia de la República. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/gobierno-presenta-17-proyectos-de-infraestructura-hidrica-en-beneficio-de-36-millones-de-personas
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The Trust for the Americas (22 de noviembre de 2024). Jóvenes en Ciudad Juárez culminan con éxito el proyecto “Jale por el Agua” para promover la sostenibilidad y el desarrollo comunitario. Notas de prensa. Disponible en: https://www.trustfortheamericas.org/en/jovenes-en-ciudad-juarez-culminan-con-exito-el-proyecto-jale-por-el-agua-para-promover-la-sostenibilidad-y-el-desarrollo-comunitario/
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UNICEF (2021). ¡Esfuércense Más! - Cómo los jóvenes activistas asesoran la acción climática en América Latina y el Caribe. Disponible en: https://www.unicef.org/lac/media/29261/file/U-Report-esfuercense-mas.pdf
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__________ (2022). Guía de UNICEF para la incidencia de los jóvenes y las jóvenes. Disponible en: https://www.unicef.org/lac/media/38336/file/PA-Guia-incidencia-jovenes.pdf
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__________ (13 de noviembre de 2023). América Latina y el Caribe: 1 de cada 6 niños y niñas está expuesto a una grave escasez de agua. Notas de prensa. Disponible en: https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/1-de-cada-6-ninos-y-ninas-esta-expuesto-una-grave
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Uno Punto Cinco (19 de marzo de 2025). Uno.Cinco y Aguas Andinas lanzan la Academia del Agua y Resiliencia Hídrica para abordar los desafíos hídricos en Chile. Noticias Uno.Cinco-ONG. Disponible en: https://www.unopuntocinco.org/uno-cinco-y-aguas-andinas-lanzan-la-academia-del-agua-y-resiliencia-hidrica-para-abordar-los-desafios-hidricos-en-chile/
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[1] Hace referencia a una cumbre o evento internacional en el que se debaten y se toman decisiones frente al cambio climático por parte de líderes mundiales, científicos y representantes de la sociedad civil. En el caso que se está citando, la cop30 representa la “30ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático” que se realizará en noviembre de 2025 en Brasil.