Introducción
Mientras el proletariado no sea lo suficientemente organizado para llevar Europa a la unidad, Europa sólo podrá ser unida por un cesarismo monstruoso, un santo imperio capitalista que aplastará, a la vez, los orgullos nacionales y las demandas proletarias.
Jean Jaurès, 1898, socialista francés, fundador del periódico l’Humanité y de la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO).
Dentro de la Unión Europea, la pandemia de covid-19, que se prolongó durante cuatro años, desde 2019 hasta 2023, generó un choque en la economía y en la estabilidad de los Estados miembros sin precedentes. Los Estados-nación tuvieron que enfrentar la gestión de la contingencia, la cual hizo tambalear el paradigma dominante desde hace cuatro décadas de políticas neoliberales, basadas en los estándares de la escuela neoclásica. La crisis sanitaria obligó a los gobiernos a adoptar políticas intervencionistas en muchos sectores económicos para paliar los problemas derivados de la contingencia, que ha catalizado y magnificado la posible crisis económica que ya se daba por inminente en 2019.
Se puede afirmar que nos encontrábamos ante una situación similar a la de la Primera Guerra Mundial, que se caracterizó por una coyuntura que hizo necesario un mayor intervencionismo del Estado en la economía para garantizar el abastecimiento de la industria bélica y las necesidades básicas de la población para que ésta pudiera seguir contribuyendo al esfuerzo de guerra. Sin embargo, la reacción del bloque comunitario se enfocó en una respuesta clásica (al igual que en la crisis de 2008). Según los estándares de la escuela neoclásica, esto es, crear fondos europeos de respaldo financiero para los países miembros, especialmente los más afectados y que, sin ese respaldo, podrían haberse encontrado en un estado de bancarrota. Por supuesto, la mayor parte del presupuesto ha sido transferido en apoyo a las grandes empresas. Al igual que en 2008, la cornucopia ha tenido que ser pagada por el erario público, en mayor parte por la clase trabajadora, que ya está viendo su poder adquisitivo reducido nuevamente. La inflación, que es un fenómeno ahora regular de la economía, se ha disparado en niveles altos, y que siguió en aras del inicio de la guerra en Ucrania entre Rusia y la OTAN.
Se pueden identificar dos contradicciones centrales en la situación actual. La primera es la contradicción entre la descentralización creciente de los Estados naciones europeos y los elementos centralistas, restos del Estado de bienestar y del proceso histórico de cada formación de cada Estado, que se han mantenido hasta la fecha y que se ven revalorizados en el contexto de crisis, planteando la necesidad de su desarrollo ulterior. La segunda contradicción, que se vincula directamente con la primera, es la efectuada entre los Estados naciones miembros del bloque y las instituciones supranacionales de la UE que ha entrado en un antagonismo fuerte con la crisis sanitaria y ha polarizado las fuerzas políticas europeas.
Un ejemplo es el de Polonia: en octubre de 2021 el Tribunal Constitucional ha proclamado la supremacía de la Constitución polaca sobre los tratados europeos, contradiciendo el Tratado de Lisboa, que sentaba la superioridad del derecho europeo sobre las constituciones de los Estados naciones. La respuesta del bloque no se hizo esperar, profundizando la guerra de posiciones y la brecha entre las fuerzas de la hegemonía liberal y la ultraderecha soberanista, cuyo modelo sigue siendo el del gobierno húngaro de Viktor Orban, en el poder desde 2010, que ha impulsado el grupo de Visegrado, una facción de Estados del centro y del este europeo que propugnan una UE de los Estados-nación. Las tensiones generadas entre Hungría y Alemania por la cuestión de las fronteras, o entre Polonia y Alemania por el gasoducto germano-ruso Nord Stream 2 son síntomas de divergencias en las prioridades geoestratégicas y económicas que difícilmente se pueden conciliar en un marco supranacional como la UE (Zamora, 2018). Por fin, la escalada del conflicto bélico en Ucrania y la presión ejercida por Estados Unidos sobre la UE y los países miembros para alinearse sobre sus posiciones diplomáticas, han conducido a una nueva crisis económica en el bloque comunitario.
El rol de la Unión Europea en la gestión pandémica y post pandémica
Al llegar la pandemia de covid, el bloque europeo y los Estados miembros han tenido que reaccionar con las herramientas que tenían a mano y de acuerdo con los dogmas neoliberales. Hay que señalar primero, cuáles son los dispositivos y las competencias de la UE en materia de salud, como lo señala Ponte Iglesias (2020):
Con el Tratado de Lisboa se refuerza la importancia de la salud pública en la Unión Europea y el control de los brotes epidémicos y de las situaciones de crisis adquieren una mayor significación. El nuevo artículo 168 del TFUE incluye entre las acciones de la UE “la vigilancia de las amenazas transfronterizas graves para la salud, la alerta en caso de tales amenazas y la lucha contra ellas”, el fomento de “la cooperación entre los Estados miembros destinada a mejorar la complementariedad de sus servicios de salud en las regiones fronterizas” [...] Además, se amplía la competencia de la UE para adoptar tanto medidas de fomento encaminadas a “proteger y mejorar la salud humana y, en particular, a luchar contra las pandemias transfronterizas”, como “medidas relativas a la vigilancia de las amenazas transfronterizas graves para la salud, a la alerta en caso de tales amenazas y a la lucha contra las mismas”. Pero lo cierto es que la salud continúa siendo competencia exclusiva de los Estados miembros y por tanto la capacidad de la UE para hacer frente a la expansión de virus, como el COVID-19, se limita de conformidad con el Tratado de Lisboa a una “combinación de mecanismos de vigilancia y alerta temprana [...] (pp. 337-357).
Es tema de debate considerar que la UE no interviene directamente en la salud, dado que bajo auspicios de la Comisión Europea en Bruselas se ha exigido durante décadas a los países miembros recortar sus presupuestos de salud, al igual que otros servicios públicos. En 63 ocasiones entre 2011 y 2018, la Comisión Europea recomendó a los Estados miembros de la UE que privatizara partes del sector sanitario o redujera el gasto público en salud. Esas recomendaciones se han dirigido a casi todos los Estados que, en general, han cumplido. Obviamente, hay un impacto en el estado de los sistemas nacionales de salud, especialmente en los países afectados por la crisis financiera de 2008. Esto es aún más grave hoy, con la crisis sanitaria (Ravier-Regnat, 2020). La capacidad de reacción de los países ha sido debilitada. Generalmente, los partidarios del federalismo europeo suelen subestimar la influencia de las instituciones europeas con una interpretación estrecha apegada a los textos de derecho, que les conduce mecánicamente a la conclusión de que es necesario reforzar la construcción europea y disminuir aún más la soberanía de los Estados miembros como una solución a los problemas que surgen como lo hace la autora anteriormente citada.
Balance y perspectivas del proceso de integración de España en la Unión Europea
Durante la década de 1960 se dio un gran desarrollo económico en España, basado en una industrialización y construcción de infraestructuras dirigida por el Estado. Asimismo se consumaron las grandes migraciones del campo a la ciudad (Fusi, 1998). En la década que va desde 1956 hasta 1966 una parte de la élite política franquista trabajó intensamente para liquidar el poder real y carácter de masas de los sindicatos fascistas españoles y del Movimiento Nacional, ya que suponían un freno a la liberalización económica y la integración en la Europa de posguerra (Juliá, 2016).
El debilitamiento premeditado de las estructuras de masas del régimen fue aprovechado por el Partido Comunista de España. Las Comisiones Obreras dirigidas por los comunistas capitanearon la recomposición del movimiento obrero y vecinal en España y consiguieron cooptar las estructuras de base del sindicato vertical franquista en las elecciones sindicales corporativas de 1974, en medio de la peor crisis económica que se había dado desde los años treinta (Molinero e Ysas, 2016). Esto hizo que muchos sectores de las élites españolas acabaran por aceptar la integración en la Comunidad Económica Europea (CEE) como el anclaje imprescindible para la estabilidad política y económica del país. Por una parte, suponía ceder terreno a más importaciones, cerrando empresas de industria pesada como los astilleros o acerías estatales. Por otra parte, suponía la legalización de los sindicatos y el reconocimiento efectivo de éstos como interlocutores, lo que se suponía que facilitaría la estabilidad de la producción, turbada entonces por constantes conflictos laborales. Asimismo, la legalización de los sindicatos provocaría el fin de la hegemonía absoluta de los comunistas en el movimiento obrero (Quirosa-Cheyrouze, 2008).
En un contexto de cambio económico mundial, en 1982 ganó las elecciones Felipe González (Partido Socialista Obrero Español), quien se hizo con el centro político del momento, que se expresaba en claves de modernización socioeconómica que vendría de la mano de Europa. Felipe González comenzó una serie de privatizaciones de sectores estratégicos de la economía, que fue un requisito sine qua non para poder pertenecer al bloque comunitario europeo. Como sostiene el sociólogo James Petras en su estudio de las políticas neoliberales impulsadas desde la década de los ochenta en España:
Las medidas clave incluían la liberalización de los mercados, privatización de empresas públicas y bancos, libre convertibilidad y la flexibilización del mercado laboral. La aplicación de las medidas difirió en el tiempo: algunas se produjeron a mitad de los ochenta (privatizaciones). Otras, de un modo poco sistemático, comenzaron en la última parte de la década y se prolongaron hasta mitad de los noventa (Petras, 1996: 7).
A su vez se fue profundizando en un modelo de Estado muy descentralizado, lo que los dirigentes políticos del momento denominaron “café para todos”. Por una parte, se trataba de dividir al movimiento sindical y popular, compartimentado en marcos políticos autónomos y segmentado por sensibilidades nacionalistas o ideológicas. Además, la descentralización, que suponía crear una estructura intermedia (comunidades autónomas) ofrecía asidero institucional a los cuadros y burócratas del régimen franquista y para los de los partidos de la oposición. También abría la puerta a la generalización de la competencia fiscal entre regiones para atraer al capital, dinámica que ya había funcionado durante el desarrollismo de los años sesenta.1 Si los sesenta y setenta fueron un periodo de acumulación de fuerzas y de ofensiva para el movimiento obrero español, los ochenta y noventa fueron un periodo de resistencia, desgaste y desarticulación progresiva. La reducción de la industria nacional y la introducción de la contratación temporal provocaron que el sustrato en el que se reproducía el movimiento obrero se contrajera más y más. La desarticulación del movimiento obrero fue un proceso complejo e inacabado, pero que se convirtió en una pieza clave para la evolución de la política española. Como sostiene el sociólogo James Petras:
Durante el régimen regulador “industrial-nacional”, los principales actores sociales eran funcionarios públicos nacionales (electos y no electos) y líderes empresariales, sindicales y cívicos. Bajo el nuevo régimen regulador, los actores principales son prestamistas extranjeros, directores de siete bancos multinacionales, altos funcionarios de la ce y funcionarios públicos (elegidos o no) vinculados a las redes internacionales (Petras, 1996: 8).
Estas dinámicas pueden encontrarse en muchos otros países occidentales, más o menos desarrollados. Es un proceso multifacético y no lineal que ha llevado a la erosión del Estado-nación en todas las áreas: soberanía nacional, participación sindical en los planes económicos, la intervención de la economía, servicios públicos, proteccionismo aduanero de las industrias nacionales, sectores estratégicos estatales, etc. Algunos autores han denominado a este fenómeno de la época neoliberal como subsidiarización del Estado o, simplemente, Estado subsidiario. Un paradigma de Estado similar al seguido por la mayoría de países2 antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se concebía al Estado como la administración, la legislación, el Gobierno, etc., pero no como un actor socioeconómico.
España ha ido cediendo soberanía política paralelamente a que se integraba en el desigual reparto internacional del trabajo de la Unión Europea (UE). Las consecuencias negativas del mercado común tratan de paliarse con las distintas modalidades de financiación y subvención económica externa (fondos europeos, rescates financieros o fondos de cohesión de la época pre 2008) provenientes de la UE y que es entregada a los países de manera condicionada a reformas en la política económica. De esta manera, los fondos que recibe España desde Europa actúan a la vez de “salvavidas” y de candado. Se financia al Estado y se subvenciona la economía y a los sectores desfavorecidos de la clase obrera, manteniendo las estructuras mínimas de un Estado socialdemócrata. A su vez, se profundiza en la desregulación económica y los recortes en servicios públicos, lo cual, con los antecedentes históricos antes mencionados, ha generado un escenario muy complejo y desventajoso para un movimiento obrero y sindical debilitado.
Estado subsidiario y pandemia de la covid-19 en España
Se trata de relacionar las capacidades demostradas por España para enfrentar la pandemia con el modelo de Estado y sociedad neoliberal que se implantó desde principios de los ochenta. Si se compara la evolución del PIB y de la mortalidad por covid en países como Vietnam, Cuba o China, con países como España o Francia se observa que los primeros tuvieron un balance positivo o neutro, mientras que el PIB de los segundos cayó mucho más (Expansión Redacción, 2021).
En enero de 2020 el público empezó a recibir información sobre una enfermedad infecciosa que había aparecido en China. Desde enero hasta inicios de marzo de 2020 la tónica general de las instituciones europeas y del Gobierno español fue de llamadas a mantener la calma, siguiendo las pautas que se recibían desde la OMS. Cuando en marzo las cifras de contagios empezaron a ser alarmantes, debido al riesgo de saturación de las Unidades de Cuidados Intensivos, se decretó un estado de alarma y un confinamiento generalizado que conllevaba el cierre de todas las actividades económicas “no esenciales”. Si bien desde el Gobierno se sostuvieron tesis de recuperación económica en forma de V, estos pronósticos no se han cumplido.
La recuperación en V presupone un breve tiempo de paralización de la actividad económica y de confinamiento para, deteniendo rápidamente la expansión del virus, proceder a una rápida recuperación. Sin embargo, el modelo empresarial español, donde la mayoría de trabajadores son empleados en pequeñas y medianas empresas, impedía en buena medida la viabilidad de semejante operación. También se suma la presión de grandes empresas, la falta de capacidad de canalizar una respuesta de los sindicatos, los equilibrios políticos del gobierno y las comunidades autónomas, etc. En tal contexto, el confinamiento sin parar de la mayoría de la actividad laboral fue una solución intermedia entre la salvación de vidas y la salvación de la economía. Es probable que este intento de equilibrio entre los intereses de las empresas y los sanitarios hiciera que ambos problemas quedaran sin resolver. Los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) se han convertido en la herramienta con la que el Gobierno ha tratado de mantener con fondos públicos a los trabajadores cuyas empresas se encontraban objetivamente necesitadas de parar la actividad por motivos sanitarios primero; posteriormente tuvo que alargarse la vida de esta figura debido a las malas condiciones de muchas empresas frente a la crisis económica y la falta de materias primas y componentes industriales del exterior.
Como puede observarse en la Figura 1, las estimaciones de recuperación del PIB en España señalan la probabilidad de una recuperación lenta, que, como se expondrá a continuación, vendrá totalmente condicionada por los fondos europeos aprobados para superar la crisis actual y las reformas socioeconómicas que los fondos llevan como condición para ser entregados.
A cambio de los fondos, la Unión Europea exige a España una reforma de pensiones que retrase la edad de jubilación (El Economista, Redacción, 2021). También se requiere una nueva reforma laboral que deberá aprobar la Comisión Europea. El marco general que sitúa la orientación de la reforma laboral se encuentra en el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE: “generalización del contrato indefinido”, la “modernización de la negociación colectiva” o el “establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna” (Bernardo, 2021).
Madrid, 06 de noviembre de 2021.
En un contexto de temporalidad en la contratación y de abaratamiento del despido, se tiende a formas de contratación indefinida conjugada con menores costes de despido. La modernización de la negociación colectiva, por su parte, parece significar la liberalización de la “rígida” legislación laboral actual. Asimismo, al hablar de un mecanismo permanente de flexibilidad interna, sitúa la normalización del ERTE como forma de profundizar el modelo de fuerza laboral a demanda de la empresa. Fuerza laboral que en periodos de falta de pedidos o de menos trabajo pase a ser subvencionada por el Estado y vuelva a su puesto cuando la empresa lo necesite. Estas mismas lógicas se aplican a las reformas planteadas para la universidad y la formación profesional, que se resume en la conversión de cientos de miles de estudiantes en mano de obra a demanda de las necesidades coyunturales de las empresas.
Asimismo, continúan los recortes en los servicios públicos. Afectados por la alta temporalidad y sobrecarga de trabajo de los profesionales, la pandemia ha demostrado los límites del modelo actual, tanto en los sectores sanitarios, educativos, etc. se han visto los problemas que pueden generar en un momento de contingencia unos servicios públicos recortados. Un aspecto muy sonado ha sido la elevada mortalidad y las penosas condiciones de vida que se han dado en numerosas residencias de ancianos. Un estudio encargado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España sugiere entre sus conclusiones lo siguiente:
Aunque es prematuro establecer cuál es el peso relativo de la gestión de la pandemia frente a otros factores en el recuento de víctimas de la covid-19, todo indica que, si hubiera habido medidas para prevenir la entrada del virus y controlar los contagios en las residencias, la cifra de fallecidos en España podría haber sido menor (VV.AA., 2020: 3).
En el fondo de las limitadas capacidades de los servicios públicos se encuentra la subcontratación de entes privados para ofrecer el servicio, el recorte de presupuestos y los modelos de contratación temporal.
En resumen, se puede decir que enfrentar una pandemia como la de covid-19 ha puesto de relieve que en el marco de la Unión Europea y en el paradigma económico y social implantado desde los años ochenta del siglo XX existen grandes limitaciones para optar por vías de desarrollo económico y social diferentes que conjuguen la justicia social, la soberanía popular, la colaboración igualitaria entre países y la mejora tecnológica de la producción y distribución.
En la última etapa de la pandemia se agudiza el conflicto en Ucrania, que deviene un enfrentamiento militar abierto, que se expresa en la construcción de nuevas bases, en la escalada militar, y en financiamiento y apoyo europeo, cuyo impacto reflejado en la economía tiene que ser analizado, pero parece reforzar las tendencias ya existentes y analizadas en el presente artículo. Por otra parte, España fue testigo de protestas masivas contra la OTAN en la cumbre que realizó la organización en el año 2022 en la ciudad capital Madrid. Este tema será necesario abordarlo en un futuro desarrollo.
Francia: entre descentralización girondina y supervivencia de elementos centralistas
El modelo francés tanto en lo político (desde la Revolución Francesa) como en lo social y económico (posterior al fin de la guerra en 1945) ha ejercido una fuerza de atracción que ha llevado numerosas sociedades a seguir su ejemplo, pero a pesar de su dimensión universal, nunca dejó de ser, a su vez, una singularidad como cualquier formación social e histórica. No se pretende dar un balance exhaustivo de la trayectoria de desarrollo de la sociedad y el Estado francés y mucho menos en comparación con el resto de Europa y el mundo. Los límites impuestos de costumbre a un artículo de esta índole nos permiten tan sólo dar cuenta de un breve antecedente del modelo social (Estado de bienestar) y político (republicanismo jacobino) francés y su modificación tras la imposición del neoliberalismo en el país en la década de los ochenta. Perspectiva histórica imprescindible para esclarecer las problemáticas actuales causadas por la muy criticada gestión de la covid por el gobierno de Macron y la situación de crisis político-institucional que atraviesa el Estado francés en su relación con el bloque europeo y el proyecto federalista de los neoliberales.
Antecedente del modelo social francés y la imposición del neoliberalismo a partir de los años ochenta
Es un lugar común en el plano de los estudios políticos definir el modelo político francés como centralista e inspirado por el jacobinismo, aunque muy a menudo con total desconocimiento de la complejidad y diversidad que implica esa corriente política y de pensamiento desde el mismo momento de la Revolución con el Club de los Jacobinos (Cardenal, 1929: 517), el neo-jacobinismo bajo el Directorio y el Imperio, y hasta la tradición de estatismo y gestión de la función pública establecida a lo largo de los siglos XIX y XX, con su juego de contradicciones (llegando incluso hasta contraponerse completamente), vigente hasta la fecha.
El modelo social del Estado de bienestar es a su vez una conquista que se realizó bajo la influencia del gobierno provisional en la posguerra y el Consejo Nacional de la Resistencia (CNR) entre 1945 y 1947, donde participaron ministros afiliados al Partido Comunista Francés (PCF) como Ambroise Croizat, Maurice Thorez o Jacques Duclos (Bourderon, 1994), con el respeto e incluso reforzando el esquema del centralismo jacobino pero siempre apuntando a una forma de centralismo democrático, como por ejemplo el proyecto de autogestión del seguro social por órganos de los propios trabajadores, o la propuesta (nunca aceptada) de una asamblea de trabajadores que compartiría el Poder Legislativo con la Asamblea Nacional. El modelo de gestión de la economía se apegó a los estándares de la escuela keynesiana con un sector nacionalizado importante (automotriz, energías, transportes, etcétera) (Berstein, 1990).
Planteados los elementos del modelo social y político, es necesario poner énfasis en la imposición del paradigma neoliberal en las políticas del Estado para entender la situación de Francia en la actualidad. Como lo destaca el economista y politólogo Rémy Herrera en Luchas populares en Francia desde los ochenta (2020), el neoliberalismo ha sido introducido, no según el esquema clásico de la derecha política como con las figuras icónicas de Margaret Thatcher o Ronald Reagan, sino por parte del Gobierno socialista de François Mitterand con una participación del Partido Comunista Francés (PCF). El “socialismo” mitterandiano o la invención del neoliberalismo de Estado:
La paradoja es que, en Francia, el motor esencial del desarrollo del mercado financiero no fue otro que el propio Estado -un Estado dirigista, a la francesa, y además conducido por socialistas, o digamos hombres y mujeres que pretendían serlo-. Es el Estado mismo que ha tomado la iniciativa de modernizar el sistema financiero en general, y la gestión de la deuda pública en particular. El modelo seguido por el “socialismo” mitterandiano no ha sido otra cosa que el proceso de desregulación y liberalización de los mercados financieros lanzado durante la década de los setenta en Estados Unidos, desde Chicago hasta Nueva York, y del “Big Bang” de la bolsa de la City en Londres (Herrera, 2020: 23).
A pesar de un inicio, en 1981, enfocado en un programa de ruptura con el gobierno anterior de la derecha (UDF) con Valéry Giscard d’Estaing, basado en un plan de nacionalizaciones importantes (las más importantes de todo el bloque occidental), incluyendo los 35 bancos más grandes, bajo la influencia del ala izquierda comunista (PCF) de la coalición, el Gobierno de Mitterrand dio un giro de 180 grados para respaldar directamente políticas neoliberales aprovechando una cierta parálisis del sector obrero-sindical y de su vanguardia política, el PCF, debido a su respaldo y participación directa en el gobierno, evitando una fuerte reacción popular de protestas y huelgas que hubiera provocado cualquier gobierno de derecha (y que en los hechos lo provocó el gobierno de Jacques Chirac una década después, en 1995). Una situación que puede verse como análoga al caso español con el gobierno socialista del PSOE de Felipe González que introdujo de lleno las políticas neoliberales en España para adecuarse al marco normativo impuesto por la naciente Unión Europea.
Las primeras medidas de introducción del neoliberalismo giraron en torno a la austeridad, limitando progresivamente el alza de los salarios tanto del sector privado como público, la devaluación del franco y la introducción al mercado financiero de nuevos activos así como su desregulación:
Los gobiernos socialistas realizaron en los hechos lo que la derecha no pudo obtener durante décadas de poder; y lo cual soñaba realizar: bloquear el ritmo de la inflación y restablecer las ganancias bloqueando los salarios (1982), quebrando la indexación ex ante sobre los precios (1983) y flexionando las anticipaciones (1984) [...] A los instrumentos habituales utilizados por las políticas monetarias y presupuestarias en la economía de mercado capitalista, “los socialistas” agregaron el dirigismo para romper con la espiral inflacionista (Herrera, 2020: 26 y 27).
Aunque no se tocó tal cual al sector nacionalizado, la idea de la liberalización de las empresas públicas en su modo de gestión se impuso, así como la apertura de sus mercados, en situación monopólica u oligopólica hasta la fecha, a la competencia, abriendo un bulevar para su privatización posterior progresiva que levantaría la oposición de sus gremios sindicalizados (ferrocarrileros, electricistas, sector automotriz, etc.) todavía muy fuertes a pesar de la tendencia bajista de sus tasas de sindicalización, provocando una larga guerra de trincheras vigente hasta la fecha, como lo hace constar el ejemplo del éxito de la huelga de los ferrocarrileros y electricistas contra el plan de privatizaciones de sus gremios por el Gobierno actual de Emmanuel Macron.
En el caso de Francia, la fuerte resistencia obrera, particularmente durante las grandes huelgas del año 1995, así como la estabilidad de ciertos gremios nacionalizados, han detenido provisionalmente la profundización de las políticas neoliberales en cuanto a la destrucción del sistema de pensiones y jubilaciones. Otra victoria del campo popular ha sido el rechazo al referendo de una Constitución europea, verdadera institucionalización del neoliberalismo en todo el continente durante el año 2005. La imposición del modelo neoliberal siempre se dio de la mano de la construcción del bloque europeo bajo dominio del capitalismo alemán y con la supervisión del país guía, Estados Unidos, centro del capitalismo financiero mundializado. Una prueba de ello es la especulación financiera constante en contra del franco (moneda nacional) y a favor del marco (moneda alemana) durante el primer periodo del gobierno de Mitterand, hasta que se alineó completamente con las políticas neoliberales, aceptando a la postre en 1992 el abandono de la moneda nacional y por lo tanto de la soberanía monetaria (Herrera, 2020: 36-66).
A través del Tratado de Maastricht de 1992, la creación de la eurozona en 2002, y la aprobación del pacto presupuestario, los Estados han sido despojados de su soberanía monetaria y de las principales palancas de formulación de políticas económicas, así como del control sobre el sector económico. La Comisión Europea en Bruselas y las demás instituciones supranacionales validadas en el Tratado de Lisboa (la respuesta al rechazo del Tratado de la UE en 2005) aprobado en 2007 han pasado a asumir el control de estos elementos con la austeridad permanente que conlleva su dirección. Hay una desregulación del Estado de bienestar, de los sectores de salud, pero a la vez se refuerza el apoyo a la OTAN, la militarización, incluso simbólicamente. Más aun, el papel de la Comisión Europea se ha convertido prácticamente en un ejecutivo de facto en esta última gestión de Ursula Von Der Leyen, violando los tratados. Los federalistas empujan su agenda de crear un Estado federal supranacional y convertir los Estados miembros en meras entidades federativas. Los países del llamado grupo de Visegrado constituyen la principal oposición soberanista a esta agenda, incluyendo a Hungría, Polonia, Croacia, en parte los países bálticos y recientemente a Eslovaquia con el nuevo Gobierno de Fico.
Francia se convirtió paulatinamente en un Estado subsidiario, dependiente de las decisiones europeas, particularmente de Alemania, de la jurisprudencia del bloque, pero también dependiente financieramente de los paquetes de ayudas externas de la UE (fondos de cohesión, rescates financieros), y de la obligación del reembolso de la deuda externa cuyo peso aumenta cada vez más dentro del presupuesto anual. En el caso francés, la deuda pública y su reembolso se ha multiplicado prácticamente cinco veces desde el inicio del periodo neoliberal.
Figura 2
Deuda pública de Francia, monto y porcentaje del PIB, 1979-2020
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos (INSEE).
La deuda pública, “en el sentido de Maastricht”, estimada por el INSEE, ascendía a 2’638,300 millones de euros a finales del segundo trimestre de 2020, es decir, el 114.1% del PIB, frente al 55.8% a finales de 1995 y el 66.8% en vísperas de la crisis de 2008.
Otro elemento importante, que no se podrá desarrollar plenamente pero que puede desembocar en nuevas investigaciones, es la transformación paulatina del Estado francés desde un modelo centralizado jacobino a un modelo descentralizado girondino, bajo influencia externa de Alemania y la construcción europea. Con reformas sucesivas desde los años noventa, se han multiplicado los organismos descentralizados y al mismo tiempo se han deconstruido las instituciones del Estado central y de la democracia local (las comunas) en provecho de euro-regiones e intercomunidades (con un centro urbano que coopta y desaparece las otras comunas).
La reforma de las regiones del Gobierno de Hollande en 2015 ha disminuido el número de regiones de 22 a tan sólo 14 euro-regiones, que se asemeja hoy a los Länders alemanes. El Gobierno de Macron completó su desarrollo con el llamado “pacto girondino” (Korda, 2017) y la firma del tratado de Aixla-Chapelle con la República Federal de Alemania. El pacto, siendo fiel a su nominación aprueba una mayor descentralización de todos los territorios y su puesta en competencia según las reglas de la UE para atraer al capital privado y desresponsabilizando al Estado de su financiación pública de los territorios. El tratado a su vez crea una asamblea franco-alemana y permite la autonomización creciente de los territorios, principalmente de las regiones con culturas locales (Bretaña, Alsacia, Corsa, el País Vasco, etc.), empujando la creación de asambleas locales con un gobierno propio, similar al modelo de las comunidades autónomas españolas, con todas las problemáticas que esto supone. El caso más emblemático es el de Alsacia, que está siendo modificada como una comunidad autónoma donde el Estado alemán promueve sus propias políticas, buscando la imposición del alemán y el inglés como primera lengua, esto bajo auspicios de la transfronterización del territorio.
Argimiro Rojo, a partir de las ideas de aquellos que consideran que “la Federación Europea no puede tener éxito si previamente no se dividen y fragmentan los grandes Estados que van a formar partes de la misma”, nos ofrece el cuadro de lo que sería una Europa dividida y subdividida políticamente con criterios de base étnica tal como los proponen Sergio Salvi, Guy Héraud y, en cierto sentido también, Andrea Chiti-Batelli ~. La dificultad que ofrece es que, como en la construcción de las unidades y subunidades entran otros factores muy importantes, además de las etnias, lo más probable es que dicha Europa política no llegue a darse jamás como conjunto, aunque sí puede producirse un acercamiento a ella en ciertas áreas. Si en el pasado Europa no se construyó exclusivamente sobre base étnica porque influyeron otros elementos, hay que pensar que en el futuro dichos elementos también seguirán influyendo (Petschen, 1998: 63-69).
En todo caso, con la llegada de la covid se tuvieron que suspender estos proyectos provisionalmente, sobre todo porque esta tensión constante contra los Estados miembros ha generado una fuerte reacción generalmente cooptada por la ultraderecha que, a su vez, opone su propio proyecto de UE de las naciones manteniendo ciertas palancas en manos de los Estados, frente al proyecto federalista representado por la Unión de los Federalistas Europeos (UFE). Ahora en el escenario de la guerra en Ucrania, el Gobierno alemán de Olaf Scholtz ha vuelto a lanzar la agenda del Estado federal europeo y la regionalización de Europa, que debe concretizarse tras las elecciones europeas de este año 2024.
Gestión de la crisis sanitaria y crisis del paradigma neoliberal
En el caso francés, se estima la cifra de 69,000 camas de hospitales cerradas entre 2003 y 2017, entre las cuales 30,000 para estancias cortas, y 48,000 para estancias largas, esta pérdida fue compensada por 14,000 camas creadas para estancias intermedias, dando un saldo negativo de -69,000 (Deszpot, 2019). Pero incluso durante la pandemia no se ha alterado la tendencia al cierre de camas de hospitales (reflejo de recortes dentro de los establecimientos de salud o de su cierre total), sino todo lo contrario, se estima en 5,700 las camas cerradas durante el año 2020 y hasta en 2021. Las 2,983 estructuras aún abiertas a finales de 2020 disponían exactamente de 386,835 camas de hospitalización completa a finales de 2020, es decir, 5,758 menos en un año -comparado con el último balance para el año 2019, publicado en julio por la misma dirección estadística de los ministerios sociales- (Reuters, 2021). En comparación, se puede ver cómo países como China invirtieron rápidamente en la creación de nuevos hospitales como el Hospital de emergencia de Wuhan, con 1,500 camas, construido en tan sólo un par de semanas.
La lucha contra el SARS-CoV-2 representó por sí sola un peso considerable para los servicios hospitalarios. Para tener un punto de comparación, la gripe estacional “clásica” genera en promedio cada año entre 1,000 y 2,500 admisiones en servicio de reanimación, según SPF. Sin embargo, desde principios de 2020, la covid-19 ha generado alrededor de 30,000 entradas de RCP. Por otra parte, en marzo y abril se registró un pico muy alto de mortalidad. El Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos estima que en el periodo comprendido entre el 10 de marzo y el 8 de mayo de 2020 se produjeron 27,300 muertes “excesivas” en comparación con la media de los años anteriores (Sénécat, 2020). El sistema fue sobrecargado con más de 7,000 reanimaciones cuando sólo se disponía de 5,000 camas para la reanimación. El sistema de salud tuvo que tensar todas sus fuerzas y numerosos pacientes fueron transferidos de una región a otra donde la carga era menor.
Ahora bien, la capacidad hospitalaria no es el único factor, hay que considerar la necesidad de insumo de material médico, la cadena de suministro, y el control sobre las fronteras y los desplazamientos internos que han sido elementos fundamentales en la gestión de la pandemia. En lo que concierne las instituciones de la UE, escribe Eva Valles:
La Comisión Europea ha tomado medidas para facilitar el aprovisionamiento de material sanitario y está financiando la búsqueda de tratamientos y vacunas contra el coronavirus. En materia económica, la Comisión y el Consejo Europeos han flexibilizado las reglas que regulan las ayudas del Estado a las empresas y, sobre todo, las reglas fiscales que limitan los niveles de déficit y deuda para dar a los Estados miembros un mayor margen de maniobra presupuestario. También está utilizando su limitado presupuesto para movilizar recursos de los fondos estructurales y de los fondos europeos de solidaridad e inversiones [...] también ha reaccionado enérgicamente el bce con el lanzamiento de un nuevo programa de compra de deuda pública y privada para combatir los efectos de la pandemia, dotado con 750,000 millones de euros que ya ha supuesto un alivio apreciable de las primas de riesgo nacionales (Valle, 2020).
Los paquetes de estímulos financieros, o fondos de cohesión, han sido el ABC de la política europea, pero el problema es que se enfocan principalmente en generar demanda agregada o simplemente como estímulo para empresas y en numerosos casos como pago de la deuda de empresas que suelen ser inviables y no sostenibles. Las grandes empresas suelen usar aquel dinero proveniente del erario público para pagar a sus accionistas y no lo usan como capital para aumentar sus capacidades productivas. Es emblemático el caso del grupo farmacéutico francés Sanofi que, ha pesar de haber recibido 10 mil millones de euros de apoyos diversos del Estado y la UE, ha despedido a miles de científicos y asalariados, ha cerrado plantas y fue incapaz de producir una vacuna hasta para finales de 2021, y puede ser que no antes de enero de 2022 (Sanofi comunicado, 2020).
Estos fondos terminan siendo cortoplacistas. El Gobierno de Macron aprobó en marzo un plan para apoyar el sector empresarial que terminó elevándose al monto de 206 mil millones de euros, un equivalente del 9% del PIB nacional, o del 82% del presupuesto del Estado francés, que bien permitió evitar o frenar el quiebre de numerosas empresas, pero sólo momentáneamente (Redacción, comunicado del Gobierno, 2021). Huelga mencionar que la deuda pública disparó y se vuelve a establecer la problemática de su reembolso, virtualmente imposible, como en 2008.
Teniendo una economía parcialmente desindustrializada, el sector médico francés no podía contar con una producción nacional para suministrarse con material, teniendo que importar las mascarillas y los trajes médicos, así como la mayor parte del material por fuera, incluso del propio bloque europeo. En este caso, los numerosos organismos europeos creados para la prevención de tal situación inundaron los canales de comunicación con sus avisos y proyecciones, a veces contradictorias, creando una cacofonía poco entendible para los responsables políticos de los Estados miembros, pero sin tener la capacidad de organizar una cooperación comunitaria entre los socios europeos.
Tan sólo en la primera ola, que alcanzó su pico en abril, buena parte del personal médico francés se encontraba ya sin mascarillas y material de protección, teniendo que usar bolsas de basura, una situación irrisoria para un sistema de salud que, hace unos años, reivindicaba estar entre los mejores del mundo. Se tiene que hacer hincapié también en el manejo del Gobierno de la situación sanitaria, que fue incapaz de realizar una comunicación planificada y unificada, dando la impresión de improvisación y perdiendo credibilidad frente a la opinión pública al respecto de las medidas sanitarias. En un primer momento se negó la necesidad del uso de mascarilla, después se prohibió su compra para mantener las existencias públicas para la plantilla del personal sanitario, y posteriormente se convirtieron en obligatorias para todos, con amenaza de una multa de 135 euros, dando una vuelta a 180 grados de los anuncios originales.
Después de décadas de política neoliberal que impulsaba el desinterés de la población de la cosa pública, que empujaba al apoliticismo, el nihilismo y al individualismo, tratando de limitar el campo de las relaciones sociales a un mero utilitarismo económico con la relación de trabajador-consumidor se tuvo que dar la vuelta y volver a solicitar a las masas su colaboración y participación consciente en el proceso de lucha contra la pandemia. Un ejercicio acrobático, dado el nuevo paradigma de sociedad producto de las nuevas técnicas de comunicación (NTIC), especialmente las redes sociales, que ha hecho difícil para la clase dominante y el Estado capitalista imponer una propaganda monolítica que excluya cualquier oposición, como lo era posible a principios del siglo XX, en el escenario de la Primera Guerra Mundial. Hoy en día, buena parte de la población no ha reaccionado a estas solicitudes, ni ha respetado las medidas sanitarias, o incluso han entrado en franca oposición a las medidas del Gobierno, debilitando el trabajo colectivo frente a la pandemia. Un buen ejemplo de ello es la oposición fuerte que se generó por ciertas figuras científicas como el profesor Raoult del Hospital de Marsella, gran especialista en los coronavirus, que cerró toda posibilidad de un consenso en la esfera científica y dio un respaldo fuerte a la oposición al Gobierno macronista. En todo caso, el contraste con países como China, Cuba o Vietnam, que han mantenido una fuerte politización de la población, es flagrante, así como la existencia de organizaciones de masas (sindicatos, asociaciones) y el propio papel del modelo del partido comunista hegemónico ha permitido un involucramiento y una colaboración rápida y efectiva de la población a las medidas sanitarias, elemento clave en el control de la pandemia en estos países. El modelo político de una sociedad socialista politizada con organizaciones de masas ha respondido mejor al apoliticismo del modelo neoliberal capitalista en el escenario de la pandemia mundial.
Otro elemento importante -y el último que se aborda-, en el cual se hace hincapié es el de los dispositivos de confinamiento y el control de las fronteras, que nos convida a tratar de la problemática de la relación con el bloque comunitario europeo y las instituciones supranacionales. El Tratado de Schengen define el espacio del mismo nombre y las políticas en materia de control de las fronteras, distinguiendo las externas y las internas. No todos los miembros de la UE fueron aceptados, como Bulgaria y Rumania, mientras países que no son miembros de la UE como Suiza, Noruega o Islandia fueron integrados.
Mientras la covid empezó a penetrar el espacio Schengen desde enero de 2020, la respuesta de la Comisión Europea llegó tan sólo el 16 de marzo, fecha cuando recomendó a los Estados “aplicar una restricción temporal a los desplazamientos no esenciales procedentes de terceros países hacia la zona UE+ [los 30 países del espacio Schengen constituidos por 26 miembros de la UE, a los que se añaden Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza]”. Posteriormente, la Comisión propuso prorrogar esta restricción en varios episodios hasta la fecha (Gaillard, 2020).
El Código de Fronteras Schengen permite a los Estados miembros restablecer temporalmente los controles en sus fronteras por motivos sanitarios o de seguridad, pero no cerrarlas. Estas restricciones deben distinguirse de los cierres puros y simples de fronteras, aunque en la práctica han sido tan estrictas que se han acercado a ellas. Esta opción permite normalmente controlar los movimientos fronterizos y, en función de ello, autorizar o no a los viajeros a entrar en su territorio, lo que se hizo, por ejemplo, en varios Estados miembros del espacio Schengen durante la crisis de los migrantes en 2015-2016, pero siempre con el permiso de la Comisión Europea bajo la amenaza de sanciones en caso contrario, como fue el caso de cierres unilaterales de ciertas fronteras por los países del grupo de Visegrado, especialmente Hungría en su frontera con Serbia. En los hechos los Estados miembros no controlan realmente sus fronteras, aunque tampoco la legislación Europea creando un hueco, donde ninguno es responsable, al generar demoras en la toma de decisiones.
Se les permitirá entonces restablecer inmediatamente los controles fronterizos durante un periodo de 20 días, renovable. Dinamarca, Finlandia, Francia, Austria, España, Hungría, Polonia, la República Checa, Noruega y Bélgica han recurrido a los artículos 25 y 27, que autorizan a los Estados a restablecer los controles fronterizos por un periodo de seis meses, renovable si notifican a la Comisión su decisión con cuatro semanas de antelación. Francia optó por esta solución el 23 de marzo y puede, por lo tanto -si los criterios de necesidad y proporcionalidad lo permiten- practicar controles en sus fronteras interiores terrestres hasta el 31 de octubre.
Como se puede ver en la realidad, los controles sólo fueron parciales y no permitieron cortar totalmente el flujo de contagios desde el exterior; los tratados así como la burocracia europea han alargado mucho el tiempo de respuesta. Lo mismo se plantea con los confinamientos internos, que sí bien fueron drásticos en el caso francés, o de Italia, sólo se extendieron a la vida cultural y de ocio, excluyendo la esfera económica y los tiempos de transporte por razón laboral, siendo los primeros focos de contagios. Nunca se cumplió el lema de cerrar los sectores “no esenciales”, salvo los pequeños comercios. Las únicas excepciones son empresas cerradas por huelgas de los propios trabajadores. El Gobierno francés, siguiendo la postura del bloque comunitario (y similar a la de España), estuvo primero en una posición no alarmista hasta mediados de marzo y posteriormente dividió entre restricciones por la covid y no cerrar totalmente el sector económico, que resulta poco eficiente, pues no se controló la pandemia de covid sino hasta el verano, y a su vez no se pudo evitar la crisis económica que afectó sobre todo a los sectores de servicios. La economía francesa sufrió una recesión masiva en 2020 bajo el impacto de la epidemia de covid-19, con una caída del producto interno bruto (PIB) del 8.3%, según una primera estimación publicada el viernes por el INSEE (Europe 1, Redacción, 2021). La recuperación económica empezó tímidamente hasta el segundo trimestre de 2021. Si se contrasta con Estados soberanos que controlan plenamente sus fronteras, como Vietnam, país vecino de China, foco original del virus, y que recibe anualmente millones de turistas chinos, encontramos resultados muy distintos. Vietnam cerró casi totalmente sus fronteras, principalmente con China, instaurando cuarentenas y pruebas obligatorias, logrando imposibilitar la transmisión local del virus y evitando muertes por covid, a su vez evitando un cierre de la economía que impactaría negativamente el PIB y a la sociedad. La posible recuperación entre 2022 y 2023 se convirtió en un sueño olvidado al momento que el conflicto bélico en Ucrania se agudizó, el efecto boomerang de las sanciones dejó a la mayoría de los países europeos en recesión económica, con inflaciones que llegaban hasta el 30% mensual de todos los productos básicos.
Conclusiones
Cuestionar la eficiencia y viabilidad de la UE en la actualidad. No hay unión fiscal y en el escenario actual es improbable políticamente, tanto por las dinámicas de competencia entre los Estados miembros, como por los incentivos del capital financiero a los países para competir a la baja en la tributación. El contexto de inestabilidad interna de la unión no se traduce en un reforzamiento de los Estados, por estar sus principales palancas políticas en manos de la UE. Con el debilitamiento del Estado nacional se diluye, así mismo, la condición de posibilidad de participación popular. La historia más reciente de la Unión Europea demuestra que su tendencia no es a disolver a los Estados-nación por completo. No se ha dado, ni parece que vaya a darse ninguna síntesis de los Estados en un todo nuevo pese a los sueños de los federalistas. Es una alianza de Estados, pero que retiene en sus estructuras supranacionales importantes competencias que tradicionalmente han sido soberanía de los Estados. Las directrices provenientes de Bruselas son de cumplimiento obligado para los países miembros, que podrían ser sancionados con la paralización de la financiación europea, como el caso de Polonia, donde se impuso una multa de un millón de euros por día al Estado polaco (será deducida del monto de las subvenciones europeas, dado que el Estado polaco se niega a pagar) y se evalúa suspender el plan de ayudas post-covid (de un monto de 36 mil millones de euros destinado a Polonia) (MyEurop.info, Redacción, 2021). Las directrices y planes de la Unión Europea afectan a todos los ciudadanos de los diferentes países. Sin embargo, los gobiernos de cada Estado implementan las directrices europeas dentro de los márgenes políticos que tienen en cada caso. Este hecho imposibilita la existencia de una participación efectiva de la sociedad civil de cada país como un todo a nivel europeo. El fenómeno podría catalogarse como una sustracción de materias vitales sujetas a ser disputadas por la soberanía popular expresada electoralmente y en forma de participación permanente en la sociedad civil de los diferentes países.
Por otra parte, las contradicciones entre los países y dentro de los países debidas al reparto internacional del trabajo dentro de la UE, son factores que delimitan claramente entre las dinámicas internas de unos países y otros. A esto podemos sumar otros problemas como la inmigración -o exilio económico desatado por la destrucción del Estado libio en 2011-, las tensiones con Marruecos, etc., que crean más limitaciones aún entre las dinámicas internas de cada Estado miembro de la UE.
Aunque sean muchas las tensiones dentro de la Unión Europea, existe una inercia histórica, se ha generado una poderosa burocracia y una justicia. Todo esto se mantiene por el “bálsamo” que suponen los fondos de cohesión, rescates financieros, etc. Sin embargo, esto no se traduce en políticas de reindustrialización, ni planes económicos a largo plazo, se emplean como simple estímulo para tratar de generar demanda agregada a corto plazo.
Ser Estado-nación sin ataduras ni internacionales ni federalistas facilita el ejercicio de la soberanía popular a lo interno al tener el Estado más margen de pivotar a lo externo. Por ejemplo, Cuba puede mantener su modelo político establecido por la Constitución aprobada en 2018, eludiendo a Estados Unidos y apoyándose en otras alianzas, mientras que México tiene un margen de maniobra interno más pequeño, debido a las limitaciones que supone el T-MEC, así como sus repercusiones sociales a nivel nacional. Un ejemplo paradigmático fue la derrota del Gobierno griego de SYRIZA frente a la Comisión Europea. Grecia vio su política interna impugnada por el candado que suponía la trayectoria de compromisos y cesión de soberanía del Estado nacional griego a la UE. Cuando el pueblo griego rechazó por votación en referendo las medidas de austeridad de la Comisión Europea, el Estado griego fue incapaz de acomodar su política internacional para posibilitar el escenario de implementación de la soberanía popular que tanto necesitaba el Gobierno griego para legitimarse y mantenerse internamente.
Asimismo, debe mencionarse lo desarrollado durante los apartados referidos a los casos de España y Francia. La tendencia a la descentralización es una herramienta dúctil en manos de élites políticas y económicas regionales, así como para el capital financiero en una escala superior. La regionalización, en algunos casos relacionada con la fragmentación de la tributación y los convenios laborales, sirve de circuito por el que el capital pueda circular sin resistencias de un lugar a otro, gracias a la competencia a la baja entre los entes políticos regionales en cuestión, segmentando territorialmente la sociedad civil y debilitando la solidaridad del movimiento sindical a escala nacional.
En este texto, los autores no pretenden afirmar ninguna clase de funcionamiento mecánico de la política. Se pretende compartir una reflexión sobre la necesidad de estudiar objetivamente la configuración de campos de juego político (nacional, supranacional, regional) y su influencia en la capacidad de influencia efectiva de la sociedad civil. En ningún caso se trata de que, con Estados unitarios centralistas, con cierta estatización de la economía y, por tanto, estando fuera de la UE, todo se vaya a autorregular. Sin embargo, países como China, que contaban con un Estado interventor fuerte y una gran capilaridad de organizaciones sociales relacionadas con el Gobierno, así como el propio Partido Comunista suponen unas condiciones más favorables en las que pueda prosperar una implementación decidida de una política que antepusieron las vidas a la economía. Gracias a esa misma capilaridad social pudo contener el virus y reactivar la economía, pudiendo cumplir puntualmente la recuperación económica tan alardeada antes de demostrarse imposible en el marco de la Unión Europea.
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