Venezuela y la geopolítica de la democratización: efectos geoeconómicos y sociopolíticos de las sanciones estadounidenses en el gobierno de Nicolás Maduro (2015-2019)

Introducción

En el continente americano, el discurso de la democratización se convierte en una justificación para ejercer prácticas espaciales de poder. Ejemplos notables de estas prácticas incluyen las intervenciones militares en el siglo XX, como la invasión de Granada en 1983, y las sanciones económicas en el siglo XXI, como las impuestas contra Venezuela. Estas acciones tienen como objetivo someter a gobiernos considerados una amenaza para la democracia y la estabilidad hemisférica. De acuerdo con Piña (2019), en el caso específico de Venezuela, la acusación de que Caracas representa una amenaza para la estabilidad, la prosperidad y la integridad democrática de América Latina y el Caribe es un argumento político más que una realidad demostrable. En concordancia con esta aseveración, Tirado (2019, p. 48) sostiene que el caso venezolano demuestra, como pocos, que

En la actualidad, Estados Unidos (EE. UU.) se ha consolidado como la principal potencia en la aplicación de sanciones, imponiendo embargos unilaterales a diversos gobiernos. Como señala Tirado (2019, p. 88), “cuando el mercado no se puede imponer desde métodos sutiles, de hegemonía o consenso, entra a operar la coerción”. Dentro de estos métodos coercitivos, destaca el embargo a Cuba, el cual ha estado en vigor desde 1962 y ha sido objeto de rechazo en varias ocasiones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). De acuerdo con Crawford (1999), a pesar del frecuente recurso a esta herramienta coercitiva, no hay consenso sobre si las sanciones funcionan o no para cambiar un régimen político o, en menor medida, modificar el comportamiento de los Gobiernos o de las élites en el poder.

En este contexto, el objetivo fundamental de este trabajo radica en llevar a cabo un análisis de los efectos geoeconómicos y sociopolíticos derivados de las sanciones democratizantes impuestas por el Gobierno estadounidense a través de órdenes ejecutivas emitidas entre los años 2015 y 2019. Estas medidas se llevaron a cabo durante las presidencias de Barack Obama (2008-2016) y Donald Trump (2017-2021), y estuvieron dirigidas al gobierno de Nicolás Maduro, quien ha ostentado el poder en Venezuela desde 2013 hasta la fecha. El propósito subyacente es evaluar si estas sanciones han sido efectivas como política para promover la democratización en Venezuela o, en contraposición, si han generado efectos contraproducentes en este proceso.

Venezuela se convierte en un caso de estudio intrigante para analizar la efectividad de las sanciones democratizantes debido a tres consideraciones fundamentales: una de naturaleza sociopolítica, otra de carácter geopolítico, y una tercera de impronta geoestratégica. En primer lugar, existe un debate en torno a la naturaleza democrática del gobierno de Maduro. Mientras algunos perciben en la Revolución bolivariana “el intento de construcción política y social alternativa más original que ha producido América Latina y el Caribe en este siglo XXI” (Tirado, 2019, p. 15), otros consideran que el proyecto de Chávez y su sucesor Nicolás Maduro “encarnan el desafío más directo a la democracia liberal en América Latina en lo que va del siglo XXI” (Reid, 2019, p. 208).

Este debate se manifiesta incluso dentro del variopinto campo del progresismo latinoamericano, donde figuras prominentes como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva argumenta que en Venezuela se ha construido una narrativa de antidemocracia y autoritarismo. Mientras que, por otro lado, el presidente chileno Gabriel Boric sostiene que no se trata simplemente de una narrativa, sino que existen pruebas concretas de violaciones a los derechos humanos en el país petrolero. Pese a ello, ambos líderes coinciden en su crítica a las sanciones económicas impuestas al Gobierno venezolano.

La segunda razón que hace a Venezuela un caso de estudio interesante se relaciona con la política de dominación de EE. UU. en América Latina, especialmente hacia los Gobiernos y fuerzas políticas percibidos como amenazas para sus intereses estratégicos en la región. El proceso político venezolano, al igual que en su momento lo fue la Revolución cubana, cuya mera existencia representaba una amenaza debido a su impacto en los movimientos izquierdistas de varios países latinoamericanos durante la Guerra Fría, desafiando así la hegemonía estadounidense (Chomsky, 2016), es un ejemplo de una construcción política y geopolítica antiimperialista que se percibe como una amenaza y busca ser erradicada antes de que se propague (Tirado, 2019). Según la argumentación de Georgette Ramírez Kuri en su tesis doctoral de Estudios Latinoamericanos por la UNAM:

Finalmente, una tercera consideración es de impronta geoestratégica. Entra en juego la concepción clásica de la geopolítica. Venezuela ostenta una significativa importancia geopolítica, geoeconómica y geoestratégica en función de los intereses estadounidenses. Su posición geográfica la convierte en la puerta de entrada al subcontinente sudamericano. Además, sus vastas reservas de hidrocarburos, especialmente petróleo y gas natural, la destacan como un territorio crucial catalogado como “reserva estratégica” para el capitalismo estadounidense (Tirado, 2019). Según un artículo de Vox publicado el 20 de febrero de 2019, en una sesión informativa privada de julio de 2017 con funcionarios de inteligencia, el entonces presidente Donald Trump aparentemente preguntó por qué Estados Unidos no estaba en guerra con Venezuela, señalando que “tienen todo ese petróleo y están justo en nuestra puerta trasera” (Ward, 2019, traducción propia).

Estos tres elementos contribuyen a que Venezuela sea un caso sumamente interesante para el análisis de las sanciones democratizantes. Además, permite poner a prueba la hipótesis planteada que sostiene que las sanciones democratizantes son contraproducentes en el actual contexto venezolano. Como respuesta preliminar a dicha hipótesis, se argumenta que las sanciones democratizantes de EE. UU. se basan en el uso geoestratégico del poder económico para moldear y administrar regiones y países. En el caso de Venezuela, el objetivo estadounidense no es la democracia, sino disciplinar y recuperar el país como parte del sistema de dominación hegemónico, cancelando así el desafío sistémico-ideológico que representa la Revolución bolivariana (Romero Rebollo, 2023).

Las sanciones son contraproducentes porque, en el orden interno, profundizan la crisis económica. Esta crisis económica tiene un impacto significativo en el descontento democrático, ya que afecta negativamente la percepción de la calidad de la representación política, lo que a su vez disminuye la satisfacción con la democracia (Jurado y Navarrete, 2021). En una democracia frágil como la venezolana, la crisis económica obstaculiza la posibilidad de democratizar el Gobierno.

Por su parte, a escala internacional, las sanciones evidencian la tesis de que, al evaluar la calidad de las instituciones democráticas en los países sometidos a ellas, deben considerarse las limitaciones que el orden internacional imperante impone a la autonomía política en el sur global y los efectos antidemocráticos de las intervenciones extranjeras (Simon y Parody, 2023). Esto significa que, de acuerdo con Simon y Parody, cualquier Estado expuesto a interferencias externas en sus procesos democráticos, como las sanciones democratizantes estadounidenses, y/o limitado en su autonomía política por relaciones de dependencia económica, como es el caso de Venezuela con Rusia y China, es menos democrático de lo que sería sin esas interferencias o limitaciones.

La estructura argumentativa se desglosa en cuatro secciones. En primer lugar, se presenta el modelo analítico y conceptual adoptado para esta investigación. En la segunda sección, se profundiza en las características específicas de las sanciones democratizantes, revisando los casos de Sudáfrica y Myanmar como ejemplos de sanciones con resultados positivos y negativos, respectivamente. En la tercera parte, se realiza un examen detallado de las sanciones impuestas a Venezuela por el gobierno estadounidense en el periodo comprendido entre 2015 y 2019. En la cuarta sección, se abordan los efectos sociopolíticos y geoeconómicos de estas sanciones sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Por último, se concluye con algunas reflexiones finales.

Modelo analítico y conceptual

La geopolítica es un campo de problematización en el que confluyen diversas disciplinas que problematizan la proyección del poder en el espacio, mientras que la geoeconomía, como extensión de la geopolítica, se enfoca en la relación entre el poder económico y un espacio más abstracto, que trasciende las fronteras territoriales y físicas típicas del análisis geopolítico en su sentido clásico (Lorot, 2009). Como destaca Vihma (2018), algunos académicos y analistas sostienen que las grandes estrategias geopolíticas del siglo XXI se centrarán en medios económicos. Sin embargo, coincidiendo con Tussie (2021), se reconoce que, desde el inicio de su vida independiente, las relaciones de la región latinoamericana y caribeña con el resto del mundo han estado intrínsecamente ligadas a la economía global. De tal modo que las fronteras entre la (geo)economía y la (geo)política, así como entre asuntos domésticos e internacionales, se revelan como difusas.

Por ende, se puede concluir que, desde la perspectiva latinoamericana y caribeña, las estrategias geopolíticas de las potencias han estado históricamente centradas en medios económicos, como evidencian las sanciones económicas y los bloqueos aplicados a Cuba en la segunda mitad siglo XX y a Venezuela en la segunda década del siglo XXI. En este tenor, la geopolítica y la geoeconomía en clave latinoamericana y caribeña no solo se complementan, sino que no se puede entender una sin la otra, particularmente en el marco de la “geopolítica de la democratización”.

La geopolítica de la democratización y las sanciones democratizantes

Conforme a la perspectiva crítica de Montoya-Arango (2010), la geopolítica y la geoeconomía pueden ser interpretadas como discursos acerca de las relaciones de poder y como prácticas espaciales que buscan dirigirlas. Esta doble dimensión de discurso (que busca ser deconstruido y cuestionado por la geopolítica crítica) y práctica (como intervención política y económica que altera la forma y sentido de las relaciones espaciales de poder) constituye un claro ejemplo del nexo saber-poder señalado por Michel Foucault (Louis y Beck, 2023) y, por ende, de una “geopolítica del conocimiento”. La transferencia de conceptos, valores y políticas, así como la universalización de un discurso hegemónico en torno a cuestiones como la seguridad, los derechos humanos o la democracia forman parta de una geopolítica del conocimiento que jerarquiza seres, objetos y espacios, los cuales quedan insertos en clasificaciones binarias como inofensivos/peligrosos, subdesarrollados/desarrollados, democráticos/autocráticos, etc. (Montoya-Arango, 2010).

En este orden de ideas, “la geopolítica de la democratización”, como discurso y como práctica espacial de poder, busca difundir e imponer la idea de un orden internacional democrático-liberal necesario, en un mundo que debe ser constantemente intervenido y salvaguardado por las “democracias del mundo desarrollado”. Este discurso “democratizante” determina y condiciona un conjunto de valores y de formas “correctas” de ser y actuar en términos políticos (democracia liberal) y económicos (liberalismo económico o neoliberalismo), las cuales deben ser adoptadas por todos aquellos Gobiernos que pretendan no ser declarados una amenaza al orden internacional vigente. El discurso de la democratización, en estos términos, ha sido instrumentalizado como excusa para llevar a cabo prácticas espaciales de poder, como los son las invasiones o las sanciones económicas que buscan someter a aquellos Gobiernos que son considerados antidemocráticos.

En la segunda mitad del siglo XX, esta geopolítica de la democratización se materializó en la defensa del “mundo libre” frente al “marxismo soviético-castrista”, adoptando cualquier apariencia en la figura del “enemigo interno”, que podía tomar la forma de organizaciones político-militares, así como una huelga pacífica, un programa de estudios o la reunión de jóvenes en torno a una banda de rock (Funes, 2018). En la actualidad, el “marxismo soviético-castrista” ha evolucionado y adoptado la ambigua categoría de “castrochavismo” (Zuluaga Nieto, 2021) como la imagen de

Ante este panorama, la geoeconomía ofrece claves interpretativas fundamentales para comprender la dimensión práctica de la geopolítica y el cambio gradual en el que el poder militar ha ido dando paso al poder económico. Este proceso implica la transformación de la expansión estatal hacia la transnacionalización del mercado, donde la lógica del conflicto se materializa a través de la gramática del comercio (Huissoud y Gauchon, 2013). En este tenor, el enfoque geoeconómico influenciado por figuras como Edward Luttwak, pero sin estar restringido a su perspectiva, ofrece valiosas contribuciones al análisis geopolítico contemporáneo, así como al estudio de las sanciones económicas que se presentan como democratizantes.

En la orientación luttwakiana, el poder económico estatal se emplea de manera geoestratégica para influir en la consecución de los intereses nacionales a través de medios económicos (Vihma, 2018). Esta perspectiva ofrece una visión más amplia para comprender el uso de sanciones económicas por parte de Estados poderosos con el fin de “promover y salvaguardar los intereses nacionales y lograr resultados geopolíticos beneficiosos” (Blackwill y Harris, 2016, p. 20, citado en Domínguez Martín, 2021, p. 20). Así, en ámbitos del “poder duro”, la geopolítica de la democratización como discurso y práctica espacial de poder se manifiesta en el uso geoeconómico de las sanciones democratizantes, recordando un despliegue de poder que evoca la vigencia de la geopolítica clásica.

Los efectos sociopolíticos y geoeconómicos en el contexto de la geopolítica de la democratización

Para analizar los efectos de las sanciones democratizantes es necesario contar con un aparato conceptual que permita definir qué entendemos por “efecto sociopolítico” y “efecto geoeconómico” y cómo estos se relacionan con la geopolítica de la democratización. En primera instancia, un efecto sociopolítico consiste en aquel que afecta directamente a las dinámicas políticas y sociales de un país o región. Puede incluir cambios en el equilibrio de poder, la estabilidad política, la participación ciudadana, entre otros aspectos relacionados con la sociedad y la política.

Por otro lado, un efecto geoeconómico se refiere a las consecuencias económicas a escala regional o global que resultan de ciertas acciones o políticas. Estas consecuencias pueden incluir cambios en los indicadores económicos, como el crecimiento del PIB, la inflación, el comercio internacional, la inversión extranjera, entre otros, y cómo estos afectan a la estructura económica de un país o una región. Es fundamental resaltar que ambos efectos, en el contexto de la geopolítica de la democratización, están intrínsecamente vinculados, ya que las transformaciones económicas tienen impactos en la política y la sociedad, y a su vez, los eventos en el ámbito político influyen en la economía.

El uso geoestratégico del poder económico por parte de los Estados poderosos para moldear y administrar la consecución de sus intereses nacionales a través de medios económicos, bajo la justificación de la democratización de un Gobierno, puede dar lugar a cambios sociopolíticos, incluida la polarización política, el fortalecimiento del Gobierno central en un intento de resistir las sanciones o, en algunos casos, el debilitamiento de las instituciones democráticas. Al mismo tiempo, las sanciones tienen un impacto geoeconómico significativo al limitar el acceso a recursos y mercados internacionales, lo que a menudo resulta en recesión económica, inflación y escasez de bienes, que pueden desencadenar malestar social, protestas y cambios en el equilibrio de poder.

A continuación, para profundizar en las características de las sanciones democratizantes, se analizan someramente dos casos específicos. Uno de ellos es el caso de Sudáfrica, donde estas sanciones contribuyeron de manera positiva a la transición hacia la democracia. Por otro lado, se estudia el caso de Myanmar (anteriormente conocida como Birmania), donde las sanciones tuvieron efectos insignificantes o incluso contraproducentes.

Sanciones con fines democratizantes: grandes expectativas, pocos resultados

Las sanciones internacionales son definidas por Crawford (1999, p. 5, traducción propia) como “la denegación de interacciones habituales (estratégicas, económicas o sociales); [que] pretenden promover cambios sociales, políticos o económicos en un Estado objetivo”. Estas pueden adoptar muchas formas y ser aplicadas por Estados individuales o por coaliciones de Estados reunidos en organizaciones internacionales, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) o la Unión Europea (UE) (David y Holliday, 2012). Desde una perspectiva escéptica, las sanciones democratizantes también pueden entenderse como una herramienta coercitiva para inducir un cambio político en el Estado objetivo (Hart, 2000), así como un instrumento estratégico de política exterior para conseguir concesiones de los gobiernos afectados por estas sanciones (McLean y Whang, 2014).

Por lo general, la forma dominante de las sanciones son las económicas, en la que el país sancionador intenta infligir costes al Estado objetivo de una o varias de las tres formas siguientes: 1. limitando las exportaciones; 2. restringiendo las importaciones; o 3. impidiendo el flujo de financiación (Hufbauer et al., 2007, citado por David y Holliday, 2012). En este sentido, haciendo eco de Gratius y Ayuso (2020), las sanciones forman parte de la estrategia de “diplomacia económica” utilizada por los Estados poderosos y sus aliados para presionar a los más débiles y forzar un cambio de régimen. La democratización, que consiste precisamente en cambiar comportamientos específicos incompatibles con la democracia, o incurrir en la transformación del régimen autoritario a uno más democrático, en términos de democracia procedimental, ha sido el objetivo más común de las sanciones impuestas por EE. UU., la UE y la ONU contra regímenes autoritarios en el periodo posterior a la Guerra Fría (Von Soest y Wahman, 2015).

Las sanciones democratizantes son entendidas en este trabajo como aquellas medidas coercitivas impuestas por actores internacionales, como Estados o coaliciones interestatales, con el objetivo declarado de promover la democratización en un Estado objetivo. Sin embargo, se sostiene que, en la práctica, las sanciones democratizantes pueden tener efectos contraproducentes, como radicalizar gobiernos autoritarios o en proceso de desdemocratización, así como exacerbar las crisis económicas y humanitarias que provocan o profundizan.

Además, se considera que estas sanciones se aplican típicamente en contextos donde existe un debate internacional sobre la legitimidad y el carácter democrático del Gobierno del Estado objetivo, como en el caso de Venezuela, y a menudo se justifican en función de preocupaciones relacionadas con los derechos humanos y la falta de elecciones libres y justas. Es más común que estas sanciones se apliquen a países del sur global. Las sanciones democratizantes, en estos contextos, pueden incluir la congelación de activos, la prohibición de viajar para funcionarios gubernamentales, restricciones comerciales y financieras, y otras medidas diseñadas para ejercer presión política y económica sobre el gobierno en cuestión.

En este orden de ideas, las sanciones democratizantes son consideradas exitosas en la medida en que contribuyen a promover el cambio democrático buscado por quienes las imponen o respaldan (Crawford, 1999). No obstante, el éxito de las sanciones se ve limitado debido a que, aunque puedan generar los efectos económicos deseados, no siempre se logran los cambios políticos exigidos en el gobierno objetivo (Kaempfer y Moffett, 1988). Aproximadamente en un tercio de los casos, las sanciones logran influir en el comportamiento de los Gobiernos señalados, siendo incluso más bajo el porcentaje de éxito cuando el objetivo principal es la democratización del régimen (Bull y Rosales, 2023).

Una línea de investigación en la literatura especializada que explora la relación entre el tipo de régimen político y el éxito de las sanciones ha llegado a la conclusión de que las sanciones impuestas a regímenes autocráticos tienen menos probabilidades de lograr cambios políticos en comparación con aquellas impuestas a regímenes democráticos (Peksen, 2017). Según esta perspectiva, los regímenes autocráticos pueden ser menos susceptibles a la presión externa, ya que sus líderes tienen la capacidad de mitigar los costos de la coerción tanto para ellos mismos como para sus coaliciones de apoyo, interviniendo en el mercado para controlar el flujo de bienes y servicios que las sanciones escasean y redirigiendo la riqueza hacia su base de apoyo, alejándola de sus oponentes y de los ciudadanos comunes. En Irak, por ejemplo, antes de la invasión de 2003, “las sanciones arruinaron a la población al tiempo que fortalecían a Saddam Hussein y a su camarilla, intensificando así también la dependencia del pueblo iraquí del tirano para poder sobrevivir” (Chomsky, 2016, p. 173).

Von Soest y Wahman (2015), en cambio, sostienen que las recesiones económicas tienden a desestabilizar a los regímenes autoritarios, fusionando las escisiones del régimen y las revueltas populares. Desde la perspectiva de estos estudiosos de la democratización comparada, cuando las recesiones económicas son provocadas por sanciones asociadas a objetivos democratizantes, se puede esperar que esta herramienta coercitiva envíe señales especialmente fuertes a los grupos de la oposición, impactando positivamente sus posibilidades de movilizar a las masas para demandar reformas políticas.

Los casos de Sudáfrica y Myanmar son ilustrativos para analizar la efectividad e impacto de las sanciones diseñadas para promover la democratización, sobre todo porque demuestran que estas medidas no son universales ni aplicables de la misma manera en todos los contextos. Sudáfrica muestra que las sanciones, cuando se aplican de manera coordinada y en un momento estratégico, pueden contribuir positivamente a un proceso de transición hacia la democracia. Por otro lado, Myanmar nos alerta sobre la importancia de considerar las condiciones internas y la respuesta del Gobierno al aplicar sanciones, ya que en algunos casos pueden tener efectos insignificantes o incluso contraproducentes. Estos ejemplos subrayan la necesidad de un enfoque cuidadoso y contextualizado al evaluar y aplicar sanciones democratizantes en la política internacional.

Sudáfrica y la transición hacia un sistema democrático

Durante el régimen del apartheid en Sudáfrica (1948-1994) se implementaron políticas de segregación racial y discriminación. En este periodo, se establecieron categorías raciales distintas con el objetivo de lograr la separación física de los diferentes grupos raciales y asegurar una educación inferior para los sudafricanos negros y asiáticos, así como su sometimiento político y económico (Crawford, 1999). En respuesta a esta situación, entre las décadas de 1980 y 1990, las huelgas, los boicots y otras protestas que amenazaban la gobernabilidad en Sudáfrica, junto con la campaña de sanciones internacionales, desempeñaron un rol clave en la abolición del apartheid y la transición hacia un sistema democrático (Klotz, 1995; Carim, Klotz y Lebleu, 1999; Evans, 2017). Aunque las primeras sanciones contra Sudáfrica fueron impuestas por India en 1946, no fue hasta finales de la década de 1980 cuando la comunidad internacional llegó a un consenso sobre la justificación de imponer sanciones al régimen sudafricano, reconociendo que la reforma parcial no era suficiente y que se necesitaba un cambio hacia un gobierno verdaderamente democrático (Crawford, 1999).

En cuanto al grado de éxito de las sanciones, Evans (2017) señala que el impacto de las sanciones económicas y financieras fue un factor decisivo en la creación de las condiciones para el fin del apartheid. Desde su perspectiva, las sanciones ejercieron presión internacional sobre el gobierno sudafricano y contribuyeron al eventual fin del apartheid y la transición hacia la democracia en 1994. Sin embargo, Crawford (1999) sostiene que la campaña de sanciones contra Sudáfrica fue, desde sus inicios, un esfuerzo popular que más tarde adquirió una dimensión internacional, inspirada y dirigida por el movimiento social contra el apartheid. Según esta lógica, centrarse solo en las acciones de las Naciones Unidas o los gobiernos involucrados pasaría por alto gran parte de la actividad antiapartheid desarrollada internamente desde mediados del siglo XX.

De acuerdo con Crawford (1999), a finales de la década de 1980, la mayor parte del movimiento antiapartheid consideraba que las sanciones eran cruciales para la lucha contra el apartheid. El Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), que durante gran parte de su historia lideró la lucha contra la segregación racial y la discriminación en Sudáfrica, consideraba las sanciones como una herramienta de utilidad limitada pero importante, por lo que las sanciones se convirtieron en uno de los cuatro pilares de la lucha del ANC contra el apartheid, los cuales eran: 1. la acción de masas; 2. la lucha armada; 3. el aislamiento diplomático; y 4. las sanciones antiapartheid (Crawford, 1999). En conclusión, las sanciones democratizantes impuestas al régimen racista sudafricano en las últimas décadas del siglo XX son consideradas un caso exitoso debido a su enfoque multilateral y su complementariedad con la estrategia política de la oposición interna. La efectividad de las sanciones fue el resultado de la combinación entre la creciente resistencia interna en Sudáfrica y la presión multilateral a escala internacional.

No obstante, como señalan David y Holliday (2012), este caso es inusual y objeto de un amplio debate. Por un lado, es inusual porque, por lo general, es difícil lograr sanciones globales de la ONU, y solo en contadas ocasiones la comunidad mundial se une en torno a la cuestión de las sanciones. Por otro lado, es objeto de debate, ya que algunos argumentan que la democracia habría llegado a Sudáfrica en la década de 1990, incluso sin la ayuda de las sanciones internacionales.

Myanmar y la estrategia de destruir un país para poder salvarlo

En Myanmar, la llegada de la dictadura militar en la década de 1990 fue el resultado de un golpe militar ocurrido en 1988. Las masivas protestas estudiantiles a favor de la democracia, encabezadas por el partido Liga Nacional para la Democracia (LND), llevaron a la intervención del Ejército, que tomó el control del Gobierno. En las elecciones de 1990, la junta militar en el poder anuló los resultados en los que la LND obtuvo una victoria abrumadora (Rarick, 2006). Desde entonces, el régimen militar impuso un Gobierno autoritario, reprimiendo las libertades civiles, suprimiendo a la oposición política y cometiendo graves violaciones de derechos humanos.

Durante este periodo, las restricciones comerciales, las prohibiciones de inversión y los embargos de armas, entre otras sanciones democratizantes, tuvieron efectos insignificantes o contraproducentes en el proceso de democratización en Myanmar. Según Jones (2014), aunque muchas personas sufrieron las consecuencias de las sanciones, el régimen militar logró redirigir con éxito la economía hacia el este, principalmente hacia China, distribuyendo los ingresos de las exportaciones de recursos naturales en auge entre ellos mismos y sus partidarios. En este tenor, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos fortalecieron los lazos entre Myanmar y China, convirtiendo al gigante asiático en uno de los principales apoyos políticos del régimen militar en Myanmar, además de ser un importante proveedor de armas, como señala Rarick (2006).

Según un análisis de León T. Hadar para el Cato Institute con sede en Washington D. C., la política estadounidense de imponer sanciones comerciales y de inversión unilaterales contra Myanmar resultó ser un fracaso en todos los aspectos, principalmente porque no logró mejorar las condiciones de vida ni los derechos humanos de la población civil (Hadar, 1998). Hadar, al igual que Rarick (2006), sostiene que las sanciones en el país asiático no solo fracasaron en lograr sus objetivos políticos de cambio interno, sino que la principal víctima de estas fue la población. Este argumento se alinea con la afirmación de Peksen (2017) sobre la poca eficacia de las sanciones contra dictaduras militares y unipartidistas, ya que estas tienen una gran capacidad coercitiva e institucional para enfrentar las cargas económicas y políticas impuestas.

A pesar de lo mencionado anteriormente, en 2010 Myanmar celebró sus primeras elecciones tras 22 años de régimen militar directo. Jones (2014) sostiene que el ejemplo de Myanmar ilustra cómo, ante la carencia de divisiones internas marcadas o perturbaciones externas, el régimen militar optó por una “democratización disciplinada” para mantener el orden social y político preexistente. Esto sugiere que las sanciones democratizantes no influyeron en la democratización de este país asiático.

En resumen, las sanciones democratizantes son un instrumento de política exterior utilizado por Estados poderosos para promover la democratización en países con menos poder, donde se perciben deficiencias democráticas o cuyos Gobiernos amenazan intereses geoestratégicos, como es el caso de Venezuela. A través de restricciones comerciales, prohibiciones de inversión y otros mecanismos, se busca presionar a los Gobiernos para que realicen cambios democráticos. Sin embargo, su efectividad puede variar significativamente según el contexto y las condiciones internas del Estado objetivo, como se ilustra en los casos de Sudáfrica y Myanmar.

Sanciones impuestas a Venezuela por Estados Unidos de 2015 a 2019

Hablar del rol que han tenido las sanciones estadounidenses en la crisis venezolana resulta problemático, especialmente considerando que hay quienes argumentan que las sanciones son posteriores a la crisis económica y que simplemente intensifican un ciclo económico caracterizado por una marcada tendencia recesiva (Sutherland, 2020), y quienes sostienen que las sanciones, además de agudizar la crisis económica, hicieron casi imposible para Venezuela estabilizar su economía (Weisbrot y Sachs, 2019).

En otras palabras, algunos argumentan que Venezuela estaría en crisis, y otros afirman que son la principal razón por la que el país petrolero no se ha recuperado de la crisis. De acuerdo con Tirado (2019, p. 88), “la economía venezolana padece desde hace años un boicot financiero y comercial que lastra su desarrollo y que explica, en buena medida, aunque no exclusivamente, los grandes problemas por los que está atravesando el país”.

En un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2020, se destaca que desde el año 2014, diversas personas, entidades y actividades comerciales relacionadas con Venezuela han enfrentado múltiples sanciones impuestas por la comunidad internacional, incluyendo a EE. UU., Canadá y la UE (El Fakih, 2020). Estas medidas buscan, entre otras cosas, generar una situación de tensión interna con el objetivo de debilitar la cohesión en torno a Maduro (Mijares y Cardozo, 2020). EE. UU. fue el primer país en imponer sanciones democratizantes a Venezuela, cuando a partir de 2014, bajo la administración del entonces presidente Barack Obama (2009-2017), el Congreso aprobó la denominada “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela” (El Fakih, 2020), mediante la cual se le exigía al presidente que impusiera sanciones contra quienes identificara como responsables de actos significativos de violencia, graves violaciones de los derechos humanos o acciones antidemocráticas (Congressional Research Service, 2022). Según Tirado (2019), esta ley marcó el inicio del bloqueo de amplio espectro al que está sometido el gobierno de Maduro.

Con el marco legal ya dispuesto, y en virtud de la Orden Ejecutiva 13692, se implementaron sanciones dirigidas a los activos de ocho personas vinculadas al Gobierno venezolano, algunos de ellos militares, al mismo tiempo que se procedió a la revocación de sus visas estadounidenses (El Fakih, 2020). En la perspectiva de Pedro Santander (como se citó en Tirado, 2019), el bloqueo “democratizante” tiene cuatro expresiones: 1. bloqueo por la vía de decretos extraterritoriales; 2. bloqueo a través de intermediarios; 3. bloqueo a través de las agencias de calificación de riesgo; y 4. bloqueo informativo. A partir de 2017, con la llegada a la presidencia de Donald Trump, las sanciones y, por ende, el bloqueo, se intensificaron aún más.

En este contexto, después de la controvertida declaración de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales de 2018, que fueron consideradas fraudulentas por la oposición y por varios países integrantes del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía), así como por Canadá, España y EE. UU., el Gobierno estadounidense emitió tres órdenes ejecutivas adicionales. Estas se sumaron a una previa del 24 de agosto de 2017 y fueron implementadas específicamente entre el 19 de marzo y el 1 de noviembre de ese año (véase Tabla 1). Estas medidas, que apuntan directamente a la industria petrolera y al sector financiero venezolano, han tenido un impacto negativo en la economía del país sudamericano, exacerbando aún más la ya existente crisis económica (Piña, 2021).

Como se puede observar en la Tabla 1, la llegada de Trump a la Casa Blanca produjo una transición gradual de las sanciones individuales a las sanciones sectoriales, lo que implica la ampliación de las medidas restrictivas para abarcar no solo a personas específicas, sino también a sectores económicos clave de Venezuela (El Fakih, 2020). De acuerdo con Tirado (2019), las sanciones se presentaron como medidas específicas que solo afectaban a funcionarios concretos del chavismo, tratando de ocultar el fuerte impacto que estas han tenido en las posibilidades de desarrollo de la economía venezolana (efecto geoeconómico), y, por ende, en la población de Venezuela, ya sea chavista u opositora (efecto sociopolítico).

En esta coyuntura, la autoproclamación de Guaidó en enero de 2019, surgida en medio de tensiones y conflictos internos, infundió nuevas esperanzas en la fragmentada oposición venezolana, que se encontraba dispersa. El joven político venezolano, prácticamente desconocido fuera del país (Mijares y Cardozo, 2020), se convirtió en el agente clave de una estrategia de desgaste adoptada por el gobierno de Trump para debilitar y quitar a Maduro del poder, basada en una doble vía: un enfoque diplomático al reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, por un lado, y la aplicación de una mayor presión económica mediante la imposición de sanciones y el posterior embargo a la industria petrolera venezolana, por el otro (Piña, 2021).

Estas medidas tenían como objetivo privar al gobierno de Maduro de recursos, lo que contribuyó a agravar la ya existente crisis socioeconómica. Además, buscaban asfixiar financieramente a un Gobierno que necesitaba acceder a nuevos créditos para mantener sus programas de asistencia social, los cuales habían contribuido a consolidar su apoyo popular en años anteriores (Piña, 2021). Haciendo eco de la tesis de Von Soest y Wahman (2015), se esperaba que el respaldo de las sanciones orientadas hacia la democratización de Venezuela y el apoyo diplomático a Guaidó brindara a la oposición mayores oportunidades para movilizar a las masas y demandar un cambio de régimen.

Entre las sanciones impuestas por EE. UU. después de reconocer al nuevo gobierno encabezado por Guaidó se incluyen las siguientes medidas (Bull y Rosales, 2023):

Estas sanciones, que se ampliaron de manera continua incluso durante la pandemia de covId-19 en 2020, 2021 y 2022 (Congressional Research Service, 2022), han tenido un impacto significativo en los ingresos del Gobierno venezolano y han empeorado la ya precaria situación económica del país. Las sanciones resultaron en una escasez generalizada de maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gasolina, alimentos y medicinas. Además, han contribuido a la creciente falta de trabajadores calificados debido a la emigración en busca de mejores oportunidades económicas. En particular, profesionales médicos, ingenieros, maestros, profesores, jueces y policías han emigrado, lo que ha tenido un impacto significativo en diversas categorías de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la alimentación, la salud y el desarrollo (Noticias ONU, 2021).

Sin embargo, a pesar de la estrategia de máxima presión, no se logró el cambio político esperado. Estas sanciones, que se convirtieron en la principal apuesta del gobierno de Trump después de descartar la opción militar, tuvieron un éxito exclusivamente nacional al ser utilizadas por Trump como una estrategia para potenciar el voto hispano en el estado de Florida durante las elecciones presidenciales de 2020. La democratización pasó a un segundo plano, pero los efectos de las sanciones y la estrategia de “destruir un país para poder salvarlo” demostraron ser ineficaces y contraproducentes, más parecido al caso de Myanmar que a lo sucedido en Sudáfrica.

Efectos geoeconómicos y sociopolíticos de las sanciones democratizantes en el gobierno de Nicolás Maduro

En el contexto de las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro, la convergencia entre los efectos sociopolíticos y geoeconómicos revela una profunda interrelación en la geopolítica de la democratización. Estas sanciones, concebidas como herramientas para promover la democracia, han tenido un impacto contrario en Venezuela, exacerbando la crisis económica y consolidando el poder de Maduro. Este fenómeno ilustra cómo la intervención externa puede limitar la autonomía política y agravar las condiciones en democracias frágiles, en lugar de fomentar la democratización deseada.

Conclusiones

La elección del demócrata Josep Biden en 2021 no supuso cambios sustanciales en la postura estadounidense hacia Venezuela (Brun, 2022). Se mantuvo el reconocimiento a Juan Guaidó hasta enero de 2023, así como el régimen de sanciones democratizantes. Aunque en octubre de 2023 EE. UU. anunció la suspensión temporal de las sanciones sobre el petróleo, gas y oro como recompensa por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición, en enero de 2024 la administración de Biden anunció la reimposición de sanciones a Venezuela tras la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado para las elecciones presidenciales (Singer, 2024).

Si bien esta investigación se centra en el periodo de 2015 a 2019, se han presentado disantos elementos que cuestionan la eficacia de las sanciones democratizantes y resaltan su alto costo, especialmente para la población más vulnerable y para el conjunto de la sociedad venezolana. En sintonía con el análisis de Tirado (2019), la coincidencia temporal entre las sanciones democratizantes y los impactos económicos y sociales en la población venezolana durante el periodo mencionado lleva a la conclusión de que los factores externos desempeñan un rol mucho más significativo en el declive económico del país que cualquier otra explicación de naturaleza interna. Por ende, a pesar de reconocer la presencia de elementos estructurales o decisiones coyunturales que podrían haber exacerbado la situación económica y, por tanto, la compleja situación política, cualquier análisis exhaustivo de la realidad sociopolítica y geoeconómica en Venezuela debe necesariamente tener en cuenta los efectos de las sanciones impuestas por el gobierno de EE. UU.