La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido fundamental para la comunidad internacional desde su creación en 1945, y para la evolución del derecho internacional ambiental, toda vez que ofrece la posibilidad institucional de llegar a acuerdos internacionales en la Asamblea General. La ONU cuenta además con el Consejo de Seguridad, que funge como órgano ejecutivo, y con la Corte Internacional de Justicia como órgano judicial (Dixon et al., 2011, p. 5). Aunque estos dos órganos no son tan efectivos como lo son las instituciones gubernamentales de los Estados nación, es el único foro a escala internacional que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de 193 países. Lo anterior es relevante, ya que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “transformar nuestro mundo” fue adoptada precisamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 A/RES/70/1 (ONU, 2015, La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) y cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcan el aspecto económico, social y ambiental, una triada en busca del desarrollo sostenible a escala global.
La Agenda 2030 (ONU, 2015, p. 2) es clara al fijar cinco esferas en su preámbulo: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. La primera busca “poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable”. La segunda menciona que el planeta debe de ser protegido “contra la degradación, incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras”. La tercera señala que “el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza”. La cuarta busca “propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia”. Y la quinta abarca las alianzas basadas en la movilización de los medios necesarios para implementar la Agenda 2030 “mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas”.
Este preámbulo muestra que la intención primordial de la Agenda 2030 es erradicar la pobreza en el mundo y estrechar alianzas entre los países con el fin de atender las necesidades de las regiones más vulnerables que, por lo regular, se encuentran en los países del sur global.
Los 193 países que firmaron la Agenda 2030 expresaron su voluntad de poner fin a la pobreza y de combatir las desigualdades mundiales construyendo sociedades pacíficas, justas e inclusivas. También manifestaron su intención de proteger los derechos humanos promoviendo la igualdad de género, así como el empoderamiento de las mujeres y niñas. Finalmente declararon que querían garantizar una protección del planeta y de los recursos naturales.
Por lo anterior, se puede decir que la Agenda 2030 es un compromiso internacional donde a nivel nacional todos los Estados miembros soberanos fijan sus propias metas nacionales en línea con los ODS tomando en consideración el desarrollo sostenible. En el orden regional, los Estados presentan sus metas y cooperarán de manera solidaria. Y a escala mundial se evalúan los progresos de los países. El lema de la Agenda 2030 es “no dejar a nadie atrás”, lo que se debe de ver reflejado en la agenda de los países y en sus acciones en pro del bien común.
La Agenda 2030 contiene una referencia expresa a la Agenda de Acción de Addis Abeba, la cual surgió de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y fue aprobada en julio de 2015 en Etiopía en la resolución A/RES/69/313 y estableció el marco global del financiamiento para el desarrollo al año 2030, por lo que forma parte integral de esta (Dupuy y Viñuales, 2018, pp. 20-24).
No hay que perder de vista que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el resultado de más de cincuenta años de una lucha constante para proteger el medio ambiente y resolver los problemas sociales, económicos y ambientales que enfrenta la humanidad. También busca guiar y orientar a los Estados de una manera clara, específica, medible y comprensible (Sachs, 2015, p. 489).
La parte de la protección ambiental dentro de la Agenda 2030 es muy relevante porque el calentamiento global y el cambio climático tienen un origen antropogénico provocado por la quema de combustibles fósiles para generar electricidad, el transporte, la calefacción, el aire acondicionado, la industrial, la construcción, la ganadería, la agricultura y los vertederos, entre otros (Klopfer, 2008, pp. 1-2). Los daños ambientales tienen una estrecha relación con el comportamiento de la civilización humana (industrialización, crecimiento demográfico, la tecnología en todos los ámbitos de la vida, urbanización, agricultura intensiva), entre otros. Por lo anterior, se puede decir que la contaminación ambiental tiene efectos directos sobre la humanidad: daños a la salud por contaminantes en el aire, por ejemplo, y efectos indirectos tales como: alimentos, agua potable, la producción de oxígeno a través de las plantas, bosques, etc. Sin la protección del medio ambiente la existencia de la humanidad se encuentra comprometida (Klopfer, 2008, p. 2).
La Agenda 2030 (ONU, 2015) establece 17 ODS, como ya se mencionó con anterioridad, de los cuales seis tienen una relación muy estrecha con el medio ambiente. El ODS 6 (agua limpia y saneamiento) tiene una importancia muy relevante debido a que el agua es un líquido vital y cada vez resulta más difícil obtenerla. El ODS 7 (energía asequible y no contaminante) es un reto para esta y para las futuras generaciones toda vez que las energías no renovables tales como el petróleo, el gas y el carbón son asequibles, pero desgraciadamente muy contaminantes. En el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) se busca la armonía entre el ser humano y su entorno. El ODS 13 (acción por el clima) busca la prevención y protección del medio ambiente. El ODS 14 (vida submarina) pretende sanear los océanos y evitar su acidificación. El ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres) tiene la finalidad de crear nuevas zonas naturales protegidas y evitar el cambio de uso del suelo.
Siete de los ODS tienen un vínculo muy estrecho con la seguridad internacional. El ODS 6 tiene como objetivo garantizar agua limpia y saneamiento a los seres humanos. El ODS 7 se centra en la energía asequible, segura, sostenible, renovable y no contaminante. En lo que respecta al ODS 11, este abarca tanto a ciudades como a comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Ahora bien, el ODS 12 tiene como objetivo principal garantizar la producción y el consumo responsable. Por su parte, el ODS 13 tiene como finalidad adoptar medidas urgentes con el objeto de combatir el cambio climático y sus efectos con el fin de garantizar la seguridad de las personas en su lugar de origen. El ODS 16 promueve la paz, la justicia y las instituciones sólidas, lo que implica de manera directa una buena gobernanza y, por ende, un lugar seguro para vivir. Finalmente, el ODS 17 busca la creación de alianzas para lograr el cumplimiento de los ODS, por lo que la cooperación entre Estados es elemental.
Dentro del presente artículo se analizaron diversos instrumentos jurídicos internacionales, así como informes, mediante el método descriptivo, histórico, cualitativo y deductivo con el objeto de analizar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se explica la evolución y adopción del concepto de desarrollo sostenible adoptado en la agenda mundial de 1972 a 2022 y se evalúa el estatus actual de los 17 ODS al año 2023, mencionando su parcial cumplimiento por parte de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea.
Como se comentó en líneas precedentes, el término “desarrollo sostenible” se ha ido incorporando a través de los años en los diversos instrumentos internacionales. A continuación se comentarán algunos instrumentos internacionales celebrados en el seno de la ONU de 1972 a 2022.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de junio de 1972 (ONU, 1972), celebrada en Estocolmo, Suecia, fue la primera conferencia mundial sobre cuestiones ambientales internacionales, por lo que marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional ambiental. Esta conferencia fue muy relevante porque adoptó la Declaración y el Plan de Acción de Estocolmo, donde se establecen principios para preservar y mejorar el medio ambiente. Gracias a esta conferencia se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); un gran logro, ya que es un programa con un enfoque exclusivamente ambiental. La importancia de esta conferencia estriba en que el medio ambiente empieza a formar parte de la agenda internacional ambiental, por lo que a partir de 1972 muchos países empezaron a incluir en sus constituciones nacionales diversas disposiciones ambientales (Birnie, Boyle y Redgwell, 2009, p. 275). Al respecto cabe señalar que el principio 8 de la Declaración de Estocolmo establece que: “el desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y de trabajo favorable y para crear en la tierra las condiciones necesarias de mejora de la calidad de vida” (ONU, 1972). Este principio ya propone el desarrollo económico y social, dos de los tres pilares que conforman el desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible tiene sus orígenes en el Informe Brundtland de 1987 (ONU, 1987), conocido bajo el lema “Nuestro futuro común”, que define al desarrollo sostenible como: “el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro de satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 1987). Este informe le debe su nombre a la ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland y contiene dos conceptos clave: el concepto de necesidades de las generaciones presentes se aboca principalmente a las necesidades básicas de los países menos desarrollados y a los que se les debe dar prioridad. Y la segunda parte explica que tanto las generaciones presentes como las futuras tienen el derecho de satisfacer sus propias necesidades. Por lo tanto, los Estados deben contemplar en sus agendas nacionales el desarrollo económico y social en términos de sostenibilidad.
Este informe fue un hito histórico ya que por primera vez se define el concepto de desarrollo sostenible. Este principio se considera un principio rector que dirige el desarrollo mundial a largo plazo y se compone de tres pilares: el desarrollo social, el desarrollo económico y la protección ambiental. El aspecto económico siempre ha sido el más favorecido, seguido por el desarrollo social, y quedando en última instancia la protección ambiental.
Este concepto ya tiene una larga historia en los instrumentos internacionales y empezó a aparecer con regularidad en los tratados internacionales de carácter ambiental, económico y social a partir de los años 80. Desde la perspectiva internacional ambiental, el concepto jurídico del desarrollo sostenible se compone de dos principios: el principio de equidad intergeneracional y el principio de equidad intrageneracional (Nava, 2021, p. 251). Además de esos dos principios se pueden incluir el principio de integración y el principio de uso sostenible (Sands et al., 2018, pp. 218-219).
Al respecto, uno de los instrumentos internacionales más recientes, el Acuerdo de París de 2015, resaltó la interconexión del desarrollo sostenible con los objetivos del cambio climático y los esfuerzos por erradicar la pobreza (Sands et al., 2018, p. 219). Ahora bien, para que exista un mayor avance del desarrollo sostenible es necesaria la buena gobernanza por parte de los Estados, ya que los gobiernos deben de gestionar sus recursos garantizando el bien común (Sachs, 2015, p. 3). Bajo la adopción de este principio las preocupaciones ambientales se pusieron en primer plano (Birnie, Boyle y Redgwell, 2009, p. 124).
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo se celebró en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992 (ONU, 1992). Esta conferencia es conocida como la Cumbre de la Tierra y en ella se buscó equilibrar la balanza entre el desarrollo económico y la protección ambiental. De ahí surgieron tres instrumentos: el Programa 21, la Declaración de Río y la Declaración de los Principios Forestales. El primero se centró en el desarrollo y la cooperación ambiental transfronteriza. En su capítulo 39 inciso c) señala la necesidad de que todos los países contribuyan, entre ellos los países en desarrollo, para la elaboración de tratados en la esfera del derecho internacional relativo al desarrollo sostenible. En el inciso d) se menciona que debe de proporcionar asistencia técnica a los países en desarrollo en apoyo de sus esfuerzos por mejorar su capacidad legislativa nacional en la esfera del derecho ambiental. El objetivo primordial fue que se tomaran en cuenta tanto los principios universales como las necesidades e intereses particulares y diferenciados de todos los países. El segundo instrumento cuenta con 27 principios ambientales, de alianzas y de cooperación. Ahí se incluyeron planes de acción encaminados a lograr el desarrollo sostenible en los órdenes nacional, regional e internacional. Y el tercer y último instrumento abarca principios para la gestión de los bosques a escala mundial.
Otro de los grandes avances de esta conferencia fue la firma de dos instrumentos internacionales: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Aunado a lo anterior, también se dio pauta a las negociaciones sobre la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Se puede decir que esta fue una de las conferencias más fructíferas en el orden internacional ya que se debatieron muchos retos ambientales globales y se firmaron instrumentos internacionales en pro del medio ambiente.
Al respecto, Antonio Cassese señala que el medio ambiente ha llegado a ser considerado como un bien común, un activo que debería de ser salvaguardado por todos, independientemente del lugar donde se encuentre y, por lo tanto, que no pueda resultar dañado (Cassese, 2005, p. 487). Esta cumbre creó las condiciones para que el derecho internacional evolucionara conforme a la época, ya que la relación entre la protección del medio ambiente y la necesidad de desarrollo económico han sido factores determinantes para su implementación a escala internacional.
Ahora bien, el problema al que se enfrentan los países que intentan industrializarse es que si toman medidas ambientales les resulta muy costoso, y los recursos que tienen a su disposición son muy limitados (Malcolm, 2014, p. 617), por lo que los países del sur global, al carecer de infraestructura y recursos económicos, ralentizan su desarrollo en perjuicio propio.
No cabe duda de que los elementos del desarrollo sostenible se establecen en esta Declaración de Río de una forma ordenada y sistemática en los principios 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí se incluyen la protección al medio ambiente, el desarrollo económico, el derecho al desarrollo, la utilización sostenible de los recursos naturales, así como la asignación equitativa de los recursos naturales tanto dentro de la generación presente como entre las generaciones presentes y futuras (Birnie, Boyle y Redgwell, 2009, p. 116).
El principio 2 de la Declaración de Río adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo señala que:
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional (ONU, 1992, Informe, p. 2).
Este principio explica que los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus recursos naturales, pero con la responsabilidad de no dañar otros Estados o zonas que se encuentren fuera de su jurisdicción (Nava, 2021, p. 236). De lo anterior se desprende que la finalidad de este principio es que el interés y bien común estén por encima del interés nacional, ya que el derecho de un Estado termina donde empieza el derecho del otro. Por lo tanto, los Estados, al aprovechar sus recursos naturales, deben de respetar el medio ambiente, protegerlo, y prevenir posibles daños que pudieran surgir, provenientes de un mal aprovechamiento. El principio 3 de esta misma declaración establece que: “el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras” (ONU, 1992, Informe, p. 2). Este es uno de los retos de la presente generación, ya que se enfrenta al calentamiento global, a la pérdida de biodiversidad, al cambio climático, al aumento del nivel del mar y a las migraciones forzadas, entre otros. En esta Cumbre de la Tierra hubo avances significativos en la esfera medioambiental, sin embargo, la solidaridad y la cooperación no tuvieron el éxito esperado.
La Declaración del Milenio fue adoptada en la Asamblea General (A/ RES/55/2) en el año 2000 (ONU, 2000). Dentro de los valores y principios se reafirmaron los valores fundamentales esenciales para las relaciones internacionales del siglo XXI basados en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza y la responsabilidad común (ONU, 2000, p. 2). Esta Declaración cuenta con ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio: (i) erradicar la pobreza extrema y el hambre; (ii) lograr la enseñanza primaria universal; (iii) promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; (iv) reducir la mortalidad infantil; (v) mejorar la salud materna; (vi) combatir el VIH/ SIDA, el paludismo y otras enfermedades; (vii) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y (viii) fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Es importante señalar que en esta declaración los Estados reafirmaron que las Naciones Unidas son el hogar común e indispensable de toda la familia humana, mediante el cual tratarían de hacer realidad las aspiraciones universales de paz, cooperación y desarrollo, y de apoyar de forma ilimitada los objetivos comunes, y se pronunciaron decididos a alcanzarlos (ONU, 2000, p.10).
Estos objetivos del milenio han ido avanzando de manera paulatina y, pese a que no se cumplieron para 2015, sí se logró reducir la pobreza, controlar enfermedades y dar acceso a la educación especialmente en África y en Latinoamérica y el Caribe (Sachs, 2015, p. 490).
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002, los países se comprometieron a fortalecer y mejorar la gobernanza en todos los planos para lograr la aplicación efectiva del Programa 21, así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el Informe A/CONF.199/20 (ONU, 2002) se volvió a mencionar que para lograr los ODS era necesario contar con instituciones internacionales y multilaterales más eficaces, democráticas y responsables de sus actos, y se reforzó el concepto de desarrollo sostenible con sus tres pilares y con una implementación plena en todos los niveles (Lakshman, Guruswamy y Zebrowski, 1997, pp. 66-68). En esta cumbre se adoptó la Declaración Política y un plan de implementación que incluyó actividades y medidas encaminadas a respetar el medio ambiente. Las áreas más favorecidas fueron el agua, la energía, la salud, la agricultura y la diversidad biológica, entre otras.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro de 2012, conocida como Río+20, los temas tratados fueron principalmente dos: la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y la creación de un marco institucional para el desarrollo sostenible (Sands, 2018, pp. 48-50). Aquí se acordó que dentro del consumo y la producción sostenible se debe de tener en cuenta la información al consumidor, los estilos de vida sostenibles y educación, adquisiciones y publicidad sostenibles, edificios y construcción sostenible, y turismo sostenible, incluyendo el ecoturismo (Sands, 2018, p. 50).
El Acuerdo de París de 2015 (ONU, Acuerdo de París, 2015) establece medidas para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) aplicando los enfoques de adaptación y mitigación. Este acuerdo fue firmado el 12 de diciembre de 2015 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21) en París y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Dicho acuerdo cuenta con diversos objetivos encaminados a la reducción de las GEI con el fin de limitar el aumento de la temperatura global a 2 °C y preferiblemente a 1.5 °C en comparación con los niveles preindustriales.
En su artículo 6 se establece que:
1. Las Partes reconocen que algunas Partes podrán optar por cooperar voluntariamente en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr una mayor ambición en sus medidas de mitigación y adaptación y promover el desarrollo sostenible y la integridad ambiental (ONU, Acuerdo de París, 2015, p. 6).
También se estipula en el Acuerdo que “una parte de los fondos devengados de las actividades que se realicen en el marco del mecanismo para contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar el desarrollar sostenible” (ONU, Acuerdo de París, 2015, p. 5) será para “sufragar los gastos administrativos y para ayudar a las Partes que son países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático a hacer frente a los costos de la adaptación” (ONU, Acuerdo de París, 2015, p. 6). Estos dos enfoques de mitigación y adaptación forman la columna vertebral de este Acuerdo de París, ya que mediante estos enfoques se pretende llevar a cabo proyectos verdes del sector público y privado con el fin último de combatir el cambio climático. Es importante mencionar que este acuerdo es el más importante a la fecha, ya que promueve la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y fomenta el desarrollo sostenible (Gutiérrez, 2022, p. 95).
En años recientes se ha observado a escala internacional que el cambio climático no conoce fronteras (Maslin, 2014, pp. 68-94) y sus efectos son cada vez más evidentes. Las costas, las inundaciones y sequías, los huracanes, los ciclones, las lluvias y olas de calor, la salud humana, la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos. No cabe duda de que los impactos del cambio climático se incrementarán de manera considerable en la medida en que las temperaturas sigan aumentando.
De acuerdo al Informe sobre la Brecha de Emisiones 2022 del Programa para el Medio Ambiente de la ONU, “la ventana de oportunidad se está cerrando” (ONU, Brecha de Emisiones, 2022); explica que las contribuciones determinadas en el orden nacional (CDN) son insuficientes para lograr limitar el calentamiento global a 1.5 °C, ya que las emisiones anuales de GEI a escala mundial deben de reducirse en un 45 % en comparación con las proyecciones de emisiones basadas en las políticas vigentes de aquí al año 2030 y deben de continuar disminuyendo para evitar el carbono atmosférico restante. El informe señala que si no se adoptan medidas adicionales para complementar las políticas vigentes, se calcula que a lo largo del siglo XXI se producirá un calentamiento global de 2.8 °C. Si se aplican los escenarios basados en las CDN incondicionales y condicionales esta cifra se reduce a 2.6 °C y 2.4 °C, respectivamente (ONU, Brecha de Emisiones, 2022).
Es importante mencionar que en la Conferencia de las Partes (COP), 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Cumbre del Futuro, celebrada en Sharm el Sheij el 20 de noviembre de 2022, se llegó al acuerdo de proporcionar financiación por pérdidas y daños a los países más vulnerables y afectados en primera línea por los desastres naturales.
El mundo se encuentra ante una emergencia climática y los cinco países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero son: China con 29.2 %, Estados Unidos con 11.2 %, India alcanzando un 7.3 %, la Unión Europea un 6,7 % y Rusia un 4.8 % (STATISTA, 2022). Estos países contribuyen en total con un 59.2 % de emisiones de GEI a la atmósfera, por lo que queda claro que mientras estos países no disminuyan sus emisiones, el calentamiento global será inevitable. Al respecto, la hoja de ruta de la UE va dirigida a una economía hipocarbónica competitiva y se ha propuesto disminuir sus GEI al año 2030 en un 55 % y a lograr una economía climáticamente neutra para 2050 (Gutiérrez, 2022, p. 204). Aunque lo anterior contribuye de manera positiva para el medio ambiente, no es suficiente para poder reducir el calentamiento global. Si por lo menos estos Estados se comprometen a reducir drásticamente sus emisiones al año 2030, el planeta podría beneficiarse considerablemente, de lo contrario el escenario será catastrófico para los países del sur global y para los países más vulnerables, provocando un éxodo migrante, escasez de comida, aumento del nivel del mar, más sequías, inundaciones, huracanes, inviernos más fríos y veranos más calurosos.
Hay que tomar en consideración que desde principios del siglo XXI y hasta 2019 las emisiones de GEI han aumentado de manera desmesurada y han potenciado el efecto invernadero natural que afecta la vida en el planeta Tierra. En 2019 la pandemia de covId-19 trajo consigo una disminución en los GEI en un 3.7 % en 2020 en comparación con los niveles de 2019, pero en 2022 el nivel de 53.8 GT CO2 EQ, un 2.3 % más que en 2019 y un 1.4 % más que en 2021 (European Commission, 2023, p. 5). Pese a los acuerdos internacionales las emisiones siguen aumentando. Como se comentó con anterioridad, China, Estados Unidos, India, la UE, Rusia y Brasil fueron en 2022 los mayores emisores en 2022 en el mundo. Estos cinco Estados representan el 50.1 % de la población global, así como el 61.2 % del producto interno bruto (PIB) mundial, el 63.4 % de los combustibles fósiles mundiales y el 61.6 % de las emisiones globales de GEI. Por desgracia, los tres primeros países aumentaron sus emisiones en comparación con 2021, donde India incrementó sus emisiones en un 5 %. Y los tres últimos emisores redujeron sus emisiones en 2022, siendo Rusia la que mayor descenso registró, con un -2.4 % (European Commission, 2023, p. 5).
El Informe del grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2023) (IPCC por sus siglas en inglés) señala que ya en 2018 el IPCC pedía a la comunidad internacional limitar el calentamiento a 1.5 °C; ahora, en 2023, el desafío es mayor por el incremento de GEI. Se señala que las medidas adoptadas hasta el momento han sido insuficientes para hacer frente al cambio climático. Aunado a lo anterior, tanto la quema de combustibles fósiles como el uso desigual e insostenible de la energía y las tierras durante más de un siglo han provocado un calentamiento global de 1.1 °C por encima de los niveles preindustriales. Esto ha provocado fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, y más intensos, que han generado impactos cada vez más peligrosos en la naturaleza y las personas en todas las regiones del mundo. Cada aumento en el calentamiento global se traduce en peligros que se van agravando de manera expedita. Ejemplos sobran en Europa y en América Latina y el Caribe con las olas de calor de mayor intensidad, causando la muerte de personas y animales. De igual manera, las lluvias más fuertes y otros fenómenos meteorológicos extremos, como los huracanes, representan riesgos para la humanidad y los ecosistemas. El informe señala que se prevé que la inseguridad alimentaria y la inseguridad hídrica asociadas al clima se incrementen debido al aumento del calentamiento, y que cuando los riesgos se combinan con otros fenómenos adversos, como las pandemias o los conflictos, resulta aún más difícil controlarlos. Se menciona también que “la justicia climática es crucial porque quienes menos han contribuido al cambio climático se ven afectados de forma desproporcionada” (IPCC, 2023). Esto significa que a pesar de que los países del sur global no han contribuido al cambio climático, debido a su situación geográfica son los que están pagando las consecuencias de la industrialización de los países desarrollados. Y aunque los últimos se han comprometido a apoyar a los primeros con recursos económicos y con capacitación, la realidad es que la ayuda es poca e insuficiente para enfrentar el cambio climático de manera integral.
En la reunión internacional titulada “Estocolmo+50: un planeta sano para la prosperidad de todos - nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad” (ONU, Informe Estocolmo, 2022), se conmemoraron cinco décadas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972. En el documento A/CONF238/9 se alentó a los países a hacer frente a la triple crisis planetaria: el clima, la naturaleza y la contaminación. Nuevamente se puso sobre la mesa el principio de desarrollo sostenible y la responsabilidad intergeneracional. Estocolmo+50 incluye un marco mundial para la diversidad biológica, un acuerdo de aplicación para la protección de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional y el desarrollo de un nuevo convenio relativo a los plásticos y la colaboración con las conferencias pertinentes, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos de 2022. La reunión se enfocó en buscar soluciones para la triple crisis planetaria: el clima, la naturaleza y la contaminación, donde se incluyen los ODS de la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, el Marco Mundial de la Biodiversidad posterior a 2020, y se pretende lograr la adopción de planes verdes.
La edición especial del Informe de Desarrollo Sostenible 2023 (ONU, ODS, 2023) propone cinco esferas prioritarias de medidas urgentes para poder cumplir con los compromisos internacionales. La primera esfera señala que:
Los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno deben comprometerse a tomar medidas aceleradas, sostenidas y transformadoras en los próximos siete años, tanto a nivel nacional como internacional, para cumplir la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, ODS, 2023).
La segunda esfera menciona que:
Los Gobiernos deben promover políticas y medidas concretas, integradas y específicas para erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y poner fin a la guerra contra la naturaleza, haciendo hincapié en la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas, y el empoderamiento de los más vulnerables (ONU, ODS, 2023).
La tercera esfera indica que:
Los Gobiernos deben fortalecer la capacidad, la rendición de cuentas y las instituciones públicas en los ámbitos nacional y subnacional para acelerar el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, ODS, 2023).
La cuarta esfera menciona que:
La comunidad internacional debe volver a comprometerse en la Cumbre sobre los ODS a cumplir con la Agenda de Acción de Addis Abeba y movilizar los recursos y las inversiones necesarios para que los países en desarrollo, y en particular los países en situaciones especiales y los que experimentan una vulnerabilidad aguda, alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, ODS, 2023).
Y la quinta y última esfera dice que:
Los Estados miembros deben facilitar que se siga fortaleciendo el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo e incrementar la capacidad del sistema multilateral para afrontar los problemas que surjan y solventar las lagunas y deficiencias de la arquitectura internacional relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han quedado patentes desde 2015 (ONU, ODS, 2023).
En este orden de ideas se puede decir que mientras los jefes y jefas de Gobierno no se comprometan a tomar medidas aceleradas, sostenidas y transformadoras en los próximos siete años, no fortalezcan el sistema de las Naciones Unidas, y no se movilicen los recursos económicos prometidos a los países en desarrollo, difícilmente se alcanzarán los objetivos y metas previstas para 2030. De acuerdo con el Informe de ODS 2023, solo el 15 % están bien encauzados, 48 % están graves o moderadamente retrasados y el 37 % están estancados o en retroceso. El estatus actual de los 17 ODS publicados por la ONU en edición especial al año 2023 es el siguiente:
De acuerdo con el informe (ONU, ODS, 2023, p. 12), se espera que para el año 2030, 575 millones de personas vivan en pobreza extrema y se estima que solo un tercio de los países reduzcan a la mitad sus niveles nacionales de pobreza. En el mundo, de 2015 a 2021 los países aumentaron el gasto público en servicios esenciales tales como: enseñanza, salud y protección social, pasando del 47 % al 53 %.
Este objetivo (ONU, ODS, 2023, p.14) se encuentra en riesgo, ya que una de cada tres personas en el mundo enfrenta inseguridad alimentaria de grave a moderada y se proyecta que más de 600 millones de personas sufran de hambre en 2030. Cabe mencionar que los precios de los alimentos se incrementaron de 2015 a 2019 en un 15.2 %, mientras que durante la pandemia de covId-19 subieron de manera irracional hasta en un 48.1 %. Ya para 2021 los precios descendieron a un 21 %, sin embargo, se siguen considerando altos para el sector de la población con menos recursos económicos.
La malnutrición de los niños es otro grave problema, ya que pone en riesgo su bienestar y futuro. Al respecto, el informe señala que 148 millones de niños menores de cinco años sufrieron de retraso de crecimiento, 45 millones de emaciación y 37 millones de sobrepeso en 2022.
Este objetivo de salud y bienestar (ONU, ODS, 2023, p. 16) todavía no se ha alcanzado, ya que, por una parte, los gastos directos para la salud llevaron a 381 millones de personas a la pobreza extrema, esto equivale al 4.9 % de la población. Por otra parte, en 2020 se dio a conocer que una mujer muere cada dos minutos de causas prevenibles con el embarazo o el parto. Ahora bien, también existen casos exitosos, como con el tratamiento del VIH, ya que este se redujo en un 52 % desde 2010, y al menos una enfermedad tropical desatendida fue eliminada en 47 países, y 146 de 200 países ya alcanzaron o están por alcanzar la meta relativa a la mortalidad de los menores de cinco años, por lo que también se han logrado avances notables para mejorar la salud en el mundo, pero todavía falta mucho por hacer.
Por desgracia, este objetivo de educación de calidad (ONU, ODS, 2023, p. 20) va progresando de manera muy lenta, ya que con la pandemia de covId-19 generó pérdidas de aprendizaje en cuatro de cinco de los 104 países estudiados en el Informe 2023 en mención. Los países de ingresos bajos, y medios bajos, se enfrentan a un déficit de financiación anual de casi 100,000 millones de dólares para alcanzar sus metas de enseñanza. Lamentablemente, sin medidas adicionales se presume que 84 millones de niños y jóvenes no asistirán a la escuela, 300 millones de alumnos no lograrán las competencias básicas de alfabetización y aritmética, y solo uno de seis países alcanzará la meta de finalización de la enseñanza secundaria universal. Aunque la tasa de finalización de la enseñanza primaria aumentó del 85 % en 2015 al 87 % en 2021, y la enseñanza secundaria inferior aumentó en del 74 % en 2015 al 77 % en 2021, y la enseñanza secundaria superior aumentó del 53 % en 2015 al 58 % en 2021, el ritmo es lento y desigual.
Este objetivo de igualdad de género (ONU, ODS, 2023, p. 22) difícilmente se alcanzará para el año 2030, ya que solo el 15.4 % está bien encauzado, mientras que el 23.1 % está moderadamente encauzado y el 61.5 % está lejos o muy lejos de las metas, por lo que se desprende del informe que al ritmo actual se necesitarían 300 años para terminar con el matrimonio infantil, 286 años para llenar los vacíos en la protección jurídica y eliminar las leyes discriminatorias y 140 años para alcanzar la representación igualitaria en cargos de liderazgo en el lugar de trabajo. Otro tema muy relevante y poco tratado es el hecho de que las mujeres casadas por lo regular carecen de poder de decisión sobre su salud, derechos sexuales y reproductivos.
El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que existen
cuatro nudos estructurales de la desigualdad de género: la desigualdad socioeconómica y la pobreza; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público (CEPAL, 2022).
Por lo que:
estos cuatro nudos estructurales, que atraviesan el conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, limitan la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones de las mujeres y niñas de la región (CEPAL, 2022).
Termina diciendo que:
Las múltiples crisis generadas por la pandemia de covId-19 han profundizado los nudos estructurales de la desigualdad y han producido grandes retrocesos que ponen en riesgo el logro de las metas fijadas en 2015 para el cumplimiento de la Agenda 2030 (CEPAL, 2022).
Este Objetivo de Desarrollo Sostenible que abarca lo referente al agua potable, el saneamiento (CEPAL, 2022, p. 24) y la higiene estuvieron fuera del alcance de miles de millones de personas en 2022. En lo que respecta al agua gestionada de manera segura, 2,200 millones de personas carecían del servicio, 3,500 millones de personas no disponían de saneamiento gestionado de manera segura y 2,200 millones de personas no contaban con instalaciones básicas para lavarse inclusive las manos.
Si se quieren alcanzar las metas previstas para 2030 se tendría que aumentar en seis veces lo referente al agua potable, en cinco veces el saneamiento y en tres veces la higiene. El agua es un líquido vital, por lo que debe de acelerarse la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos, debido a que 55 % de los países se encuentran en un nivel limitado, 22 % en sustancial, 44 % cercano a la meta y solo 52 % en moderado. También es importante mencionar que el 81 % de las especies que dependen de los humedales continentales han estado disminuyendo desde 1970 por la mancha urbana, el incremento de población, los asentamientos irregulares, etc. Finalmente, cabe mencionar que 2,400 millones de personas ya vivían con escasez de agua en algunos países desde el año 2020, por lo que se espera que el número de personas con déficit de agua aumente de manera considerable para 2030 si no se toman las medidas pertinentes en los órdenes internacional, estatal y municipal.
Este objetivo de garantizar a la población mundial una energía asequible y no contaminante (CEPAL, 2022, p. 26) está muy lejos de llegar a su meta sobre todo en los países del sur global, ya que la financiación pública internacional para la energía no contaminante en los países en desarrollo continúa disminuyendo; en 2017 se financiaban 26,4 millones de dólares y en 2021 solamente 10.8 millones de dólares: menos de la mitad en cuatro años. Por ejemplo, 675 millones de personas viven sin luz y cuatro de cinco personas se encuentran en África subsahariana en 2021. Se puede decir que, si las tendencias continúan, una de cada cuatro personas todavía utilizará sistemas para cocinar inseguros y poco eficientes para 2030, con lo que no se podrá lograr cumplir con el objetivo fijado para esa fecha. Ahora bien, las fuentes renovables modernas generan casi el 30 % de la energía eléctrica, pero en calefacción se tiene apenas el 10.4 %, en transporte el 4 % y en electricidad el 28.2 %. De 2015 a 2020 se contaba con una tasa de mejora anual de la intensidad energética de 1.4 %, lo que es muy poco, debido a que se necesitaría que de 2020 a 2023 aumentara a un 3.4 %, situación que no ha sucedido.
Este ODS sobre el trabajo decente y el crecimiento económico (CEPAL, 2022, p. 28) ha sido muy complicado debido a que después de la pandemia de covId-19 la recuperación económica ha sido muy lenta y sobre todo en los países del sur global. La tasa de crecimiento anual del PIB mundial real per cápita fue en 2020 del -4.1 %, en 2022 de 2.2 %, y las proyecciones para 2023 están en 1.4 % y para 2024 en 1.6 %. Uno de los problemas a los que se enfrenta la humanidad a escala internacional es el trabajo informal. Al año 2022 se estima que 2,000 millones de trabajadores viven en la informalidad y sin protección social. Lo más desolador es que uno de cada cuatro jóvenes está desempleado, no cursan estudios ni reciben formación, los conocidos como los NINIS en México.
Este ODS sobre la industria, la innovación y la infraestructura (CEPAL, 2022, p. 30) no ha avanzado como se esperaba. El crecimiento mundial de la manufactura se redujo en 2021 del 7.4 % al 3.3 % a causa de la inflación, de las interrupciones en los suministros, de la desaceleración económica mundial y de los impactos en los precios de energía. Las industrias de tecnología media alta y alta experimentaron un firme crecimiento en 2022 pero con variaciones por región. Por ejemplo, en África subsahariana aumentó en un 21.7 %, mientras que en Europa y en América del Norte subió 47.7 %, y en Asia oriental en un 47.1 %. Se puede decir que África subsahariana y Oceanía son las regiones donde el acceso a la banda ancha móvil de 3G o superior al año 2022 es más baja que en el resto del mundo, ya que en la primera es de 82 % y en la segunda solo de 68 %, siendo que en el mundo es del 95 %.
La reducción de las desigualdades (CEPAL, 2022, p. 32) se acentuó en la pandemia de covId-19. Se dice que ha sido el mayor aumento de la desigualdad entre países en tres décadas. Las diferencias de ingresos entre países disminuyeron en un 37 % entre 1990 y 2019, y de 2019 a 2020 hubo un cambio radical de desigualad entre países, ya que pasó de -0.8 % en 2019 a un 4.4 % con las proyecciones pospandemia. Las desigualdades se han incrementado de manera exponencial desde 2019 y lo más preocupante a escala global es el tema migratorio. En 2022, la cantidad de refugiados alcanzó una cifra sin precedentes de 34.6 millones de personas, y lo que llama la atención es que el 41 % del monto total es de niños. Al parecer, son menores no acompañados que perdieron a sus padres o que viajan solos con la esperanza de programas de reunificación familiar. Lo cierto es que año con año se pierden vidas en las rutas migratorias y no se ha podido garantizar una migración segura en el orden mundial. Otra cruda realidad es la discriminación que sigue existiendo por el solo hecho de ser mujer. De acuerdo al informe en cita, las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de denunciar casos de discriminación por razón de sexo.
En la región de América Latina y el Caribe el crecimiento económico y la recuperación de empleos han sido lentos después de la pandemia de covId-19. Además, existen en la región mayores presiones inflacionarias y una elevada volatilidad cambiaria, por lo que existe poca inversión y productividad. Por ende, la informalidad, la pobreza y la desigualdad aumentan. Las asimetrías continúan y los grupos más vulnerables siguen siendo los grupos originarios, mujeres, niñas, niños, y ahora se incluye también a los adolescentes (CEPAL, 2022, p. 24). Otro ejemplo claro es la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral. En 2020 se experimentó un retroceso de 18 años al disminuir del 51,8 % en 2019 al 47,7 %, mientras que la tasa de participación de los hombres disminuyó del 75,5 % al 70,8 % (ONU, ODS, 2023, p. 31). La situación global es que la mujer se sigue viendo por la sociedad como la cuidadora de niños, adultos mayores, enfermos, padres, pareja, etc., y esto repercute en su formación, en su trabajo, en su ingreso y en su desarrollo profesional.
Este objetivo de ciudades y comunidades sostenibles (ONU, ODS, 2023, p. 34) ha ido empeorando con el paso del tiempo. Antes se decía que el aire de las zonas rurales era mejor que el de las zonas urbanas, pero la contaminación en los pueblos de Asia oriental durante 2019 era peor que el de las ciudades. Por otra parte, uno de cada dos habitantes urbanos tiene acceso conveniente al transporte público, según el informe en mención, y tres de cada cuatro ciudades cuentan con menos del 20 % del área dedicada a espacios públicos y calles. Esto se encuentra mucho más abajo que la meta del 45 % al 50 % con datos del año 2020. En los países del sur global, 1,000 millones de personas no disponen de acceso a carreteras y 1,100 millones de habitantes viven en barrios marginales, y lo más alarmante es que se pronostica que 2,000 millones más vivan bajo esas condiciones en los próximos 30 años.
La producción y el consumo responsables (ONU, ODS, 2023, p. 36) es otra de las metas que seguramente no se lograrán para el año 2030. Al respecto, los países de ingresos altos dejan una huella ambiental superior a los países de ingresos bajos. Se estimó que la huella material per cápita de los países de ingresos altos es diez veces superior a la de los países de ingresos bajos durante 2019. En cuanto a la sostenibilidad, de 2019 a 2022, 62 países y la Unión Europea adoptaron 485 normativas para cambios en el consumo y producción sostenibles. Esto incluye, por ejemplo, la eliminación de los plásticos de un solo uso. La realidad es que en promedio cada persona desecha 120 kilos de alimento por año y, tristemente, las subvenciones a los combustibles fósiles han regresado y casi se han duplicado debido a las crisis globales. En 2020 las subvenciones estaban en 375 millones de dólares, pero para 2021 aumentaron a 732 millones de dólares, situación que casi aumentó en un 100 %.
Este objetivo de acción por el clima (ONU, ODS, 2023, p. 38) debería de ser uno de los más importantes en el mundo, ya que el planeta Tierra se encuentra al borde de la catástrofe climática. Se estima que el mundo superará los 1.5 °C para 2035 y enfrenta 2.5 °C de calentamiento para el año 2100. La comunidad internacional necesita tomar medidas urgentes, rápidas y sostenibles de reducciones de GEI en un 43 % para 2030, pero desgraciadamente el escenario no se ve favorable. Otro tema primordial es el aumento del nivel del mar, que se ha duplicado en la última década debido al calor extremo que ha provocado el deshielo y derretimiento de los polos, lo que provoca que más agua dulce llegue a los mares y, por ende, el nivel del mar se eleve. De 2010 a 2020 las regiones vulnerables a desastres naturales tales como sequías, inundaciones, huracanes, lluvias, etc., han experimentado una tasa de mortalidad quince veces superior a las regiones poco vulnerables. En América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022, p. 35) y básicamente en todo el mundo, 2020 fue un año marcado por récords de temperatura y fenómenos meteorológicos extremos de gran impacto, que podrían volverse más intensos y frecuentes si el calentamiento global persiste. Las sequías duraderas representan uno de los principales efectos del cambio climático en el caso de América Latina y el Caribe, porque implican mayores vulnerabilidades relacionadas con el sector externo, la seguridad alimentaria y la seguridad energética (CEPAL, 2022, p. 35).
La protección de la vida submarina (ONU, ODS, 2023, p. 40) es crucial para la vida en la Tierra y los océanos están sufriendo de pesca excesiva, toda vez que más de un tercio, uno de cada cinco peces, es capturado por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La contaminación por plásticos es otro problema grave. En 2021 encontraron 17 millones de toneladas métricas y se espera que para 2040 sean dos o tres veces más. La eutrofización costera ha provocado la proliferación de algas y zonas muertas, y la acidificación de los océanos ha aumentado en un 30 % en comparación con el periodo industrial. Por lo anterior, no cabe duda de que existe una emergencia oceánica.
Con datos del informe de la CEPAL (CEPAL, 2022, p. 87), el flujo anual de plástico hacia los océanos en todo el mundo puede triplicarse para 2040 hasta una media de 50 kg de plástico por metro de costa, mientras que el acumulado en el océano aumentaría a más de cuatro veces el nivel actual. Lo anterior, en el caso de que no exista cooperación internacional, recursos económicos, voluntad política y social, pero sobre todo ambiental.
La vida de los ecosistemas terrestres (ONU, ODS, 2023, p. 42) está en peligro debido a que se ha perdido una gran parte de los bosques, los suelos se han degradado, las especies se están extinguiendo y las áreas naturales protegidas en zonas de biodiversidad se estancaron desde 2015. Es preciso mencionar que 100 millones de hectáreas de tierras sanas y productivas se han estado degradando desde 2015 y esto resulta en perjuicio de la humanidad, ya que equivale al doble del tamaño de Groenlandia.
América Latina y el Caribe encabezan en el mundo la confluencia de tres grandes tendencias en las últimas décadas: pérdida de bosques, incremento de las tierras con cultivos herbáceos y aumento de las tierras con cultivos de pastizales (CEPAL, 2022, p. 99). Sin embargo, aumentaron la proporción de superficie de bosques dentro de las áreas protegidas del 25 % en 2000 al 31.3 % en 2020, siendo una de las regiones del mundo con mayor proporción de protección de áreas boscosas. Asia sudoriental cuenta con un 38.8 %, y Asia Occidental con un 33 %. Sin embargo, el promedio mundial es del 17.8 % y regiones como Europa solo cuentan con un 6.5 %, mientras que América del Norte cuenta solo con un 4.5 % (CEPAL, 2022, p. 101).
Este objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas (ONU, ODS, 2023, p. 44) no se ha logrado, ya que en 2022 hubo un aumento de muertes de civiles a causa de conflictos, con más del 50 % generado por la guerra en Ucrania. El mundo tuvo en 2021 el mayor número de homicidios dolosos en 20 años, donde se perdieron 458,000 vidas, de las cuales nueve de cada diez víctimas eran hombres. Por otra parte, 108.4 millones de personas fueron desplazadas de manera forzosa en todo el orbe a finales de 2022, esto representa 2.5 veces más la cifra de hace una década. Y casi 200,000 víctimas de trata de personas se detectaron a escala mundial entre 2017 y 2020; sin embargo, es probable que las cifras sean mucho más altas.
Este último objetivo sobre las alianzas para lograr los objetivos (ONU, ODS, 2023, p. 48) se encuentra en un estado delicado. En noviembre de 2022 la estadística arrojó que 37 de los 69 países más pobres del mundo corrían un alto riesgo de endeudamientos excesivos o ya lo estaban sufriendo. Y dos de cada tres personas usaron Internet en 2022. Por otra parte, la financiación de la Ayuda Oficial para el Desarrollo para datos disminuyó en un 20 % de 2018 a 2020. En lo que respecta al Internet, dos de cada tres personas lo usaron, no obstante, 259 millones más de usuarios eran del sexo masculino.
Con datos del informe de la CEPAL (CEPAL, 2022, p. 52), los ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 2 (hambre cero), ODS 5 (igualdad de género), ODS 6 (agua limpia y saneamiento), ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles), ODS 13 (acción por el clima) y ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) se encuentran en una zona de riesgo mayor respecto al resto de los ODS. Por otra parte, los ODS 3 (salud y bienestar), ODS 7 (energía asequible y no contaminante), ODS 14 (vida submarina), ODS 15 (ecosistemas terrestres) y ODS 17 (alianzas para lograr los Objetivos) están en mejores condiciones en su tránsito hacia la consecución de las metas. De cualquier manera, se necesita reforzar y ampliar los compromisos, ya que el 46 % de las metas necesita una aceleración en el ritmo de avance hacia los umbrales estipulados, mientras que el 22 % necesita una reversión en la tendencia observada.
En la Unión Europea, con datos de EUROSTAT (2023), el estatus de los ODS en los últimos cinco años, dividido en dos periodos (2016-2021 y 2017-2022), muestra que la UE ha tenido avances considerables. Los progresos más significativos han sido en el ODS 1 (hambre cero), en el ODS 5 (igualdad de género) y en el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico). De igual manera, existen progresos en el ODS 10 (reducción de las desigualdades), el ODS 3 (salud y bienestar), el ODS 4 (educación de calidad) y el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura). El progreso del ODS 2 (hambre cero), el ODS 6 (agua limpia y saneamiento), el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles), el ODS 12 (producción y consumo responsables) y el ODS 14 (vida submarina) fue menos favorable. El ODS 13 (acción por el clima), el ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres) y el ODS 17 (alianzas para lograr objetivos) están en camino de un mayor progreso debido a las reformas en el ordenamiento jurídico de la UE. Específicamente, el ODS 13 (acción por el clima) mejorará en un futuro próximo inmediato ya que la UE se ha pronunciado por cero emisiones al año 2050, por lo que las energías renovables y la transición energética serán parte medular en el logro de los ODS. En este orden de ideas, la UE se comprometió a reducir sus emisiones en un 55 % para el año 2030 en comparación con los niveles de 1990. Cabe mencionar que el informe analizó las crisis actuales sobre la evaluación de los ODS incluyendo la crisis energética de la UE y los efectos de la pandemia de covId-19 (EUROSTAT, 2023).
Para el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 se necesitan inversiones para construir y mejorar las infraestructuras en la gestión del agua, en la transición energética, en el transporte, en la educación, en los sistemas de salud y otros (Sachs, 2015, p. 496). Ahora bien, el compromiso de destinar 100,000 millones de dólares al año a los países menos desarrollados es un buen comienzo, pero los recursos no han sido liberados en su totalidad.
La Agenda 2030 ha sido el compromiso internacional más importante que han firmado 193 países de la ONU y sus 17 ODS se encuentran estrechamente vinculados al desarrollo sostenible en sus tres ámbitos: el económico, el social y el ambiental.
Como se pudo apreciar a lo largo del artículo, el informe de ODS de la ONU en la edición especial 2023 muestra con claridad que las metas prometidas al año 2030 difícilmente se podrán cumplir en su totalidad debido a que en algunos países del sur global existe un retraso de alrededor de tres décadas porque muchos proyectos se han visto afectados de manera considerable por cuestiones de carácter económico, toda vez que el financiamiento prometido por parte de los países desarrollados no ha llegado.
En lo que respecta al informe de ODS de la ONU, de la CEPAL y de EUROSTAT, los tres coinciden en que el avance en el cumplimiento de los ODS es lento y asimétrico en algunas regiones del mundo, sobre todo en África, Asia, Latinoamérica y el Caribe. También se menciona en los tres informes que si el calentamiento global continúa, la vida en el planeta estará comprometida, porque cada vez habrá inviernos más severos, los huracanes aumentarán, el deshielo seguirá provocando el aumento del mar, las sequías provocarán pérdida de alimento, animales, biodiversidad y hambrunas. Los incendios forestales, la extinción de especies, la triple crisis alimentaria, de salud y ambiental provocan la migración forzosa.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de recordar las frases “piensa global y actúa local” y “no dejar a nadie atrás” y pensar en los grandes problemas que acechan a la humanidad y actuar en consecuencia de manera local, regional e internacional, adoptando la gobernanza multinivel y luchar con una sola voz para lograr el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 y así garantizar la seguridad internacional y la paz en el mundo libre y democrático.
Es indispensable la cooperación internacional y el compromiso de disminuir de manera drástica los GEI al año 2050 en el mundo. Se deben de apoyar de forma equitativa los proyectos de mitigación y de adaptación a escala global, incluyendo la financiación, la transferencia de tecnología, el intercambio de conocimientos y la creación de capacidades en los países del sur global. Es necesario dejar los combustibles fósiles y apostar por una transición justa hacia las energías renovables. Faltan proyectos verdes para transitar a una economía circular, justa y equitativa con financiamiento y oportunidades en el orden internacional. Más que acuerdos políticos, lo que se necesita en el mundo es la reactivación económica sostenible, es decir, invertir en energías y proyectos renovables. Urge eliminar las subvenciones de los combustibles fósiles y aplicar el principio de derecho internacional ambiental de que “quien contamina, paga”.
Los países deben de revisar y reforzar sus planes nacionales de reducción de emisiones de contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) para 2030. No hay que olvidar que el apoyo de los países más desarrollados es medular en la transición energética, en las pérdidas y daños causados por la emergencia climática y en los programas de mitigación y adaptación en todo el orbe. Los retos a los que se enfrenta el mundo requieren de voluntad política para cambiar la manera en la que se está produciendo, consumiendo y haciendo negocios. Las energías renovables deben fomentarse para acelerar la transición energética y poder lograr nuevos puestos de trabajo y abastecimiento a la población de energía asequible. Se necesitan políticas públicas claras y eficientes con un marco regulatorio punitivo en el sector industrial. El triángulo de reciclar, reusar, reutilizar, deberá de seguir utilizándose en las empresas, en los hogares y en las escuelas, porque todos somos parte del planeta y, por tanto, de la solución. La economía circular y la inclusión son pilares básicos en este cambio. Los acontecimientos bélicos actuales, como la guerra entre Israel y el grupo Hamás en octubre de 2023 en la franja de Gaza y la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, dejan al descubierto la falta de alianzas y la pérdida de la paz en las regiones, provocando de manera indirecta un éxodo migrante que desencadena pobreza, desempleo y desigualdad.
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Organización de las Naciones Unidas (2022b). Informe sobre la brecha de emisiones 2022 del programa para el medio ambiente de la ONU, la ventana de oportunidad se está cerrando. https://www.unep.org/es/resources/informe-sobre-la-brecha-de-emisiones-2022
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Organización de las Naciones Unidas (2023). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023: edición especial. Por un plan de rescate para las personas y el planeta, Naciones Unidas, p. 5. https://unstats.un.org/SDGS/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023_Spanish.pdf
Organización de las Naciones Unidas 2023Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023: edición especial. Por un plan de rescate para las personas y el planetaNaciones Unidas55https://unstats.un.org/SDGS/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023_Spanish.pdf
Sands, Philippe y Jaqueline Peel, con Adriana Fabra y Ruth Mackenzie (2018). Principles of International Law, cuarta edición, Cambridge University Press, Reino Unido.
Philippe Sands Jaqueline Peel Adriana Fabra Ruth Mackenzie 2018Principles of International LawcuartaCambridge University PressReino Unido
Statista (2022). “Distribution of greenhouse gas emissions worldwide in 2022, by major emitter”. https://www.statista.com/statistics/500524/worldwide-annual-carbon-dioxide-emissions-by-select-country/
Doctora en Derecho Internacional, Europeo, Económico y Ambiental por la Georg August Universität, Göttingen, Alemania. Investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Europa+ del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) y del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Autora de diversos libros, artículos, capítulos en derecho internacional ambiental, europeo y de integración, así como en los temas de migración y derechos humanos. Imparte las cátedras de Desarrollo y Sostenibilidad, Europa y Seguridad Internacional, entre otras.
Statista 2022Distribution of greenhouse gas emissions worldwide in 2022, by major emitterhttps://www.statista.com/statistics/500524/worldwide-annual-carbon-dioxide-emissions-by-select-country/