El artículo persigue dos objetivos: por un lado, ponderar los resultados de las dos instancias de justicia transicional creadas por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024): la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ, de ahora en adelante) y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEHJ, de ahora en adelante). Por el otro, observar cómo se comportaron los actores responsables de las violaciones de derechos humanos con relación a las labores de investigación de las Comisiones, y valorar si ello incidió en los resultados obtenidos y en el logro de sus cometidos. Todo lo anterior, enmarcado en un análisis más amplio sobre la fallida aplicación de la justicia transicional en México y sus limitadas posibilidades para procesar los abusos del pasado y del presente.
En el caso de la COVEHJ, esta aborda los abusos perpetrados por el régimen autoritario de partido hegemónico del siglo XX, en los que ha quedado plenamente evidenciado el rol asumido por las fuerzas armadas tanto en la planeación como en la ejecución de la represión a movimientos políticos y sociales disidentes. La COVAJ, por su parte, investiga la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Iguala de la Independencia, Guerrero, ocurrida en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. En este caso, ha quedado demostrada la participación del crimen organizado, pero no ha quedado claro si hubo intervención activa por parte de las fuerzas armadas o inacción informada y deliberada. Las acusaciones a los militares provienen de sicarios confesos perpetradores del crimen, en su calidad de testigos protegidos. Además de la diferencia temporal de los sucesos objeto de investigación, es preciso considerar un presente mexicano caracterizado por una espiral ascendente de violencia criminal, con la presencia de grupos criminales que se disputan entre sí y con el Estado mexicano territorio, mercado y población.
Tomando en consideración lo anterior, la hipótesis que sostenemos es que la falta de cooperación por parte de los actores que perpetraron las violaciones a derechos humanos incidió negativamente en los resultados obtenidos por ambas instancias de justicia transicional (JT, de ahora en adelante). En el caso de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen autoritario del pasado, la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas ha sido uno de los principales obstáculos para acceder a una verdad socialmente construida y aceptada, y poder llevar a la justicia a los responsables de las atrocidades. En el caso de las violaciones de derechos humanos del presente, concretamente en el caso Ayotzinapa, la connivencia de actores estatales con los actores criminales, la politización de la JT y la falta de voluntad política, han sido los principales obstáculos.
La presente se trata de una investigación de tipo cualitativa documental, que utiliza fuentes bibliográficas y hemerográficas, material académico, fuentes periodísticas, documentos oficiales, informes de las Comisiones objeto de estudio, así como de organismos defensores de derechos humanos. Buscamos observar “las principales relaciones de causalidad que existen entre los sucesos o variables de la realidad investigada” (Calduch, s/f, p. 25). Pretendemos abonar a la comprensión de las limitaciones que enfrentaron las dos instancias de JT creadas por la administración 2018-2024, no solo porque la verdad y la justicia serán sin duda una asignatura pendiente para el gobierno entrante, sino para conocer también los límites y alcances de la JT en un país como México, caracterizado por una violencia rampante, perpetrada por actores diversos.
El artículo está organizado de la siguiente manera: en una primera parte, revisamos las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el régimen autoritario del siglo pasado, así como las violaciones de derechos humanos del presente, que aumentaron notablemente a partir de la declaración de la “guerra contra el narco”, iniciada por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). En una segunda parte, reflexionamos sobre JT, sobre su aplicación en México y sus pírricos resultados, y observamos el rol que suelen desempeñar los perpetradores de las violaciones de derechos humanos en las comisiones de la verdad. En una tercera parte, exponemos los principales obstáculos que enfrentaron y los resultados obtenidos por la COVAJ y la COVEHJ. Concretamente, buscamos observar si hubo cooperación o falta de ella de parte de los actores perpetradores de las atrocidades. En un cuarto momento, realizamos un balance sobre la afectación que ello implicó en el cumplimiento de los objetivos asignados a dichas comisiones. Finalmente, unas breves conclusiones.
Las violaciones de derechos humanos del pasado y del presente
En este apartado revisaremos quiénes son las víctimas de las violaciones de derechos humanos, los motivos por los que fueron victimizadas, y quiénes han sido/son los perpetradores, tanto del régimen autoritario de partido hegemónico del siglo XX, como del presente siglo, en el que México vive en democracia electoral mínima.
Los casos más representativos ―no los únicos― de violaciones de derechos humanos en México son las represiones a los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, y la llamada “Guerra Sucia” en contra de la guerrilla rural y urbana. La violencia del siglo pasado ocurrida bajo el régimen autoritario del PRI puede ser caracterizada como violencia política ya que fue perpetrada en contra de disidentes y opositores, los cuales tenían motivaciones políticas y sociales. Los gobiernos priistas reprimieron a aquellos a quienes percibían como amenaza a su hegemonía política y económica.
La Fiscalía Especial para la Investigación de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP, de ahora en adelante), evidenció que los perpetradores de las violaciones de derechos humanos fueron principalmente agentes estatales. En los movimientos estudiantiles reprimidos durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez se empleó al Ejército y se utilizaron cuerpos de choque policiales y militares. En el caso concreto del movimiento de la UNAM y el IPN, el Batallón Olimpia, grupo paramilitar bajo el mando del Estado Mayor Presidencial, perpetró la masacre de estudiantes y soldados el 2 de octubre de 1968. De este Batallón derivarían los llamados Halcones, utilizados para reprimir a estudiantes en 1971. En el caso de la guerrilla, el Estado utilizó al Ejército mexicano, a la Dirección Federal de Seguridad, y a la llamada “Brigada Blanca”, grupo especial antiguerrilla, al que se sumaron agrupaciones policíacas y militares.
La COVEHJ (a través de su Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, MEH, 2023e), por su parte, ha apuntado a las fuerzas armadas como las principales perpetradoras de las atrocidades, tanto en su planeación como en su ejecución:
3. Una de las instituciones señaladas reiteradamente por su implicación en la comisión de graves violaciones a derechos humanos, para el periodo que este Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) estudia, son las fuerzas armadas, que incluyen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). En los testimonios de victimas de todo el periodo y de todos los contextos de análisis del MEH, agentes de las fuerzas armadas son señaladas una y otra vez como presuntos responsables o implicados, tanto por las víctimas como por sus familiares.
4. Asimismo, la evidencia documental del periodo, proveniente de las propias fuerzas armadas, de dependencias policiales y de otras instituciones, así como de la prensa e incluso de documentación oficial de gobiernos extranjeros, muestra evidencia amplia de la implicación de las fuerzas armadas en la estructura contrainsurgente y represiva del Estado mexicano de aquella época. No solo les alude como participantes, sino como presuntos responsables de la planeación y ejecución de campañas y operaciones contrainsurgentes que incluyeron el espionaje, la persecución y el exterminio de personas y organizaciones sociales, políticas y armadas que cuestionaron el régimen político entre 1965 y 1990. En ese sentido, se considera que estas tienen una innegable responsabilidad en un número incuantificable de violaciones graves a los derechos humanos en este periodo (MEH, 2023e, p. 8).
Aunque los casos más graves de violaciones de derechos humanos se ubican en los gobiernos de Echeverría y Díaz Ordaz, los gobiernos priistas que les siguieron continuaron enfrentando los casos de inconformidad política y social del mismo modo represivo. P.e., los llamados “vuelos de la muerte” continuaron hasta bien entrado el gobierno de López Portillo, la violencia perpetrada en contra de integrantes del EZLN y de militantes del PRD durante el período de Salinas de Gortari, o contra miembros del Ejército Popular Revolucionario, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, y las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
El momento simbólico de la transición democrática fue el triunfo de Vicente Fox (2000-2006), emanado del partido de derecha moderada, Acción Nacional (PAN). Aunque el presidente aseguró que su gobierno no violaría derechos humanos y procesaría los abusos del pasado autoritario, los conflictos político-sociales continuaron siendo abordados desde la misma lógica represiva de los gobiernos priistas. Tanto las fuerzas armadas como las policías continuaron perpetrando detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, como pudo observarse en la represión a una manifestación altermundista en la ciudad de Guadalajara; en el caso de San Salvador Atenco, y en el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En el primer caso arriba mencionado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativo a los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo de 2004, con motivo de la celebración de la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Reportó haber realizado 592 diligencias, que le permitieron constatar la existencia de 73 retenciones ilegales, 55 casos de tratos crueles y degradantes, 73 incomunicaciones y 19 casos de tortura.2 En el caso de Atenco, el conflicto inició en 2001, cuando el Gobierno anunció su decisión de construir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en las tierras del pueblo campesino de San Salvador Atenco. Los ejidatarios, junto con personas de otras 24 localidades afectadas, se organizaron para impedir la expropiación de sus tierras y conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). En el verano de 2006 las fuerzas policiales disolvieron una manifestación de floricultores y del FPDT. El operativo incluyó detenciones arbitrarias, la muerte de dos jóvenes y ataques físicos, psicológicos y sexuales a decenas más (Amnistía Internacional, 2006; Justicia para Atenco, 2007). De acuerdo con Abreu (2021, p. 131):
Durante los últimos meses de la administración de Vicente Fox, en 2006, alrededor de mil ochocientos agentes municipales y estatales junto con setecientos elementos de la Policía Federal Preventiva cometieron atroces actos de represión en contra de activistas y manifestantes que apoyaban al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Texcoco y San Salvador Atenco en el estado de México. A consecuencia de un excesivo e injustificado uso de la fuerza del estado, el saldo de víctimas fue la muerte de un niño y un joven universitario, la detención y tortura de 217 personas, entre las que hubo cuarenta y siete mujeres, veintiséis de ellas declararon haber sido incomunicadas y haber sufrido abusos sexuales por parte de los policías.
En Oaxaca, el conflicto inició en mayo de 2006, cuando la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entregó al Gobierno estatal un pliego petitorio con demandas laborales e inconformidades diversas. El 22 de mayo, junto con la Promotora para la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo, se declaró en plantón permanente en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. La Asamblea presentó el 27 de junio ante el Congreso de la Unión una solicitud formal de juicio político y revocación de mandato al gobernador. Durante el conflicto, la población padeció detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos, degradantes, y tortura, cometidas por grupos armados ilegales (Solalinde et al., 2016, p. 129).
El segundo gobierno de la transición fue el del también panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Por razones vinculadas con una crisis de legitimidad producto de su apretado triunfo frente al rival de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, Calderón declaró la “guerra contra el narco”. Desde 2006, México inició una crisis sin precedentes en materia de inseguridad y de violaciones de derechos humanos (homicidios, desplazamientos forzados y desapariciones). Apunta Gamiño (2024, p. 72):
La declaración de guerra del Estado mexicano contra el narcotráfico y el crimen organizado […] aparejó nuevos escenarios de violencias: balaceras, ajusticiados, cuerpos cercenados y arrojados en la vía pública, cabezas y dorsos esparcidos en el campo y en las ciudades del país, cuerpos encajuelados, colgados de puentes, disueltos en ácidos, así como fosas clandestinas y cientos de miles de personas desaparecidas, temporal y permanentemente. El esfuerzo del Estado se concentró durante seis años en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, mientras que la justicia ante los delitos del pasado y el presente se suspendió, fue pospuesto para mejores tiempos.
Después de doce años de gobiernos panistas, el PRI volvió al poder con la llegada de Enrique Peña Nieto (2012-2018). La narrativa gubernamental cambió. En el discurso se pasó de la “guerra contra el narco” a la prevención del delito. En los medios de comunicación disminuyó la visibilidad de los acontecimientos violentos. Sin embargo, los hechos demostraron que se mantenía la vieja lógica priista respecto al abuso de la fuerza de los agentes estatales en contra tanto de movimientos sociales, disidentes y opositores, como de integrantes del crimen organizado. Esto quedó evidenciado en casos como la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, en junio de 2014; la desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, en septiembre de 2014; el asesinato de civiles por parte de la Policía Federal en Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015; y la muerte de 42 personas en un enfrentamiento en Tanhuato en junio de 2015. Apunta Gamiño (2024, p. 12):
Paradójicamente, 17 años después de la alternancia política […] el pasado no estaba clausurado, era evidente que tanto en el pasado como en el presente el consenso de los hombres de Estado para administrar la democracia seguía siendo la violencia política y social. La violencia de Estado como una latencia que conforma el presente: Aguas Blancas, El Charco, Tlatlaya, Tahuato, Nochixtlán, Apatzingán, Chalchihuapan, Ostula, Calera, Iguala-Ayotzinapa. El país entero fue atestado de sucesos que develaron esta premisa.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (2018-2024), del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), prometió un cambio en la estrategia. Señaló que la función del Ejército es defender la soberanía nacional, por lo que era necesario retirarlo de las calles. Su estrategia en materia de seguridad pública estaría concentrada en atajar las causas sociales de la criminalidad y la violencia, y en profesionalizar a las policías. El slogan “abrazos, no balazos” (Belmont, 2018, abril 12), resumía la postura presidencial. Sin embargo, AMLO no solo no retiró a los militares a sus cuarteles, sino que ha sido el presidente que más ha permitido la intervención de las fuerzas armadas en la vida pública.3 De acuerdo con el Informe Mundial 2023 de Human Rights Watch (2023, s/p):
El presidente López Obrador ha ampliado sustancialmente el presupuesto, la autonomía y las responsabilidades de las fuerzas armadas, y les ha asignado cientos de tareas que en el pasado fueron realizadas por autoridades civiles, como la seguridad pública, el cumplimiento de las normas aduaneras, el control de la migración irregular, la implementación de programas sociales y la administración de proyectos de obras públicas.
Aunque reconocemos la compleja multicausalidad del fenómeno de la macrocriminalidad, y que se trata de un problema heredado, lo cierto es que los homicidios y las desapariciones han presentado en el sexenio 2018-2024 sus niveles más elevados. Los datos hablan por sí mismos. Osorio (2023), en el Atlas de Homicidios: México 2022. Una crisis que no cesa, señala que en el año 2000 se registraron 10,655 homicidios. Para 2008, la cifra aumentó a 14,276. En 2010 llegó a 26,141 y alcanzó un primer máximo histórico en 2011 con 27,502 víctimas. En 2012 la cifra llegó a 25,969 homicidios. En 2018 se llegó a otro récord histórico con 36,810 víctimas. Durante los primeros cuatro años de la administración de AMLO, del 1 diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2022 se registraron 142,684 homicidios.
TResearch International (2024) reporta al 4 de abril de 2024 los homicidios totales por sexenio: Calderón, 120,463; Peña Nieto, 156,066; y López Obrador 183,332. En cuanto a desapariciones, con cifras al 18 de marzo de 2024, reporta 102,248 desaparecidos no localizados de 1988 a la fecha; de los cuales el 48 % ha desaparecido durante el sexenio de AMLO, siendo 2023 el año con más desapariciones (no localizadas) de la historia de México, con 12,015 desapariciones.
La violencia del presente posee una naturaleza criminal y es generada principalmente por organizaciones criminales que persiguen el lucro, y por agentes estatales. En ocasiones, las fuerzas armadas violentan derechos humanos por el uso desproporcionado de la fuerza en su combate al crimen organizado, pero también porque algunos elementos estatales se han coludido con actores criminales. La “guerra contra el narco” propició la diversificación de las actividades delictivas. Además, la estrategia basada en la captura de los principales capos propició la fragmentación y multiplicación del espectro criminal, provocando una escalada de violencia de los grupos criminales entre sí, contra el Estado, y contra la población civil. Señala Marroquín (2023, p. 18):
El país vive una situación de violencia ambigua y confusa, dado que no se trata de violencia política, sino de violencia criminal […] No se trata de dos fuerzas homogéneas en conflicto. Algunos actores estatales “juegan” del lado de los criminales, y los grupos criminales además de enfrentarse al Estado, se enfrentan entre ellos y someten a la población. De la Calle y Schedler (2021, p. 213) identifican mezcladas tres tipos de violencia: “la violencia horizontal entre grupos criminales, su confrontación armada con el Estado, y su violencia predatoria contra la población civil.
Justicia transicional, comisiones de la verdad, y participación de los perpetradores de las violaciones de derechos humanos.
En este apartado abordamos definiciones seminales de JT, valoramos el resultado de las distintas instancias en la materia que se han implementado en México, y observamos cuál suele ser el comportamiento y la participación de los actores que cometieron violaciones de derechos humanos en las comisiones de verdad. Iniciamos con la definición que presenta Teitel en Genealogy of Transitional Justice (2003, p. 69): “La justicia transicional puede ser definida como la concepción de justicia asociada con periodos de cambio político, caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores”.4
Teitel (2003) señala que la JT ha tenido tres fases: la fase de la posguerra, iniciada en 1945; la segunda fase, originada por el colapso de la URSS, y que provocó las transiciones en Europa del Este, África y Centroamérica; y la tercera fase, caracterizada por una marcada violencia e inestabilidad política. Así pues, desde los Juicios de Núremberg hasta el presente, la JT ha evolucionado, llegando a concebírsele no solo como justicia posconflicto, sino incluso como instrumento para pacificar sociedades en conflicto. Como parte de la segunda fase, se entiende a la JT como procesos de justicia extraordinarios que un país pone en marcha al haber transitado de un régimen autoritario a uno democrático. Como parte de la tercera etapa, se le concibe incluso como la posibilidad de negociar con grupos violentos a cambio del bien mayor de la paz y la reconciliación. Olsen, Payne y Reiter (2010, p. 803) conciben la JT como un conjunto de mecanismos y modelos para procesar los abusos del pasado, tanto en sociedades posautoritarias como en sociedades post conflicto armado: “Las sociedades que emergen de periodos de represión estatal y conflicto armado han seguido una variedad de procesos destinados a abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado”.5
Para las Naciones Unidas, la “justicia de transición”:
…abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por complejo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos (Organización de las Naciones Unidas, 2004, p. 6).
De acuerdo con el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), la justicia transicional alude:
…a las formas que utilizan países que dejan ―o tratan de dejar― atrás periodos de conflicto y/o represión, para enfrentarse a violaciones masivas o sistemáticas a derechos humanos o al derecho internacional humanitario en el contexto de un conflicto armado, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial y/o institucional convencional no puede darles respuesta adecuada (ICTJ, 2022).6
Valencia (2007, párrafo 1), por su parte, comprende por JT:
…todo el conjunto de teorías y prácticas derivadas de los procesos políticos por medio de los cuales las sociedades tratan de ajustar cuentas con un pasado de atrocidad e impunidad, y hacen justicia a las víctimas de dictaduras, guerras civiles y otras crisis de amplio espectro o larga duración, con el propósito de avanzar o retornar a la normalidad democrática.
Así pues, en términos generales, la JT persigue hacer frente a un pasado de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Suele ponerse en marcha cuando un nuevo Gobierno democrático implementa mecanismos excepcionales para zanjar un pasado de abusos cometidos por el régimen autoritario precedente, que por su escala, magnitud y gravedad, no pueden ser atendidos por los canales de justicia convencional.
La implementación de la JT no siempre es exitosa. Puede suceder que un Gobierno democrático tenga la voluntad política, pero no tenga la fortaleza y estabilidad para llevar a la justicia a los perpetradores de los abusos del régimen desplazado. O puede suceder que simplemente el nuevo Gobierno no tenga la voluntad política. Por ello, algunos Gobiernos deciden más bien simular para acallar las exigencias de la sociedad, o para cumplir con los requerimientos que un Estado democrático mínimo debe cumplir.
La JT está sustentada en cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación del daño, y garantías de no repetición. La verdad implica saber qué ocurrió, esclarecer los hechos y las circunstancias en que se cometieron los actos de violencia, así como el reconocimiento público y oficial de los gobiernos y de los perpetradores de los abusos. La justicia refiere a procesos penales en contra de quienes cometieron las violaciones de derechos humanos. La reparación del daño consiste en resarcir a las víctimas y compensarlas para posibilitarles retomar el proyecto de vida perdido por los crímenes que padecieron. La garantía de no repetición implica la reforma del contexto legal e institucional que facilitó la comisión de los crímenes, de forma que al eliminarlos no puedan volver a ocurrir. Así pues, la JT persigue esclarecer los hechos cometidos y el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado, busca impartir justicia, reconocer a las víctimas y resarcirles el daño provocado, y asegurarse de que no vuelvan a cometerse crímenes semejantes.
El CIDE (2018, pp. 24-25) no limita la JT a un periodo transicional en el sentido estricto de un cambio de régimen autoritario a uno democrático, sino que puede tratarse de un cambio entre dos momentos sociopolíticos determinados, en donde hubo violencia estatal y no estatal, y en el que las herramientas legales e institucionales ordinarias son insuficientes o inaplicables. Lo relevante es que haya la determinación efectiva de hacer valer los derechos humanos. En un sentido semejante, Rodríguez, Cruz y Ortega (2023, pp. 3-4) consideran que la JT es el conjunto de instrumentos legales y sociales aplicables después de periodos de violencia a gran escala, para:
…a) investigar los hechos y darlos a conocer con el menor detalle a un público amplio, generalmente a través de comisiones temporales, diseñadas con ese objetivo (verdad); b) reparar en lo posible los daños provocados a escala individual o social, a través de acciones que pueden ir desde el reconocimiento público como víctima hasta la indemnización económica (reparación); c) construir instituciones o medidas de prevención para que los hechos ocurridos u otros similares no ocurran nuevamente, lo cual conlleva un trabajo de atención constante a las condiciones de emergencia de los hechos de violencia previos (garantías de no repetición); d) el castigo a los perpetradores de la violencia, ya sea a nivel judicial (ej. con prisión) o simbólico (ej. ostracismo social) (justicia).
Existe una variedad de instrumentos de JT, que cada país utiliza dependiendo del objetivo que pretenden alcanzar.
Apunta el CIDE (2018, p. 5): si lo que se persigue es la verdad, las herramientas más frecuentes son las comisiones de la verdad, comisiones de investigación, informes para la memoria histórica, e incorporación de iniciativas ciudadanas. Si lo que se persigue es la justicia, algunas herramientas son: fiscalías o juzgados especializados, amnistías, juicios abreviados, entre otros. Si lo que se busca es la reparación, lo común es un programa administrativo que otorgue compensaciones a sobrevivientes y familiares. Finalmente, si lo que se persigue son garantías de no repetición, ello implica un conjunto de medidas (desde reformas legales, hasta la modificación de condiciones estructurales), para evitar la probabilidad de que vuelvan a suceder las violaciones a los derechos humanos (Marroquín, 2023, pp. 37-38).
Teitel (2003, p. 78) señala que en la fase II de la genealogía de la JT se dio prioridad a la justicia restaurativa, en donde el propósito principal “…fue construir una historia alternativa de los abusos del pasado”. Entonces surgieron las comisiones de verdad: “Una comisión de verdad es un organismo oficial, habitualmente creado por un Gobierno nacional para investigar, documentar y divulgar públicamente abusos a los derechos humanos en un país durante un periodo de tiempo específico”.7 Las Naciones Unidas (2004, p. 20) conciben las comisiones de verdad como:
…órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años. Se ocupan en particular de las víctimas y concluyen su labor con la presentación de un informe final sobre las conclusiones de su investigación y sus recomendaciones.
Para Espíndola y Serrano (2023, pp. 27-28), las comisiones de la verdad son “cuerpos cuasi judiciales cuyo propósito es documentar la existencia de patrones de abuso de derechos humanos y atraer la atención de la opinión pública hacia ellos”. Para poder documentar las atrocidades se requiere el testimonio de víctimas y familiares, pero también el de los perpetradores, los cuales ofrecen resistencia a cooperar, o solicitan amnistías incondicionales a cambio de información.
Martínez y Centeno (2020) sistematizaron todas las recomendaciones de las comisiones de la verdad en América Latina relacionadas con las fuerzas armadas y la policía, y su implementación. Destacaron la “posición obstaculizadora” de dichos actores, quienes no colaboraron con las comisiones (salvo a título individual, no como instituciones), no reconocieron su responsabilidad, y descalificaron los informes.8
Botero y Daza (2022) analizaron a los actores militares en las comisiones de la verdad de los casos de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Colombia, tanto para referenciar las violaciones de derechos humanos atribuidas a estos actores en los informes finales, como para “…determinar los comportamientos asumidos por la institucionalidad militar en dichos mecanismos transicionales, creados y desarrollados luego de un periodo de dictaduras o de conflictos armados internos”.9 Los autores señalan que los informes de las comisiones refieren “…la participación y responsabilidad de los sectores militares en hechos de violencia sociopolítica” en América Latina (p. 82), y que los actores militares
…asumen comportamientos similares, con algunas leves diferencias, relacionadas con la poca participación, obstrucción para el acceso a la información y no reconocimiento de los resultados de las investigaciones alcanzados por estos mecanismos de justicia transicional (p. 83).
Apuntan que los militares, “…bajo la premisa de garantizar la seguridad nacional en la lucha antisubversiva y anticomunista, cometieron abusos que se convirtieron en prácticas comunes y generalizadas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, como desaparición forzada, masacres, ejecuciones extrajudiciales, tortura, nexos con paramilitares, violencia sexual, desplazamiento y reclutamiento forzados (p. 85).
Los autores observaron que, en Argentina y Chile, las comisiones no pudieron obligar a los militares a comparecer debido a leyes de autoamnistía preexistentes, y estos tampoco lo hicieron de forma voluntaria (p. 89). En los casos de Centroamérica, las instituciones militares no participaron, argumentando que no fueron incluidos en los acuerdos de paz. En los casos de Perú y Colombia, los actores militares sí participaron, pero con la intención de presentar sus propias narrativas (p. 90). En todos los casos, las instituciones militares obstruyeron el acceso a la información: “…este es un accionar generalizado de los actores militares en todos los casos, el cual se ve representado principalmente en el ocultamiento de información y la eliminación y destrucción de archivos” (p. 90).10
En el informe La administración de la justicia y los derechos humanos de los detenidos. La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos), de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1997), se señala la importancia de preservar los archivos y garantizar su acceso a ellos a efecto de poder establecer las violaciones de derechos humanos. En el Principio 13-Medidas de preservación de los archivos, señala:
El derecho de saber implica que sean preservados los archivos. Se han de tomar una serie de medidas técnicas y de sanciones penales para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación o la falsificación de los archivos, perpetradas principalmente con la finalidad de asegurar la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (p. 16).11
En el caso específico de México, han existido diversas instancias de JT, las cuales han obtenido escasos resultados que han dejado insatisfecha a la sociedad: la FEMOSPP (2001), la Comisión de la Verdad de Guerrero (2011), y la Comisión de la Verdad de Oaxaca (2013), ya clausuradas, y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ) (2018) y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEHJ) (2021), aún vigentes. La COVEHJ tiene como encomienda abordar los crímenes del régimen autoritario, pero la COVAJ tiene como objetivo procesar lo ocurrido con los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en el periodo postransicional, en la supuesta fase democrática. Esto es, se recurrió a la JT no solo ante el cambio de régimen, sino ante un presente violento en donde las instancias ordinarias de justicia parecen no funcionar. Como señala Abreu (2021, p. 12):
El creciente e imparable escenario de violencia que, en diferentes modos, tipos y escalas vive México desde las dos últimas décadas revela, además de la exponencial multiplicación de víctimas y el flagelo de la impunidad, la profunda incapacidad que, por diversas circunstancias, han tenido las instituciones y los mecanismos ordinarios de justica para atender la gravedad de la situación y garantizar la no repetición de violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado.
Demos una rápida mirada a lo que ocurrió con la FEMOSPP, con la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los años sesenta y setenta del estado de Guerrero (ComVerdad), y la Comisión de la Verdad para la investigación de los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, antes de revisar lo ocurrido con las dos comisiones que aún se encuentran vigentes.
La FEMOSPP fue creada por decreto presidencial del 27 de noviembre de 2001. Inició operaciones el 5 de enero de 2002 y concluyó el 30 de noviembre de 2006. Tenía la encomienda de esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidos durante las represiones a los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, y la llamada Guerra Sucia. En el Acuerdo de creación se señaló que las fuentes más relevantes para esclarecer lo ocurrido eran los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), ya extintas, resguardados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), adscrito a la Secretaría de Gobernación, así como los archivos de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, también extinta y adscrita a la Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal, así como los archivos en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ello, se ordenó que toda la información que hubiera sido generada hasta el año de 1985 inclusive debería transferirse al Archivo General de la Nación (AGN) (DOF, 2001). Del mismo modo, se instruyó a la Secretaría de Gobernación a realizar las gestiones necesarias para que las secretarías de Estado que tuvieran en su poder archivos históricos relacionados con violaciones a derechos humanos también transfirieran la información al AGN. También se exhortó a los Gobiernos de los estados de la Federación a hacer lo propio. El Acuerdo asentó que cualquier interesado podría consultar la información.12
La Fiscalía logró evidenciar que los actos violatorios de derechos humanos fueron perpetrados por agentes estatales. Sin embargo, no logró una sola sentencia condenatoria debido a importantes deficiencias y omisiones en su desempeño judicial. De acuerdo con Aguayo y Treviño (2007, p. 726), en sus cinco años de existencia, la Fiscalía consignó 19 averiguaciones previas, obtuvo 20 órdenes de aprehensión y ocho autos de formal prisión, pero no logró una sola sentencia condenatoria. Tampoco logró la cooperación de las fuerzas armadas ni de las policías. A la Dirección de Documentación e Investigación Histórica de la Fiscalía se le encomendó recopilar y analizar información para sustentar las acusaciones ministeriales, pero enfrentaron resistencias incluso de las direcciones ministeriales que integraban la misma Fiscalía. Los archivos a los que pudieron acceder los investigadores estaban incompletos, información consultada presumía la existencia de otros archivos ilocalizables, muchos archivos contenían códigos que no podrían ser interpretados más que por elementos castrenses, entre otras limitaciones. Según documenta Abreu (2021, p. 130):
…En un principio, la fiscalía tuvo bajo investigación 275 casos de desaparición forzada en que incurrieron agentes estatales, pretendía articular la labor de una fiscalía penal y de una comisión de verdad, así como la atención a las reparaciones de las víctimas. Los objetivos tan ambiciosos que se planteó, así como los soterrados arreglos entre quienes participaron, dejaron a la luz por un lado la incapacidad institucional y la falta de una verdadera voluntad política que coadyuvara en el proceso de reconocimiento, esclarecimiento y juzgamiento de crímenes perpetrados por el estado en la historia más reciente del país.
Los investigadores entregaron un informe preliminar al fiscal, el cual nunca fue presentado de forma oficial (lo que se conoce es una versión preliminar filtrada a los medios de comunicación). Por diversas razones, es posible pensar que el fracaso de la FEMOSPP fue intencionado, haciendo suponer que hubo una suerte de negociación entre el presidente Fox con la élite política priista, intercambiando impunidad por márgenes de gobernabilidad (Marroquín, 2023). Por la vía de los hechos constituyó una amnistía de facto para los perpetradores de las atrocidades. Además, imposibilitó que instancias subsecuentes pudieran recabar la información necesaria pues hizo inaccesibles muchos documentos, argumentando que formaban parte de investigaciones en curso. Señala Gamiño (2024, p. 62):
Que el presidente de la República haya frenado el trabajo de la Fiscalía, que esta institución haya postergado la verdad y la justicia ante los delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado al amparo del Estado, equivale a decir que los enclaves autoritarios del sistema político mexicano seguían vigentes y con suficiente fuerza para perpetuar el secreto de Estado y ensanchar su impunidad.
La ComVerdad fue creada el 19 de diciembre de 2011 por la LIX Legislatura del Congreso de Guerrero, y presentó su informe final el 15 de octubre de 2014. Su encomienda era investigar lo acontecido en la entidad de 1969 hasta 1979. La Comisión (2014, pp. 33-34) exhibió que la represión en Guerrero fue masiva y sistemática, en contra de todos aquellos considerados como amenazas por el Estado mexicano. No se trató de “…represión casual o al azar, sino que se debió a un patrón regular y preconcebido, donde se utilizaron recursos públicos” (pp. 43-44). Los integrantes de la Comisión fueron objeto de campañas de desprestigio y padecieron ataques y hostigamiento (pp. 73-75). La ComVerdad exhibió todas las dificultades que enfrentaron para acceder a la información por la negativa a cooperar de las autoridades civiles o militares a escala federal o estatal, e incluso por situaciones provocadas por los investigadores de la FEMOSPP, los cuales desordenaron o vaciaron expedientes, o declararon información como reservada.
La Comisión de la Verdad para la investigación de los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, fue creada el 19 de octubre de 2013. En 2016 la Comisión presentó el informe ¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca. Informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos al pueblo oaxaqueño en 2006 y 2007. En el informe evidenció que diferentes corporaciones estatales de seguridad perpetraron tratos cueles, inhumanos, degradantes y tortura, desaparición temporal y ejecuciones extrajudiciales. El informe no tuvo ninguna repercusión en instancias judiciales.
Sarkin (2021, p. 44) apunta que para un nuevo Gobierno puede ser difícil atender las exigencias de justicia de las víctimas debido a su poder limitado. Aunque también puede ocurrir que no exista una verdadera voluntad política para llevar a la justicia a los responsables de los abusos. Ello ha llevado a que algunos Gobiernos manipulen la JT y la utilicen políticamente. El resultado ha sido la pérdida de legitimidad ante la población. En México, eso fue lo que provocó la FEMOSPP. Se utilizó la JT como bandera, sin existir la real voluntad de llevar a la justicia a los responsables de las atrocidades, y se les blindó ante futuros intentos de otros Gobiernos. Son diversos los factores que explican el fracaso de las subsecuentes comisiones de la verdad, pero la actuación de la Fiscalía sí fue determinante para dañar su efectividad y credibilidad. Gamiño (2024, p. 170) apunta:
A diferencia de otras regiones del mundo, en las que las comisiones investigaron, llegaron a establecer una verdad alterna y posteriormente dictar amnistías, juicios, compensaciones, restituciones, reparaciones, reconciliación, purgas y erigir gestos simbólicos como monumentos, memoriales, placas, días conmemorativos o memoriales, en México esas tramitaciones o salidas quedaron anuladas.
Revisaremos ahora la actuación de las dos comisiones de la verdad aún vigentes.
Estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Iguala de la Independencia, Guerrero, en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, tomaron autobuses de pasajeros para asistir a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco (2 de octubre de 1968) en la Ciudad de México. Normalistas e integrantes del equipo de fútbol Los Avispones fueron agredidos, inicialmente se supo que por policías municipales de Iguala, con apoyo de otras corporaciones locales. Cuarentaitrés de los estudiantes desaparecieron, y seis personas más fallecieron durante dichos ataques. El presidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) encomendó al entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, hacerse cargo de la investigación.
El 28 de enero de 2015, el procurador presentó la versión oficial sobre lo acontecido. Esta “verdad histórica” sostuvo que el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ordenaron a las policías de Iguala y Cocula capturar a los jóvenes y entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos. Este grupo habría asesinado e incinerado a los estudiantes en un basurero en Cocula, y desechado los restos en el río San Juan (Milenio Digital, 2021, septiembre 25). Ni los padres de familia ni la sociedad creyeron dicha versión sobre lo ocurrido. El entonces opositor Andrés Manuel López Obrador, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), siempre mantuvo su rechazo a la versión oficial, y al llegar a la presidencia de la República (2018-2024) firmó el 3 de diciembre de 2018 el Decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, para investigar y procesar lo relativo a la desaparición forzada de los 43 normalistas. Se le encomendó a la COVAJ saber qué pasó durante la desaparición de los estudiantes, conocer su paradero y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y el acceso a la justicia.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y titular de la COVAJ, Alejandro Encinas, presentó en agosto de 2022 el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en el que se desmiente la “verdad histórica”, al señalar que se trató de:
…una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes (COVAJ, 2022, p. 96).
Veinticuatro horas después de la publicación del citado Informe, el exprocurador general de la República, Murillo Karam, fue detenido y acusado de tortura a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia. La COVAJ señaló que la desaparición de los estudiantes constituyó un crimen de Estado, en el que el grupo Guerreros Unidos actuó con el “apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado”, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) debiera realizar el deslinde de responsabilidades en contra de integrantes del grupo criminal, así como de funcionarios municipales y federales (COVAJ, 2022, pp. 93-95). Esta versión de los hechos fue producto de la reconstrucción de 37 conversaciones en WhatsApp, sostenidas supuestamente entre integrantes de Guerreros Unidos, miembros del Ejército y otros funcionarios, en 2014. Estas conversaciones realizadas entre 36 personajes hacen referencia a otros 35 personajes. El problema con esta nueva versión es que se basó en una reconstrucción realizada con base en 467 capturas de pantalla, que no pudieron verificarse como reales. Varios militares fueron detenidos, para posteriormente ser liberados ante la ausencia de evidencia sólida.
En septiembre de 2023, a nueve años de la desaparición de los normalistas, Alejandro Encinas presentó el 2.o Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ, 2023). En este, reitera que la “verdad histórica” construida por el Gobierno federal no contempló la participación de las fuerzas armadas ni de autoridades federales, sino que se limitaba a:
…señalar la violencia ejercida por los grupos criminales que operaban en la región; la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal; sin considerar la participación de las fuerzas armadas de la región y de las autoridades federales involucradas, responsabilizando a las autoridades locales (COVAJ, 2023, p. 119).
Asimismo, sostiene que se evitó abordar lo sucedido desde la perspectiva de la desaparición forzada, con lo que buscaba eludirse la responsabilidad estatal (COVAJ, 2023, p. 118).
Este 2.º Informe señala tres posibles causas que motivaron la desaparición de los estudiantes:
Confusión en el grupo criminal Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de Los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de Iguala.
Escarmiento a los estudiantes, previas amenazas de parte del alcalde José Luis Abarca Velázquez y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal de Iguala.
El trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados (COVAJ, 2023, p. 83)
El informe de la COVAJ (2023, p. 91) identificó “…434 actores relevantes que participaron durante y después de los hechos, los cuales se clasifican en siete grandes grupos: grupos delictivos, Gobierno estatal, Gobierno municipal, policías municipales, elementos del Ejército, Gobierno federal y otros involucrados”. De estos, 109 son actores de grupos delictivos, 35 del Gobierno estatal, doce del Gobierno municipal, 125 son policías municipales, 39 son elementos del Ejército, 36 del Gobierno federal, y 78 otros actores involucrados.
La COVAJ (2023, p. 124) apunta que, si bien “…se ha reproducido el patrón que prevalece en otras comisiones [de la verdad] sobre la poca colaboración de las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia”, se avanzó en “…romper el pacto de silencio y de complicidades que prevaleció desde el 2014 y ha aportado testigos y elementos […] a favor de la judicialización de los perpetradores y autoridades cómplices de estos, esclareciendo su nivel de responsabilidad”.
En este 2.º Informe, la COVAJ explicita todas las acciones realizadas y los avances obtenidos, desde lograr que el Estado mexicano reconozca que la desaparición de los normalistas fue un crimen de Estado, hasta identificar a tres de los estudiantes desaparecidos; desde desmentir la “verdad histórica”, hasta revelar la participación de las autoridades con el grupo delictivo; desde coadyuvar para la realización de órdenes de aprehensión, hasta intervenir cientos de sitios en la búsqueda de los restos de los estudiantes.13 Sin embargo, los padres de familia de los normalistas desaparecidos se encuentran inconformes. Consideran que la COVAJ no ha actuado con la rapidez y la debida diligencia que el caso ameritaba. Además, acusan que el Ejército mexicano posee información de inteligencia que no quiere entregar, lo que la COVAJ rechaza. Según Proceso (2023, septiembre 26):
De acuerdo con los correos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya, la Defensa Nacional hizo una investigación interna sobre la desaparición de los normalistas en la que interrogó a 43 militares, esta información es la que el Gobierno federal no ha querido entregar al GLEL ni a la FGR.
Norma Julieta Del Río Venegas, Comisionada del INAI, señaló:
… el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GLEL), en su sexto y último informe presentado el 25 de julio de este año, afirmó que las fuerzas armadas tienen aún información ―específicamente de sus Centros Regionales de Fusión de Inteligencia― que no ha sido entregada a los padres de familia de los 43 desaparecidos.
De hecho, el Grupo de Expertos decidió salir del país pues argumentó que no había condiciones para seguir desarrollando su labor ante las negativas castrenses por entregar información (El Financiero, 2023, septiembre 26).
Los familiares consideran que la versión de la COVAJ no dista mucho de la “verdad histórica”, pero su molestia fundamental es que el Gobierno no ha logrado recuperar a sus hijos. La COVAJ (2023, pp. 132-133) argumenta que ha enfrentado “…los obstáculos que representan el tiempo transcurrido y la acción deliberada de la autoridad de su momento de borrar todo rastro de los estudiantes y sus perpetradores”. Asimismo, que ha tenido que enfrentar “inercias y resistencias” del viejo régimen, “campañas de desinformación y de descrédito”, entre otros aspectos. También ha denunciado el comportamiento de los jueces, acusando “interpretaciones divergentes de la ley y retrasos burocráticos” (COVAJ, 2023, p. 97), “decisiones contradictorias” como la liberación de 77 de las 169 personas consignadas argumentando torturas, pero “sin haber solicitado la investigación de los responsables de dichas torturas” (p. 98), o el otorgamiento del beneficio de llevar el proceso en libertad al general Rafael Hernández Nieto (p. 98).
El 19 de octubre de 2023, Alejandro Encinas renunció a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación ―y con ello a la titularidad de la COVAJ― para unirse a la campaña de la candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.14 15 En su sustitución, fue nombrado Félix Arturo Medina Padilla, el cual tampoco parece gozar de mucha credibilidad. En su calidad de titular de la COVAJ, convocó a sesiones ordinarias el 24 de noviembre y 15 de diciembre de 2023, a las cuales no asistieron los padres de familia. Por ello, el 29 de diciembre de 2023, la COVAJ emitió el Comunicado 3049 “Gobierno de México abre acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidos”. En este, Medina Padilla señala:
Estamos conscientes de que ustedes han manifestado la exigencia de que el Gobierno entregue información que refieren “no se ha entregado”, así como de ampliar las búsquedas concernientes en diversos archivos, entre ellos, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al respecto, reiterarles que esta administración ha actuado con total transparencia y se ha entregado toda la información que se ha solicitado, como se ha informado por escrito y de forma directa.
Por ello, ante las reiteradas solicitudes de información, el señor presidente, quien dirige personalmente los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, instruyó comunicarles que atenderemos sin demora su petición de información y de apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyan al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos.
Tanto el GLEL16 como la COVAJ sostienen que la desaparición de los normalistas fue un crimen de Estado y que contó con la participación del Ejército mexicano. El presidente AMLO se ha mostrado ambiguo, ni reconoce ni niega. El GLEL y los familiares sostienen que la Sedena posee documentos de espionaje militar que podrían destrabar la investigación. AMLO sostiene que la Sedena ha entregado toda la información en su poder, acusando además que el GLEL obedece a intereses políticos y que existe un “complot conservador” en su contra:
Lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza [el senador independiente Emilio] Álvarez Ycaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] de la OEA [Organización de los Estados Americanos], grupos conservadores de derecha apoyados por Gobiernos extranjeros que lo que quieren es hacernos daño políticamente hablando (Santos, 2024, marzo 6).
Ante el entrampamiento de las investigaciones, las manifestaciones de los normalistas en las calles se han ido radicalizando, a efecto de presionar al Gobierno. El 6 de marzo de 2024, algunos normalistas derrumbaron una de las puertas del Palacio Nacional para exigir que el presidente se reúna con ellos y para reprocharle su negativa a obligar a la Sedena a cooperar (Pérez, 2024, marzo 10). El presidente señaló que no se reunirá personalmente con los normalistas, argumentando que están siendo manipulados por diversas organizaciones, y que sentarse a dialogar con ellos es ceder a los intentos desestabilizadores de grupos conservadores opuestos a su gobierno. El presidente acusa a organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Centro Prodh,17 así como a Vidulfo Rosales, abogado representante de los familiares:
No, yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los [43] jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra, de provocación, y nosotros pues no queremos para nada la confrontación (Santos, 2024, marzo 6).
El titular del Ejecutivo también denunció provocaciones de partidos opositores y organismos internacionales:
Es muy justa la demanda de los padres, pero ya se han montado en este lamentable asunto grupos de derecha, conservadores e incluso partidos que están en contra de la transformación, hasta organismos internacionales, supuestamente defensores de derechos humanos (Pérez, 2024, marzo 10).
La tensión llegó a niveles sin precedentes el 8 de marzo de 2024, cuando fue asesinado el normalista Yanqui Rothan Gómez Peralta, también de la escuela rural de Ayotzinapa. De acuerdo con la policía estatal de Guerrero, un grupo de normalistas, a bordo de una camioneta presuntamente robada, los enfrentaron a balazos cuando les solicitaron descender del vehículo en la capital de la entidad, Chilpancingo. Dos policías estatales fueron detenidos y acusados de homicidio calificado doloso y tentativa de homicidio. Sin embargo, los policías escaparon.18 El presidente acusa a los normalistas de involucrarse en acciones violentas con fines electorales.19
La COVEHJ fue creada el 2 de octubre de 2021 y concluirá funciones en septiembre de 2024. En el Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, firmado por el presidente López Obrador, puede observarse en su artículo 1.º que dicha Comisión:
…se constituye como grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención (DOF, 2021).20
De forma similar a la instrucción presidencial del 2001, cuando Vicente Fox ordenó mediante decreto21 a la Secretaría de Gobernación y demás instancias de la administración pública federal, al Gobierno del Distrito Federal, y a las entidades de la Federación, transferir al Archivo General de la Nación “la totalidad de los archivos, expedientes, documentos e información en general” generada por las instancias estatales que perpetraron la represión durante el régimen autoritario priista del siglo pasado, el presidente López Obrador, previo a la creación de la COVEHJ en octubre del 2021, instruyó el 28 de febrero de 2019 a las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la administración pública federal:22
…a transferir al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción (DOF, 2019).
En 2022, el presidente López Obrador autorizó la apertura de instalaciones militares para la realización de acciones de reconocimiento y búsqueda en el Campo Militar número 1, lugar donde se formó la Brigada Blanca, cuerpo dedicado a la destrucción de la guerrilla en Guerrero. También autorizó el acceso a zonas militares de Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, y otras instalaciones, entre ellas, el Estado Mayor Presidencial. La COVEHJ ha realizado acciones de reconocimiento en las citadas instalaciones militares, ha consultado archivos, realizado entrevistas, y recibido testimonio de personas víctimas de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, parece poco probable que logre cumplir con la encomienda que le fue asignada, a tan solo meses de que concluya su existencia, el 30 de septiembre de 2024.
La COVEHJ está compuesta por cinco ejes o mecanismos principales:23
El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH, de ahora en adelante), encargado de esclarecer lo sucedido y la forma en que el Estado interactuó con la sociedad en términos de violaciones graves a los derechos humanos.
El Comité para el Impulso a la Justicia, que pretende la creación de una fiscalía especializada que atienda casos muy puntuales.
El Programa Especial de Reparación Integral y Compensación para que las víctimas y familiares puedan acceder a compensaciones individuales y colectivas por violaciones a los derechos humanos perpetradas en su contra.
El Programa Especial de Búsqueda, cuya encomienda es llevar a cabo acciones de búsqueda e investigación de campo para la localización de personas desaparecidas.
El Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición, que perseguirá una política de Estado de memoria y de verdad (ver sitio oficial del MEH).
La instancia que ha operado de forma intensiva ha sido el MEH. Sin embargo, el equipo de investigadores que lo integra ha enfrentado múltiples limitaciones para poder acceder a los diversos fondos documentales, debido a la renuencia de las instituciones que perpetraron las violaciones a derechos humanos. El 15 de agosto de 2023, el MEH presentó el Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGN (MEH, 2023a). En este:
Se presenta un panorama amplio de la situación de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN), y del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) resguardados en el Archivo General de la Nación (AGN), a partir de las observaciones de las personas investigadoras del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de cara a la exigencia de transferencia de la documentación faltante luego de la salida del personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del AGN el 7 de enero de 2019 (p. 3).
El Informe técnico refiere “…la opacidad en torno a la transferencia de la documentación que el CNI está obligado a realizar al AGN a partir del Acuerdo presidencial de 2019”, y presenta evidencias de que hay material faltante, “…ya sea porque nunca fue entregado por la agencia de inteligencia o porque pudo haber desaparecido, pues hoy no está disponible en el AGN a pesar de que existe rastro de su existencia por diversos instrumentos de consulta” (MEH, 2023a, p. 3).
El documento pone de manifiesto que el CISEN (antes DFS y ahora Centro Nacional de Inteligencia - CNI), transfirió archivos al AGN con todo y personal propio para filtrar y censurar los documentos a ser consultados. Reseña que el presidente Fox ordenó a la Secretaría de Gobernación transferir al AGN la totalidad de los archivos generados por la DFS/DGIPS/CISEN hasta 1985, y su secretario de Gobernación, Santiago Creel, ordenó que personal del entonces CISEN se trasladara al AGN a custodiar los archivos transferidos, bajo el membrete de “cooperación técnica”. De acuerdo con el MEH (2023a, pp. 16-17), en su momento, el entonces CISEN entregó al AGN un total de 4,223 cajas, con cerca de 58,302 expedientes, correspondientes al periodo 1947-1985, creados en su mayoría por la extinta DFS. Vicente Capello y Rocha, agente de la DFS desde 1961, encabezó un grupo de diez personas, y se hizo cargo de la Galería 1 del AGN hasta su muerte en 2011. Las cajas llegaron al AGN el 8 de marzo de 2002. Desde ese momento, y hasta el 7 de enero de 2019, que el personal del CISEN salió del AGN, la consulta de los documentos pasaba primero por la censura del mismo órgano que perpetró las atrocidades.
Por añadidura, la encomienda de la FEMOSPP le instruía revisar hasta 1985, en tanto que la encomienda de la COVEHJ le instruye atender violaciones graves a los derechos humanos cometidas hasta 1990. Este “vacío temporal” ha sido utilizado como pretexto para no entregar información, generando “confusión” respecto a sobre si la información ya fue entregada o no. Los investigadores del MEH señalan que el CNI aún tiene bajo su poder documentación de la DFS/DGIPS/CISEN que nunca fue transferida al AGN, o que sí lo fue, pero ahora no está localizable. Observaron discrepancias entre los expedientes registrados en los distintos catálogos y su localización en los depósitos del AGN, expedientes faltantes o incompletos, gavetas vacías, documentos digitalizados que no se encuentran, y un sistema de registro computacional llamado UNIPLEX con el que no se cuenta (MEH, 2023a, pp. 16-17).
El 22 de agosto de 2023, el MEH publicó el documento Ampliación de evidencias sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGN (MEH, 2023b). El 20 de septiembre de 2023, publicó Segunda ampliación de evidencias sobre la transferencia de documentación del CNI al AGN (MEH, 2023c). En ambos documentos se presenta evidencia de extracción de documentos de los archivos DFS/DGISEN/CISEN por parte del CNI. La información faltante es aquella que:
…puede inculpar a los agentes, miembros del Gobierno y privados, en algunas violaciones graves a los derechos humanos, así como otro tipo de delitos. Se trata de documentación de personal que permitiría identificar a los agentes o sus allegados. No obstante, quedaron huellas de la extracción del material que muy probablemente se encuentre resguardado por el CNI… (MEH, 2023c, p. 5).
Con el Pronunciamiento #SedenaAbreTusArchivos del 11 de octubre de 2023, el MEH denunció públicamente la obstaculización de la Secretaría en la consulta de documentación histórica:
…con el ocultamiento de la información, la Sedena perpetúa el ciclo de impunidad, opacidad e injusticia respecto a las violaciones graves a derechos humanos del periodo 1965-1990 de las que fue responsable. La obstaculización de los trabajos de esclarecimiento para la verdad por parte de la institución militar es muestra fehaciente de factores de persistencia en las estructuras del Estado que tienden los hilos del pasado hasta el presente (s/p).
El 11 de octubre de 2023, el MEH publicó Las formas del silencio. Reporte a la sociedad mexicana de la situación que guarda la consulta de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un caso de obstrucción a la verdad (2023e, p. 11). Aquí reseña que sus investigadores ingresaron por primera vez a la Sección de Concentración de la Dirección General de Archivo e Historia (DGAH) de la Sedena, ubicada en el Campo Militar No. 1, el 4 de julio de 2022. El personal militar pasó de una “colaboración pasiva” a una “obstrucción activa”, cuando el MEH logró identificar un centro clandestino de detención en la 9.a Zona Militar en Sinaloa, gracias al testimonio de sobrevivientes y a documentación de archivo. A partir de ese momento, los militares comenzaron “obstruir y dificultar abiertamente el trabajo de localización y revisión de documentos” (p. 9). Ante la obstrucción, el MEH decidió retirar a su equipo a finales de septiembre de 2023.
De forma simultánea a la publicación del reporte Las formas del silencio (2023e), el MEH presentó el Anexo. La obstrucción a la verdad. Reporte de incidencias en la consulta de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (MEH, 2023f). En este, expone “de manera puntual y cronológica” las dificultades que enfrentó en sus trabajos de consulta e investigación en la DGAH y algunas de sus instalaciones militares entre julio de 2022 y septiembre de 2023 (p. 7). Durante el momento de colaboración inicial, los investigadores pudieron acceder a los estantes del archivo militar y alcanzaron a elaborar un inventario topográfico (aunque solo se les permitió ver las carátulas de los expedientes). Este inventario reveló que existen aún en los archivos militares muchos documentos de interés para las investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 (a pesar de que supuestamente en enero de 2002 se habían transferido todos los archivos por mandato presidencial) (MEH, 2023e, p. 9). Además, los investigadores encontraron información sobre violaciones de derechos humanos más allá de la represión conocida de movimientos estudiantiles y grupos armados, indicando que existe un “…espectro temático y de víctimas mucho más amplio que el que ha sido admitido por el propio Estado” (MEH, 2023e, p. 10).
El MEH acusa que el personal militar simuló cumplir la instrucción presidencial de abrir sus archivos e instalaciones, utilizando diversas estrategias y argumentos para negar la consulta del material. Algunos de estos son:
Se suspendió la entrada a la zona de estantería, por lo que no pudo continuarse con el inventario de expedientes (MEH, 2023f, p. 9).
Expedientes manipulados e intercambiados en cajas que no corresponden con su ubicación original en estantería, alteración de legajos e intercambio de documentos de un expediente a otro, negación de manuales internos y alteración de expedientes solicitados (pp. 17-23).
La Sedena no cumplió con el acuerdo de digitalizar documentos, argumentando “fallas técnicas” del equipo de fotocopiado (p. 9).
El personal del archivo negó la existencia de los Archivos Especiales, aunque estos aparecen referidos en el Manual de Archivo del Ejército (p. 15).
Utilización de “estrategias dilatorias y de desgaste”, para después empezar a negar el material (MEH, 2023e, pp. 10, 30-31).
Personal militar censuraba los expedientes solicitados, “… sustrayendo partes de los documentos que contuvieran documentos considerados por los militares como inadecuados para la consulta por contener evidencia de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990” (p. 32).
Negación de planos que confirmarían la ubicación de sitios clandestinos de detención y tortura, así como de fosas comunes, argumentando riesgos para la seguridad nacional (pp. 13-14).
Rechazo a la solicitud de entrevistar al personal militar, aduciendo que la Sedena “no está facultada para convocar al personal militar a ser entrevistado”. Asimismo, negativa a brindar acceso a hojas de servicio y expedientes laborales, sosteniendo que “al contener información de carácter personal se precisa de la autorización de cada uno de los titulares de la información, pues revelarla sin su autorización supondría una violación a la Ley General de Protección de Datos Personales” (pp. 14-15).24
Negativa a proporcionar expedientes posteriores a 1990, pero que documentan hechos ocurridos entre 1965 y 1990, argumentando que se encuentran fuera del periodo señalado por el Decreto Presidencial de diciembre de 2021, y que de hacerlo, la Sedena “… incurriría en responsabilidad administrativa o penal” (pp. 14-15).
Negativa a proporcionar expedientes producidos entre 1965 y 1990, pero que a criterio de la Sedena no tienen relación con los asuntos que aborda la Comisión, o por contener datos de otros países, pudiendo “…afectar las relaciones de amistad con esas naciones” (p. 15).
El caso Ayotzinapa evidencia el daño que puede ocasionar el uso político de la construcción de la verdad. Siendo opositor crítico al gobierno del priista Enrique Peña Nieto, AMLO siempre descalificó la llamada “verdad histórica”, la cual presentó como perpetradores de las violaciones de derechos humanos al grupo criminal Guerreros Unidos, en colusión con algunos miembros de la policía a escala estatal y municipal. Al volverse titular del poder ejecutivo, AMLO decretó la creación de la COVAJ, cuyo principal encargo sería desmontar la versión oficialista sobre lo ocurrido, esclarecer la verdad y dar con el paradero de los normalistas desaparecidos. Sin embargo, el caso se encuentra más entrampado que nunca, y es posible observar, a unos meses de que concluya su administración, una fractura cada vez mayor entre el presidente y los familiares de los estudiantes.
La COVAJ “desmontó” la versión oficial que sostenía que la desaparición era producto de la confusión entre grupos criminales enemigos. Incluso acusó a los anteriores responsables de la investigación de haber obtenido confesiones bajo tortura. La Comisión presentó la desaparición de los normalistas como un crimen de Estado, con la presunta participación del Ejército, lo que colocó a AMLO en una posición complicada. En un contexto caracterizado por una elevada violencia criminal, en el que se requiere el apoyo de las fuerzas armadas para hacer frente a los grupos del crimen organizado, el presidente ha mantenido una posición ambigua. Su oposición inicial a la versión oficial sobre lo ocurrido, las promesas hechas sobre verdad y justicia, su situación comprometida frente al Ejército, sus acusaciones sobre la manipulación de la que son objeto familiares y normalistas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos de probada credibilidad, más un manejo receloso y distante con los padres (el presidente rechaza entrevistarse con ellos), han provocado los efectos contrarios a lo que la JT persigue. En lugar de haber logrado una verdad socialmente aceptada y de haber llevado a la justicia a los responsables, lo que hubiera contribuido a la cohesión social, el uso político de la JT ha provocado mayor polarización social.
Fernández (2024, marzo 8) considera que la “verdad histórica” sí refleja lo que realmente ocurrió: fue un “acto de barbarie” cometido por grupos criminales que estaban coludidos con fuerzas políticas y policiales locales. Señala: “…lo sucedido en Iguala no fue un crimen de Estado, fue una operación criminal llevada a cabo por integrantes del crimen organizado”. Frausto (2023, pp. 369-370), por su parte, apunta:
La difuminación de fronteras entre el Estado y los grupos del crimen organizado, y la falta de claridad sobre si los grupos delincuenciales obedecían las órdenes de las fuerzas policiales o si la relación de mando era a la inversa, puso en cuestión no solo la voluntad del Estado mexicano de cumplir con los derechos humanos, sino también su capacidad.
El presidente ha quedado atrapado entre su rechazo a la “verdad histórica” y la versión de la COVAJ sobre un crimen de Estado, construida con base en declaraciones de criminales testigos protegidos que involucran a militares.25 Paradójicamente, AMLO es el presidente que más poder y facultades le ha dado al Ejército y, sin embargo, no ha hecho gran cosa ante la versión construida con base en las declaraciones de sicarios confesos de Guerreros Unidos. Señala Fernández (2024, marzo 8):
El presidente López Obrador quedó atrapado en la encrucijada de Ayotzinapa, pero él mismo construyó esa trampa y se encerró en ella. No solo se encerró: sectores de su propio movimiento han utilizado el caso para golpeteos internos, para apoyar y descalificar a personajes e instituciones. Mientras el presidente llena de tareas a los militares, desde ahí se los insulta y agrede, se los pone tras las rejas, mientras se libera a los sicarios.
Desde la perspectiva de los familiares, el Ejército intervino directamente en la desaparición de sus hijos, y les impide acceder a toda la información generada con motivo de la investigación. El hecho de que los militares retengan información es para ellos prueba fehaciente de que no quieren que se conozca su intervención como perpetradores o, por lo menos, su inacción. Por ello, su principal exigencia es que el presidente obligue al Ejército a entregar documentos clave, producto de espionaje militar. AMLO, por su parte, insiste en que los familiares están siendo manipulados por intereses conservadores opuestos a su gobierno.
La COVEHJ ha tenido varios resultados positivos, entre los que destacamos los siguientes:
Logró convocar al diálogo con la sociedad, por lo que, producto de testimonios diversos, obtuvo más información sobre las violaciones de derechos humanos cometidos durante el periodo objeto de su mandato. Asimismo, contribuyó a socializar la importancia de conocer la verdad y de construirla colectivamente, tomando siempre en cuenta a las víctimas y a sus familiares. Con ello, abonó a la comprensión de la trascendencia de la JT en una sociedad que desea sanar su pasado represivo.
Reforzó lo que la FEMOSPP y la ComVerdad ya habían señalado sobre el rol activo de las fuerzas armadas como perpetradoras de las atrocidades del pasado, así como el pleno conocimiento que tenían las autoridades civiles de lo que ocurría y, en muchos casos, las instrucciones directas a las fuerzas castrenses. Asimismo, logró confirmar la existencia de documentación que avala lo anterior, a pesar de la negativa a brindar acceso a los archivos, y de la alteración y/o destrucción de material que podría sustentar responsabilidades concretas.
Evidenció la negativa de las instituciones encargadas del espionaje y la persecución a cooperar en el esclarecimiento de las violaciones graves de derechos humanos perpetrados por el Estado mexicano en el siglo XX. El MEH puso de manifiesto las resistencias del CISEN/CNI, el cual simuló cumplir con las órdenes presidenciales de Fox y de López Obrador de transferir sus documentos al AGN. Del mismo modo, exhibió cómo la Sedena puso en práctica un conjunto de estrategias y arguyó un conjunto de pretextos para no permitir el acceso a sus archivos e instalaciones. Dicha reacción de nula cooperación ya había sido también observada por la FEMOSPP y la ComVerdad. El MEH ha invitado públicamente a las fuerzas armadas a abrir sus archivos, e incluso han aludido a la necesidad de contar con la voluntad del presidente:
Instituciones, como la Sedena, que históricamente han violado derechos humanos, difícilmente permitirían de buen grado y sin exigencia de nuestra sociedad que se investigue su pasado y se denuncien sus atropellos. Solo las leyes y una firme voluntad del presidente de la República pueden destrabar los nudos de complicidad y silencio que se perpetúan hasta el presente y que impiden a las víctimas tener por fin verdad sobre los hechos y justicia en torno a estos (MEH, 2023e, p. 34).
El MEH ha tenido una mejor estrategia de comunicación con la sociedad que la FEMOSPP,26 informando constantemente sobre el desarrollo de sus actividades, y las resistencias y obstáculos con los que se ha topado. A pesar de las resistencias del Ejército, presentará su informe final en septiembre de 2024 con testimonios recogidos y la consulta que ha hecho de otros archivos.
La JT ha evolucionado con el paso del tiempo y ha ampliado sus márgenes de acción. Se han colocado grandes expectativas sobre estos instrumentos y procesos extraordinarios de justicia; desde la posibilidad de juzgar a los responsables de las atrocidades, hasta de lograr la pacificación de una sociedad en conflicto bélico. En el caso mexicano, la JT ha sido utilizada políticamente, lo que le ha provocado pérdida de credibilidad y de legitimidad. La primera instancia de JT, la FEMOSPP, fue una simulación, constituyéndose en una amnistía de facto para los perpetradores de las violaciones de derechos humanos. Con su actuación, eliminó las posibilidades de las subsecuentes comisiones de la verdad de conocer los hechos y las circunstancias en que ocurrieron los abusos, y con ello proporcionar insumos para que los otros pilares de la JT puedan ponerse en marcha. La Fiscalía creada por Fox mandó un mensaje de impunidad, en el que quedó clara la lógica autoritaria y represiva del Estado. Además, propició que los actores estatales especializados en la violencia se integraran a los grupos criminales, o bien les dieran protección desde las propias instancias estatales. Al inutilizar muchos de los archivos necesarios para documentar la verdad, la Fiscalía truncó la posibilidad de una JT efectiva.
En el presente, México padece una violencia criminal multicausal, cometida por integrantes del crimen organizado en colusión con actores estatales. En el contexto actual, padecemos la violencia derivada del enfrentamiento de grupos criminales entre sí, de grupos criminales contra sectores del Estado, de los excesos en el uso de la fuerza de los militares, y del uso predatorio de la violencia contra la población civil. Ante la indefensión de la sociedad y la capacidad coercitiva de los diferentes actores mencionados, pareciera que solo las fuerzas armadas poseen la capacidad para hacerles frente. Esto ha provocado que no haya existido, en quienes han ocupado la titularidad del poder ejecutivo, la voluntad de exponer los crímenes cometidos en el pasado y en el presente por actores estatales y, en concreto, por los militares. En el caso de Fox, por sus presuntas negociaciones con el PRI para canjear impunidad a cambio de gobernabilidad. En el caso de Calderón, por su necesidad de obtener legitimidad a través de su declaratoria de guerra contra el narco y por su estrategia de militarizar la seguridad pública. En el caso de Peña Nieto, por estar inscrito en la vieja lógica priista de la naturalidad del abuso del poder estatal y por las inercias de las herencias autoritarias. En el caso de AMLO, por la necesidad de apoyarse en las fuerzas armadas dada la complejidad, amplitud y profundidad de la penetración del crimen organizado en amplias regiones del territorio nacional. Como resultado, a partir de la transición democrática, ningún presidente de la República ha tenido un auténtico compromiso con la verdad ni la voluntad política de llevar ante la justicia a los responsables de las atrocidades.
Las dos comisiones de la verdad aún vigentes no han podido cumplir con los supuestos cometidos encargados por el presidente de la República, comandante supremo de las fuerzas armadas. Estas, lejos de cooperar, han obstaculizado las labores de las comisiones. En el caso de la COVAJ, el uso político de la construcción de la verdad ha tenido como consecuencia la pérdida de credibilidad en la Comisión, ha fracturado la relación de AMLO con los familiares de las víctimas, y ha erosionado su imagen pública ante las acusaciones de encubrimiento al Ejército. Así pues, la COVAJ no logró construir una verdad socialmente aceptada, que ayudara a sanar la herida en la sociedad. En el caso de la COVEHJ, no pudo documentar plenamente la participación de los militares en las violaciones de derechos humanos, ni responsabilidades concretas. El daño ocasionado por la negativa militar a abrir sus archivos es grave, ya que al ser el esclarecimiento histórico de lo ocurrido el primer eje de la Comisión, no podrán ponerse en marcha los otros cuatro ejes previstos: una fiscalía para impulsar la justicia, el programa de compensación para víctimas y familiares, la búsqueda para localizar a las víctimas de desaparición forzada, y la construcción de una política de Estado de memoria y verdad.
La administración 2018-2024 concluye con una fractura importante entre las víctimas y sus familiares, y el presidente AMLO, y con la desilusión de la sociedad respecto a las posibilidades efectivas de la JT de saber qué ocurrió, juzgar a los responsables, y sanar las heridas. ¿Quién pierde con el empantanamiento de las investigaciones, con la negativa de acceder a los archivos históricos y con la simulación de la JT? La sociedad mexicana en su conjunto, que no logra encontrar los mecanismos para conocer la verdad, castigar las violaciones de derechos humanos del pasado y del presente, y garantizar la no repetición.
Aguayo, S. y Treviño, J. (2007). Fox y el pasado. La anatomía de una capitulación. Foro Internacional, 190, XLVII(4), 709-739. https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/1865
S. Aguayo J. Treviño 2007Fox y el pasado. La anatomía de una capitulaciónForo InternacionalXLVII4709739https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/1865
Amnistía Internacional (2006). México. Violencia contra las mujeres y denegación de justicia en el Estado de México. https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/028/2006/es/
Amnistía Internacional 2006México. Violencia contra las mujeres y denegación de justicia en el Estado de Méxicohttps://www.amnesty.org/es/documents/amr41/028/2006/es/
Botero M., J. L. y Daza G., A. (2022). Los actores militares en comisiones de la verdad de América Latina. Via Inveniendi Et Iudicandi, 17(2), 81-100. https://doi.org/10.15332/19090528.8766
J. L. Botero M. A. Daza G. 2022Los actores militares en comisiones de la verdad de América LatinaVia Inveniendi Et Iudicandi1728110010.15332/19090528.8766
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE) (2018). Estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de Justicia Transicional en México. México: CIDE/CNDH. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-01/Estudio_Justicia_Transicional_Mexico.pdf
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE) 2018Estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de Justicia Transicional en MéxicoMéxicoCIDECNDHhttps://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-01/Estudio_Justicia_Transicional_Mexico.pdf
Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (ComVerdad) (2014). Informe Final de Actividades. https://sitiosdememoria.segob.gob.mx/work/models/SitiosDeMemoria/Documentos/PDF/InformeFinalCOMVERDAD.pdf
Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (ComVerdad) 2014Informe Final de Actividadeshttps://sitiosdememoria.segob.gob.mx/work/models/SitiosDeMemoria/Documentos/PDF/InformeFinalCOMVERDAD.pdf
Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) (2022, agosto). Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Gobierno de México.
Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) 082022Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso AyotzinapaGobierno de México
__________ (septiembre de 2023). 2.oInforme de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Gobierno de México.
Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) 0920232. o Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso AyotzinapaGobierno de México
__________ (29 de diciembre de 2023). Comunicado 3049. “Gobierno de México abre acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidos”. https://comisionayotzinapa.segob.gob.mx/work/models/Comision_para_la_Verdad/Documentos/pdf/Comunicado_3049_COVAJ_Ayotzi_29dic23.pdf
Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) 291220233049Gobierno de México abre acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidoshttps://comisionayotzinapa.segob.gob.mx/work/models/Comision_para_la_Verdad/Documentos/pdf/Comunicado_3049_COVAJ_Ayotzi_29dic23.pdf
De la Calle, L. y Schedler, A. (2021). ¿Borrón sin cuenta nueva? La injusticia transicional en guerras civiles económicas. Perfiles Latinoamericanos, 29(57). FLACSO México, 29(57), 195-220. doI: dx.doi.org/10.18504/pl2957-008-2021.
L. De la Calle A. Schedler 2021¿Borrón sin cuenta nueva? La injusticia transicional en guerras civiles económicasPerfiles Latinoamericanos2957FLACSO México19522010.18504/pl2957-008-2021
Diario Oficial de la Federación (DOF) (27 de noviembre de 2001). Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=758894&fecha=27/11/2001
Diario Oficial de la Federación (DOF)27112001Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasadohttps://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=758894&fecha=27/11/2001
Diario Oficial de la Federación (DOF) (28 de febrero de 2019). Acuerdo por el que se establecen diversas acciones para la transferencia de documentos históricos que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551415&fecha=28/02/2019&print=true
Diario Oficial de la Federación (DOF)28022019Acuerdo por el que se establecen diversas acciones para la transferencia de documentos históricos que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federalhttps://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551415&fecha=28/02/2019&print=true
Diario Oficial de la Federación (DOF) (6 de octubre de 2021). Decreto por el que se crea la comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631865&fecha=06/10/2021#gsc.tab=0
Diario Oficial de la Federación (DOF)06102021Decreto por el que se crea la comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631865&fecha=06/10/2021#gsc.tab=0
Frausto L., C. (2023). La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Violaciones de derechos humanos y la activación de una red trasnacional de activismo, pp. 363- 402. En Espíndola, Juan y Serrano, Mónica (eds.). Verdad, justicia y memoria: derechos humanos y justicia transicional en México. México: El Colegio de México.
C. Frausto L. 2023La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Violaciones de derechos humanos y la activación de una red trasnacional de activismo363 402 Juan Espíndola Mónica Serrano Verdad, justicia y memoria: derechos humanos y justicia transicional en MéxicoMéxicoEl Colegio de México
International Center for Transitional Justice (ICTJ) (2018). ¿Qué es la Justicia Transicional?https://www.ictj.org/es/what-transitional-justice
International Center for Transitional Justice (ICTJ) 2018¿Qué es la Justicia Transicional?https://www.ictj.org/es/what-transitional-justice
Marroquín Pineda, Teresa Isabel (2023). Alcances de la justicia transicional en un contexto de violencia criminal y de fragilidad estatal. Apuntes sobre el caso mexicano. Journal de Ciencias Sociales, 2(21), Año 11. Argentina: Universidad de Palermo. https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/jcs/article/view/9763
Teresa Isabel Marroquín Pineda 2023Alcances de la justicia transicional en un contexto de violencia criminal y de fragilidad estatal. Apuntes sobre el caso mexicanoJournal de Ciencias Sociales221ArgentinaUniversidad de Palermohttps://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/jcs/article/view/9763
Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) (2023a). Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGN. 2023, agosto 15. https://www.meh.org.mx/publicaciones/informe-tecnico-sobre-el-archivo-dfs-dgisen-cisen-en-agn/
Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) 15082023Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGNhttps://www.meh.org.mx/publicaciones/informe-tecnico-sobre-el-archivo-dfs-dgisen-cisen-en-agn/
__________ (2023b). Ampliación de evidencias sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGN. 2023, agosto 22. https://www.meh.org.mx/publicaciones/ampliacion-de-evidencias-sobre-el-archivo-dfs-dgisen-cisen-en-agn/
Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) 22082023Ampliación de evidencias sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGNhttps://www.meh.org.mx/publicaciones/ampliacion-de-evidencias-sobre-el-archivo-dfs-dgisen-cisen-en-agn/
__________ (2023c). Segunda ampliación de evidencias sobre la transferencia de documentación del CNI al AGN. 2023, septiembre 20. https://www.meh.org.mx/publicaciones/segunda-ampliacion-de-evidencias-sobre-la-transferencia-de-documentacion-del-cni-al-agn/
Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) 20092023Segunda ampliación de evidencias sobre la transferencia de documentación del CNI al AGNhttps://www.meh.org.mx/publicaciones/segunda-ampliacion-de-evidencias-sobre-la-transferencia-de-documentacion-del-cni-al-agn/
__________ (2023d). Pronunciamiento #SedenaAbreTusArchivos. 2023, octubre 11. https://www.meh.org.mx/comunicacion/comunicados/pronunciamiento-sedenaabretusarchivos/
Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) 11102023Pronunciamiento #SedenaAbreTusArchivoshttps://www.meh.org.mx/comunicacion/comunicados/pronunciamiento-sedenaabretusarchivos/
__________ (2023e). Las formas del silencio. Reporte a la sociedad mexicana de la situación que guarda la consulta de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un caso de obstrucción a la verdad. 2023, octubre 11. https://www.meh.org.mx/comunicacion/publicaciones/las-formas-del-silencio/
Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) 11102023Las formas del silencio. Reporte a la sociedad mexicana de la situación que guarda la consulta de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un caso de obstrucción a la verdadhttps://www.meh.org.mx/comunicacion/publicaciones/las-formas-del-silencio/
__________ (2023f). Anexo. La obstrucción a la verdad. Reporte de incidencias en la consulta de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 2023, octubre 11. https://www.meh.org.mx/comunicacion/publicaciones/la-obstruccion-a-la-verdad/
Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) 11102023Anexo. La obstrucción a la verdad. Reporte de incidencias en la consulta de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacionalhttps://www.meh.org.mx/comunicacion/publicaciones/la-obstruccion-a-la-verdad/
__________ (2024). Boletín de actividades #14, 2024, enero 15. https://www.meh.org.mx/comunicacion/comunicados/boletin-de-actividades-14/
Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) 15012024Boletín de actividades14https://www.meh.org.mx/comunicacion/comunicados/boletin-de-actividades-14/
Olsen, T. D., Payne, L. A. y Reiter, A. G. (2010). Transitional justice in the world, 1970-2007: Insights from a new dataset. Journal of Peace Research, 47(6), 803-809.
T. D. Olsen L. A. Payne A. G. Reiter 2010Transitional justice in the world, 1970-2007: Insights from a new datasetJournal of Peace Research476803809
Organización de las Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos (1997). La administración de la justicia y los derechos humanos de los detenidos. La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos). Informe final elaborado y revisado por M. Joinet en aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión. Distr. General E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1. 2 de octubre de 1997. https://digitallibrary.un.org/record/236772?ln=fr
Organización de las Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos 02101997La administración de la justicia y los derechos humanos de los detenidos. La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos) M. Joinet E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1https://digitallibrary.un.org/record/236772?ln=fr
__________. Consejo de Seguridad (2004). El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. S/2004/616. Informe del secretario general. Naciones Unidas. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n04/395/32/pdf/n0439532.pdf?token=HwPkL77gCLMPPa7f56&fe=true
Organización de las Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos 2004El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictosS/2004/616Informe del secretario general. Naciones Unidashttps://documents.un.org/doc/undoc/gen/n04/395/32/pdf/n0439532.pdf?token=HwPkL77gCLMPPa7f56&fe=true
Rodríguez Lanuza, Luis Fernando, Cruz Torres, Margarita y Ortega Saldívar, Ruth (2023). La justicia transicional y la construcción de paz en México. Análisis de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en Revista CoPaLa. Construyendo Paz Latinoamericana, 9(19), 1-26.
Luis Fernando Rodríguez Lanuza Margarita Cruz Torres Ruth Ortega Saldívar 2023La justicia transicional y la construcción de paz en México. Análisis de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso AyotzinapaRevista CoPaLa. Construyendo Paz Latinoamericana919126
Sarkin, J. (2021). Why the Theory and Practice of Transitional Justice Needs to be Better Integrated in all Places around the World. AlMuntaqa, septiembre/octubre, 4(1), 39-55. https://www.jstor.org/stable/10.31430/almuntaqa.4.1.0039
J. Sarkin 102021Why the Theory and Practice of Transitional Justice Needs to be Better Integrated in all Places around the WorldAlMuntaqa413955https://www.jstor.org/stable/10.31430/almuntaqa.4.1.0039
Secretaría de Gobernación (2018). Modelo Óptimo de la Función Policial. Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas. 30 de abril. Recuperado de https://www.secretariadoejecutivo.gob.mx//doc/Diagnostico_Nacional_MOFP_al_30_04_18.pdf
Secretaría de Gobernación 30042018Modelo Óptimo de la Función Policial. Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativashttps://www.secretariadoejecutivo.gob.mx//doc/Diagnostico_Nacional_MOFP_al_30_04_18.pdf
Solalinde, José Alejandro, Marina Patricia Jiménez y Diego Enrique Osorno (2016). ¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca. Informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos al pueblo oaxaqueño en 2006 y 2007 (Versión Ejecutiva). https://www.dropbox.com/s/olgkklqskg6tmgy/INFORME-FINAL-COMISION-DE-LA-VERDAD-DE-OAXACA.pdf?dl=0
José Alejandro Solalinde Marina Patricia Jiménez Diego Enrique Osorno 2016¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca. Informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos al pueblo oaxaqueño en 2006 y 2007 (Versión Ejecutiva)https://www.dropbox.com/s/olgkklqskg6tmgy/INFORME-FINAL-COMISION-DE-LA-VERDAD-DE-OAXACA.pdf?dl=0
Teitel, Ruti, Transitional Justice Genealogy (Symposium: Human Rights in Transition) (2003). Harvard Human Rights Journal, 16. https://ssrn.com/abstract=4041414
Ruti Teitel Transitional Justice Genealogy (Symposium: Human Rights in Transition)2003Harvard Human Rights Journal16https://ssrn.com/abstract=4041414
TResearch International (2024, marzo 18). La guerra en números. Desapariciones en México. Histórico de casos. Recuperado de https://www.tresearch.mx/post/desapariciones-mx
TResearch International 18032024La guerra en números. Desapariciones en México. Histórico de casoshttps://www.tresearch.mx/post/desapariciones-mx
__________ (2024, abril 4). La guerra en números. Homicidios en México. Cifras diarias e históricas. Recuperado de https://www.tresearch.mx/post/homicidios-mx
TResearch International 04042024La guerra en números. Homicidios en México. Cifras diarias e históricashttps://www.tresearch.mx/post/homicidios-mx
Valencia, H. (2007). Introducción a la Justicia Transicional. Conferencia magistral impartida en la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” de la Universidad de Guadalajara, México.
H. Valencia 2007Introducción a la Justicia TransicionalCátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”Universidad de GuadalajaraMéxico
Belmont, J. A. (2018, abril 12). Con “abrazos, no balazos”, AMLO promete reducir violencia. Grupo Milenio. https://www.milenio.com/politica/abrazos-balazos-AMLO-promete-reducir-violencia
J. A. Belmont 12042018Con “abrazos, no balazos”, AMLO promete reducir violenciaGrupo Mileniohttps://www.milenio.com/politica/abrazos-balazos-AMLO-promete-reducir-violencia
El Financiero (2023, septiembre 26). Sin acceso a la información y a la verdad, el caso Ayotzinapa seguirá vivo. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/julietadelrioinai/2023/09/26/sin-acceso-a-la-informacion-y-a-la-verdad-el-caso-ayotzinapa-seguira-vivo/
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Fernández M., J. (2024, marzo 8). Un monstruo llamado Ayotzinapa. Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/un-monstruo-llamado-ayotzinapa/1639704
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Milenio Digital (2021, septiembre 25). ¿Qué dice la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa? Grupo Milenio. https://www.milenio.com/politica/verdad-historica-del-caso-ayotzinapa-que-dice
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La Jornada (2023, noviembre 2). Condena COVAJ medida de prisión domiciliaria para Murillo Karam. https://www.jornada.com.mx/noticia/2023/11/02/politica/condena-covaj-medida-de-prision-domiciliaria-para-murillo-karam-6735
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Pérez G., Maximiliano (2024, marzo 10). México: el caso Ayotzinapa se reaviva con protestas de las familias y el homicidio de otro estudiante. France24. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20240310m%C3%A9xico-el-caso-ayotzinapa-se-reaviva-con-protestas-de-las-familias-y-el-asesinato-de-otro-estudiante
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Proceso (2023, septiembre 26). Caso Ayotzinapa, terso proceso contra militares imputados. https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/9/26/caso-ayotzinapa-terso-proceso-contra-militares-imputados-315527.html?utm_source=newsshowcase&utm_medium=gnews&utm_campaign=CDAqEAgAKgcICjCLgp8LMJiMtwMwpvPfAQ&utm_ content=rundown
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Román, J. A. y Olivares, E. (2015, julio 26). Qué es y quiénes forman el GLEL. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2015/07/26/politica/004n2pol
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Santos C., A. (2024, marzo 6). Los normalistas de Ayotzinapa derriban una de las puertas del Palacio Nacional para presionar a López Obrador. Los estudiantes, compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, exigen al presidente respuestas sobre el estancamiento de la investigación. El País. https://elpais.com/mexico/2024-03-06/los-normalistas-de-ayotzinapa-echan-abajo-una-de-las-puertas-del-palacio-nacional-para-presionar-a-lopez-obrador.html
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Tapia S., Anayeli (2024, enero 22). Alejandro Encinas se lanza contra la Sedena tras “sabadazo” en el caso Ayotzinapa. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2024/01/22/alejandro-encinas-se-lanza-contra-la-sedena-tras-sabadazo-en-el-caso-ayotzinapa/
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[2] Consultado de: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/jalisco/index.htm
[3] Es importante mencionar que la criminalidad y la violencia que trae aparejada, en buena medida es un problema heredado a AMLO. Al iniciar su administración se percata de la gravedad del problema y tiene que ajustar muchas de sus promesas de campaña. Uno de los aspectos a destacar es la insuficiencia de las policías. Al término del gobierno de Peña Nieto, la Policía Federal contaba con 37,331 elementos, siendo que lo ideal sería que un país con las dimensiones y densidad poblacional como México contara con una fuerza nacional de 200,000 o 300,000 elementos (SEGOB, 30 abril, 2018). De ahí que AMLO presentara la propuesta de creación de la Guardia Nacional como un mal necesario, en un contexto muy complicado.
[4] En todo lo relacionado con Teitel, la traducción del inglés al español es de nuestra autoría. De acuerdo con Teitel (2003): “La fase I de la genealogía, la fase de la posguerra, comenzó́ en 1945. A través de su símbolo más reconocido ―los Juicios de Núremberg conducidos por los aliados―, esta refleja el triunfo de la justicia transicional dentro del esquema del derecho internacional (p. 70). […] La fase II está asociada con un periodo de acelerada democratización y fragmentación política que ha sido caracterizado como la ‘tercera ola’ de transiciones. A lo largo del último cuarto del siglo XX, el colapso y desintegración de la Unión Soviética llevó a procesos simultáneos de democratización en muchos lugares del planeta. La retirada de fuerzas guerrilleras sustentadas por el régimen soviético hacia el final de los años 70 contribuyó al término de los regímenes militares en Sudamérica. Estas transiciones fueron inmediatamente seguidas por transiciones pos-1989 en Europa del Este, África y Centroamérica (p. 71). […] Hacia finales del siglo XX emerge la tercera fase o estado estable de la justicia transicional. Esta tercera fase se caracteriza por el fenómeno de la aceleración de la justicia transicional de fin de siècle, asociado con la globalización y tipificado por condiciones de marcada violencia e inestabilidad política. La justicia transicional se traslada desde la excepción de la norma, para convertirse en un paradigma del estado de derecho” (p. 71).
[6] Recuperado de: https://www.ictj.org/es/node/26363
[7] De acuerdo con Teitel (2003, p. 79): “Las comisiones de verdad son preferidas donde el régimen predecesor hizo desaparecer personas u ocultó información sobre su política persecutoria, como fue el caso típico en Latinoamérica. En contraste, las comisiones de verdad han sido de poco interés en la Europa poscomunista, donde el uso de la historia por parte de los gobiernos fue en sí mismo una dimensión destructiva de la represión comunista”.
[8] Martínez y Centeno (2020, p. 34) señalan que en parte ello se debe al rol relevante que estos actores han cobrado ante las nuevas amenazas a la seguridad: “El nuevo papel que las fuerzas armadas y la policía están adquiriendo en muchas de las democracias de la región, debido a las llamadas “nuevas amenazas” del crimen organizado o instrumentalizadas en los conflictos político-sociales, contraviene en muchos casos las recomendaciones de los Acuerdos de Paz o de las CDV (Comisiones de la Verdad)”.
[9] Apuntan Botero y Daza (2022, pp. 84-85): “Luego de las dictaduras militares: en Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), también conocida como la Comisión Sábato (1983), y en Chile, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación Chilena (CNVR) o Comisión Rettig (1990). Luego de acuerdos de paz, Comisión de la Verdad para El Salvador (1993) y la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) (1996). En un tercer grupo se ubican la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú (2001) y la segunda Comisión chilena, denominada Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech (2005). Finalmente […] el caso de Colombia, el cual representa, por el momento, la última CV establecida en la región. Se trata de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), con la cual se pretende avanzar en el conocimiento de la verdad respecto de lo sucedido en el conflicto armado colombiano y, con ello, dar lugar a la construcción de paz”.
[10] En el caso de la comisión de la verdad en Colombia, los equipos de investigación enfrentaron dificultades para acceder a la información tales como: “i) La oposición ilegal de reserva de la información por parte de los organismos que custodian información reservada o clasificada, ii) la falta de congruencia entre información solicitada y entregada, iii) las respuestas elusivas a lo concretamente requerido, iv) la inobservancia a las normas de manejo de archivo, v) la inexistencia de información por destrucción de archivos de derechos humanos y vi) la omisión de los términos legales para entregar información o la propia omisión de las solicitudes” (Botero y Daza, 2022, pp. 90-91).
[11] Asimismo, en el Principio 14-Medidas facilitando el acceso a los archivos (sic), establece que: “Cuando el acceso esté previsto en el interés de la investigación histórica, las formalidades de autorización solo tendrán la finalidad del control de acceso y no pueden ser utilizadas con fines de censura” (Naciones Unidas, 1997, p. 16).
[12] En el art. 8.º del Decreto (DOF, 2001) se observa: “La información de las dependencias cuya generación sea posterior a 1985, sea o no transferida al Archivo General de la Nación, estará a disposición de las instancias competentes del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las demás competentes en la materia que, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, deban consultarla, una vez satisfechos los requisitos que procedan y en los términos de la legislación aplicable”.
[13] Al momento de la presentación del informe, se encontraban detenidas 132 personas en diversos penales, se habían realizado 135 acciones de búsqueda en nueve municipios de Guerrero, y se habían intervenido 522 sitios. Sin embargo, solo se habían identificado tres restos de los 43 estudiantes, con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense y el Laboratorio de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck (COVAJ, 2023, p. 111).
[14] Candidata de la coalición electoral Sigamos Haciendo Historia, integrado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT), y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para las elecciones presidenciales de 2024.
[15] A pesar de ello, Encinas continuó opinando públicamente sobre el caso Ayotzinapa. Tanto así que cuando el 22 de enero de 2024, una jueza federal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó modificar la medida cautelar a ocho militares vinculados con la desaparición de los normalistas, acusados por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, y los dejó en libertad condicional, Encinas acusó a la Sedena de haber intervenido, oponiéndose a una investigación “encabezada” por el presidente de la República. Acusó que “se les ha concedido ventajas indebidas, en lo que considera una secuela procesal cuestionable que afecta la protección de las víctimas y sus familias” (Tapia, 2024, enero 22).
[16] Creado mediante Acuerdo de Asistencia Técnica firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y los representantes del Gobierno mexicano y de los familiares de los normalistas desaparecidos (Román y Olivares, 2015, julio 26). El GIEI abandonó el país el 31 de julio del 2023 ante la negativa del Ejército a cooperar.
[17] En concreto, acusa a dos de sus abogados, Santiago Aguirre y María Luis Aguilar, los cuales fueron espiados por el Ejército, a través de su programa Pegasus, en momentos clave de las investigaciones sobre la Guerra Sucia y sobre el caso Ayotzinapa (Santos, 2024, marzo 6).
[18] Ello motivó que la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, destituyera ―sin observar los procedimientos conducentes― a la fiscal Sandra Luz Valdovinos, al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y al secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera.
[19] Como la protesta que se llevó a cabo el 21 de marzo del 2024 por la visita a una universidad privada de Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia al Gobierno de la Ciudad de México. Los normalistas de Ayotzinapa se deslindaron de dicha manifestación.
[20] En el artículo 4.º (DOF, 2021) se establece que la Comisión “…integrará y presentará a la persona Titular del Ejecutivo Federal, a las víctimas, sus familiares, a las personas sobrevivientes, un informe final de esclarecimiento histórico de los hechos, procesos, instituciones y responsables que hicieron posible la comisión de graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, el cual será de libre acceso a la sociedad en general. La Comisión entregará a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o las que resulten competentes, el informe final para sus efectos conducentes”.
[21] Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado (DOF, 2001).
[22] Acuerdo por el que se establecen diversas acciones para la transferencia de documentos históricos que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (DOF, 2019).
[23] La COVEHJ no tiene una página web, solamente la tiene una de las instancias que la integra, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH). Disponible en http://www.meh.org.mx/
[24] La petición fue realizada en marzo de 2023, por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas, directamente al titular de la Sedena, Gral. Luis Crescencio Sandoval, entregándole una lista de 368 personas a ser entrevistadas. Tres meses después, el 29 de junio de 2023, el director general de Derechos Humanos de la Sedena negó la solicitud.
[25] La investigación bajo el gobierno de AMLO quedó a cargo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, bajo el mando de Omar Gómez Trejo, exfuncionario de la Comisión Interamericana y del GIEI. Gómez liberó a los asesinos confesos y utilizó sus testimonios para acusar a militares de haber tenido una participación en el crimen, y encarcelar al exprocurador Murillo Karam.