Las democracias latinoamericanas: las décadas de cambio, consolidación y declive

Introducción

En la actualidad, preguntarse ¿qué es la democracia?, ¿a quién representa?, ¿cómo funciona?, ¿cómo instaurarla y/o cómo mantenerla? adquiere sentido y relevancia. Dichos cuestionamientos han estado en el grueso del trabajo intelectual desde la Grecia Clásica (Dahl, 1989; Sartori, 1992; Rosanvallon, 2006; Coppedge, 2012). Tiempo durante el cual tanto la sociedad como la política han transmutado de tal forma que se ha relativizado el concepto (Dahl, 1989; Alcántara, 2008; Morlino, 2010; 2012; Escobar, 2011;Coppedge, Gerring y Lindberg, 2012; Coppedge, 2012). El debate sobre la democracia deriva en un conjunto de indeterminaciones conceptuales. Desde las interpretaciones clásicas hasta las concepciones liberales ―la democracia concebida como forma de gobierno, como representación política o como procedimiento―, aún en nuestros días no ha sido plenamente comprendida. Sea cual sea su exégesis, la democracia debe ser entendida desde una perspectiva sustantiva que parta de sus bases sociales históricas, por su composición orgánica y no solo por su función mecánica, procedimental. En este sentido, la democracia no puede instaurarse y entenderse solo a partir de sus lineamientos institucionales formales, sino como un proceso global, sistémico y estructural. Elementos que tienen que ver con el funcionamiento del sistema político en su conjunto y su capacidad de respuesta ante la sociedad.

En este debate, la región de América Latina cobra importancia debido a sus procesos de consolidación de la democracia. En el marco de la cooperación internacional, el continente americano ha firmado hasta el momento 16 normativas relacionadas con el desarrollo de los países americanos en busca de la defensa e institucionalización democrática (Tabla 1). Entre ellos destaca la Carta Democrática Interamericana (CDI) ratificada a principios del siglo XXI (11 de septiembre de 2001) por los Estados miembros y adoptada por la Asamblea General extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA).³ A poco más de dos décadas de la adopción de la Carta Democrática, cuyo objetivo era delimitar los instrumentos para la defensa activa de la democracia representativa (CDI, 2001) en favor del fortalecimiento de sus principios y prácticas en las Américas, queda preguntarse: ¿qué ha ocurrido en las democracias latinoamericanas?, en específico: ¿cuáles han sido los efectos asociados a los principios enunciados por la CDI? Para dar respuesta, la investigación tiene como objetivo definir el desarrollo de la democracia en América Latina con relación a los principios enunciados por la CDI.

Para ello, el artículo se estructura en cuatro secciones. La primera sección postula elementos teóricos en torno a la discusión de la democracia y su calidad. La segunda sección establece los elementos metodológicos de la investigación y señala la perspectiva teórica del estudio. La tercera sección se desarrolla en tres momentos: el primero presenta la evidencia sobre la evolución de la democracia en América Latina, en un segundo momento se definen los elementos para la clasificación de los tipos de democracias en la región, y en un tercer momento se realiza una evaluación sobre los retos de la democracia en estos sistemas. Finalmente, la cuarta sección cierra con las conclusiones.

La democracia y los indicadores de su consolidación

Hablar de democracia es referirse a sus instituciones, en función de los argumentos expresados por Robert Dahl (1989), quien expone que la relación entre la norma constitucional y la democracia es necesaria e inevitable. Esto pone de manifiesto que al instaurarse y mantenerse aquellas normas que liberalizan los derechos se da un proceso de consistencia al engranaje político en beneficio de la participación y posicionamiento ciudadano frente a la composición del poder político (Dahl, 1989). Es entender que la democracia va en función de mecanismos que la hacen empíricamente demostrable. La cual es entendida a partir de la identificación de aquellos derechos políticos y el grado de cumplimiento o aplicación de estos. No obstante dicho reconocimiento, aún no se han tomado suficientemente en cuenta otros elementos de carácter democrático, como la satisfacción ciudadana ante el régimen; es decir, el grado de penetración del ideal democrático en la sociedad.

En la actualidad, el predominio del pensamiento liberal se ha orientado por el impulso de mecanismos y procesos íntimamente ligados al desarrollo de la democracia. No obstante, este pensamiento ha ido en continuo decaimiento, ya que las sociedades contemporáneas han puesto de manifiesto su inconformidad ante los procesos políticos en sociedades que se creían más consolidadas democráticamente (Latinobarómetro, 2023; V-Dem, 2023). En este sentido, los procesos económicos actuales han cuestionado esta idea de democracia (Schumpeter, 1976). Por un lado, desde el nacimiento de la libertad e igualdad que exigía el cuerpo pequeñoburgués francés hasta el nacimiento del Estado benefactor (Rosanvallon, 2006), se encuentra la relación íntima entre el capitalismo y el ideal liberal democrático (Oxfam Intermón, 2014; Boix, 2006). Por lo anterior, es preciso entender a la democracia y su calidad a partir de las capacidades del sistema para responder a las necesidades de bienestar, justicia, equidad e igualdad que las sociedades requieren (v.Dahl, 1989; Morlino, 2012); en contraste con la condición excluyente que caracteriza a los regímenes dictatoriales (Alvarez, Cheibub, Limongi y Przeworski, 1996).

Sin la necesidad de realizar un recuento del concepto democracia, las concepciones actuales han intentado retomar la fortaleza del pensamiento clásico, para así darle sentido y consistencia (Sartori, 1992: 27-62; Rosanvallon, 2006). Las democracias contemporáneas exigen ahora un verdadero escrutinio de sus bases ontológicas, ya no solo la demostración de sus cualidades procedimentales, sino también de las dinámicas que se mantienen al interior del sistema y la satisfacción de necesidades de las sociedades que en ella se desenvuelven. Una de esas dinámicas o aristas con las cuales se podría aproximar al problema es expuesto por el informe de Oxfam (2014), el cual alude al debate ya iniciado por Robert Dahl (1989:19), preguntándose: ¿qué características instrumentan el ideal democrático, o cuáles son? Para ello, Dahl (1989) propone características de dos tipos: funcionales u operacionales e institucionales (Fisichella, 2009: 11-36; Munck y Snyder, 2007: 113-149). Dahl menciona que el gobierno democrático se caracteriza por su continua actitud para responder a las preferencias de los ciudadanos sin establecer diferencias políticas entre ellos. Para que este responda a las preferencias de los ciudadanos sin distinciones políticas, los ciudadanos deben tener igualdad de oportunidades para: a) formular sus preferencias; b) manifestar públicamente dichas preferencias ante el Gobierno (individual y colectivamente); y c) recibir por parte del Gobierno igualdad de trato: es decir, este no debe hacer discriminación alguna por causa del contenido o del origen de tales preferencias. Por lo tanto, si un Gobierno es incapaz de satisfacer los lineamientos mencionados, según Dahl, no podría consolidarse como democracia, o carecería de mecanismos para así llamarle (Dahl, 1989: 13-15; Fisichella, 2009: 11-36; Munck y Snyder, 2007: 113-149).

Según lo expresado por Dahl (1989), los elementos anteriores podrían significar el rompimiento definitivo de la sociedad con las instituciones democráticas actuales, principalmente con los partidos políticos, los cuales hacen operativo al sistema democrático en su versión representativa, tema que es central en la Carta Democrática Interamericana. Para ir un poco más allá, el autor comenta que las oportunidades de un país para tener un Gobierno democrático duradero dependen de condiciones que favorezcan un grado de desarrollo económico alto y promedios de desigualdades bajos (Dahl, 1989: 181-182). Por ello, cabe preguntarse: ¿es la desigualdad económica un determinante para la democracia y su calidad? Al agregar algunas dimensiones mencionadas por Dahl (1989: 181-182) ―como lo son: a) el nivel de desarrollo socioeconómico; b) las igualdades y desigualdades; y c) la creencia en los actores políticos como vía de representación democrática y acceso al poder político― se asume que las condiciones estructurales de la democracia se fundamentan en la carga efectiva de las calidades del desarrollo económico y la relación directa entre la satisfacción de la sociedad respecto a las capacidades del sistema político para responder a sus demandas. Lo anterior no solo muestra toda una gama de posibilidades analíticas que refuerzan la idea desarrollada posteriormente por Boix (2006), sino que prioriza ciertas características del sistema político. Esto pone en evidencia los grandes retos estructurales de la política democrática, inicialmente asociada a la capacidad del mismo sistema para revertir procesos de crisis, pero que en la realidad persisten serias dificultades para su adecuado funcionamiento.

Método y datos

A partir de la adopción de la Carta Democrática (CDI), la investigación se pregunta: ¿qué ha ocurrido en las democracias latinoamericanas?, en específico: ¿cuáles han sido los efectos asociados a los principios enunciados por la CDI? Para dar respuesta, la investigación tiene como objetivo definir el desarrollo de la democracia en América Latina con relación a los principios enunciados por la CDI. Para ello, la investigación de carácter descriptivo presenta un diseño metodológico cuantitativo y multidimensional con el cual se permite identificar la evolución y el estado actual de las democracias latinoamericanas. Con ello, la investigación concluye con una descripción a escala regional, con lo cual se construye una clasificación de las democracias en la región e identifica los retos de estas aún por enfrentar.

La Carta Democrática Interamericana (CDI) contiene 28 artículos divididos en seis capítulos, los cuales, en este estudio, permiten configurar las dimensiones de análisis. Con base en los principios articulados por la CDI, se identifican las variables a observar y se contrastan con las dimensiones y variables del proyecto Varieties of Democracy Project (V-Dem) (Coppedge et al., 2024), el cual incluye la opinión de expertos en torno a diversos aspectos de los sistemas políticos en el mundo; particularmente, utiliza medidas enfocadas en la definición de la democracia.⁴ Este proceso de contrastación permite realizar una evaluación comparativa y longitudinal sobre aquellas particularidades que giran en torno a la consolidación democrática (Tabla 2).

Para ello, se definen tres dimensiones. La primera dimensión: 1. Régimen democrático, identifica once elementos: a) democracia electoral; b) competencia multipartidista; c) elecciones limpias; d) clientelismo; e) participación democrática; f) rendición de cuentas; g) Estado de derecho; h) corrupción política; i) acceso a la justicia; j) corrupción del poder ejecutivo; k) división de poderes. La segunda dimensión: 2. Acceso a servicios y bienestar económico, identifica cuatro variables: a) acceso a los servicios públicos población general; b) acceso a servicios rural-urbano; c) PIB per cápita; d) igualdad educativa. La tercera y última dimensión del análisis se denomina: 3. Derechos y libertades, la cual observa cuatro variables: a) libertades políticas; b) libertades civiles; c) libertad religiosa; d) libertad de expresión. El estudio asume una perspectiva longitudinal y cuantitativa en la que se acentúa la observación de los diversos variables e índices creados por Coppedge et al., (2024) y se contrastan con los principios de la Carta Democrática descritos en la Tabla 2. Lo anterior, con el objetivo de identificar aquellos efectos a la posible implementación de dichos principios adoptados en 2001 en América Latina, desde una visión comparativa y agregada, en la que se retoma una visión diacrónica desde 1900 hasta el año 2024, con ello se obtendrá una perspectiva histórica sobre la evolución de cada dimensión utilizada en los 17 países latinoamericanos incluidos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, medidos por trece variables que integran las dimensiones analíticas (Tabla 2).

En un segundo momento del análisis se incluyen cinco medidas agregadas sobre el funcionamiento de la democracia desarrollados por Coppedge et al. (2024): deliberativa, participativa, igualitaria, liberal, electoral. Estas medidas refieren a cinco aspectos considerados como determinantes para el desarrollo democrático. Con ello, el estudio observa el particularmente durante el periodo 2000-2024, que es el periodo que abarca desde el inicio de la puesta en marcha de la Carta Democrática en la región.

Las democracias en América Latina

En la literatura contemporánea existe una vasta diversidad de indicadores para medir el estado que guardan las democracias (Coppedge, 2012; Alcántara y Martínez-Hernández, 2016; Bohigues, 2021). Entre ellos se identifican al menos dos elementos relacionados: el desarrollo económico y la capacidad de respuesta del sistema político ante las demandas sociales (Alcántara, 2008; Morlino, 2012). Desde esta perspectiva, al identificar los rendimientos de las democracias latinoamericanas y del Caribe se observan patrones que podrían estar asociados a la implementación de los principios adoptados por la Carta Democrática Interamericana (CDI).

Las tres dimensiones enunciadas en el apartado metodológico muestran importantes resultados. Una de las primeras observaciones refiere a la presencia de tres etapas de asentamiento democrático en América Latina. La primera etapa identifica al proceso de inclusión o transición a la democracia iniciado a finales de la década de 1970, llamada la tercera ola democratizadora, acaecida en la región (1980-1990). Posteriormente, inicia un proceso de acceso generalizado hacia la instrumentalización y normalización sistémica, que se caracteriza por el crecimiento de los niveles de democratización de los países latinoamericanos (1990-2000). Finalmente, sucede un proceso que coincide con la adopción de la Carta Democrática Interamericana (CDI), en la que se avizora un proceso de estabilización de la democracia en la región (2001-2020) y se acentúan los procesos de cambio político y alternancias políticas en los gobiernos ya iniciados a inicios de la década de 1990. Sin embargo, a pesar de dos décadas de relativa estabilidad en las dinámicas democráticas, el último lustro ha evidenciado un decrecimiento en los niveles agregados de democracia, aunque dicho decrecimiento es poco significativo comparativamente al siglo anterior (Gráficos 1-7).

Gráfico 1

Evolución de la dimensión Democracia

Fuente: Elaboración propia con base en Coppedge et al. (2024).

Gráfico 2

Evolución de la competencia multipartidista

Fuente: Elaboración propia con base en Coppedge et al. (2024).

Gráfico 3

Evolución de la dimensión Régimen democrático

Fuente: Elaboración propia con base en Coppedge et al. (2024).

Gráfico 4

Evolución de la dimensión Acceso a los servicios y bienestar económico

Fuente: Elaboración propia con base en Coppedge et al. (2024).

Gráfico 5

Evolución del PIB per cápita

Fuente: Elaboración propia con base en Coppedge et al. (2024).

Gráfico 6

Evolución de la dimensión Derechos y libertades

Fuente: Elaboración propia con base en Coppedge et al. (2024).

Una segunda observación reside en el comportamiento de las dimensiones de análisis evidenciados en las etapas anteriores a 1980 y su estabilización después de la adopción de la CDI, inclusive un estancamiento o auge y un visible declive en el último lustro. Al realizar un ejercicio analítico longitudinal y comparativo entre el siglo anterior y las dos décadas del presente siglo, las democracias latinoamericanas han manifestado un incremento en la consolidación de dinámicas electorales, una mayor y más activa competencia multipartidista, la inclusión e institucionalización de procesos electorales con elecciones cada vez más limpias y profesionalizadas con la inclusión de órganos electorales autónomos en casi todos los países de la región, la disminución de dinámicas clientelares (pese a su persistencia), el aumento significativo en la participación democrática, mayores niveles de rendición de cuentas, la instrumentalización de un Estado de derecho cada vez más robusto; el decrecimiento de la corrupción política; el aumento en el acceso a la justicia; la disminución de la corrupción del poder ejecutivo; el establecimiento de mecanismos que aseguran la división de poderes, el aumento al acceso a los servicios públicos por parte de la población general y la distinción de grupos rural-urbano; el crecimiento sostenido del PIB per cápita; el aumento en la igualdad educativa, el acceso a las libertades políticas, civiles, religiosas y de expresión, suponen un aporte a la consolidación de la democracia en la región (Gráficos 1-7) (Bohigues, 2021; Martí y Barragán, 2023; Barragán y Martínez-Hernández, 2023).

Desde los procesos de transición, América Latina ha mantenido relativa estabilidad en sus procesos de institucionalidad democrática; inclusive, la región ha manifestado diversos cambios en sus gobiernos, evidenciando un notorio interés por la vida democrática. Pese a momentos críticos en diversos países, la región puede diferenciarse en torno a los cinco aspectos democráticos desarrollados por Coppedge et al. (2024) y mencionados en el apartado metodológico. De acuerdo con ello, y según los niveles manifestados por los países latinoamericanos, se pueden establecer cinco tipos de democracia o variedades democráticas que se establecen con base dos criterios: su intensidad, y por sus niveles más preponderantes en estas cinco áreas: 1. Democracias plenas o liberales, en donde se encuentran los casos de Uruguay y Costa Rica; 2. Democracias participativas, en donde se ubican Argentina, Brasil y Chile; 3. Democracias igualitarias, en donde se encuentran Perú, Ecuador, Panamá y Bolivia; 4. democracias deliberativas, donde se pueden observar a Colombia, República Dominicana, México; 5. Democracias electorales, en donde se ubican Guatemala, Paraguay, Honduras, Nicaragua y El Salvador (Gráfico 7):

Gráfico 7

Niveles de democracia en América Latina (2000-2024)

Fuente: Elaboración propia con base en Coppedge et al. (2024).

Como se observó anteriormente, estas variedades democráticas latinoamericanas han evolucionado desde sus procesos de instauración. Cabe señalar que pese a la estabilidad después de la adopción de la CDI, inclusive un auge y declive, la región ha logrado mantener visibles momentos de progresiva democratización y un momento prolongado de consolidación. Sin embargo, estos momentos han sido consecuencia de las diferencias en los procesos democráticos de cada país, los cuales dejan ver varias áreas de oportunidad a discutir en el siguiente apartado (Gráfico 7) (Martínez-Hernández y Bohigues, 2019; Bohigues, 2021; Martí y Barragán, 2023).

Problemas de las democracias latinoamericanas

Desde los procesos de transición democrática, y concretamente desde estas últimas dos décadas (2000-2020), dos temas resaltan como grandes problemáticas en estas democracias (Gráficos 1-4): 1. la capacidad de respuesta del sistema político a las necesidades sociales, y 2. la gobernabilidad democrática. Estas dos problemáticas tienen que ver precisamente con los principios enunciados por la CDI y que enfocan la mirada a esas dinámicas institucionalizadas en los sistemas latinoamericanos: la persistencia de la corrupción, la desigualdad, la pobreza, el incremento de la violencia, las débiles estructuras del Estado de derecho, entre otros.

Por lo anterior, surge la pregunta: ¿qué ocurre cuando el sistema político es incapaz de cubrir las demandas de la sociedad? Dicho cuestionamiento podría responderse a partir de las experiencias democráticas en América Latina antes evidenciadas (Alcántara, 1994; 2008). En la región, la desigualdad económica, la estabilidad política y la misma democracia, se posicionan como elementos trascendentales para el desarrollo de los sistemas políticos. No obstante, en Europa también se identifican procesos de desajuste e inestabilidad político-económica que podrían dañar los principios democráticos, reforzando la idea de la relación existente entre desarrollo económico con los niveles de calidad democrática (Boix, 2006).

Así lo hace ver el informe “Gobernar para las élites” de Oxfam Intermón (2014), en donde se presentan consideraciones sobre la realidad política europea y sus consecuencias políticas a corto y mediano plazo. Este posicionamiento guarda relación con la capacidad de representación de un segmento de la población privilegiado y la democracia. Desde una visión sistémica de la problemática, dicha relación previene de posibles irrupciones al sistema político. Estos tienen como naturaleza intuitiva la interacción inmediata con sus instituciones y cada una de ellas posee funciones específicas que evalúan el comportamiento y composición del sistema como un todo. De esta manera, el equilibrio del sistema depende del cumplimiento de dichas funciones por parte de los elementos que lo componen. Para tal efecto, el sistema político encuentra su identidad a partir del cumplimiento de las siguientes funciones: a) la articulación de las demandas de la sociedad; b) la combinación de intereses en políticas; c) la conversión de propuestas políticas en normas; d) la aplicación de normas generales; y e) la transmisión de esta información hacia dentro y hacia fuera del sistema (Almond, 1965: 189-191; Munck y Snyder, 2007: 63-85; Pasquino, 2011: 5-30; Easton, 1992; Fuchs y Klingemann, 2009: 63-84).

Como se indica, una de las funciones principales del sistema político es la de transformar las demandas en políticas que satisfagan los intereses de la sociedad. Para su cumplimiento, el sistema político mantiene el reconocimiento de las relaciones entre sus niveles de funcionamiento con el objeto de salvaguardar su estabilidad y continuidad (Easton, 1992). Sin el mantenimiento de dichas funciones, el sistema comienza a ser mermado por su incapacidad de dar respuesta ante las demandas (inputs) ciudadanas. En este sentido, Morlino (2010: 218; 2012) plantea que la capacidad de respuesta del sistema político (outputs) es uno de los elementos que priorizan las mediciones de la calidad democrática; además de lo anterior, el sistema político encuentra en ella su principal función. Bajo este entendido, si el sistema político es incapaz de responder a las demandas ciudadanas, comienza un proceso de desafección democrática que propicia una crisis de representación, afectando a la estabilidad del sistema democrático y su legitimidad (Sartori, 1992: 225-242; Rehfeld, 2009: 214-230). En este contexto, se habla de la (in)capacidad de gobierno del sistema político.

Para entender esto, Alcántara (1994) menciona que las dificultades para gobernar los países industrializados a partir de la segunda mitad de siglo se vinculaban a problemas relacionados con la incapacidad del sistema político para resarcir dificultades de carácter económico, fundamentalmente causadas por fallas en el diseño institucional. No obstante, y pese a que los Estados promovieron políticas encaminadas al desarrollo económico, esta interacción afectó a la actividad del Gobierno debido al crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Debido a esto, el término gobernabilidad adquiere importancia en la reflexión, ya que mantiene un vínculo directo con los procesos democráticos y la capacidad del sistema de satisfacer las necesidades y demandas sociales (Alcántara, 1994). Si bien Alcántara (1994; 2004) observaba estas dinámicas en procesos de democratización esencialmente en los países de la tercera ola, no cabe duda de que hace referencia a los cambios políticos y la íntima relación entre democracia (o sus procesos de consolidación) con las transformaciones económicas. A pesar de que estos problemas son, en esencia, la principal causa de incapacidad funcional del Gobierno. El sistema económico no es el causante directo de dicha dinámica, sino también las políticas llevadas a cabo por la élite gobernante. Para ello, Alcántara (1994) indica que de presentarse ―o mantenerse― algunos de los escenarios antes mencionados, pueden ser potenciales desencadenadores de una crisis de gobernabilidad, como el mal rendimiento de las políticas públicas al no dar solución satisfactoria a los problemas que se vuelven prioritarios en la sociedad. Como Alcántara (1994) menciona, la gobernabilidad se genera desde los factores políticos con la capacidad de producir resultados económicos que aseguran el crecimiento y la superación de la desigualdad, la marginación social y la pobreza. Bajo este entendido, la gobernabilidad quedará asegurada en la medida en que el Gobierno pueda simultáneamente mantener la legitimidad y promover el desarrollo económico (Kapstein y Converse, 2008). Las dimensiones subyacentes a la problemática de la gobernabilidad no son otras que “el fortalecimiento de la legitimidad del sistema político y de las instituciones estatales; y el desarrollo de la eficacia de las políticas públicas diseñadas e instrumentadas por el Estado” (Mayorga, 1992: 41; en Alcántara, 1994).

El contexto democrático contemporáneo en América Latina puede ubicarse en la observación de las características cercanas a los procesos de gobiernos democráticos deficientes, por la incapacidad del Gobierno para responder a las demandas sociales, en específico sobre las desigualdades, la redistribución de la riqueza, la calidad en la representación política, la intervención de las élites económicas en la toma de decisiones gubernamentales, la estabilidad y la economía (Alcántara, 1994). En ello se asienta una de las principales causas de la baja calidad y, en su defecto, la falla de las democracias. Por ello, y siguiendo a Coppedge (1993: 13), se definen cinco condiciones para paliar las realidades negativas del sistema político y, con ello, lograr un proceso de gobernabilidad en las democracias de la región:

En este sentido, resulta fundamental la inclusión y/o el estudio del cómo los gobiernos actuales se ocupan y desarrollan sus funciones, así como su relación con la sociedad partiendo de aquellos principios que la CDI estipula.

Conclusiones

Con el análisis previo se pueden establecer algunos comentarios finales. El primero es de carácter conceptual, el cual promueve el entendimiento de la democracia a partir de sus atributos constitutivos: la igualdad, la equidad y la justicia. En este sentido, la democracia se puede observar a través de sus instituciones, no solo las formales que la constituyen, sino también aquellas instituciones que rigen el comportamiento social, político y económico en su más puro sentido de intercambio y comunicación, las instituciones informales del sistema político en su conjunto. En este contexto, el análisis desarrollado en este trabajo intentó, primero, la identificación de los efectos de la Carta Democrática Interamericana (CDI) en el funcionamiento de la democracia en América Latina, obteniendo como resultado al menos dos problemáticas que estas no han sido capaces de resolver: la relación entre desarrollo económico, gobernabilidad y la capacidad de respuesta del sistema político con la democracia. Dicha relación permite concluir que en América Latina: A) las instituciones políticas que algún día fueron la bandera que apuntalaba la democracia representativa han ido en progresivo decaimiento. Con ello, la gobernabilidad y el sistema político se encuentran en una situación no muy promisoria, ya que el cumplimiento de la principal tarea del sistema político, que es dar solución a los problemas sociales, no ha logrado ser satisfecha por las democracias contemporáneas. B) El discurso político se inserta como un elemento primordial para la consecución de los gobiernos, sus líderes y los partidos políticos en pro de una integración nacional y regional que supone estabilidad democrática. C) la sociedad ha encontrado nuevas formas de actuar fuera de las instituciones formales-democráticas, creadas exprofeso para su participación y resolución de problemas de manera más efectiva. Por lo anterior, la CDI cobra mayor relevancia en un contexto de pugna entre las instituciones representativas tradicionales y el crecimiento de los movimientos sociales, aunado a las nuevas olas populistas y el propio desprestigio de la política.